Comisionada de la ONU reabre la polémica sobre la "ley de caducidad"

Diputado Alberto Scavarelli (Foro Batllista, P. Colorado): Sus comentarios "no están en el marco de sus competencias"; "no tiene la capacidad jurídica ni política internacional respecto a sistemas de esta naturaleza".

Diputado Jorge Orrico (A. Uruguay, EP - FA): Estas críticas no son nuevas, sino las que siempre oímos en los foros internacionales. Además, se incumple la propia ley en relación a secuestrados y desaparecidos.

EN PERSPECTIVA
Miércoles 24.10.01, 07.35.

EMILIANO COTELO:
La alta comisionada para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Mary Robinson, opinó ayer que sería necesario rever la amnistía que otorgó la llamada "ley de caducidad" para quienes intervinieron en violación de derechos humanos durante la dictadura. "Tal vez el Parlamento debe reconsiderar el tema de la responsabilidad", dijo al término de la reunión que mantuvo con integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes.

Esta manifestación mereció la reprobación de legisladores del Partido Colorado y "causó sorpresa" en la bancada nacionalista, según informábamos ayer por la tarde.

Por un lado, Robinson se refirió en forma elogiosa al trabajo que ha realizado la Comisión para la Paz en procura de esclarecer la situación de los desaparecidos. Esa labor, dijo la diplomática, "permitió conocer la forma en que desaparecieron los ciudadanos, y además que muchos murieron a causa de la tortura". No obstante, advirtió, la llamada "ley de caducidad" impide investigar, y "eso representa una traba para la Justicia". Formuló estas consideraciones pocos minutos antes de que finalizara la sesión de las comisiones parlamentarias, y luego las repitió en rueda de prensa.

Estamos en comunicación con dos parlamentarios que estuvieron ayer en este encuentro: Alberto Scavarelli, del Foro Batllista, y Jorge Orrico, de Asamblea Uruguay, Encuentro Progresista - Frente Amplio. ¿Les causaron sorpresa estas declaraciones?

ALBERTO SCAVARELLI:
Sí. Primero, porque entre los ocho objetivos que surgen de la propia creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en diciembre de 1993 no aparece la posibilidad de una postura como la que se plantea, sobre todo cuando ella misma ha planteado en este momento la importancia del trabajo de la Comisión para la Paz, y al mismo tiempo estableció la existencia de una norma ratificada por la ciudadanía, y al mismo tiempo sabe, o debería saber, que se trata de un conjunto de normas de amnistía, de renuncia de la pretensión punitiva del Estado, que pacificaron al país y son la base del desarrollo moderno del sistema democrático uruguayo.

Por lo tanto creemos que fue más allá de sus competencias, y los tomamos como dichos a título personal.

EC - ¿A usted, diputado Orrico?

JORGE ORRICO:
Soy integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano, en representación del Parlamento uruguayo. Y debo decir que no me sorprenden en absoluto apreciaciones de este tipo: quien representa al Uruguay en el exterior se encuentra siempre con que nuestro prestigio está socavado por esta norma.

EC - Pero ¿esperaba que la alta comisionada de la ONU hiciera estas apreciaciones en el Parlamento uruguayo?

JO - Ni lo esperaba ni lo dejaba de esperar. En realidad no sabía qué tema se iba a tratar, en la medida en que era una reunión de agenda abierta, pero lo cierto es que el tema preocupa a nivel internacional.

Pero quiero hacer un agregado: más allá de "ley de caducidad sí - ley de caducidad no", que a nivel nacional sin duda está resuelto, creo que el problema es cómo se ha aplicado la mal llamada "ley de caducidad". Especialmente en lo referido a los desaparecidos y raptados, y a los menores raptados, a los que no se aplicó, pese a que el artículo 4º ordena buscarlos. Especialmente en las administraciones de Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle nunca se hizo: el presidente Sanguinetti, cubriendo las formas, para buscar a los menores raptados ordenó la investigación al Instituto Nacional del Menor, lo que es una especie de tomadura de pelo. Creo que más que la ley en sí misma (de la que estoy en contra), hubo una aplicación -y se pretende su extraterritorialidad-que es lo que causa todos estos problemas.

EC - Pero ¿usted dice que eso fue lo que preocupó a la funcionara?

JO - No: yo estoy diciendo que, más que la ley en sí misma (que es una carga que llevamos todos los que salimos a representar al Uruguay en el exterior), hubo una aplicación excesiva de la ley que la hace todavía más preocupante a nivel internacional; que es una tapa que impide todo, más allá de lo que la ley dice.

EC - Diputado Scavarelli: le escuchaba de fondo diciendo "No, no".

AS - Está claro que podremos debatir en cualquier escenario la larga exposición de mi amigo Orrico, a quien aprecio muchísimo. Pero no guarda ninguna relación con los dichos de la alta comisionada de la ONU, ayer. Ella planteó específicamente el tema de la responsabilidad de los autores de la violación de los derechos humanos a los que cubrió la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (y con ese mismo razonamiento podríamos extenderlo al Movimiento de Liberación Nacional y a otras personas que violaron derechos humanos en ese período). La comisionada se refirió específicamente a eso, no a otra cosa, y esos dichos de la comisionada afectan al orden jurídico interno uruguayo y, lo que es peor, establecen un nivel de posible expectativa que va más allá que la de los propios familiares de desaparecidos respecto al "cómo, cuándo, dónde y el porqué", porque al "quién" renunciaron expresamente no porque no les interese sino porque saben que existe una legislación consolidada, que la paz de los uruguayos se construyó a partir de esto, y lo que están buscando es el objetivo que persigue la Comisión para la Paz creada por el presidente de la República. Por lo tanto, generar un umbral de expectativa diferente al posible jurídica y políticamente en el país, cuando las partes involucradas que legitiman todo este tema han llegado a un punto muy claro de acuerdo, en el momento en que la Comisión para la Paz y sus integrantes están haciendo un formidable esfuerzo para correr el telón y dejar que se cierre este capítulo de la historia uruguaya, que todos sentimos tan duro y tan triste, creemos que no coadyuva a la paz; con esos dichos no ha venido a ayudar a la consolidación de la paz de los uruguayos; desconoce (aún en el marco de las normas del derecho internacional humanitarias) lo que tiene que ver con las normas de pacificación, y lo más importante es que creo que no está en el marco de sus competencias. Como dependiente del secretario general de las Naciones Unidas en el marco de la resolución de diciembre de 1993, sobre este punto no tiene la capacidad jurídica ni política internacional respecto a sistemas de esta naturaleza.

EC - Para usted ¿se trató de una injerencia en asuntos internos?

AS - No tengo la mínima duda. Si fueran a título oficial, lo que generaría una situación diferente... Las tomo como de alguien que, conmovida por la situación y el propio avance de la Comisión para la Paz, entendió a título personal un planteamiento de este tipo. En la vida, los funcionarios actúan en el marco de sus competencias, y bueno: las competencias que alto comisionado de las Naciones Unidas tiene desde diciembre de 1993 nos dan una injerencia en este tipo de posicionamientos.

Y en las reuniones que tuvo con la Comisión para la Paz, y en distintos escenarios hasta ese momento, no había planteado ese punto. Incluso, en la reunión con la Comisión para la Paz estableció su satisfacción respecto del modo del procesamiento y de la búsqueda de la verdad consolidada a través de ese mecanismo.

EC - Diputado Orrico: ¿le quedó claro por qué la comisionada Robinson hizo ayer este planteo en la comisión parlamentaria?

JO - En absoluto, porque además no fue motivo de una pregunta sino que fue algo que vino a decir. Eso surge con mucha claridad...

EC - Pero ¿fue poniendo el énfasis en las dificultades que la Comisión para la Paz está encontrando para determinar las circunstancias de algunas desapariciones?

JO - En realidad, se estaba hablando de todo el proceso de pacificación, y en términos muy breves porque la entrevista no fue algo de horas. Lo sorprendente puede haber sido que en una entrevista casi protocolar se dijera eso. Pero insisto: la comisionada Robinson dijo lo que dijo, es clarísimo que criticó severamente a la ley, y creo que está en plena libertad de hacerlo. No lo objeto. Lo que digo es...

EC - Pero ¿cuál fue para usted la clave de por qué la criticó?

JO - Por eso vuelvo a lo de antes: criticó la ley y en definitiva está diciendo que se necesita saber el "quién". Pero creo (es una apreciación personal) que cuando uno va al exterior este tipo de comentarios son muy comunes, de mucha gente y de muchos partidos políticos (porque no provienen sólo de la izquierda sino de todos lados: desde diputados radicales o peronistas en Argentina, hasta diputados anti Chávez en Venezuela) que hacen comentarios de este tipo: "Pero ¿cómo esta ley? ¿Cómo Uruguay, con su tradición, hizo esto?". Más allá de eso, creo que la actitud de los presidentes de la República respecto a la aplicación de la mal llamada Ley de Caducidad es lo que ha provocado un plus de resistencia internacional.

Lo lamento mucho, pero todos debemos hacernos responsables de las decisiones que tomamos, y se sabía o por lo menos se debió presumir que esto iba a traer problemas a Uruguay a nivel internacional, y trae problemas. En materia de derechos humanos, Uruguay tiene una ley que los organismos de derechos humanos "no la llevan", como se dice habitualmente. Uruguay es un país soberano, aprobó su ley, hizo un plebiscito... Hizo todo, pero encima de eso (y esto lo digo yo, no la comisionada) la aplicación de la ley ha sido de una rigurosidad desmedida que supera todo. Yo pediría que la gente lea la "ley de caducidad", porque se la cita permanentemente pero no se la lee: lo que caducó es "la pretensión punitiva del Estado", pero se ha puesto una tapa y, más allá de "la pretensión punitiva", se ha hecho que caducara toda posibilidad de investigar nada. Eso fue lo que sucedió durante 15 años, desde la creación de la "ley de caducidad", hasta este período en que se ha hecho algunos avances.

EC - Diputado Scavarelli: un abogado especialista en derechos humanos nos hace llegar en este momento que una apreciación como la de la comisionada Robinson no debería sorprender, en la medida en que los informes bianuales sobre derechos humanos que emite Naciones Unidas han señalado a nuestro país en falta en esta materia, debido a la "ley de caducidad".

AS - Queda claro que la visita de la funcionaria no representa la opinión formal de ninguno de los organismos de la ONU ni de su secretario genera. Es un dato que hemos visto con claridad. Y yo digo más: nos decía el diputado Orrico que la gente debería leer. La gente hizo más que leerla: la votó, como se votó en el Parlamento, en un Estado democrático y en plenitud de derechos la amnistía general a presos que denominamos "sociales" y restituimos carreras administrativas, indemnizamos a gente... Ese fue un capítulo que el país cumplió, cerró, y del que estamos muy orgullosos.

Este proceso de averiguación de la verdad a efectos de llevar a la pacificación, como lo está haciendo la Comisión para la Paz, es hoy un objetivo central para la convivencia en la sociedad uruguaya y cerrar este capítulo. Todo lo que se ponga en el medio de ese proceso, que va más allá de lo que los propios familiares están aspirando a conseguir, no coadyuva, ni beneficia, ni apoya al alto propósito que todo el sistema político sin excepción ha dado junto con la gran mayoría de los interesados en este tema, como espacio de trabajo para la paz.

EC - Para terminar: ¿qué repercusiones, qué consecuencias le parece que pueden tener estos comentarios de ayer?

AS - Lo que quiero transmitir es que la alta comisionada además fue presidenta de Irlanda, en este proceso de entrega de armas y de tapar con cemento las "tatuceras" donde estaban las armas de fuego con las que seguramente no se dio discursos políticos. En su propia tierra se está llegando a un acuerdo que también dejará por el camino un montón de derechos conculcados. Por eso, en la vida las cosas no son tan simples ni tan claras, y me parece que este tipo de planteamientos no es un factor que ayude a la pacificación del país, ya consolidada. No creo que vaya a tener mayores derivaciones, porque tampoco ha dicho que las haga a título oficial, y como decía el diputado Orrico salió en una conversación muy espontánea, en algo casi muy sobre la marcha. Por tanto no creo que haya ningún tipo de repercusión. De todos modos, si la hubiera, será el gobierno nacional el que deberá evaluarlo.

EC - ¿Para usted, diutado Orrico?

JO - Las que ya tiene, porque estoy de acuerdo con el oyente: no debiera sorprendernos porque en los foros internacionales, cuando se habla de la "ley de caducidad", se dice que no cumple con las obligaciones que impone por ejemplo el sistema latinoamericano en materia de derechos humanos. El doctor Scavarelli dice que la gente no sólo leyó la ley sino que además la votó, pero insisto: el que no la leyó fue el presidente de la República, empezando por el doctor Sanguinetti...

AS - No, no: pero...

JO - ...que jamás cumplió las disposiciones que la ley establece, especialmente respecto al rapto de menores y con relación a dónde están los desaparecidos. Porque el artículo 4º ordena (porque las leyes no piden permiso ni suplican), ordena investigar. Y nunca lo hizo.

EC - Mi pregunta era otra. Usted hace esta afirmación y me obliga a volver al diputado Scavarelli...

JO - Porque Scavarelli afirma que la ley fue votada. Estoy de acuerdo, pero no puede decir que eso purifica todo, porque se votó determinada ley cuyos cometidos no fueron cumplidos. Y ese es uno de los problemas más serios que tiene el Uruguay: no sólo vota una ley que de por sí causa escozor en los organismos internacionales, y esto todo el Uruguay lo sabe, sino que además ni siquiera cumple las obligaciones que surgieron de ella.

EC - Su última intervención, diputado Scavarelli.

AS - Creo que la cosa es muy sencilla. En el tema de fondo, no tengo la menor duda de lo fuera de situación y exorbitado de los dichos de quien nos visitara. Es una funcionaria que realmente fue más allá de lo debido. Uruguay le debe mucho a la ONU en el tema de los derechos humanos, y muchos uruguayos le deben hasta la vida a los pasaportes que otorgó en aquel período. Período que fue construido no sólo gracias a la acción del presidente Sanguinetti sino de personalidades como Seregni, como el renunciamiento de Wilson Ferreira Aldunate... todos quienes fueron protagonistas en aquel momento. Y si alguien en el sistema político entiende que esa ley debe ser derogada, y cree que tiene la capacidad política y jurídica de hacerlo, no es un tema de discursos sino de hacer el planteamiento que corresponde. Para la sociedad uruguaya es un tema cerrado, un capítulo terminado, y la Comisión para la Paz seguramente llevará la paz a los espíritus, sobre todo de las personas que han sufrido directamente este fenómeno.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón