|
DGI: la "Junta
Anticorrupción" puso fin a su actuación respecto al contador
Joaquín Díaz
Presidente de la Junta, Carlos Balza: "Díaz tenía un patrimonio
importante antes de ser director general de Rentas, no vimos diferencia
patrimonial desde que ingresó. La hermana no tiene ninguna relación
de acuerdo con la ley, ni tenía que figurar en la declaración jurada"
EN PERSPECTIVA
Viernes 24.08.01, hora 07.35.
EMILIANO COTELO:
La Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, conocida
como "Junta Anticorrupción", clausuró la investigación administrativa
que procuraba determinar si las declaraciones juradas del ex titular
de la Dirección General Impositiva, Joaquín Díaz, presentaban indicios
acerca de la eventual comisión de irregularidades por parte del
ex funcionario.
Estamos en comunicación con el presidente de la Junta, doctor Carlos
Balza, a quien le pedimos en primer lugar que nos refresque las
características de ese organismo, creado ¿en qué fecha?
CARLOS BALZA:
Se creó por
ley a fines de 1998, reglamentada en 1999, nosotros fuimos designados
con la venia del Senado a fines de 1999, y asumimos en noviembre
de ese año.
EC - ¿Qué hace la Junta Asesora?
CB - Es el órgano central en todo lo que supone la lucha contra
la corrupción. Así, por lo menos, está concebida en la Convención
Interamericana contra la Corrupción, y Uruguay -al aplicar la obligación
internacional que asumió al adherir a la Convención-ideó dentro
del sistema institucional uruguayo vigente un órgano que tuviera
facultades relacionadas con esa materia: intervenir en materia preventiva
y asesorar a la Justicia Penal en los aspectos relacionados con
la investigación de los delitos.
EC - Entre las medidas preventivas, ¿cuáles se destacan?
CB - La tarea más notoria es administrar lo relativo a la "Ley Cristal":
las declaraciones juradas de ingresos de los funcionarios públicos.
Básicamente, esa es la primera. Hay otras vinculadas con estos temas:
por ejemplo ahora estamos trabajando en un código de conducta de
los funcionarios públicos para identificar las principales conductas
debidas, cuáles son los principios generales, las implicancias,
los temas que pueden evitar los conflictos de intereses... Hay países
que tienen oficinas específicas sobre estos puntos...
EC - Es interesante esto de que se esté trabajando sobre un código
de ética.
CB - Sí: hemos visto que en otros países, por ejemplo en Estados
Unidos, se la denomina Oficina de Ética. Nosotros somos más positivos,
y preferimos que las normas éticas se transformen en normas de conducta
para que el elemento vinculante no sólo esté en la conciencia de
cada uno, sino que sea una obligación debida por la ley.
EC - ¿Cuándo estará pronto ese código?
CB - Estamos trabajando en un primer borrador que vamos a terminar
en un par de semanas. Se trata de seleccionar las principales normas,
porque usted sabe que la Oficina Nacional del Servicio Civil tiene
el cometido de establecer un texto compendiado de las normas para
todos los funcionarios públicos. Esas son 1.200, es decir que es
bastante complicado seleccionar las principales, para uno que está
en estos temas desde hace muchos años. El propósito es ese: difundir
directamente, en un código que sea entregado a las principales jerarquías,
para que esté en conocimiento inmediato, sea difundido, haya cursos
sobre esos temas, para que la gente sepa a qué atenerse porque los
abogados decimos que la ignorancia de la ley no sirve de excusa,
pero muchas veces no se tiene presentes todas las disposiciones,
porque son demasiadas. Hay que buscar una síntesis de las principales,
y creo que en un par de semanas podremos elevar un anteproyecto
reglamentario al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación
y Cultura. Sin perjuicio de que trabajando en estos temas surgen
muchas otras cosas que podrían suceder pero sobre las que no hay
legislación, y en consecuencia tenemos facultades para plantear
algunas modificaciones legislativas.
EC - ¿Y efectivamente lo van a hacer, van a sugerir normas en materia
de lucha contra la corrupción?
CB - Eso, por un lado, ya se practicó. No sé si tuvo la debida información
pública, pero la ley creaba una Comisión Honoraria, presidida por
un miembro de la Junta, que es el doctor Piaggio, e integrada por
miembros de los organismos más sensibles del Estado, que formuló
un mensaje y proyecto de ley que está a estudio del Poder Ejecutivo.
Es decir que ya existen algunas sugerencias específicas en cuanto
a hacer algunas modificaciones.
EC - Francamente, creo que había pasado desapercibido. Ahora sí,
vamos al tema. ¿Cómo se dio la participación de la Junta en relación
al ex director general de la Impositiva, contador Joaquín Díaz?
CB - Fue notoria una investigación periodística del semanario Brecha
relacionada con la identificación de bienes pertenecientes al contador
Díaz. El mismo semanario, en una segunda entrega del material de
esa investigación, sugirió que la Junta Asesora, que custodia las
declaraciones juradas, abriera las que presentó el contador Díaz
y verificase si formaban parte de su declaración o había discordancias.
EC - ¿Y eso fue lo que hizo la Junta? ¿Actuó de oficio?
CB - La ley establece algunas situaciones, y después la vida administrativa
obliga a adaptar los hechos tal cual se presentan. Hay dos sistemas
claros: o viene el funcionario que formuló una declaración jurada
y solicita la apertura del sobre (en cuyo caso la Junta le expide
un testimonio, se cierra el sobre y terminó ese procedimiento),
o lo pide la Justicia en lo Penal por una decisión fundada, vinculada
a una investigación que está haciendo, o la Junta puede tomar la
iniciativa de oficio.
EC - Son tres caminos, entonces. ¿Qué pasó en este caso?
CB - En este caso se dio una situación intermedia. Siempre estamos
muy atentos a las investigaciones periodísticas, y naturalmente
estábamos analizando esta investigación. Tanto que el día hábil
inmediato siguiente a publicarse la investigación de Brecha nos
dirigimos al director del semanario y lo invitamos a comparecer
a la Junta y compartir con nosotros información relacionada con
el tema. Así fue, el director de Brecha envió a la periodista que
se había encargado de la investigación, tuvimos una larga sesión
en la que manejamos sus fundamentos, estuvimos analizando el tema
y en un par de días compareció por su iniciativa el propio contador
Díaz...
EC - O sea que la Junta pudo actuar de oficio pero no llegó a hacerlo
porque antes se presentó el contador Díaz.
CB - Exactamente. Esa es la situación tal cual fue. Entonces nosotros
abrimos el sobre, y en el momento de la apertura, de oficio, entendimos
que era necesario iniciar un procedimiento administrativo para analizar
la cuestión, y dimos al contador Díaz 10 días de plazo para que
presentara sus consideraciones respecto a la investigación periodística.
Dentro de ese plazo (en realidad, el viernes fue 17 y él se presentó
el lunes), no presentó escritos ni compareció por abogado sino que
vino personalmente y trajo documentación que puso a nuestra consideración,
y nosotros entendimos que era la forma de evacuar la vista que le
habíamos conferido. En consecuencia, el martes analizamos pormenorizadamente
los hechos que formaban parte de la investigación periodística y
los comprobantes que había traído el contador Díaz, y llegamos a
la conclusión de que debíamos clausurar estas actuaciones por falta
de mérito.
EC - ¿Qué quiere decir "por falta de mérito"?
CB - Todas las actuaciones administrativas tienen que tener un mérito,
un motivo, un fundamento. Para nosotros, el mérito o fundamento
significa que tendríamos que encontrar discordancias relevantes
que dieran mérito al pase a la Justicia en lo Penal de ese tema:
el de las discordancias en las declaraciones juradas. Entendimos,
en una decisión razonada y fundada, que no había...
EC - No había discordancia entre la información periodística y las
declaraciones juradas que el contador Díaz había presentado en su
momento.
CB - Claro, porque esa es la tesis del artículo. El artículo convocaba
a que la Junta verificara si había declarado bienes cuantiosos o
no los tenía. Y nosotros nos encontramos con que los bienes estaban
declarados, que él tenía un patrimonio importante que no había sido
generado en el período en que fue director general de Rentas, que
fue el objeto de la declaración jurada, y tenía sus procedencias
dominiales en etapas anteriores. No vimos tampoco que hubiera una
diferencia patrimonial a su favor desde que ingresó al cargo hasta
que cesó (él presentó dos declaraciones juradas, una al ingreso
y otra al cese). En función de eso...
EC - Otro dato que surgía del informe de Brecha era la participación
de una hermana del contador Joaquín Díaz en 130 empresas, lo que
podía abrir dudas en cuanto a posibles implicancias en maniobras
de defraudación tributaria, etcétera. ¿Cómo fue considerado ese
aspecto?
CB - Como lo dice la resolución, nos relacionamos con las atribuciones
de la ley. La ley establece qué personas forman parte de su núcleo
familiar (su cónyuge, sus hijos, las personas sujetas a su tutela
o curatela) y por las cuales está obligado a declarar. La hermana
no tiene ninguna relación de acuerdo con la ley, ni tenía que figurar
en la declaración jurada. De todas maneras, el contador Díaz presentó
alguna documentación relacionada con las actividades de su hermana,
quien tenía un empleo en otro lado desde hace muchos años, pero
no tuvimos que pronunciarnos al respecto porque la ley nos dice
expresamente que debemos hablar de la declaración jurada y de los
elementos patrimoniales. Eso, en última instancia, también era una
pregunta (creo que el semanario Brecha hablaba de "coincidencias"),
y bueno: usted puede tener una hermana que tenga una actividad y,
en la medida en que no esté vinculada con el ejercicio de la función
pública, no tiene ninguna relación.
No tenemos atribuciones para pronunciarnos sobre eso, salvo que
un juez penal investiguemos ese tema, lo que naturalmente es otra
cosa que lo que estamos hablando.
***
EC - En una breve nota firmada por María Urruzola, el semanario
Brecha se refiere a esta resolución de la "Junta Anticorrupción".
Resume sus argumentos, y termina:
"En síntesis, Díaz había declarado en 1998 el patrimonio que
Brecha dijo que tenía. Si ese patrimonio se construyó legítimamente
y legalmente de acuerdo con sus limitaciones, ya que era funcionario
de la DGI, es otro tema que está fuera de la competencia de la Junta,
a la cual los parlamentarios dieron facultades muy acotadas y ningún
margen de investigación al aprobar la ley
17.060 referida al uso indebido del poder público.
"Mientras tanto, como el fiscal de Corte pasó los antecedentes periodísticos
del caso a la fiscal de turno, Ana Míguez, se puede sostener que
el aspecto de la fidelidad de la declaración patrimonial de Díaz,
y también el de su legitimidad de acuerdo con sus ingresos públicos,
podrán ser finalmente investigados en ese otro ámbito".
---------------------------
Transcripción y edición: Jorge García Ramón
|
