Canelones: se agrava el enfrentamiento en torno al reaforo de la Contribución Inmobiliaria

Para el Partido Nacional, el Encuentro Progresista y el Nuevo Espacio, el recurso interpuesto por los vecinos (y aprobado por la Cámara de Representantes) alude al Decreto que introdujo los nuevos valores. El Foro Batllista argumenta que se trata de otro decreto, cuya existencia niegan los otros partidos. Diputados Tabaré Hackenbruch Legnani (PC), José Carlos Mahía (EP-FA); Luis Alberto Lacalle Pou (PN).

EN PERSPECTIVA
Miércoles 07.11.01, 09.05.

EMILIANO COTELO:
La Cámara de Diputados aprobó anoche, con el voto en contra del Partido Colorado (PC), dos recursos de impugnación contra decisiones de la Intendencia Municipal de Canelones (IMC) que habían sido presentados por vecinos de Ciudad de la Costa. Uno de ellos se dirigía contra el decreto municipal que implicó incrementos en la contribución inmobiliaria debido al reaforo de los inmuebles. Este recurso fue presentado por unos 4.500 habitantes de Shangrilá, Barra de Carrasco, Parque Miramar y City Park. Los aumentos impugnados iban de 50% a 500%, según los casos, aunque después de un acuerdo entre el Foro Batllista y la lista 15 esos incrementos fueron atenuados y se fijó un régimen escalonado para terminar llegando a los valores máximos en un proceso de varios años.

A partir de este pronunciamiento de la Cámara baja, ¿cómo reaccionará la IMC: qué ocurrirá con esas disposiciones? Y además ¿qué implica, como novedad, esta denuncia que presentaron legisladores del Encuentro Progresista en cuanto a que es falso el decreto que promulgó el presupuesto quinquenal de la IMC?

Estamos en diálogo en primer término con el diputado Tabaré Hackenbruch hijo, del Foro Batllista, Partido Colorado, y por otro lado con el diputado José Carlos Mahía, del Encuentro Progresista (EP).

Diputado Hackenbruch, ¿cuál es la posición de la Intendencia que encabeza su padre tras esta decisión de la Cámara?

TABARÉ HACKENBRUCH:
La decisión es acatar de acuerdo a las normas y el derecho. En cuanto esté el comunicado de la Cámara de Representantes, a la Junta Departamental de Canelones (JDC) y a IMC, se derogará estos decretos.

EC - Es importante lo que usted está comunicando en este momento, porque en los días previos distintos voceros de la propia IMC habían adelantado lo contrario, argumentando que los recursos estaban mal formulados porque se dirigían a un decreto que no era el que aprobaba los reaforos.

TH - Efectivamente, se mantiene la misma posición. Lo que decimos es que lo que se trató ayer en la Cámara de Diputados fue la derogación de los decretos 17 y 20, que van a ser derogados una vez esté el comunicado. El decreto 21, que es el que aprueba el Presupuesto General de Gastos e Inversiones, fue comunicado por la JDC, está firmado por la secretaria general de ese organismo y certificado por escribano. Hasta el día de hoy, y mientras no se decrete lo contrario, el presupuesto sigue vigente.

EC - Usted dice que la IMC va a acatar la decisión de la Cámara -va a revocar los dos decretos cuestionados-, pero eso no afecta los cambios en la contribución inmobiliaria, puesto que éstos se encuentran incluidos en otro decreto.

TH - Efectivamente, en el decreto 21.

EC - A partir de esta novedad quiero escuchar una reacción del diputado José Carlos Mahía.

JOSÉ CARLOS MAHÍA:
Dos cosas; primero que habíamos sentido una tranquilidad -como lo expresamos en sala- cuando el diputado Hackenbruch anunció que la JDC y el gobierno municipal de Canelones iban a acatar la resolución del Parlamento, puesto que se había anunciado otras cosas por medio de la prensa. Pero parece que volvieron por sus pasos y no es como se dijo en sala, en el plenario de la Cámara ayer. Los recursos cayeron porque ambos fueron correctamente presentados por los vecinos y los ediles del departamento de Canelones.

EC - Usted dice que los decretos cayeron.

JCM - Exacto...

EC - Los decretos cayeron por los recursos.

JCM - Los recursos fueron correctamente presentados; los artículos y los decretos cayeron porque en el Parlamento nacional tuvieron el voto mayoritario del Nuevo Espacio, el Partido Nacional y el EP-FA. Por lo tanto, caen los aforos vigentes en Canelones.

Segundo, tengo aquí el acta de la JDC que cita esa versión que entregó al Parlamento la IMC, y no existe en toda el acta una sola referencia al decreto 21: los ediles votaron el decreto 20, con su articulado correspondiente, y así después lo impugnaron ediles que estaban en sala en ese momento. El decreto 21 no existe, no existió nunca, porque no puede existir un decreto que no haya sido votado por la JDC.

Además, hay un hecho muy grave, gravísimo: en el material que se entrega al Parlamento nacional, una escribana de la IMC sostiene -y da fe pública- que es copia fiel de la ordenanza 21 adoptada por la JDC el día 10 de mayo de 2001, según consta en el acta de la versión taquigráfica número 39. Tengo aquí toda la versión número 39 y no consta absolutamente nada. No consta ni puede constar porque nunca existió, y si no consta ni nunca existió el decreto no existe y lo único que vigente es el decreto correctamente impugnado por ediles y vecinos (como lo mencionamos en su programa, antes del debate en sala y lo volvimos a decir en sala). Por lo tanto, el aforo cae.

EC - Esto se ha vuelto verdaderamente difícil de comprender. Diputado Hackenbruch: usted decía recién que la IMC va a respetar el pronunciamiento de la Cámara de Representantes, y por lo tanto va a revocar los decretos 17 y 20. Pero agrega que eso no tiene nada que ver con los reaforos, que están dispuestos en el 21, u que no ha sido impugnado. Ahora el diputado Mahía reafirma lo que dijo ayer el diputado Bayardi: que ese decreto 21, al que usted alude y en el que se basa para esta argumentación, no existe. ¿Cómo es esto?

TH - Indudablemente va a ser necesaria una resolución netamente jurídica. Nosotros dijimos ayer en sala y lo mantengo hoy que la resolución del Parlamento, que fue la impugnación de los decretos 14 y 20, se va a respetar como lógicamente tiene que hacerlo un gobierno departamental basado en el sistema democrático y ajustado a las reglas de derecho. Hoy tenemos una comunicación de la JDC diciendo de la existencia de ese decreto 21; hasta tanto la Suprema Corte de Justicia o la JDC digan que ese decreto no existió o que se padeció error, ese decreto está vigente porque está promulgado. Es un tema netamente jurídico. Estoy de acuerdo con el diputado en cuanto a que si se produjo falso testimonio o se padeció algún error habrá que tomar las medidas correspondientes.

EC - Por un lado aparece una respuesta al argumento base que usted estaba manejando: que la resolución de la Cámara es inocua porque los cambios en la Contribución Inmobiliaria están en otro decreto.

Pero en el planteo que viene desde el FA hay algo más que eso: la denuncia de un procedimiento irregular, la posibilidad de presentar el tema ante la Justicia Penal. Como que el tema cobra otro cariz, ¿no?

TH - El FA debería hacerlo -así lo planteó en sala- y se deberán continua los caminos jurídicos correspondientes para ver si efectivamente ese decreto está vigente o no.

EC - ¿Pero qué responde usted a los datos que tienen los diputados Mahía y Bayardi?

TH - Nosotros tenemos la comunicación de la JDC de la aprobación del decreto 21. Hasta hoy, para la IMC el decreto 21 de la JDC existe.

EC - Diputado Mahía, ¿qué pasos piensan dar ustedes? El diputado Hackenbruch indicaba recién es que se presente una denuncia penal.

JCM - Ya lo anunciamos en sala: vamos a proceder desde el punto de vista penal sobre este tema y también en la JDC, porque -reitero- se ha violentado los fueros de los ediles departamentales.

Es una cuestión muy práctica (de almacenero, le diría): ¿cómo puede ser que ediles departamentales que estuvieron en sala y votaron los artículos, después voten o promulguen recursos diferentes a los que ellos mismos votaron? Usted lee el acta y allí se dice, en las fundamentaciones del Partido Colorado, el Partido Nacional y el Encuentro Progresista - Frente Amplio, que se estaba votando el presupuesto quinquenal contenido en el decreto 20. Ese es el hecho real; si después se modificó por algún acto administrativo equivocado y se creó "en un laboratorio" el decreto 21, o si efectivamente se actuó con picardía para evitar que los recursos tuvieran andamiento, es una cuestión de especulación y de opinión política.

Lo que -en esto coincido con el diputado Hackenbruch- no admite tipo alguno de duda desde el punto de vista jurídico es que ese acto que promulgó la IMC no existió, porque no se puede promulgar algo que nunca fue votado en la Junta Departamental. En el mejor de los casos el señor intendente fue engañado en su buena fe y promulgó algo que no fue votado en la Junta Departamental. Lo que no puede suceder en Canelones, bajo ningún concepto, es que algo que no pasa por el deliberativo comunal sea tomado como válido por la IMC.

EC - ¿Usted está de acuerdo en esto último, diputado Hackenbruch, en que no puede promulgarse una resolución que no haya pasado por la Junta?

TH - La comunicación de la JDC sobre la existencia del decreto 21 es así; por eso se promulgó.

Si ese decreto fuera inexistente al haberse derogado los artículos 17 y 20 hoy estaríamos sin presupuesto municipal, y pasaríamos a la alícuota anterior. En ese caso no cambiarían los reaforos sino las alícuotas, y al continuar la Dirección Nacional de Catastro (DNC) suministrando los nuevos valores, éstos pueden tener un efecto contrario a lo que se buscaba con estos recursos.

EC - ¿Puede explicar esto con un poco más de detalle?

TH - Si no hay presupuesto se vuelve al anterior...

EC - Si efectivamente el decreto 21 no existe, dice usted, no solamente estarían esas consecuencias en el tema de la contribución inmobiliaria: no hay presupuesto, o sea que el problema es mucho mayor.

TH - Sí, el problema es bastante mayor y puede producir un efecto contrario a lo que se buscaba con estos recursos.

EC - ¿Qué pasaría con la Contribución Inmobiliaria?

TH - Quedaría vigente el presupuesto anterior, donde la alícuota era de 4%; la DNC continúa enviando los nuevos valores catastrales, a los que se va a aplicar la alícuota anterior, que es la que está vigente en el presupuesto anterior.

EC - ¿Diputado Mahía?

JCM - Hay tres consideraciones sobre lo que dice el diputado Hackenbruch.

Primero, no estamos diciendo que no hubo una determinada comunicación al Ejecutivo comunal, sino que lo que se elevó desde la JDC nunca fue votado. En el mejor de los casos, repito, el intendente municipal de Canelones fue engañado en su buena fe porque le elevaron algo que nunca fue votado en la JDC y promulgó algo que no sucedió. ¿Cómo podemos demostrarlo? Yendo a las actas de la sesión, donde en ningún caso aparece un decreto 21.

El tema no está en lo que promulgó o no el intendente municipal, sino en que, al comunicársele algo que no existió como acto formal de la JDC, promulgó un acto administrativo en forma errónea, equivocada. Es un hecho grave tanto desde el punto de vista administrativo como desde los puntos de vista jurídico y político. Ese es el quid del asunto y donde radica el error.

EC - ¿Diputado Hackenbruch?

TH - Cuando votamos una ley en el Parlamento, por más que discutamos los artículos, no conocemos el número de esa ley. Yo no fui edil, pero por lo que me han dicho es común que muchas veces, cuando se ordena administrativamente lo que se vota en sala, no coincida el número del decreto votado con el de la comunicación. En esto quiero pisar muy sobre liviano porque es un tema que desconozco.

Lo que quiero decir concretamente es: para nosotros, hasta el día de hoy el decreto 21 existe. Mientras no se haga los estudios jurídicos correspondientes que demuestren que el decreto efectivamente estuvo mal comunicado o hubo algún vicio formal, existe. En el caso de que no existiera, pasamos al presupuesto anterior en el que la alícuota era de 4%.

EC - ¿Usted está de acuerdo con esto último, diputado Mahía? ¿Con esa consecuencia bastante más difícil para los propietarios de Ciudad de la Costa y de Canelones en general?

JCM - No. Primero, quiero hacer una precisión más. No es sólo una cuestión de números de artículos, como lo plantea el diputado Hackenbruch: se votó diferente y aparecen votaciones diferentes entre lo que votó efectivamente la JDC y lo que efectivamente proclamó el intendente en el decreto 21. No es sólo una diferencia numérica, sino una diferencia conceptual. Se promulgó algo que nunca fue votado en la JDC.

No es una cuestión de números: es ese acto de votar un decreto 21 que corresponde que esté en las actas de la JDC pero no existió, y por lo tanto ese hecho no tiene ninguna validez jurídica.

En cuanto al tema de las contribuciones en general quiero hacer dos aclaraciones. En primer lugar, la iniciativa en materia tributaria es del gobierno municipal, del señor intendente municipal de Canelones. Segundo, si bien es cierto que la DNC es la que hace los aforos a solicitud de la Intendencia, es esta última la que tiene la potestad de fijar las alícuotas. Entonces, teniendo el gobierno municipal la potestad de ordenar el departamento desde el punto de vista económico, es responsabilidad de éste hacerlo.

EC - Entiendo lo que dice, pero si se confirma que el decreto 21 no existe, y por otro lado acaban de caer los decretos 17 y 20 por la resolución de la Cámara de Diputados, ¿cuál es la consecuencia para los propietarios de Canelones en cuanto a la Contribución Inmobiliaria?

JCM - A nuestro entender cae el aforo hoy vigente en Canelones y se vuelve a la situación del presupuesto anterior.

EC - ¿O sea?

TH - A la alícuota del 4%.

JCM - No, porque ésa también cayó derogada una vez que fue aprobado el presupuesto municipal. Esos aumentos con la alícuota del 4% a los que hace referencia el diputado Hackenbruch ya habían sido impugnados por otros vecinos, y después la propia IMC los eliminó porque habían sido aprobados por la JDC los decretos 17 y 20.

EC - La verdad que esto es una jungla: se hace difícil seguir los vericuetos jurídicos de toda esta situación. Diputado Hackenbruch: hoy miércoles 7 de noviembre, entonces, por lo que usted decía al principio, y como la IMC considera que el decreto 21 existe, no hay, pese al pronunciamiento de la Cámara, ningún efecto práctico en las contribuciones inmobiliarias.

TH - Hasta hoy miércoles 7 de noviembre a la hora 9.29, para la IMC el decreto 21 existe. Mientras exista, tenemos presupuesto. En caso de no existir, se pasa al presupuesto anterior por el cual las alícuotas son de 4%. Como dice el diputado Mahía el intendente puede bajar las alícuotas ad referéndum de la Junta Departamental, no por sí solo.

EC - El otro actor que ha tenido todo este debate en la Cámara de Diputados también votó en contra de las disposiciones de la IMC, a favor del recurso de los vecinos: el Partido Nacional. Está en línea a partir de este momento el diputado Luis Alberto Lacalle Pou.

¿Cómo observa lo que estábamos escuchando recién, la reacción de la IMC?

LUIS ALBERTO LACALLE POU:
En principio no se vuelve a la alícuota de 4%. Cae el nuevo catastro que asume la IMC dado por la DNC, porque el artículo 15 del decreto 17 era el que decía "fíjase el valor imponible municipal por los montos que atribuye la DNC".

De modo que, una vez que caen los decretos 17 y 20, se vuelve a los antiguos valores. Estamos de acuerdo en que son valores irrisorios, pero se volvería al inicio, a antes de que existiera un reaforo por parte de la DNC.

En cuanto al decreto 21, buscamos antes de tratar el recurso, porque no entendíamos cómo el mismo día 10 de mayo se había votado dos decretos, cuyo primer artículo es idéntico, con la diferencia de que uno sale por 16 votos en 31, y el otro por 16 votos en 28. Ayer nos enteramos, en el Plenario de la Cámara, de que ese decreto podría no existir. Los argumentos acerca de su inexistencia no fueron refutados. De ser así, nuestros ediles van a reunirse porque las consecuencias y las responsabilidades serían gravísimas.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón