De la "guerra de las patentes" a los operativos de la Intendencia Municipal de Montevideo

Debate entre el director de la División Jurídica de la Intendencia Municipal de Montevideo, Adolfo Pérez Piera, y los diputados Gustavo Borsari (Partido Nacional) y Alejo Fernández Chaves (Partido Colorado).

EN PERSPECTIVA
Viernes 09.11.01, 09.05.

EMILIANO COTELO:
La guerra de las patentes volvió al tapete esta semana; esta vez fue la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) la que salió a detectar a aquellos vehículos que tendrían que estar empadronados en la capital pero que lo están en el interior.

Ya lo han hecho otros municipios en el pasado, por ejemplo el de Canelones hace pocos meses, pero este operativo de ahora se diferencia de esos antecedentes. En el caso de Canelones alcanzaba con que el inspector le mostrara al inspector un recibo de UTE o de Contribución Inmobiliaria que probara que su domicilio coincidía con el departamento de empadronamiento de su vehículo; con eso la fiscalización terminaba allí mismo, en la calle y en ese instante. Ahora, en cambio, los funcionarios municipales de Montevideo detienen al vehículo del interior, le piden a su chofer la licencia de conducir y la libreta de propiedad y le indican que debe concurrir al Servicio de Vigilancia de la IMM para recién allí demostrar su lugar de residencia. Hay que trasladarse hasta una oficina municipal, hacer un trámite, a cambio de lo cual el conductor recibe un permiso que lo habilita a circular por Montevideo durante un año.

Esta modalidad despertó inmediatamente la reacción de otros intendentes municipales, por entender que se trataba de una forma de discriminación a los vehículos del interior, y también motivó comentarios de molestia por parte de gente que tuvo que perder horas haciendo ese trámite. Pero, además, el asunto llegó incluso al Parlamento: el diputado herrerista Gustavo Borsari propuso en Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja que se citara al intendente y al director de Tránsito para que justifiquen la legalidad de este procedimiento, lo que fue aprobado por unanimidad.

En torno a esta cuestión vamos a dialogar con el director de la División Jurídica de la IMM, Adolfo Pérez Piera, y por otro lado los diputados Gustavo Borsari del Partido Nacional y Alejo Fernández Chaves del Partido Colorado.

Vamos con la primera pregunta al diputado Gustavo Borsari: ¿por qué esa citación a Comisión de Constitución y Códigos?

GUSTAVO BORSARI:
Porque creo que la fiscalización que se está llevando a cabo por parte de la IMM es injusta, inconstitucional e ilegal. Así lo dije en la comisión. Porque es discriminatoria: Montevideo no se puede arrogar el derecho de decidir quién puede circular sobre sus calles; naturalmente puede fiscalizar, por ejemplo de la manera que lo estaba haciendo hasta hace tres días, pero de ninguna manera con los desbordes con que lo ha hecho desde hace tres días a esta parte, en el sentido de que está negando el derecho consagrado en el artículo 7º de la Constitución a la libertad de circulación a la gente de otro departamento que viene a hacer un trámite, a gente que tiene una casa en Colonia y otra en Montevideo, a gente que trabaja en otro departamento y vive en la capital, etcétera. Hay múltiples causas que pueden obedecer a diversas circunstancias. Creemos que se ha hecho un abuso del derecho y es por eso que hemos citado al intendente y al director de Tránsito a la Comisión de Constitución y Códigos.

EC - En principio no tienen obligación de concurrir, ¿o sí?

GB - No tienen obligación de concurrir, pero espero que lo hagan; en otras oportunidades ha concurrido el director de Tránsito por otros asuntos a la Comisión de Constitución y Códigos. Espero que las instituciones sean respetadas, como debe ser. Además nuestra propuesta es constructiva: tenemos un proyecto de ley ya presentado, que arreglaría toda esta situación y creo que esta situación fáctica que se ha planteado en estos tres días se puede terminar inmediatamente.

EC - En seguida vamos al proyecto de ley; antes me gustaría escuchar la respuesta del doctor Pérez Piera por la IMM.

ADOLFO PÉREZ PIERA:
En primer lugar quisiera hacer una precisión respecto a la invitación que la Comisión de Constitución de la Cámara de Representantes ha hecho al intendente: no existe injerencia alguna del Parlamento en temas que son de estricto manejo municipal. Creo que no procede formular una citación y mucho menos para dar una justificación. De acuerdo a la Constitución estos temas sólo son ventilados en el ámbito del organismo de contralor departamental, que es la Junta Departamental, y naturalmente en el Poder Judicial cuando cualquier interesado recurre a él.

El Parlamento puede invitar y, por cortesía como lo ha hecho alguna otra vez, la Intendencia podrá concurrir o no, en función de que determine que se justifica concurrir. Creo que hay que rechazar terminantemente hablar de "citación" y de "dar explicaciones" porque, si estamos hablando de defender la legalidad y la constitucionalidad, el primer paso es actuar dentro de los márgenes de competencia que cada organismo tiene.

EC - ¿Y a propósito del procedimiento, que es el tema de fondo?

APP - Respecto al procedimiento creo que es absolutamente constitucional y legal. Se está actuando, primero, en función de las competencias constitucionales que se ha otorgado a las Intendencias de cobrar tributos sobre los vehículos -la Patente de Rodados- y por lo tanto de controlar el cumplimiento por parte de los ciudadanos, que están obligados a su pago, de que efectivamente éste se haga.

Por otro lado, existen disposiciones municipales, decretos que no vienen de ahora sino del año 1985, de la Intendencia colorada de Aquiles Lanza, que establecen que los funcionarios de Vigilancia deben fiscalizar que efectivamente los vehículos que circulen por Montevideo empadronados en el interior se corresponden con propietarios radicados en ese mismo lugar.

Además, existe un acuerdo a nivel de Congreso Nacional de Intendentes, el último del 27 de noviembre de 2000, que establece que cada Intendencia cobrará el tributo de Patente de Rodados sobre los ciudadanos que tengan domicilio en ese departamento y, que además están plenamente habilitadas para ejercer las potestades sancionatorias en caso de que verifiquen que hay vehículos que están empadronados fuera del departamento y sin embargo sus propietarios radican en el mismo.

EC - Vamos al diputado Alejo Fernández Chaves. Tengo entendido que usted tiene coincidencias con el planteo del diputado Borsari.

ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES:
Sí. Primera cosa: entiendo que debe irse hacia la unificación de patentes, me parece que el hecho de que no se haya realizado un acuerdo respecto a la unificación de patentes demuestra una situación de ineficacia y de imposibilidad de ponerse de acuerdo de los intendentes, realmente grave.

EC - En este caso ¿el cuestionamiento es a que se fiscalice las patentes del interior o a la forma en que se está realizando la fiscalización?

AFC - Nosotros tenemos una fuerte resistencia a la manera salvaje en la que se está instrumentando esta fiscalización.

EC - ¿Por qué la llama "salvaje"?

AFC - Primero: los controles están establecidos, como puede verse -ayer se pudo ver perfectamente en Montevideo-, en las entradas al departamento, por ejemplo para la gente que viene del este en avenida Italia. Se encontraba varias parejas de inspectores por esa avenida. Obviamente personas que viven, ya sea en Canelones, Maldonado o Rocha van a entrar siempre por avenida Italia, donde son detenidas por los inspectores. Están estableciendo unas fronteras departamentales.

Me llama la atención la situación que un prestigioso jurista como el doctor Pérez Piera está señalando de que se fundan en decretos municipales. Como los decretos no derogan la Constitución, difícil es que se vaya a limitar lo que son los derechos que tiene todo habitante de la República por decretos municipales.

A la persona se le retira la documentación y la hacen ir a realizar el trámite a la IMM. Invierten la carga de la prueba: no es la IMM con todo el poder estático la que investiga sino que al revés, el ciudadano es quien tiene que hacer toda la gestión ante el municipio para que éste omnipotentemente sea el que decida. El minúsculo, pobre ciudadano tiene que ir a probar ante el poder estático impresionante de la Intendencia. Ha invertido la carga de la prueba.

EC - ¿Qué responde usted, doctor Pérez Piera, a este cuestionamiento?

APP - Para ilustrar a la opinión pública que está siguiendo este debate importa ir analizando tema por tema. Primero, quiero reafirmar la constitucionalidad y legalidad no sólo del comportamiento de la IMM sino de todas las Intendencias. Asumo la representación del conjunto de las Intendencias, incluso me hubiera gustado que este debate fuera a nivel de Intendencias respecto al acuerdo que se ha logrado, al derecho que tienen todas ellas al cobro del tributo de la Patente de Rodados y a fiscalizar si efectivamente éste se paga o no en su ámbito departamental. Creo que es un tema importante, porque si estamos dentro de la legalidad es una cosa y si estamos fuera es otra.

EC - Pero el procedimiento que está siguiendo la IMM es diferente al que han seguido otras Intendencias.

APP - El objetivo es el mismo.

EC - El objetivo es el mismo pero el procedimiento es distinto.

APP - Primero: ¿tiene la Intendencia derecho a fiscalizar si aquellos que deben la Patente de Rodados la han pagado o no, y a utilizar para ello procedimientos administrativos? Sí, tiene derecho.

Segundo punto: ¿cómo se está ejerciendo este contralor? Rechazo terminantemente la expresión usada por el amigo diputado Fernández Chaves respecto a que se trata aquí de un procedimiento "salvaje". Preferiría no entrar en calificativos, porque me parece que hacerlo sería bajar el tenor del debate. Se está haciendo un contralor muy respetuoso por parte de los inspectores, no se está incautando la documentación a nadie.

Por otro lado, se ha planteado una serie de posibilidades para que el conductor pueda acreditar su pertenencia a otro departamento, incluso con documentos que todos sabemos que no pueden operar como plena prueba -como la Credencial Cívica o el título de propiedad, la certificación notarial e incluso a otros que pueda portar el conductor-, a los que la Intendencia sin embargo les reconoce validez. Es decir que hay amplitud por parte de la Intendencia para que el interesado, en la forma que le resulte más conveniente y menos molesta, pueda probar que efectivamente radica en el domicilio donde está empadronado su vehículo.

EC - Pero tiene que ir a la Intendencia a hacer el trámite.

APP - No necesariamente. En la Intendencia se le da una documentación para que pueda circular sin problemas. De todas maneras, si el conductor lleva en su poder y exhibe la Credencial Cívica -incluso la reglamentación prevé una fotocopia certificada notarialmente para que no sea necesario circular con el documento- puede seguir circulando sin ningún tipo de problemas. Pero, si quiere una habilitación permanente que le evite estar llevando esos documentos y ser detenido más de una vez, concurre a la Intendencia en el horario que le venga bien, se le da un plazo muy amplio de tres semanas a los efectos de que acredite allí, con cualquiera de los documentos mencionados, su pertenencia al departamento.

EC - ¿Usted dice que no es imprescindible ir a la Intendencia a realizar el trámite, que el tema se puede resolver con el propio inspector que detiene al automóvil?

APP - El inspector no puede otorgar la habilitación a la que me refería para poder circular sin ser molestado. Sería una actuación muy compleja para hacer en la calle. Pero el inspector, habiendo constatado que el conductor tiene en su poder la Credencial Cívica por la que prueba su radicación en el departamento donde está empadronado el vehículo, o el título de propiedad del mismo, puede seguir circulando libremente; tendrá que registrarse nuevamente si lo vuelven a detener.

Si le resulta más cómodo, viene a la Intendencia en el horario que entienda conveniente, donde se le dará una habilitación que le evite tener que circular portando esa documentación. Es un procedimiento que ha tratado de contemplar las menores molestias posibles a los conductores.

EC - Pero incluso con ese documento para circular puede volver a ser detenido, porque no es algo que se pueda tener a la vista permanentemente, es un papel.

APP - Es un papel que puede estar en el vehículo, que el conductor muestra e inmediatamente sigue: eso no significa ninguna perturbación; creemos que es el procedimiento que menos perjudica a los conductores.

Sabemos que es una molestia, como siempre lo es una actividad de fiscalización por parte del Estado en todos los planos. Lo hace también la Dirección General Impositiva en el ejercicio de su derecho a fiscalizar el pago de los tributos. En este caso hay una cuota de molestia que pretendemos que sea lo menor posible.

Yo también aspiro a que en el futuro este tema sea tratado de otra manera. Creo que hay que ir efectivamente -en esto coincido con el diputado y coincidimos todas las Intendencias- a una unificación del sistema de patentes. Incluso el acuerdo al que yo me refería, de noviembre del año pasado, dice: "...se asume el compromiso de trabajar para lograr una unificación en todos los aspectos atinentes a la circulación de vehículos, tales como los valores de empadronamiento, reempadronamiento, transferencia, licencia de conducir, multa, libreta...". Es decir que hay una voluntad manifiesta por parte de todas las Intendencias de actuar en este sentido, hay una comisión que está trabajando, se ha avanzado en lo que tiene que ver por lo menos con el establecimiento de los montos de las patentes; y en otros aspectos hay proyectos presentados, como la iniciativa de poder cobrar la patente mediante un adicional al precio de la nafta. No es un tema fácil de resolver, se está estudiando con el mismo propósito que manifestamos: tratar de que los ciudadanos tengan la menor molestia posible respecto a este tema.

EC - Vuelvo al diputado Gustavo Borsari; ¿qué dice usted?

GB - Insisto en que la fiscalización que se ha hecho en estos días ha sido inconstitucional e ilegal. Eso es claro, si usted lee los diarios -se han abierto también los micrófonos de su radio y de otras- verá que hay casos de ciudadanos que han denunciado violación al principio de libertad de circulación. Ese hecho ha sido constatado permanentemente en estos tres días. Hay que terminar con esto y por eso hemos cursado la invitación a la IMM, que creo que se va a prestar con gusto a venir al Parlamento.

EC - ¿Pero por qué no ha estado ese mismo cuestionamiento en otros procedimientos que han hecho otras Intendencias?

GB - Porque como usted lo ha dicho, no fueron todos iguales. La Intendencia Municipal de Canelones, según tengo entendido -a mí no me ha pasado-, exigía un recibo de UTE, Antel o cualquier organismo para comprobar la residencia de la persona. Me parece que ese procedimiento es distinto a que alguien que viene, por ejemplo, a una sociedad médica, tenga que ir a una oficina a realizar un trámite. Eso ha sido un desborde, un abuso de derecho, una flagrante ilegalidad.

Ahora bien, yo no concuerdo, entrando al fondo del asunto, con que la patente tenga que ser unificada en lo nacional. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley, pero creo que la unificación del precio de la patente es nociva. Todos sabemos que la capacidad contributiva, por ejemplo, del montevideano y el ciudadano de Artigas -por poner el otro extremo- no es la misma. Entonces me parece que hay dejar libertad en cuanto a la tasa para que las Intendencias la fijen. Sí debería haber una ley nacional que establezca claramente dónde se tiene que matricular los vehículos; por ejemplo, como lo propone nuestro proyecto, en el lugar de residencia o en el lugar de trabajo.

EC - Pero después van a venir los problemas de fiscalización que estamos viendo permanentemente.

GB - En nuestro proyecto de ley se establece preceptivamente que, para justificar el lugar de trabajo o la residencia, se deberá presentar un certificado notarial ante la Intendencia.

Creo que las fiscalizaciones hechas con arreglo a derecho están bien hechas, no así las hechas con el desborde que hemos visto estos días y además con declaraciones -que voy a leer porque no son invento mío- del señor Felipe Martín, que dijo que "...la comuna saldrá a fiscalizar con todo y aplicará a los infractores una multa equivalente a 100% de la Patente de Rodados; los propietarios que tengan su vehículo empadronado en otro departamento y no puedan demostrar su domicilio fuera de Montevideo pueden sufrir el embargo del auto". Esto es una amenaza muy importante, es una exorbitación del derecho. La multa de 100% con la que se amenaza es una especie de confiscación, acto que está prohibido constitucionalmente. La amenaza de embargo del automóvil es también algo a lo que se puede llegar por un proceso de no pago de patente, en esta circunstancia es una persecución a quien anda en la calle, lo que creo que no procede. La fiscalización debe ser hecha de otra manera.

EC - Doctor Adolfo Pérez Piera, usted decía que no es imprescindible para el automovilista ir a la Intendencia a hacer el trámite, que puede demostrar que la residencia y la patente coinciden ante el propio inspector. Aquí tengo mensajes de oyentes que señalan lo contrario, por lo menos en cuanto a lo que es la conducta de los inspectores. Un oyente que da su número de cédula de identidad y nombre -que le puedo suministrar- señala: "Ayer fui detenido correctamente por un inspector municipal, me leyó la orden que él tiene y no me permitió exhibir ningún documento, ya que 'hay que presentarse a la Intendencia o a la calle Pedernal'".

APP - Ahí hay un equívoco; sólo hay que presentarse en la Intendencia o en la calle Pedernal a los efectos de obtener la habilitación.

EC - Pero no le permitieron presentar documentación al inspector en ese lugar.

APP - Ha sido un error del inspector actuante en ese caso, que puede ocurrir, no lo puedo descartar. El criterio es que la persona que tiene en su poder la documentación que la reglamentación exige puede seguir circulando; lo que el inspector no puede otorgar es la habilitación, para lo cual la invita a concurrir a la Intendencia a efectos de obtenerla.

EC - Claro, pero éstas son algunas de las cosas que están pasando y que han despertado las molestias que han despertado.

APP - Yo voy a tratar de verificar si efectivamente en algún caso este concepto no ha quedado claro.

EC - A propósito de lo que decía el diputado Borsari, no a propósito de la unificación de las patentes, que creo que no es el punto ahora...

APP - No, pero quiero respaldar su intervención, porque creo que el problema -que más allá del argumento que plantea Borsari que puede ser de certeza en el aspecto de la capacidad contributiva- de la diferenciación de las patentes es causa directa de la "guerra de patentes". Es un acuerdo al que ha llegado el conjunto de las Intendencias, por eso esta voluntad de trabajar en la unificación de la patente a todos sus efectos.

En segundo lugar, creo que también hay que "bajar la pelota" con respecto a manifestaciones de la prensa o de algún ciudadano que pueda haber sido afectado. La Intendencia no va a embargar los vehículos, la multa no es confiscatoria: es la que está establecida en el propio acuerdo del Congreso Nacional de Intendentes, que es 100% de la patente. Las Intendencias pueden aplicar multas de hasta 150 UR, unos $ 70.000, y estamos muy lejos de esas cifras. No son cantidades confiscatorias, es una cantidad severa pero de ninguna manera confiscatoria, y está dentro del ámbito de aplicación de las Intendencias.

No hay embargo: lo que sucede es que si se aplica en definitiva una multa y el infractor no la paga, como en todos los casos, la Intendencia acudirá a la vía judicial para hacer efectivo ese cobro, y en el procedimiento ejecutivo está prevista la eventualidad del embargo, pero con todas las garantías judiciales.

En cuanto a la libertad de circulación, aquí no se está afectando la libertad de circulación: se puede circular libremente; simplemente se está fiscalizando si esa circulación se está haciendo con el cumplimiento de lo que establecen las normas legales.

EC - Un oyente pregunta qué pasaría si todos los departamentos hicieran lo mismo, si en todos hubiera que tramitar un permiso para poder circular.

APP - Si sucediera eso en poco tiempo todo el mundo estaría empadronado donde corresponde, porque aquí estamos viviendo la consecuencia de una situación anterior que fue la "guerra de patentes". Por eso, en Montevideo casi 25% de los vehículos pertenece a ciudadanos que habitan en Montevideo y sin embargo los tienen empadronados en otros departamentos donde les han ofrecido otras ventajas, como precios menores en la patente o impunidad para el pago de las multas. Eso ha traído esta falta de correlación entre lo que es la cantidad de gente que debe pagar la patente y la que la paga. Ese es el problema de fondo; si no existiera esa situación nadie se ocuparía de estar fiscalizando, pero casi 25% de los propietarios de vehículos de Montevideo los tienen empadronados en el interior.

Sucede también en algunas Intendencias del interior: Canelones ha hecho un esfuerzo muy significativo para recuperar empadronamientos, y en el último año recuperó casi 20.000. Estaba en su legítimo derecho porque eso es lo que acordó el Congreso Nacional de Intendentes: que cada ciudadano aporte donde vive. Eso es lo que se está planteando, y si cada uno lo hiciera seguramente estos problemas no sucederían.

EC - Diputado Alejo Fernández Chaves, a propósito de los cuestionamientos que usted ha formulado y de los argumentos del doctor Adolfo Pérez Piera mi consulta es: ¿por qué se cuestionan estos procedimientos y no otros que han tenido lugar en otras Intendencias?

AFC - Primero, porque cuando yo califiqué de "salvaje" al procedimiento no lo hice en un tono peyorativo, de ninguna manera: lo hice porque evidentemente hay que significar la magnitud de estos procedimientos. Primera cosa: el hecho concreto -no sé cuál es la orden de los superiores- es que he recibido infinidad de llamados de no menos de 15 o 18 de personas de mi departamento, Maldonado, que viven allá, que trabajan allá y que por circunstancias excepcionales entraban a Montevideo por avenida Italia, a las que les fue absolutamente imposible liquidar el asunto en el propio trato con el inspector por más que tenían Credencial Cívica y la documentación adecuada.

EC - El oyente cuyo testimonio leí hace unos minutos manda un nuevo mensaje diciendo: "El inspector municipal que detuvo mi auto me leyó el instructivo que tiene, y allí claramente decía la imposibilidad de admitir ningún documento. Era un papel impreso".

AFC - Eso a su vez se corrobora con el documento que entrega luego la Intendencia, porque si allí le dieran un letrero que se colocase en el auto, un pegotín para que esa persona pudiera pasar después automáticamente cualquiera de los controles uno podría pensar "Bueno, hizo el trámite una vez y no va a volver a ser detenida"; pero la persona vuelve a ser detenida. Si fuera tan simple que con la mera Credencial Cívica la persona pudiera seguir de largo ni bien controlada, no necesitaría un documento que no se coloca a la vista exterior del auto sino que tiene que volver a exhibir, como si exhibiese la credencial. De modo que eso no funciona, y ése es uno de los temas fundamentales.

Otra cosa: el doctor Pérez Piera, que es un muy distinguido jurista, no contestó el argumento que creo que desde mi punto de vista es de mayor peso: que aquí no hay lo que se llama el debido proceso. El ciudadano tiene que ir ante la Intendencia, que a su vez es la fiscalizadora, la que tiene que reprimir y la que en última instancia decide; a su vez, tras todo eso, tras esa diferencia de poder entre la Intendencia y el ciudadano, resulta que quien debe probar que esa persona no vive ni trabaja en Montevideo no es la Intendencia sino el ciudadano. Esto parece absolutamente imposible, esta norma es absolutamente discriminatoria y le señalo que mucha razón tuvo el oyente que se preguntó qué sucedería si esto pasara en todos los departamentos.

Usted, señor Cotelo, si este verano va a mi departamento, Maldonado, a pasar una semana, imagine si a la Intendencia Municipal de Maldonado se le ocurriese hacer lo mismo que la de Montevideo y uno de esos días que piensa estar en la playa, en Piriápolis, Punta del Este o La Barra, usted tuviera que estar al mediodía al rayo del sol en la Intendencia, haciendo cola para poder justificar que usted vive y trabaja en Montevideo y que está exclusivamente de turismo en Maldonado. Hay que ponerse no sólo en el caso del ciudadano del interior, el hoy ciudadano de segunda que viene a Montevideo y tiene que hacer todos estos trámites, sino también en el del ciudadano de la capital que va al interior y también se encuentra con todo ese tipo de trámites realmente penosos para toda persona.

EC - Doctor Pérez Piera, como queda claro el procedimiento está siendo, por lo menos en numerosos casos, la obligación del automovilista a concurrir a la Intendencia a hacer el trámite. El diputado Fernández Chaves dice que se invierte el monto de la prueba; ¿qué responde usted?

APP - Primero que, si ubicamos la discusión en ese plano, es otra cosa: ¿el procedimiento que la Intendencia está empleando es el mejor, puede mejorarse, cómo hacemos para evitar que el ciudadano tenga problemas, si es mejorable esta resolución? Por supuesto que podemos conversarlo, pero partiendo de la base de que estamos actuando dentro de la Constitución, dentro de la ley y en la protección de nuestros derechos. Estamos utilizando un procedimiento novedoso, que puede ser mejorado; si hay sugerencias de interés van a ser recibidas, incluso si hay denuncias de algún funcionario actuando indebidamente, también les pedimos que nos lo hagan saber para adoptar las medidas del caso.

EC - Según el oyente que se comunicó, no sería un desborde sino que el funcionario habría seguido lo que dicen las instrucciones escritas que tiene.

APP - Voy a controlar si ha habido algún error de procedimiento. Pero estamos ubicando la discusión en otro plano: no estamos hablando de inconstitucionalidad, de ilegalidad o de desbordes, sino de un procedimiento que seguramente puede ser mejorable.

En cuanto al debido proceso, lo hay. La Intendencia ha planteado una serie de posibilidades para poder acreditar la radicación en otro departamento, sabiendo incluso que algunos medios de prueba de por sí tienen un relativo valor, porque la Credencial Cívica de por sí no demuestra la radicación, es una presunción, como también lo puede ser el título de propiedad. Lo hemos hecho de una forma muy amplia, precisamente para no mortificar a la persona, porque el domicilio es muy difícil de probar con un solo documento. La persona no tiene más remedio que tener la carga de la prueba, porque nosotros no estamos en poder de esa documentación; sería absolutamente imposible que conociera dónde están radicados todos los ciudadanos que circulan por Montevideo. Puede tratar de evitarles mortificaciones, sobre todo a aquellos que efectivamente viven en el interior.

Aquí hay dos categorías de ciudadanos: los que están radicados en Montevideo y que a pesar de tener que empadronar el vehículo aquí los empadronan en el interior para tener una ventaja indebida -son cerca de 30.000-, y los que efectivamente viven en el interior y acuden a Montevideo por razones laborales, etcétera.

Incluso -esto no se ha dicho- la IMM fue la que más quiso flexibilizar este criterio; en la reunión del Congreso Nacional de Intendentes del 27 de noviembre del año pasado planteó que no sólo se validara como domicilio el lugar donde la persona vive sino también el domicilio laboral, entendiendo que había que dar la posibilidad de elegir entre uno y otro. Esto fue rechazado por la mayoría de las Intendencias del interior, porque en algunos casos son ciudades - dormitorio y no querían dar ese "changüí" a sus ciudadanos.

EC - La preocupación está puesta justamente en los ciudadanos que son genuinamente del interior, que están en regla y que están viendo dificultada su vida.

APP - Exactamente: toda actividad de fiscalización por parte del Estado causa alguna perturbación, que nosotros pretendemos sea la menor posible, pero es inevitable. Es inevitable que la gente acredite de alguna manera su domicilio.

Vamos a estudiar si el procedimiento es mejorable; pensamos que era lo suficientemente amplio como para permitir por varios medios de prueba que la persona demostrara su domicilio y pudiera seguir circulando sin problemas, y si quería la tranquilidad de no volver a ser molestada podía conseguir la habilitación. Se estudió también la posibilidad del "pegotín"; hay algunas opiniones contrarias, pero si en definitiva se entiende que es un procedimiento mejor, también se va a atender.

Reitero: esto no es para perturbar a nadie, es simplemente una medida en defensa de los derechos de los montevideanos, que tienen la potestad de exigir a los vecinos que viven aquí que paguen la patente y contribuyan a la carga pública, como el resto de los montevideanos que vive y paga aquí y ve cómo otros también viven aquí y sin embargo empadronan afuera.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón