Defensor del pueblo: ¿por qué no?


Comentario a cargo de Emiliano Cotelo.


Portada En Perspectiva
Lunes 01.10.01 - Hora 07.00


No entiendo cómo sigue pasando el tiempo sin que Uruguay tenga un defensor del pueblo.

Todos los días los periodistas y los medios de comunicación recibimos cartas o llamadas con planteos de la gente sobre situaciones en las que el Estado estaría atropellando sus derechos. Las quejas tienen que ver con servicios prestados por empresas públicas o intendencias, o con trámites en la Administración Central o con presuntos abusos protagonizados por funcionarios públicos.

Cuando la denuncia tiene un evidente interés general, cuando no se trata de una situación puntual, nosotros le damos cabida EN PERSPECTIVA y tratamos, además, de recabar la respuesta de la autoridad correspondiente. Y en muchos de esos casos hemos logrado que la irregularidad se corrigiera, que el trámite se desbloqueara y hasta que el ciudadano recibiera una reparación.
De hecho, los medios y los periodistas terminamos operando como una especie de defensor del pueblo.

Pero, justamente, esos casos exitosos son los que me convencen de que está faltando un instituto especializado: un ombudsman con todas las formalidades. ¿Por qué? Primero, porque no todas las situaciones que nos llegan son de interés general, y, sin embargo, sin duda, todas ellas son muy importantes para quienes las padecen; ¿qué ocurre con esos casos que nosotros no amplificamos? Segundo, porque incluso si consideramos las de interés general, el tiempo no nos permite incluirlas todas. Son muchas. Y eso es lógico, porque aquí el Estado tiene un peso muy fuerte y, además, se trata de un Estado que, pese a sus fines teóricos, termina siendo en buena medida insensible a las peripecias de los ciudadanos individuales; un Estado en el que, por otra parte, se han enquistado prácticas clientelísticas que ponen esa estructura al servicio de algunas personas en desmedro de otras; etc.

El Ombudsman es necesario, por otra parte, porque no siempre la publicidad del caso ayuda a resolverlo. Además, la difusión puede generar una injusticia, al poner el dedo acusador sobre un funcionario o un organismo, cuando quizás hay varios incurriendo en faltas similares.

Piensen, por ejemplo, en el caso que un oyente nos relató la semana pasada, de un auto oficial utilizado un domingo en un shopping center por una joven en jeans que cargaba en él las bolsas de sus compras. ¿Cuál es el procedimiento más apropiado? ¿Que esa denuncia llegue a una radio y la radio ventile el número de chapa, a la espera de que los jerarcas reaccionen? No parece lo más serio, entre otras cosas porque nosotros tenemos sólo el testimonio de un oyente; en definitiva, podemos estar ante una confusión o una jugada de mala fe. Lo más razonable es que la denuncia pueda presentarse ante una oficina, que, a su vez, se encargue de hacer las averiguaciones, verificar si se está violando las disposiciones vigentes y luego se dirija a las autoridades correspondientes.

Piensen, por ejemplo, en los pases en comisión. Algunos nombres tomaron estado público y dieron que hablar. Pero después la gente nos ha comentado varias otras situaciones, en el Parlamento y en otros organismos, presuntamente más graves que las que trascendieron. ¿Tenemos nosotros capacidad para investigarlas todas? Francamente no. Pero tampoco es lógico que esas otras denuncias queden guardadas en un cajón. Si existiese un ombudsman, él sería el receptor natural de esa información.

Y por supuesto podría mencionar también ejemplos a nivel municipal, como los errores que han aparecido en facturas de la tarifa de saneamiento, o a nivel judicial, como el caso de ese bebé fallecido la semana pasada por muerte súbita, cuya autopsia, por lo visto, presentó fallas en el procedimiento que derivaron en que la familia recibiera el cuerpo sin algunos de los órganos.

Hace años que la Intendencia de Montevideo anuncia la instauración de un "defensor del vecino".
Ojalá no lo demore más.
Y ojalá que otros municipios sigan ese mismo camino.

Pero, paralelamente, falta el otro ombudsman: aquel con jurisdicción en el Estado Central. En estos tiempos, en los que se insiste con la reforma del Estado pero cuesta tanto avanzar en esa dirección, el defensor del pueblo parece una pieza conveniente, casi imprescindible. Y que, supongo, no merecería mayores discusiones, ¿o sí?