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Una semana complicada: privatizaciones,
estatizaciones, ajuste fiscal y riesgo país
Análisis político de Oscar A. Bottinelli, director
de Factum.
EN PERSPECTIVA
Viernes 22.02.02, 08.42.
EMILIANO COTELO:
Sin duda, esta semana ha sido tan complicada como importante: por
un lado fueron presentadas casi 700 mil firmas para promover el
referendo sobre Antel y Ancel, por otro colorados y blancos acordaron
los recortes presupuestales y el nuevo paquete de impuestos; además
se confirmó la pérdida del grado inversor de los títulos
uruguayos y el Estado debió invertir U$S 33 millones en el
Banco Comercial. A propósito de todo esto, el politólogo
Oscar Bottinelli, director de Factum, nos propone como tema de análisis
político para hoy: "Una semana complicada: de privatizaciones,
estatizaciones, ajuste fiscal y riesgo país".
Complicada, la semana.
OSCAR A. BOTTINELLI:
Una semana extremadamente complicada, con cuatro elementos que se
entrelazan desde el punto de vista del debate político. En
particular en el debate de fondo, el que centró las elecciones
de 1999, sin duda centrará las elecciones del 2004 y es el
gran tema de debate político en el país: el conflicto
ideológico entre mercado y Estado, entre lo privado y lo
estatal, lo competitivo y lo monopólico. Los cuatro temas
son lo suficientemente complejos como para que cada uno de ellos
amerite un análisis por separado, por lo que este análisis
se limitará a enunciados con vista al interrelacionamiento
de estos cuatro temas en debate.
EC - Vamos a verlos uno por uno.
EB - El primer tema en debate es el aumento del riesgo país
y la pérdida del investment grade, revisado por un par de
calificadoras. ¿Qué es una calificación de
riesgo? En definitiva esto es lo que hace todo gerente de sucursal
de banco todos los días: frente a un pedido de crédito
dice "Este crédito tiene mayor o menor riesgo de pago".
En el caso de la calificación de riesgo de Standard &
Poor's aparece un elemento muy importante: dice que uno de los elementos
de riesgo de Uruguay es que no avanza suficientemente en las privatizaciones.
Lo cual deja una gran duda, porque en principio, si alguien analiza
el riesgo de un Estado que tiene empresa de petróleo, electricidad,
telefonía rentables, un banco de inversión, de fomento
y comercial muy importante, puede decir que en última instancia,
si se ve en dificultad de pagar vende todo y el crédito está
asegurado; es distinta la situación a la de otro Estado que
no tenga nada para vender.
Es decir que, desde el punto de vista riesgo, da la impresión
de que el análisis deja mucho que desear y de que lo que
hay es sobre todo es una valoración ideológica. Para
esta calificadora de riesgo, un Estado funciona mejor, una sociedad
es más perfecta, si todo lo posible está en manos
privadas y lo menos posible en manos estatales. No establece precisamente
una calificación de riesgo de pago sino una visión
de lo que considera un modelo exitoso de Estado a partir de una
percepción ideológica.
EC - Vamos al segundo tema.
OAB - El segundo tema en debate tiene que ver con Antel y Ancel.
Digo Antel y Ancel porque en muchas informaciones se está
salteando que el recurso no es sólo contra la participación
privada en Antel y la creación de Ancel SA, separada de Antel,
sino también contra la disposición que limita el monopolio
de Antel exclusivamente a la telefonía básica. Es
un recurso de referendo contra la participación privada por
un lado, y contra la desmonopolización por otro. El debate
toma los dos elementos: estatización - privatización
y monopolio - competencia.
EC - En definitiva, el debate es a propósito de la reforma
en las telecomunicaciones que encaró este gobierno.
OAB - Reforma de las telecomunicaciones desde el punto de vista
práctico. Desde el punto de vista teórico, sobre el
concepto de monopolio o competencia en determinadas actividades
y sobre el concepto de papel del Estado, papel privado o combinación
Estado - privado en la gestión de empresas de servicios públicos.
Este es otro tema en debate, que se va encontrando con todos los
demás.
EC - Pasemos al tercero, el Banco Comercial y la decisión
del Estado de participar en su capitalización.
OAB - Este es el tercero o cuarto proceso de capitalización
bancaria estatal en los últimos 20 años, si consideramos
como primero la compra de carteras que hizo el Estado a casi todo
el sistema bancario a partir de la ruptura de la tablita, es decir
la ruptura de la programación de la devaluación ordenada
del dólar que se produjo en noviembre de 1982. En esa ocasión
el Estado compró todas las carteras incobrables de los bancos,
lo que de hecho es una capitalización.
En 1985, 1987 vino el proceso de intervención, capitalización
y en algún caso liquidación de bancos: de Italia,
Pan de Azúcar, Caja Obrera y Comercial.
Hace pocos años vino la compra de la mayoría del
paquete accionario del Banco de Crédito por parte del Estado.
Ahora, 17 años después, el Banco Comercial vuelve
a ser intervenido por el Estado, que vuelve a comprar una parte
de su paquete accionario.
EC - Desde el punto de vista formal no es una intervención,
sino la participación en el paquete accionario y en la conducción,
en el gerenciamiento.
OAB - Hay diferencias técnicas, pero esto implica que el
Estado sale a gestionar un banco y a poner capital.
Otra vez vienen aquí tres temas. Uno es por qué se
produjo esta situación en el Banco Comercial, que tiene características
de una administración muy ligera, se habla de la posibilidad
de elementos delictivos y de si falló o no la actividad de
superintendencia del Banco Central. A los efectos del centro de
nuestro debate hay aquí dos temas: uno es el de fondo, si
el Estado debe o no participar en actividades privadas, independientemente
de cuál sea la razón que lo lleve a hacerlo. Puede
ser una razón social en determinado tipo de ente autónomo,
para probar determinados servicios, para sostener al sistema financiero
-como en este caso-, para sostener a una industria -ha capitalizado
frigoríficos y empresas de construcción de obra pública-...
Las finalidades pueden ser muchas, pero la discusión es
si debe o no participar. Y, ligado a esto, cuándo debe participar:
si cuando el Estado decide promover actividades y programa realizar
inversiones, o si es una función de bombero que implica que
salgan recursos cada vez que hay que sostener un sistema que falla
en su funcionamiento privado.
Por supuesto que además hay toda una discusión sobre
el sistema financiero en sí mismo: cuánto le importa
a Uruguay, si son muy importantes los recursos que deja, el trabajo
que da, si el costo para sostenerlo es muy alto. Este debate se
dio a mediado de los años 80, se repitió hace tres
o cuatro años, y sin duda empieza a darse nuevamente.
En relación a lo que estamos analizando, entra en el tema
de lo privado - estatal en cuanto hay una estatización parcial
de alguna manera, porque hay una compra de capital por parte del
Estado de una empresa de servicios. En este caso no es producto
de una programación sino de una acción de salvataje
de un sistema.
EC - Por último llegamos al tema del ajuste fiscal.
OAB - El ajuste fiscal tiene dos facetas: una de ahorro, de recorte,
y otra de impuestos por una cifra que podría rondar los U$S
150 millones, de acuerdo a los cálculos sobre rendimiento
de los impuestos en función de determinadas variables. El
tema es que en el mismo momento en que se vota este paquete aparece
la compra accionaria del Banco Comercial, que representa más
de la quinta parte del total de impuestos que se crea. Esto ya está
generando un debate, ya se vieron las reacciones, sobre todo ayer,
sobre si los impuestos eran excesivos porque el Estado puede disponer
libremente de U$S 33 millones sin que hubiera previsto gastarlos,
o si esto es además de los U$S 150 millones y entonces el
déficit fiscal no va a quedar del todo compensado, en la
medida en que hay un gasto adicional que no estaba previsto. Aparece
que por un lado hay empresas gestionadas por el Estado y son superavitarias,
cuya participación en el Estado se discute, y por otro lado
hay actividades privadas que coyunturalmente aparecen con un gran
déficit, a las que el Estado sale a rescatar. Aparece un
ataque a las posiciones privatistas, diciendo que el Estado pretende
privatizar lo que le da ganancia y estatizar lo que da pérdida.
La suma de estos cuatro elementos lleva a que Uruguay se replantee,
con una fuerza mucho mayor a la que se venía dando, todos
estos temas de Estado y privado, monopolio y competencia. Parecería
que, a diferencia de hace cinco años, cuando uno veía
que el péndulo iba girando a que la opinión pública
se iba afirmando cada vez más en cierta necesidad de competencia,
cierta adhesión a participaciones privadas, a una participación
del Estado un poco más reducida y exigiéndole eficiencia
a esa participación, en este momento todos estos elementos
están apuntando a fortalecer el péndulo hacia el otro
lado, hacia una opinión pública que se va volcando,
cada vez más, hacia la participación del Estado, hacia
la defensa de lo estatal y hacia la desconfianza de lo privado,
sobre todo en actividades de servicios públicos que afectan
al conjunto de la población.
EC - Supongo que en las próximas semanas podremos ver este
tema desde el punto de vista de las encuestas.
OAB - Va a ser dentro de más o menos un mes.
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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón
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