DGI: ¿"El principio del fin de la inamovilidad"?

Ministro Bensión: El proyecto no es enteramente trasladable al resto de la Administración Pública, pero puede ser el comienzo de experiencias que se vayan extendiendo al resto de la Administración Pública: contratación a término, incompatibilidad, dedicación horaria, evaluación permanente, y al cabo puede no renovarse el contrato".

Presidenta de la Asociación de Funcionarios de la DGI, Amparo González. Proponemos desde 1985 la incompatibilidad con un sueldo acorde, pero sucesivos gobiernos no lo aplicaron. Rechazamos el proyecto en general, una reforma que va en sentido contrario a lo que se hace en todo el mundo.

EN PERSPECTIVA
Viernes, 26.10.01, 07.30.

EMILIANO COTELO:

Para el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, la reforma de la Dirección General Impositiva "marca el inicio de un camino hacia el fin de la inamovilidad de los funcionarios públicos". Tras explicar ayer por segunda vez el proyecto ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Bensión lanzó esta aseveración poniendo el dedo sobre una de las cuestiones más urticantes de la reforma del Estado. Sobre la inamovilidad se ha hablado mucho pero, hasta ahora, se ha hecho poco.

¿Cuál es la novedad en cuanto a la relación del Estado con sus funcionarios, a qué otros organismos podría trasladarse esta experiencia? Vamos a conversarlo con el ministro de Economía y Finanzas, contador Alberto Bensión.

ALBERTO BENSION:
El proyecto propone una nueva forma de relación contractual entre el Estado y una parte de los funcionarios públicos, particularmente una parte de los funcionarios de la DGI.

EC - ¿En qué consiste esa nueva forma?

AB - No soy abogado, así que se lo voy a describir en términos aproximados (quizá algún jurista me pueda rectificar con mayor precisión). Hasta ahora, la incorporación de funcionarios a la Administración Pública se hacía en un régimen de inamovilidad. En sus grandes líneas, porque hay excepciones, pero un empleado era contratado por el Estado y entraba en el régimen de inamovilidad que establece nuestra Constitución. Por lo tanto, salvo falta grave o algunas definiciones precisas sobre el particular, quedaba en la Administración Pública de por vida.

En este proyecto, por circunstancias muy especiales de la DGI, que por eso creo que no son enteramente trasladables al resto de la Administración Pública pero puede ser el comienzo de algunas experiencias puntuales que se vaya extendiendo, el proyecto propone la contratación de una parte importante de los funcionarios de la DGI en un régimen precisamente de contratación a término, mediante determinadas exigencias muy fuertes de incompatibilidad, de dedicación horaria, y de evaluación permanente que, al cabo del período del contrato pueden concluir en la no renovación en un número determinado de casos.

EC - Estamos hablando del llamado "cuerpo de élite" de la DGI.

AB - Bueno: ese es un nombre que yo no le puse. Yo le puse Cuerpo Técnico Tributario.

EC - A ese cuerpo se incorporarían funcionarios actuales de la DGI pero ya con un régimen distinto, un régimen de contrato.

AB - Se incorporarían funcionarios de la DGI, según una propuesta que está debatiendo la Comisión de Hacienda, y funcionarios que contrataríamos del resto de la sociedad uruguaya, en un llamado abierto a todo tipo de profesionales que cumplan determinadas características, para formar el Cuerpo Técnico Tributario que estaría compuesto por aproximadamente 430 personas.

EC - Pero en particular los que provengan de la DGI cambiarán su vínculo con el Estado: dejarán de ser "funcionarios presupuestados" para ser contratados.

AB - No sólo los que provengan de la DGI sino también los que vengan de afuera.

EC - Lo que está previsto es que el sistema de ascensos se base en las calificaciones que estos funcionarios contratados vayan obteniendo. Al 20% peor calificado no se le renovará el contrato.

AB - El 20% que esté en la franja interior de calificación no renovará su contrato, salvo que se presente a la nueva instancia que está prevista, y concurse nuevamente en igualdad de condiciones con otros que quieran ingresar a este cuerpo (igualdad de condiciones en relación al concurso, porque ya tendrá un antecedente sin duda valioso, en la medida en que haya sido calificado aceptablemente aunque no esté entre los mejores).

EC - ¿Cada cuánto serán evaluados?

AB - Las evaluaciones serán permanentes: cada seis meses debe haber un pronunciamiento, y la duración de los contratos está prevista para un plazo de tres años.

EC - ¿Por qué razón se establece este sistema de evaluación permanente?

AB - Todo esto forma parte de la concepción que estamos presentando respecto a una DGI del futuro, con funcionarios que en cargos de responsabilidad tengan total incompatibilidad de trabajo profesional en el sector privado, para lo cual tenemos que asegurarles sueldos importantes en comparación con la administración pública. Por el debate que en estos meses se ha dado en el país, inmediatamente razonamos que está bien que se pague bien a determinados cargos de la Administración Pública, pero eso es incompatible en un alto grado con la inamovilidad. En consecuencia, pasamos al régimen de contratación y después debemos asegurarnos de que el régimen de contratación no sea la perpetuación del régimen de inamovilidad pero de otra forma.

EC - Entendido el fundamento, ¿la consecuencia negativa no puede ser una complejidad administrativa demasiado grande, esto de estar evaluando permanentemente, puntuando, etcétera, no genera una nueva burocracia?

AB - Creo que es una forma equivocada de verlo, pero mi respuesta es muy rotunda: es lo que pasa en la actividad privada. A los empleados de la actividad privada los pueden echar mañana.

EC - ¿Efectivamente el Poder Ejecutivo entiende que estos cambios en la DGI pueden ser el banco de prueba, la plataforma de lanzamiento de un nuevo esquema de relación entre el Estado y sus funcionarios? ¿"El comienzo del fin de la inamovilidad"?

AB - Yo lo entiendo así. Entiendo que esta es una experiencia que se puede ir extendiendo a otras áreas de la Administración Pública. En esto no puedo hablar a nombre de todo el Poder Ejecutivo, porque obviamente mi área de competencia es el Ministerio de Economía, y en particular en este caso la DGI. Pero lo hemos hecho con la conciencia de que estamos presentando a la sociedad uruguaya una solución innovadora, en un momento en que el tema de la inamovilidad está en discusión o, como usted decía, en un momento en que el tema de la inamovilidad vuelve a estar en discusión. Y nos parece que es un camino que vale la pena explorar en otras áreas de la actividad pública.

EC - Usted, en particular, ¿está pensando en alguna como segundo escalón de este proceso? Después de la DGI, ¿qué?

AB - Tengo tantos problemas por día que en este momento no estoy pensando más que en la DGI más los otros problemas que tengo.

EC - Pero, seguramente, en algún momento ha pasado por su cabeza por dónde podría continuar este proceso.

AB - No, no. Le confieso que no. La reforma del Estado tiene una comisión especial, el Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (Cepre), tiene una referencia especial en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (con la que tengo un diálogo muy fluido y muy enriquecedor), así que obviamente será un tema que abordaremos en las próximas semanas. De lo que sí estamos convencidos quienes trabajamos en la preparación de este proyecto es de que esta solución es innovadora, es en cierto modo revulsiva en la experiencia uruguaya, pone a la sociedad uruguaya frente a una experiencia importante, en la que los pronunciamientos políticos y sociales pueden enriquecer hacia el futuro y, desde mi punto de vista, puede ser un buen punto de partida para otras experiencias similares.

EC - En estas dos presencias suyas en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, ¿qué ambiente político encontró? ¿Sale este proyecto?

AB - No me atrevería a decirlo. Vamos a ponerlo en estos términos: no me gusta interpretar posiciones primarias de distintos sectores políticos; toda esta relación Poder Ejecutivo - Parlamento es bien compleja, y hay que tener mucho respeto por el proceso de formación de opiniones de los diputados que, como bien dijeron ayer, están entrando en un terreno muy complejo en el que el Ministerio lleva la ventaja de haber trabajado durante cuatro o seis meses, de modo que no quisiera decir con certeza lo que puede estar pasando por la mente de los diputados que integran la Comisión de Hacienda. Pero diría dos cosas: la primera, que existe la convicción generalizada sobre la necesidad de reformar la DGI, las bases institucionales de la tradicional DGI; la segunda, que un pilar fundamental de esa transformación debe ser la incompatibilidad absoluta del desempeño profesional público y privado en ese ámbito especial de la DGI y particularmente del cuerpo técnico tributario...

EC - No estar "de los dos lados del mostrador".

AB - Exactamente. Y la tercera es que hasta ahora hemos recibido distintas preguntas que marcan por lo menos cierta duda sobre algunas soluciones que hemos propuesto. De aquí al final, no me atrevo a vaticinar resultados.

***

EMILIANO COTELO:
Recibimos la llamada de la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Dirección General Impositiva, Amparo González, quien quiere formular una serie de precisiones a raíz de la entrevista que realizamos hace unos minutos con el ministro de Economía, Alberto Bensión.

Recordemos que el ministro Bensión dijo ayer, tras comparecer por segunda vez en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, que el proyecto de reestructura de la DGI aporta un cambio realmente trascendente en la forma de contratación de los empleados públicos, que apunta al fin de su inamovilidad, y agregó que en el futuro este enfoque puede extenderse al resto de la administración pública. ¿Qué dice usted?

AMPARO GONZÁLEZ:
Queríamos precisar algunas cosas. Primero, los funcionarios de la DGI estamos absolutamente de acuerdo con la necesidad de hacer una reforma en nuestra organización, queremos mejorar la DGI; no corporativamente para los funcionarios, sino para el Estado en general. Segundo, compartimos la incompatibilidad del funcionario de la DGI con cargos en el sector privado, desde el año 1985. Pero sistemáticamente decisiones de los sucesivos gobiernos, por razones de poder o no poder pero decisiones políticas, no la han implementado.

EC - ¿Cuál es, entonces, la posición del sindicato respecto a la incompatibilidad del trabajo de funcionarios de la DGI también en el sector privado?

AG - Ahora está de moda decir "está de los dos lados del mostrador"; nosotros reclamamos la incompatibilidad, aplicar la ley que nos rige con una remuneración acorde, porque un funcionario de DGI, con el sueldo que gana, no puede quedarse sólo con ese sueldo. Porque, además, no recibimos la parte de capacitación que paga cada uno de nosotros para poder después enfrentar las inspecciones que se debe hacer a los distintos contribuyentes.

Por lo tanto, decimos que por supuesto debe haber incompatibilidad para todos en la línea de mando y con la remuneración acorde, porque de otro modo es privación de la libertad de conseguir trabajo o ganar decentemente para poder vivir. Defendemos esto desde 1985.

Respecto a lo que plantea el señor ministro sobre el Cuerpo Técnico Tributario, creemos que los funcionarios de ese cuerpo, ante la movilidad, ante el hecho de que perderá el contrato el 20% peor calificado -lo que no quiere decir que sea malo-, va a salir vorazmente a fiscalizar. Y los rehenes de esa voracidad van a ser los pequeños y medianos empresarios que no tienen la posibilidad de pagar a las grandes asesorías para que los asesoren correctamente ante la tributación. Por otra parte, el funcionario va a tender a mejorar su productividad -por eso hablamos de su voracidad-, va a tender a ser más obediente y "más eficiente", porque si no, se queda sin trabajo y con un cartel en su frente de "el peor contador de la DGI" para buscar trabajo afuera.

EC - ¿Esas son las consecuencias que ustedes imaginan de este cambio en la DGI?

AG - No solamente las imaginamos sino que en años anteriores, en la década del 70, se vivió una situación similar, incluso un poco más leve en la medida en que el funcionario no quedaba sin trabajo. Así y todo, con regímenes muy estrictos que se aplicaban en esa época, como todos conocemos, los funcionarios tenían que salir a pedir lo máximo. Además no existen normas reglamentadas en la DGI, lo que hace que el sistema sea un poco a la deriva.

EC - En definitiva ustedes rechazan esta reforma.

AG - Sí, rechazamos esta reforma, no el hecho de reformar la DGI. Creemos que estuvo mal planteada desde el punto de vista de una reforma institucional como la que propone el señor ministro. Acordamos que es un organismo extremadamente sensible para el país y creemos que necesariamente deben ser tomadas en cuenta las opiniones de los empresarios, de la Universidad y de los funcionarios. Además estamos absolutamente asombrados de que ante un cambio institucional tan importante el Poder Ejecutivo plantee que es una propuesta innovadora; cuando está en contra de todas las reformas administrativas tributarias que se están planteando por el mundo.

EC - Aureliano Folle estuvo ayer en la conferencia de prensa del ministro.

AURELIANO FOLLE:
Cuando salió de la comisión, preguntado si se iba a reunir con ustedes, qué contacto iba a tener con la Asociación de Funcionarios, dijo que no recordaba la fecha pero que se iba a reunir entre hoy y pasado el fin de semana, lunes o martes. ¿Ustedes tienen alguna confirmación de esto? ¿Están dispuestos a hablar con él?

AG - Estuvimos reunidos con el señor ministro, a solicitud de la Asociación de Funcionarios, para entregar formalmente el documento con los motivos por los que rechazamos la propuesta. Ya estuvimos reunidos con el ministro y al finalizar esa reunión, lamentablemente, nos advirtió que tengamos en cuenta que, si rechazamos frontalmente el proyecto, él se va a ver obligado a actuar en forma autoritaria con los funcionarios. Ese fue el final de la entrevista con el señor ministro, que tuvo lugar anteayer.

EC - Curiosamente ayer, en la conferencia de prensa, el ministro pareció marcar nuevas posibilidades de diálogo.

AF - El dijo que no recordaba la fecha, qué día y a qué hora, pero que en el futuro se iba a reunir con ustedes. ¿No tienen información de eso?

AG - No, pero como siempre, estamos abiertos a dialogar con todas las fuerzas sociales, con todo el Poder Ejecutivo, con todo el Poder Legislativo, porque queremos una buena reforma para este país, que todo el país salga favorecido con una buena reforma en la administración tributaria.

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Transcripción: Jorge García Ramón y María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón