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Cuestionan
presunta venta de permisos de televisión para
abonados
Diputado Carlos Pita: Mantenemos la oposición
al monopolio, en lo que antes coincidíamos
con el presidente Batlle (no sabemos si cambió
de opinión). Pero además los permisos no son
negociables. Debemos discutir con el Ejecutivo
qué pretendemos y por qué medios legales.
EN PERSPECTIVA
Jueves 30.08.01, hora 08.04.
EMILIANO COTELO:
Después de siete años el tema de la televisión
por cable vuelve al Parlamento. Esta vez los
diputados del Encuentro Progresista plantearán
que las autoridades de la Unidad Reguladora
de Servicios de Comunicaciones (URSEC) concurran
a explicar la posible venta de la firma Equital
en la que están asociados los canales 4, 10
y 12. El detonante de esta propuesta fueron
las versiones de prensa que circularon esta
semana a través del diario La República, según
las cuales el empresario estadounidense David
Mulfort, principal del Credit Suisse - First
Boston, estaría desarrollando gestiones para
la compra del 60% del paquete accionario de
Equital.
Vamos a dialogar con el diputado Carlos Pita
(Espacio 90, Encuentro Progresista), quien
impulsó en su bancada el llamado a comisión.
¿Concretamente cuál es su preocupación?
CARLOS PITA:
Nuestra bancada ya había manifestado la preocupación
a nivel parlamentario. En esa oportunidad por
iniciativa del diputado Rossi y después de
haberlo discutido en la Mesa Política, se presentó
un exhaustivo pedido de informes que versa
sobre este tema. La preocupación se incrementa
a partir de la publicación de La República,
porque se anuncia una suerte de preacuerdo
en torno a una operación de compra de la empresa
Equital y de los permisarios, porque Equital
no sería el permisario de la televisión cable
sino que lo serían las tres empresas formalmente
adjudicatarias de lo que se conoce como Monte
Cable, TCC y Nuevo Siglo.
EC - Está bien la precisión: Equital no tiene
el permiso.
CP - Equital es una sociedad anónima y las
otras tres cumplirían con el requisito porque
se presentaron como sociedades anónimas con
acciones nominativas.
EC - Usted sabe que estas versiones que han
circulado a su vez han sido desmentidas o matizadas:
no está nada claro si efectivamente Mulfort
está comprando o no, si se mantiene el interés
del otro grupo de inversión, también de origen
estadounidense, que estuvo en gestiones hace
un tiempo.
CP - Sí, esto se viene comentando en los medios
de comunicación desde hace unos cuantos meses.
La preocupación se basa fundamentalmente, primero,
en qué es lo que Uruguay pretende de las telecomunicaciones
en general, sobre todo en las trasmisiones
de televisión. Hace muy poco tiempo, el Poder
Ejecutivo, en medio de una polémica, determinó
el libre acceso a la televisión satelital;
es un concepto de libre mercado, aplicado por
la casi obligación impuesta por la tecnología.
Se defendió el concepto de la libertad de mercado.
Hace siete años nos encontrábamos coincidiendo
con el doctor Jorge Batlle, hoy presidente,
oponiéndonos al criterio restrictivo que determinó
que en lugar de que todas las empresas que
quisieran trasmitir televisión para abonados
por cable, y que cumplieran los requisitos
exigibles, pudieran hacerlo en régimen de libre
competencia regulado por el Estado con requisitos
muy exigentes. El Poder Ejecutivo de la época,
con el apoyo de la mayoría del Partido Colorado
y con la oposición de la Lista 15 del doctor
Batlle y la nuestra, aprobó la autorización
de los permisos a lo que nosotros decíamos
iba a ser un monopolio de los canales privados,
un oligopolio que se iba a comportar como una
sola voluntad. Ahora nos enteramos de la voluntad
posible del Poder Ejecutivo -no de que se haya
concretado una venta- de autorizar la venta
de ese mismo monopolio de hecho a un consorcio
extranjero, cualquiera sea el interesado.
Quiero señalar que el Poder Ejecutivo no puede
decidir esto por sí y ante sí. Es un tema que
debe tener previamente una discusión muy amplia,
democrática, de la sociedad uruguaya, ni qué
hablar del Parlamento; que se discuta qué queremos
de la televisión por abonados.
EC - ¿Por qué tiene que participar el Parlamento
y por qué, en particular, tiene que dirimirse
ese debate conceptual del que usted hablaba?
CP - Porque no podemos aceptar que una decisión
del poder administrador de turno, que involucre
luego el destino nada menos que de los mensajes
contenidos en la televisión por abonados en
su conjunto, sea tomada por una pequeña parte
de la sociedad. Es un principio general democrático.
EC - ¿Cuál es el marco legal vigente actualmente?
CP - El marco normativo vigente, no el legal:
la mayoría de las normas que regulan este tema
están contenidas en un decreto del Poder Ejecutivo.
La pieza madre vigente hoy es el decreto del
año 90, de la época del doctor Lacalle. En
ese marco se otorgaron los permisos actuales.
Lo único que hizo el Poder Ejecutivo actual
-que es lo que da credibilidad a las versiones
de prensa en cuanto a eventuales operaciones
de venta- es que autorizó, modificando ese
decreto en dos literales del artículo 8, la
posibilidad de que los que puedan obtener permisos
de transmisión no tengan que ser ciudadanos
uruguayos ni fehacientemente residentes permanentes
en Uruguay.
EC - Ese fue un decreto de este gobierno.
CP - Fue un decreto del Poder Ejecutivo encabezado
por el presidente Batlle, de diciembre del
año pasado. Entonces adquiere mucha credibilidad
la versión de prensa. No hemos tenido oportunidad
de analizarlo directamente con el Poder Ejecutivo,
ni se ha respondido el pedido de informe de
marzo, por lo que proponemos que la máxima
jerarquía político-técnica, que es la URSEC,
que está en el ámbito de Presidencia de la
República, venga a la comisión del Parlamento
para hacerle todas estas preguntas y discutir
este tema.
En principio nos oponemos terminantemente a
que exista un monopolio, mantenemos la misma
posición que sostuvimos hace siete años. Estamos
de acuerdo en que en el tema de la información
rige el principio absoluto de la libertad,
de la pluralidad de ofertas asegurada por la
regulación que el Estado haga para que eso
exista.
Si hay inversores extranjeros que quieran trabajar
en esto, en principio no tengo una oposición
cerrada a que puedan operar aquí; no voy a
hacer un drama de eso cuando el 90% o más de
los contenidos que se transmite proviene del
exterior, pero que vengan a un régimen de competencia,
de pluralidad de ofertas. ¿Por qué, si estuve
en contra del monopolio hace siete años, ahora
voy a cambiar y estar a favor del monopolio
de un consorcio extranjero? No entiendo la
posición del Poder Ejecutivo, no la comprendo.
Si fuera cierto que la intención es permitir
un tema más que discutible, diría difícilmente
sostenible: que el permisario puede vender
el permiso, ese es un tema fundamental y previo.
Creo que de ninguna manera un permisario puede
vender un permiso.
EC - Usted sabe que en Uruguay curiosamente,
desde hace años, de hecho se venden los permisos.
Si estamos hablando de permisos de radio, por
ejemplo, se han vendido cantidades, y esas
operaciones siempre han sido autorizadas por
el Poder Ejecutivo.
CP - En ese sentido tenemos una larguísima
historia. Desde la oposición hemos hablado
siempre de lo que se puede dentro de lo que
entendemos que se debe o no se debe hacer.
Lamentablemente la voluntad de hecho determinó
que los poderes ejecutivos hicieran cosas con
las que nosotros no estamos de acuerdo. Creemos
que esta materia debe ser regulada y que se
debe hacer una cantidad de cosas que no se
ha hecho.
Le doy un ejemplo concreto: el Estado brinda
un servicio de concesión de obra para la realización
y el mantenimiento de una carretera del país
por un determinado período. Se entiende que
durante ese período el concesionario brinda
ese servicio, no puede vender la carretera
ni puede usarla para hacer un aeropuerto en
un tramo. Eso es lo que pasaría si se entendiera
que el permiso otorgado para operar trasmisiones
de contenidos a través de imágenes de televisión
para abonados por cable se utilizara -porque
técnicamente es posible con pequeñas modificaciones
o inversiones tecnológicas- para operar telefonía,
trasmisión de datos y acceso a Internet.
EC - Es una probabilidad seria en el caso de
esta negociación que está en curso.
CP - Se alteraría el ordenamiento jurídico
de rango legal y constitucional vigente, porque
hay un ente autónomo del Estado que tiene la
autoridad sobre ese tipo de operaciones, que
es Antel. Hay una situación muy compleja, yo
pongo el ejemplo de la carretera para que se
entienda. El Estado vive dando permisos de
uso, de usufructo de obra, a cambio de determinadas
cosas con privados, lo que está bien. Pero
el privado hace lo que dijo que iba a hacer,
no lo que después se le ocurre que puede hacer.
EC - Una diferencia con el ejemplo que usted
maneja es que las concesiones de permiso para
operar en radio, en televisión o en televisión
para abonados no tienen plazo.
CP - ¿Cómo que no tienen plazo?
EC - En principio son por tiempo indeterminado.
CP - No es así, tienen plazo. En el capítulo
4 de la norma vigente -que se cambió sólo en
los dos literales que le mencioné del artículo
8-, en el artículo 19, se dice que "en ningún
caso se autorizará el traspaso, cesión total
o parcial de la titularidad del servicio autorizado",
y el inciso c) establece el plazo mínimo de
autorización vigente para pretender autorización
de traslado o de cesión del servicio. El artículo
21, en el mismo capítulo, establece la vigencia
de la autorización, que es de 10 años a partir
de la fecha de la resolución respectiva en
el Diario Oficial.
EC - En este caso sí. Yo me refería a lo que
ha sido la práctica general en el tema de las
radios o la televisión abierta.
CP - En el caso que nos ocupa, regulado por
el decreto del 90, de la época del doctor Lacalle,
el plazo es de 10 años. O sea que estaríamos
por el año 2004 si la publicación en el Diario
Oficial fue en 1994 (no estoy seguro de si
fue en 1994 o 1995). A partir de esos 10 años
se puede prorrogar esa autorización, si se
quiere por parte del que otorga el permiso,
que es el Estado a través del Poder Ejecutivo.
En este caso hay un plazo.
Agregaría que este tema es particularmente
farragoso porque además hay un reclamo de nulidad
de la autorización efectuada hace siete años
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
por empresas que se sintieron perjudicadas
y desconocidas en sus derechos en el momento
de la adjudicación.
EC - Esos trámites se continúan desarrollando.
CP - Eso también genera una situación de inestabilidad
y de falta de definición normativa y de hecho.
No creo que esto se pueda concretar, no creo
que el eventual comprador pueda pensar en realizar
la operación sin tener determinadas garantías
de que podrá desarrollar lo que compra.
Pero me parece que lo más importante y que
no debería ser polémico, es que una decisión
de esta naturaleza debería ser razonada en
términos de una definición de objetivos claros.
No es un debate ideológico profundo: es simplemente
si queremos o no un régimen de libre oferta
para los consumidores. ¿Queremos mantener el
monopolio o no? ¿Queremos mantenerlo o transformarlo
de "nacional" a mayoritariamente extranjero?
¿Es lógico que el permisario actual, en régimen
evidentemente monopólico, pueda lucrar con
la venta del permiso que el Estado le otorga?
Debemos hacernos una cantidad de preguntas,
y yo no estoy de acuerdo.
EC - De hecho, usted está proponiendo una revisión
profunda del sistema de adjudicación de permisos
para operar en medios de comunicación en Uruguay.
CP - Efectivamente, desde hace ya mucho tiempo
nuestro partido viene proponiendo sistemáticamente
en cada período legislativo un cambio de la
legislación. Venimos pidiendo que deje de ser
un organismo político-técnico dependiente del
Poder Ejecutivo directamente el que regule
y aplique los reglamentos de las leyes que
rigen el tema de las telecomunicaciones: que
sea un ámbito descentralizado, desconcentrado,
y que la Asamblea General del Poder Legislativo
tenga el papel de designar a los miembros de
una Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
EC - O sea que usted tampoco está conforme
con la solución que se ha implementado este
año de crear la URSEC, que implicó un cambio
en la medida que ya no es el Ministerio de
Defensa Nacional el que resuelve.
CP - Esto de la URSEC es una cosa confusa:
está en un ámbito de superior jerarquía, por
lo menos desde el punto de vista político;
es una unidad desconcentrada que funciona en
el ámbito de la Presidencia, mientras persiste
en el Ministerio de Defensa la Dirección de
Telecomunicaciones. Además los miembros de
la URSEC son designados por el Poder Ejecutivo,
o sea que es distinto pero casi lo mismo desde
el punto de vista de la cuestión política central.
De todas maneras es un avance, no es lo mismo
que esté siempre en el Ministerio de Defensa.
Las atribuciones concretas de hacer cumplir
las normas y los decretos siguen en el ámbito
de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones.
No por este tema en particular sino por todo
lo que hemos venido diciendo desde hace tiempo,
Uruguay debería buscar una legislación. Le
aclaro que la URSEC surge producto de una iniciativa
algo parecida a la del Frente presentada por
el senador Gallinal, del Partido Nacional,
que no quería la URSEC sino algo parecido a
lo que nosotros proponíamos.
EC - De hecho ustedes están reclamando un debate
a fondo sobre todo el sistema de adjudicación
de medios de comunicación electrónicos en el
país.
CP - Empezando por conocer qué es lo que quiere
el Poder Ejecutivo.
EC - Usted señalaba que es necesario discutir
el tema de si alguien puede vender un permiso
-usted sostiene la tesis de que no debería
autorizarse-, pero ante esta transacción que
aparentemente se está negociando, si el Poder
Ejecutivo la autorizara y además abriera el
mercado de la televisión por cable, si habilitara
a otros interesados a operar ¿esa fórmula podría
servirle al Encuentro Progresista?
CP - Esa es la posición que hemos sostenido
y reivindicado siempre. En definitiva sería
abrir a la libre y plural oferta de servicios
de televisión para abonados por cable en el
territorio nacional, con requisitos que hay
que determinar.
Ese es el objetivo que queremos. Entonces,
no sería el centro del tema que tal o cual
venda un permiso; si todos pueden tener un
permiso si cumplen con determinados requisitos
previos, la operación tendría un sentido muy
diferente: vendrían extranjeros que quieren
invertir realmente en el mercado de televisión
para abonados de Uruguay porque les interesa
hacer negocio invirtiendo en algo que no está
hecho, se agregaría capital real al país. Y
sobre todo los consumidores, los uruguayos
en general, nosotros como televidentes y usuarios
de un servicio, podríamos tener derecho a optar
entre más de una oferta. Sería muy correcto,
ésa es la posición que hemos tenido y seguimos
teniendo desde hace mucho tiempo. La duda que
tenemos ahora es si el doctor Jorge Batlle
cambió tanto su posición.
EC - ¿Ya se fijó fecha para la comparecencia
de los integrantes de la URSEC?
CP - Todavía no, tenemos que determinarlo formalmente
en una sesión de la comisión. Seguramente será
la semana que viene.
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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón
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