Detenidos desaparecidos: nuevos casos aclarados

La Comisión para la Paz consideró probada la muerte de Julio Castro, Oscar Baliñas, Antonio Paitta y José Arpino Vega. Cuando finalice su actuación, enviará a la Presidencia un proyecto de ley para solucionar la situación legal de las víctimas. Dr. Carlos Ramela.

EN PERSPECTIVA
Viernes 14.12.01, 07.40.

EMILIANO COTELO:
La Comisión para la Paz anunció ayer los nombres de cuatro desaparecidos en Uruguay durante la dictadura, cuyos casos son considerados resueltos, y que se suman a los ocho que fueron divulgados hace aproximadamente un mes. Los cuatro nuevos casos son los del maestro y periodista Julio Castro, desaparecido el 1º de agosto de 1977; el abogado Oscar Baliñas, desaparecido el 21 de junio del mismo año; Antonio Omar Paitta Cardozo, obrero de la construcción y José Arpino Vega, desaparecido en la madrugada del 18 de abril de 1974 en Delta del Tigre.

Estamos con diálogo con el asesor del presidente Batlle e integrante de la Comisión para la Paz, doctor Carlos Ramela. ¿Qué es lo nuevo en esta materia?

CARLOS RAMELA:
Lo nuevo de estas comunicaciones que estamos cumpliendo es que se terminó de hablar con otro grupo de familiares, y que algunas de ellas (no todas todavía) autorizaron a que la Comisión diera los nombres de sus familiares desaparecidos cuyos casos han quedado resueltos, y así procedimos ayer respecto a estos cuatro nuevos nombres.

EC - ¿Por qué las familias autorizan o no a que ustedes digan que tal caso está resuelto? Me pregunto por qué se necesita el consentimiento de la familia, en la medida en que ustedes no están divulgando los detalles de la muerte de las personas.

CR - Cuando se fijó esta modalidad de comunicación con los familiares, se entendió que debíamos permitir que ellos determinaran cuándo era el momento en que querían que esta realidad se hiciera pública. Evidentemente, al finalizar el trabajo, en el informe y en las conclusiones que el presidente va a recibir, que va a tener carácter público, va a quedar determinado los casos resueltos. En este momento se comunica a las familias y, lo que se acordó con el grupo de Familiares de Detenidos Desaparecidos fue que la Comisión no iba a dar detalles pero, si la familia así lo autorizaba, sí iba a dar los nombres.

Hay familias que prefieren que en este momento no se dé a conocer el nombre, pretenden procesar esta confirmación (que en definitiva vuelve a ser un golpe muy duro, porque revive momentos muy dramáticos) en la intimidad y con mayor reserva... En definitiva estamos hablando de un problema de tiempos y de momentos, y lo que ha entendido la Comisión es respetar esa voluntad y aceptar que las familias tienen derecho a disponer cuándo quieren que esa circunstancia se haga pública. No hay que olvidar que a partir de ese momento las familias quedan expuestas a requerimientos periodísticos, preguntas, consultas, y algunos prefieren tener un tiempo para procesar en la total intimidad esta noticia que en todo caso después se hará pública.

EC - ¿En cuántos casos se negó la posibilidad de dar a conocer la confirmación de los fallecimientos?

CR - Negativas rotundas y definitivas, prácticamente, no hay ninguna. Del total que estamos notificando, dos o tres familias al día de hoy han pedido algunos días o un tiempo, que ellos van a avisar cuándo... Incluso, algunos de los nombres divulgados ayer habían sido informados a sus familiares hace más de un mes; ellos habían solicitado un tiempo para definir el momento, y hace unos días llamaron para comunicarnos que aceptaban que los nombres fueran hechos públicos.

Le diría que, por ahora, no hay situaciones de familiares que quieran que no se haga público en ningún momento. Más bien se trata de algún caso, de algunos días...

EC - Se trata entonces de 15 casos esclarecidos: ocho que comunicaron hace un mes, cuatro ayer, y tres cuyos familiares han pedido tiempo.

CR - Cuando le hablo de tres familias que han pedido un poco de tiempo me refiero a las de Uruguay que tienen vinculación con Argentina, pero la lista es correcta: tenemos 15 casos resueltos en Uruguay y ocho casos también oficialmente resueltos en Argentina. Del total, hay unas tres o cuatro familias que todavía no han autorizado la divulgación de los nombres, pero seguramente lo permitirán en algunos días o algunas semanas: es nada más que un problema de tiempo.

EC - Entre los cuatro nombres divulgados ayer se encuentra el de Julio Castro, uno de los más emblemáticos en los reclamos de los familiares.

CR - Obviamente, es un nombre muy significativo: profesor, un hombre muy conocido a nivel nacional e internacional, un caso que conmovió mucho y en el que el grupo de Familiares y la propia familia de Castro ponía un acento especial. Es un caso que queda resuelto, y también es un caso emblemático en el sentido de que, como decimos siempre, acá no corresponde hablar de guerra ni enfrentamientos, sino de situaciones que desbordaron cualquier referencia a ese concepto...

EC - Estamos hablando de una persona que, al momento de desaparecer, tenía 68 años.

CR - Por eso: tenía 68 años, tenía dos antecedentes de aneurismas graves, una salud muy delicada, y desde ningún punto de vista se podría pretender que hubiera empuñado un arma o que participara de ninguna guerra de ninguna naturaleza.

EC - Castro fue dirigente del sindicato de maestros, era columnista del semanario Marcha, integrante del Grupo de Independientes del Frente Amplio, y desapareció una mañana de 1977, cuando salía de la casa de un amigo. ¿Ustedes avanzaron hasta conocer el lugar donde se produjo su muerte y por qué razón? ¿Estamos hablando de torturas; en todos estos casos hablamos de torturas?

CR - La explicación genérica que dio la Comisión es que se trata de muertes como consecuencia de apremios físicos o de los tratos recibidos, o de las condiciones de reclusión que existían. La Comisión no da más información que esa, pero términos en generales se ha informado en todos los casos la fecha más o menos exacta que se ha podido reconstruir para el deceso de estas personas, y en alguna medida las circunstancias, el lugar y demás.

EC - Los lugares también.

CR - Sí.

EC - Dependencias del Estado. Y se confirmó también que los arrestos fueron efectuados por efectivos militares o policiales.

CR - Bueno... No entramos en el detalle de quiénes o cómo, pero lo que sí señalamos es que fue una detención por parte de fuerzas que trabajaban en el Estado, y que las muertes se produjeron en centros de reclusión que éstas utilizaban.

EC - Tampoco en estos casos fueron localizados los restos.

CR - No. En materia de restos seguimos en la misma situación del último informe: no existen todavía hipótesis confirmadas o que podamos manejar como convincentes a la fecha. Evidentemente, hay una cantidad de versiones y circunstancias, pero es un tema pendiente en el cual se trabaja y que por supuesto sigue constituyendo para todos la máxima prioridad.

EC - Lo que está haciendo la Comisión con estas comunicaciones es el reconocimiento de que las personas efectivamente murieron en dependencias del Estado, habiendo sido arrestadas por efectivos de las fuerzas de seguridad y, como usted decía recién, en términos genéricos debido a torturas. Pero de parte del Estado como tal, este es un reconocimiento todavía extraoficial o informal: ¿habrá en algún momento un comunicado, no sé si de la Presidencia de la República, del Poder Ejecutivo, donde esto adquiera la formalidad que está faltando? Me refiero al aspecto jurídico.

CR - Sí, por supuesto. Así estaba previsto inicialmente: la Comisión va a elevar al presidente de la República un informe al final de su tarea, va a tomar los recaudos que crea convenientes, y obviamente habrá un reconocimiento oficial de las conclusiones a que la Comisión haya arribado. Como se lo dijimos a las familias en ese momento, a pedido de la propia organización de Familiares y después de evaluar la situación con ellos, se entendió que -dado que el trabajo de la Comisión se ha venido prorrogando y posiblemente lo sea por un tiempo más- había muchas familias muy ansiosas por conocer la información que pudiera surgir, y sobre todo muchas familias con miembros de muy avanzada edad. Por lo cual, el pedido fue que la Comisión hiciera un informe preliminar, o de avance, sobre los casos ya confirmados. Un informe que no es provisorio en ese aspecto, pero sí a cuenta del informe final que hará la Presidencia de la República. Es sin duda un primer reconocimiento oficial, porque la Comisión lo es y está actuando en esta instancia en particular, de comunicación con los familiares, con la autorización expresa del presidente de la República, pero que tendrá otra formalidad y otro nivel de reconocimiento cuando llegue la instancia de la actuación del presidente de la República.

EC - Mi pregunta apuntaba a esto: desde el punto de vista legal, estas personas aún no están muertas.

CR - No. Desde el punto de vista legal, la Comisión va a elevar una serie de medidas e iniciativas sobre distintos aspectos, una de las cuales intentará determinar -como se hizo en Argentina- una situación especial de ausencia por desaparición forzada de las personas, que permita que desde el punto de vista civil operen de forma inmediata los efectos similares a un caso de muerte, lo que tiene que ver con aspectos patrimoniales, sucesorios, de estado civil, como por ejemplo que sus esposas hoy son viudas, etcétera. Esa parte legal será contemplada por la Comisión con la recomendación de un proyecto de ley que elevará a la Presidencia de la República.

EC - ¿Hay otros casos cuya investigación esté avanzada en Uruguay?

CR - Sí: creo que hay otro conjunto de casos (cinco, seis o siete), aparte de los 15 ya confirmados, que tienen una información relevante y permiten suponer algunas cosas ya bastante claras. Pero, como siempre decimos, como organismo oficial tenemos la obligación de revisar todos los elementos que existen, volver a recorrer el camino que en su momento hicieron las familias, recibir nuevamente todos los testimonios, procesar todas las pruebas, y son casos un poco más complejos en lo que hace a la determinación final de detalles. No olvide que la Comisión se ha impuesto un objetivo exigente, porque en los 12 casos comunicados hasta ahora prácticamente ha informado los posibles días de muerte con un margen de 24 horas. Obviamente, se va comunicando y cerrando aquellos casos en que se consigue la máxima precisión posible. Hay otros en que falta obtener esa precisión, algunos detalles, ubicar mejor algunas circunstancias, y más allá de que la Comisión pueda eventualmente tener una situación clara sobre cuál fue el final de la persona, no quiere renunciar por ahora a dar a sus familias toda la información que sea posible obtener.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón