El Senado respaldó a la Comisión para la Paz

Senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista, EP-FA): hay que legislar sobre tortura, desclasificar los archivos secretos, educar en derechos humanos, materializar la memoria de lo que ocurrió.

EN PERSPECTIVA
Miércoles 05.12.01, 08.06.

EMILIANO COTELO:
El Senado de la República respaldó explícitamente al trabajo de la Comisión para la paz. Fue la primera evaluación parlamentaria del trabajo de la Comisión para la Paz creada por el presidente Batlle el año pasado y en la oportunidad todos los partidos políticos representados en la Cámara Alta apoyaron su actuación y destacaron la trascendencia del paso asumido por el Poder Ejecutivo para intentar encontrar una respuesta desde el Estado, definitiva, en torno a los casos de desapariciones forzadas ocurridos durante el régimen militar.

La iniciativa correspondió al senador del Encuentro Progresista Enrique Rubio, quien propuso que la hora previa de la sesión se destinara a disertaciones de los legisladores sobre el trabajo de la Comisión, el tema de los desaparecidos y la dictadura.

Senador Rubio, ¿por qué propuso usted este debate?

ENRIQUE RUBIO:
Yo había pedido para hacer una intervención prolongada, que sabía que después iba a dar lugar a otras, porque me parecía que el Senado no podía permanecer ajeno a una cosa muy trascendente que está sucediendo en Uruguay: que se está avanzando en materia de conocimiento de la situación de los ciudadanos desaparecidos, tanto en Argentina como en Uruguay y otros países.

Al mismo tiempo, es necesario dar a esto un respaldo político para permitir avanzar más, porque es muy claro que hay algunas informaciones relativas a los restos de los ciudadanos desaparecidos que no han sido alcanzadas y que, desde ese punto de vista, existe una especie de abroquelamiento de los que la tienen, en una especie de pacto de silencio. Creo que rodear políticamente a la Comisión para la Paz, darle la trascendencia que tiene lo que está haciendo, es algo altamente significativo.

EC - El paso se dio, el objetivo se cumplió.

ER - Sí, plenamente; todos los partidos respaldaron. Al mismo tiempo, me parecía que había que trazar hacia el futuro algunas líneas de avance en otros terrenos.

EC - A propósito del respaldo político, lo que llama la atención es que desde la propia izquierda hay grupos radicales que están cuestionando el trabajo de la Comisión para la Paz. Una muestra de ello fue el "escrache" del otro fin de semana frente a la casa de Cordero en Atlántida.

ER - Sí, pero cuestionamientos hubo muchos desde el principio, desde muy diversos ángulos, en todo el espectro político. También hubo silencios significativos en el campo parlamentario, en lo cual no me interesa ingresar. El tema ha sido tan removedor y traumático para el estado espiritual y la conciencia de los uruguayos, esto ha calado tan hondo, que es completamente admisible y explicable que se produzca reacciones del más diverso tipo; pero el trazo grueso evoluciona en una línea.

EC - Pero la preocupación, desde la propia Comisión para la Paz, ha sido que los "escraches", por las características de ese tipo de manifestaciones, justamente podrían actuar en contra de la posibilidad de que algunos de los militares que tienen informaciones que deberían proporcionar las den efectivamente.

ER - Sé que esa preocupación existe. Nosotros estamos procurando que se actúe en el sentido de dar respaldo a la Comisión, e insistir en que se abra las puertas que niegan la información.

También hubo otro conjunto de acciones que para nada contribuyen: declaraciones públicas, como las realizadas por el ex coronel Cordero y otras, que muestran que hay personas que se empecinan en mantener determinadas posturas. Sé que esto no es mayoritario para nada dentro de las Fuerzas Armadas, que a esta altura quieren liquidar todo el lastre que significa esta mancha del pasado. A mi juicio, si bien hay algunas expresiones que no contribuyen a profundizar la investigación y el esclarecimiento, lo más importante de lo que se está haciendo va en esa línea.

EC - ¿Se puede entender que uno de los objetivos que usted se trazaba con la sesión de ayer era dejar claro que el Frente Amplio en particular respalda lo que está actuando la Comisión? Se lo pregunto porque los organizadores del último "escrache" insistieron mucho en que aquélla no estaba llegando a identificar a los culpables; manifestaron una queja fuerte, un repudio a que la Comisión tuviera ese tipo de límites en su actuación. Eso puede ser inquietante para quienes tienen que dar información. Mi pregunta es: ¿era importante que el FA una vez más ratificara su apoyo a la línea de trabajo de la Comisión?

ER - Sí, políticamente hemos tenido el mayor interés en dejar bien claro que estamos respaldando el trabajo de la Comisión, sin perjuicio de que respetemos expresiones de disidencia o la diversidad de opiniones en un tema tan delicado. Respaldamos el trabajo de la Comisión, ha sido un sólido puente que se ha establecido con la Presidencia de la República en un terreno tremendamente sensible, más allá de todas las discrepancias que tenemos en otros terrenos. Queremos dejarlo perfectamente claro.

EC - Su exposición en el Senado tuvo dos partes. En la segunda dejó sobre la mesa una serie de propuestas.

ER - Sí, porque el tema va mucho más allá de lo que se está haciendo en este momento en Uruguay.

En primer lugar, me parece necesario legislar en materia de violaciones de los derechos humanos y de los derechos humanos en general. Uruguay suscribió un conjunto de tratados y convenciones internacionales, pero cuando se plantea un caso que está en ese marco aquí, a partir de la acción de un ciudadano en este país o de una acción de ciudadanos desde el exterior, siempre se plantea el debate sobre si eso está tipificado -en los casos de tortura, de desaparición forzada u otros- en nuestro derecho penal. Hay que legislar. Recordemos el debate que hubo entre Gross Espiel y Opertti a propósito de una cuestión de estas características.

Creo que además, en segundo lugar, hay que ampliar las investigaciones. Deben hacerse a escala internacional, porque los delitos fueron de naturaleza transnacional, no en el sentido técnico sino más bien geográfico, porque existieron en el marco de la operación Cóndor que involucró a varios gobiernos del Cono Sur. Hay que crear una coordinación interinstitucional para poder hacer esto posible.

Además, hay que desclasificar todos los archivos.

EC - ¿Por parte de quién?

ER - Por una decisión del poder político en Uruguay. Los archivos de las Fuerzas Armadas, policiales, gran parte de los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros deben ser desclasificados porque ya pasó el tiempo suficiente, ha pasado prácticamente un cuarto de siglo, hay información relevante y documental.

En realidad, de toda esta investigación de los derechos humanos y de las desapariciones tenemos una especie de corpus monumental de testimonios totalmente coincidentes de los sobrevivientes de los pozos argentinos, de Orletti y otros lugares, también en otros países. Los documentos son otra cosa, se han publicado algunos aislados; yo entregué uno ayer a los medios y ya había entregado hace más de un año a los lugares correspondientes y a la propia Comisión para la Paz, mostrando cómo había solicitud de información de los servicios de represión de Argentina que pasaron por el Ministerio de Relaciones Exteriores, fueron a las Fuerzas Armadas uruguayas y volvieron. De eso tiene que haber quedado huellas en distintos lugares. Eso es documentación oficial. Hay que desclasificar, lo que va a permitir hacer una especie de libro blanco de la verdad que vaya más en profundidad.

EC - Usted dijo además que el Estado debe asumir la responsabilidad por el terrorismo que se practicó desde el propio Estado y poner en práctica acciones reparatorias.

ER - Exactamente: alguien tiene que asumir la responsabilidad. Más allá de que respetemos los resultados de la ley de caducidad y del plebiscito y de que el tema penal no se pueda ejercer. La responsabilidad por el terrorismo de Estado debe ser asumida por el propio Estado. Este debe dar garantías a los ciudadanos, lo importante es proteger a los ciudadanos. Si existe un ciudadano que cree que hay un derecho que lo ampara, que ha sido víctima de algo, en Uruguay o en el exterior, quiere ejercer una acción penal y siente que está protegido sólo la justicia en último término puede decir si tiene lugar o no, no debe ser el poder político el que se interponga.

Además creo que hay que adoptar acciones reparatorias en materia jurídica, económica, incluso de salud en relación con las víctimas. Supongo que eso va a llegar en los próximos meses al Parlamento.

Y además hay que educar en materia de derechos humanos, hacer una especie de comisión nacional de derechos humanos, introducirlos en el sistema educativo, terminar con los ascensos y las promociones de civiles y militares violadores de derechos, y cultivar la memoria histórica. ¡Aquí no hay testimonios materiales! Usted va a Europa o a cualquier lugar del mundo donde haya habido algo traumático -pensemos en los judíos y en tantas comunidades que han soportado cosas tremendas, en las guerras- y ve los museos, la materialidad de lo que sucedió. En Uruguay la memoria no se cultiva, entonces buena parte de las nuevas generaciones no tiene mucha idea ni manera de llegar a ella.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón