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A
11 años y medio de propuesto, habrá un ombudsman carcelario
 El
proyecto del diputado Daniel Díaz Maynard (Encuentro Progresista)
establece los cometidos y forma de designación de un "comisionado
parlamentario" para atender la rehabilitación de los
reclusos. "El Comcar fue diseñado para 800 detenidos
y tiene 2.900. La población carcelaria crece a razón
de 100 por mes. Se construirá una nueva cárcel para
600, pero cuando esté pronta habrá 1.800 más.
Vamos camino a transformarnos en Sao Paulo o México, donde
la Policía no cumple las órdenes de captura porque
no tiene dónde poner a los delincuentes".
EN PERSPECTIVA
Martes 20.11.01, 09.07.
EMILIANO COTELO:
Tal parece que los reclusos tendrán, en un futuro, quien
los defienda: se vuelve cada vez más factible la instauración
de un ombudsman carcelario. Eso es lo que propone un proyecto de
ley aprobado la semana pasada por unanimidad en la Cámara
de Diputados y que ahora está a consideración del
Senado.
¿Por
qué se propone la creación de este cargo? ¿Qué
atribuciones tendrá el defensor de los reclusos? Para conocer
más acerca de este proyecto está con nosotros el diputado
Daniel Díaz Maynard, del Encuentro Progresista, autor de
la iniciativa, quien también es presidente de la Comisión
de Cárceles del Parlatino (desde esa condición ha
recorrido y conocido por dentro varias de las cárceles de
nuestro continente).
DANIEL DÍAZ
MAYNARD:
La comisión recorrió 21 países y 70 establecimientos
carcelarios, de manera que alguna experiencia hemos recogido.
EC - En esto
del ombudsman carcelario, usted viene trabajando casi desde antes
de desempeñar esas responsabilidades a nivel latinoamericano.
Este proyecto tiene...
DDM - 11 años
y medio: lo presenté en abril de 1990. En mi calidad de viejo
abogado conozco las cárceles, las conocí en democracia
y en dictadura, y conozco las dificultades que existen en el contralor
de las cárceles. Los parlamentarios tenemos la obligación
de custodiar los derechos humanos, y es absolutamente imposible
custodiar las cárceles cotidianamente; es un mundo particularmente
hermético, opaco, donde nos enteramos de lo que pasa cuando
hay un motín, un suicidio, una quema de colchones... Siempre
es post facto, nunca podemos ejercer el contralor directo.
Pensé
que la única forma posible era un ombudsman, que es una institución
que tiene más de 200 años y que en Uruguay era una
mala palabra hasta ahora, porque Montesquieu reinaba sin dudas con
la división en los tres poderes clásicos.
EC - Por supuesto
que el ombudsman existe en una serie de países del mundo.
¿Ombudsman carcelario también?
DDM - También.
Yo tuve la suerte de ser invitado por el procurador penitenciario
-como se llama en Argentina-, que tiene a su cargo esta tarea en
todas las cárceles federales de la República Argentina,
que son miles de quilómetros. El doctor Mugnolo ha conformado
un equipo realmente excelente; estuve tres días dentro de
su oficina viendo cómo funcionaba.
EC - El de Argentina
es un ejemplo. ¿Hay otros?
DDM - Supongo
que sí. El que conozco personalmente es el argentino, creo
que hay otros en algún estado brasileño, en México,
porque el ombudsman tiene la característica de que sus resoluciones
no son vinculantes.
EC - Vamos a
definirlo, por lo menos según el proyecto que se acaba de
aprobar. ¿Qué es el ombudsman carcelario?
DDM - Teóricamente,
el ombudsman es un funcionario que no puede dejar sin efecto una
resolución administrativa. Su única función
es aconsejar y -en el caso de que su consejo no sea aprobado- dirigirse
al superior. Si éste tampoco lo aprueba, dirigirse a la Asamblea
General y comunicarlo. Su base fundamental es el prestigio que tiene
el cargo, la honorabilidad, la objetividad.
Muchas veces
se me ha acusado de preocuparme fundamentalmente por el derecho
de los victimarios y no de las víctimas, cosa que creo que
es una falsa oposición. En primer lugar, porque los reclusos
tienen limitado su derecho a la libertad locomotiva, pero no los
demás derechos. En segundo lugar porque, si en un momento
en que tenemos 5.200 presos (récord nacional), 50 por ciento
de ellos reincidente, estamos demostrando que es absolutamente imprescindible
una transformación radical de la filosofía de la cárcel
para que no haya reincidentes. La única explicación
posible de la pena de prisión es la rehabilitación,
si no, no tiene sentido.
EC - El ombudsman
carcelario sería un parche en esa dirección, una medida
parcial de las muchas que hay que tomar.
DDM - Por supuesto;
estoy de acuerdo.
EC - ¿Usted
entiende que se justifica que las cárceles permanezcan en
la órbita del Ministerio del Interior?
DDM - No, Ya
tengo un proyecto que está a medio aprobar en la Comisión
de Derechos Humanos, convirtiendo a las cárceles en un servicio
descentralizado al estilo del Instituto Nacional del Menor (Iname).
Además,
hemos presentado el proyecto de medidas alternativas a la prisión.
No tiene sentido que se encarcele por delitos menores, cuando existe
toda una panoplia de medidas alternativas que son mucho más
eficaces, como las tareas comunitarias, la prisión de fin
de semana, la prisión nocturna. Hay un conjunto enorme de
medidas que no tienen por qué llevar a la prisión,
que ha demostrado su fracaso absoluto.
EC - ¿Qué
puede aportar el ombudsman carcelario en esa dirección que
usted enfatizaba, la de que efectivamente las cárceles sean
un ámbito de rehabilitación?
DDM - El proyecto
establece que su función esencial es el respeto de los derechos
que no están limitados por la sentencia. Hoy los reclusos
son mucho más objetos que sujetos de derecho. Yo he visto
en varias cárceles, por ejemplo, la cogestión de los
reclusos de la tarea cotidiana, cómo eligen por voto secreto,
por módulo, una comisión que se encarga de la alimentación,
la limpieza, la disciplina, el esparcimiento, y cómo adquieren
o van adquiriendo sus características de seres humanos libres,
capaces de tener iniciativas cuando ha bajado terriblemente la edad
de los reclusos -hoy creo que el promedio de edad está en
31 años-, que vienen de sectores habitualmente carenciados,
sin hábito alguno de trabajo, y que en consecuencia no tienen
el menor estímulo para el trabajo. Usted me decía
fuera de micrófonos que el director de la cárcel ha
hablado de las dificultades que tiene para hacer trabajar a los
reclusos.
EC - Fue un
reconocimiento que hizo el director nacional de Cárceles
en comisión del Parlamento.
DDM - Me lo
manifestó también en la última visita que hice
al Complejo Carcelario de Santiago Vázquez (Comcar). En muchos
países he visto funcionar lo que se llama la remisión
de la pena: dos años de trabajo o de estudio reglamentado
significan un año menos de pena. Si usted viera la prolijidad,
la preocupación del recluso por que se le contabilicen las
horas trabajadas... Porque significan de alguna manera un estímulo,
y al mismo tiempo un aprendizaje para que no salgan a la calle con
las manos más vacías que cuando entraron, y tengan
el estigma de haber sido reclusos. Hay un autor que dice que el
delito no se termina de pagar nunca, porque siempre se es un ex
recluso; y si usted tiene que elegir entre un ex recluso y alguien
sin antecedentes, va a elegir a aquel que no tiene antecedentes.
Con 16% de desocupación, ¿dónde consigue trabajo
un ex recluso? Lo estamos empujando de nuevo, a pesar de los esfuerzos
que hace el Patronato (que es una institución ejemplar en
Uruguay, dirigida por este santo que es Oscar Ravecca, un hombre
que ha dedicado la vida a estos temas con una devoción inmensa).
A pesar de esa obra y de los pocos recursos que tienen los liberados,
si no han aprendido absolutamente nada y pasan 23 horas por día
encerrados en una celda, mirando el techo y una hora en un patio
jugando al fútbol los que pueden y los demás caminando
si hay sol, tienen muy pocas chances de conseguir un trabajo remunerado
que los aleje de la delincuencia.
***
EC - Este ombudsman
carcelario, por un lado, debería realizar un seguimiento,
una observación sistemática, permanente del funcionamiento
de las cárceles, pero por otro también podría
recibir denuncias.
 DDM
- Sí, están establecidas ambas cosas: las visitas
que debe realizar con la colaboración de las autoridades,
que son sancionadas si no le permiten el acceso absolutamente libre,
la absoluta reserva de toda comunicación que tenga con los
inclusos, cualquiera sea, y además la recepción de
quejas que no pueden ser anónimas sino firmadas. La queja
anónima da lugar a otro tipo de cosas que he querido aventar.
EC - De todos
modos, ante las denuncias firmadas, la garantía de reserva
y prudencia vendría por la trayectoria, por la personalidad
de esa persona que estuviera al frente de la institución.
DDM - Sí,
pero la denuncia puede ser tanto del recluso como de su defensor.
Siempre va a ser más difícil que el defensor sea atacado
o "verdugueado", como dicen los reclusos.
EC - ¿De
quién depende este ombudsman carcelario? ¿Dónde
está ubicado en el esquema institucional del país?
DDM - El nombre
que le hemos dado es el de comisionado parlamentario, porque es
electo por tres quintos de la Asamblea General y responde a este
organismo, al que debe elevar un informe anual o un informe en situaciones
excepcionales.
Además,
el proyecto de ley prevé la creación de una comisión
de nueve miembros, integrada por todos los sectores políticos,
que reciba a los postulantes (pueden ser propuestos por cualquier
parlamentario) y los interrogue. Los puede interrogar esa comisión
u organizaciones de derechos humanos para saber cuál es su
versación sobre el tema; luego la comisión elevará
sus conclusiones a la Asamblea General, la que por tres quintos
de votos -lo que implica un amplio consenso del sistema político-
elegirá a quien tenga esta delicada tarea en sus manos.
EC - En el proyecto
se dice que deberá ser alguien con reconocida versación
en derechos humanos.
DDM - Claro,
pero eso lo vamos a probar interrogándolo y sabiendo exactamente
cuál es su versación, porque no hay ninguna máquina
que nos dé la versación en derechos humanos: el único
título que existe es el posgrado en la Facultad de Derecho
y hubo resistencia a que fuera un cargo reservado exclusivamente
a abogados, porque entendemos que el sistema carcelario es mucho
más amplio que lo simplemente jurídico. Hay problemas
médicos, sociológicos, arquitectónicos, un
conjunto de problemas que no son estrictamente jurídicos.
Se mencionó a Pérez Aguirre, por ejemplo, yo mencioné
a Ravecca, hombres con clara versación y vocación
por un tema que es particularmente ingrato.
EC - La tarea
que tendrá por delante este ombudsman carcelario es inmensa,
difícil. ¿Con qué infraestructura contará
para llevarla adelante?
DDM - La ley
establece exclusivamente que tenga dos asesores abogados, uno especialista
en Derecho Penal y otro en Derecho Público.
EC - Todos esos
cargos, incluido el de ombudsman, ¿serán remunerados?
DDM - Sí,
claro: en el presupuesto del Poder Legislativo. El contralor de
los derechos humanos no es barato, pero si conseguimos reducir el
número de reincidentes nos va a salir muchísimo más
barato, porque un preso nos cuesta mucho dinero por día.
Si el ministro dice que el número de presos aumenta a razón
de 100 por mes, y se está hablando de la construcción
de una cárcel que va a salir U$S 2,5 millones para 600 presos,
cuando esa cárcel esté pronta vamos a tener 1.800
presos más: no vamos a tener dónde ponerlos y vamos
a llegar a la situación de Ciudad de México o de San
Pablo. En San Pablo hay 200 mil órdenes de captura en la
Justicia que la Policía no cumple voluntariamente, porque
no tiene dónde poner a esas personas; en Ciudad de México
hay 100 mil en la misma circunstancia.
Si ya tenemos
5.200, si el Comcar está hecho para 800 plazas y tiene 2.900
presos, si todas las cárceles están reventando, si
es absolutamente imposible la clasificación, el trabajo,
la recreación adecuada, el estudio, todo es imposible porque
todo se convierte en dormitorios hacinados, donde en celdas para
dos duermen nueve... Es absolutamente imposible la rehabilitación
de nadie sino insuflar su odio, su rencor, su sentimiento de ser
maltratado permanentemente en forma objetiva, por más buena
voluntad que tengan los funcionarios a su cargo.
EC - Usted mencionó
más temprano que este comisionado parlamentario tendría
una capacidad de acción limitada, ya que no puede imponer
ni anular actos: sus recomendaciones no tienen carácter obligatorio.
¿En qué medida esto condiciona su eficiencia?
DDM - Lo que
hemos visto funcionar no sólo en este sino en muchos países
es que su gran capacidad es la publicidad, su autoridad moral y
la publicidad de que dispone. Puede dar a publicidad que ha recomendado
tal o cual cosa y no ha tenido respuesta positiva. Tiene amplias
posibilidades de publicitarlo y de dar cuenta al Parlamento para
que éste haga jugar las responsabilidades de carácter
político establecidas en la Constitución.
EC - Al comienzo
mencionamos que usted presentó este proyecto en abril de
1990, hace más de 11 años. ¿Cómo es
que ahora, tanto tiempo después, finalmente se aprueba y
además por unanimidad? ¿Qué interpretación
hace usted? ¿Qué pasó en estos años:
por qué ahora sale con el respaldo de todo el Parlamento?
DDM - Tengo
una doble interpretación: hace 11 años la palabra
ombudsman y la figura de éste eran muy resistidas por muchos
sectores políticos, pero hoy se han impuesto porque existen
en todos los países civilizados. Incluso existen los ombudsmen
municipales en Asunción, en Curitiba, prácticamente
en todas las ciudades.
En segundo lugar
el problema carcelario, que incomodaba relativamente poco porque
había una media de 2.500 a 3.000 presos, ahora se ha convertido
en un problema realmente gravísimo que está afectando
a los sectores más populares, porque en la medida en que
la seguridad se ha ido deslizando de ser un derecho a convertirse
en una mercadería (la seguridad se compra a través
de la policía privada, los sistemas de alarma...), el delito
se ha ido desplazando hacia los sectores más carenciados,
que no pueden comprar seguridad. Entonces es un reclamo que viene
de los sectores populares, cuando antes no era un tema de estos
sectores porque existía casi una ley en la delincuencia de
no hurtar en su propio barrio. Hurtar es habitualmente el delito
común: 80% de los delitos son contra la propiedad, y se los
está realizando en los sectores más carenciados: la
cuerda de ropa, la garrafa, los pequeños equipamiento del
hogar que ha costado una vida conseguir.
De modo que
creo que la conjunción de esos dos factores es lo que ha
permitido que este proyecto, que durmiera 11 años, de golpe
resucitara con fuerza.
EC - Pasó
al Senado. ¿Usted tiene la impresión de que allí
también sale por unanimidad o por mayoría?
DDM - Pienso
que sí.
EC - ¿Prevé
un trámite rápido?
DDM - Eso de
rápido es un tema complicado en Uruguay, pero en la medida
en que el Senado tiene la misma composición política
que la Cámara de Diputados, si en Diputados los cuatro partidos
con representación parlamentaria lo han votado, no tengo
por qué pensar que los senadores van a actuar de otra manera.
Ahora le pregunto
yo. Me gustaría que usted, que es un periodista avezado,
realmente agudo, (risas) me diera una explicación de por
qué este proyecto se votó el miércoles por
unanimidad y ninguna prensa, salvo usted, notició su existencia.
EC - Me quedo
pensando.
DDM - Me contesta
la próxima vez.
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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón
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