¿Existe una "lucha frontal contra el contrabando"?

Diputado Julio Lara (Partido Nacional): "Hasta ahora nos quedamos en buenas intenciones. El gran contrabando no está en los pueblos fronterizos sino en los contenedores que ingresan en tránsito, con destino a zonas francas, a los depósitos fiscales o de los importadores. Muchas veces salen del país los papeles pero la mercadería queda. Hay muchas cosas en la nebulosa, como la desaparición de 1.200 expedientes de la Dirección Nacional de Aduanas, que involucraban a gente muy importante. O los funcionarios con bienes desproporcionados a sus sueldos, denunciados sin que la Justicia actuara, y que resultan procesados tiempo después.

EN PERSPECTIVA
Jueves 17.01.02, 09.00.

JULIO VILLEGAS:
En una veintena de procedimientos vinculados con el combate al contrabando, en estos primeros días de enero fueron procesadas 14 personas, cuatro de ellas con prisión. Uno se pregunta si esto significa que la campaña ha cobrado nueva fuerza en este tiempo, después de haberse desdibujado un poco en los meses anteriores.

Vamos a consultar al diputado Julio Lara, del Partido Nacional, quien ha hecho punta con denuncias y planteos de distinta naturaleza, sin recibir el resultado que esperaba.

¿Cómo ve estas noticias vinculadas con la actitud del gobierno? Pareció tomar gran impulso en ocasión del brote de aftosa en el departamento de Artigas, y durante cierto tiempo a partir de allí determinó un sinnúmero de procedimientos en los departamentos fronterizos; pero después parecieron quedarse un poco, según denunciaron incluso directivos de las cámaras empresariales.

JULIO LARA:
Efectivamente. Yo veo muy bien la iniciativa del propio presidente de la República, acompañada en buena parte por el ministro del Interior, Guillermo Stirling, a pesar de que no tendría que ser así, sino por la Dirección Nacional de Aduanas. Para mí ese es un tema bastante importante, pero lo que tendríamos que ver son los resultados. Tendría que mostrarse públicamente los resultados: a través del director nacional de Aduanas, el presidente debería mostrar los procedimientos realizados durante el año pasado y el total de lo incautado, para ver si realmente es efectivamente una "lucha frontal contra el contrabando".

En lo personal, considero que hasta ahora nos quedamos en buenas intenciones. Porque el gran contrabando no está en las zonas fronterizas sino que pasa por el puerto de Montevideo. Nosotros tenemos la documentación oficial de los contenedores que ingresan diariamente, que van en aumento (ya estamos pasando los 500). El 90% de la mercadería que ingresa está en tránsito, lo que significa que no tiene prácticamente control, aparte de no pagar impuestos, y va con destino a zonas francas, a los depósitos fiscales o de los importadores, de los cuales funcionan 220 en todo el país.

Muchas veces -hace años que lo venimos diciendo- lo que sale del país son los papeles pero la mercadería queda. Estamos hablando de entre U$S 40 y U$S 50 millones por día que ingresan al puerto de Montevideo.

Por estos aspectos creo que hay un tema mucho más de fondo: qué se quiere hacer con la Dirección Nacional de Aduanas. En lo personal creo que tendría que jerarquizarse a la Aduana, que ésta tendría que ser un servicio descentralizado que funcionara con un directorio de tres miembros, como lo es hoy el Correo.

Si analizamos los últimos años vemos que a la Aduana no se le han dado recursos de tipo alguno, que tiene un vehículo por departamento, lo cual le hace imposible cumplir procedimientos importantes; que tiene una ley aduanera 13.318 del año 1964, que indica, entre otras cosas, que el aduanero que realiza el procedimiento cobra el porcentaje que le toca a los cinco o seis años, lo cual desmotiva a hacer un procedimiento. En los últimos tiempos, sobre todo el último año, prácticamente no se habla de la Aduana sino de lo que ha hecho el Ministerio del Interior. El fin del Ministerio del Interior es otro.

Queremos agregar que quedan muchas cosas en la nebulosa, como por ejemplo lo ocurrido en el período pasado, cuando desaparecieron de la Dirección Nacional de Aduanas 1.200 expedientes, que no son poca cosa porque los mismos involucraban a gente muy importante, dicho por el propio director nacional de Aduanas de ese momento, el ingeniero Ilarietti (tenemos la documentación). No apareció nada, ni pasó nada.

Ahora los hechos se repiten, como por ejemplo el presunto atentado contra la Dirección Nacional de Investigaciones. Muy rápidamente se dijo que era obra de la mafia del contrabando. ¿Cómo sabían que era esa mafia si no apareció nadie ni se sabe quién hizo el atentado?

Lo mismo pasó con el atentado contra el juez de Rivera, Miguel Basil. Mientras éste dice que la Policía demoró 30 minutos en llegar, la Policía dice que demoró cinco minutos, puso a disposición los teléfonos con sus captores, y no se aclaró nada.

Ni qué hablar del posible atentado a la familia Silveira en el departamento de Cerro Largo, cuando a raíz del mismo el propio presidente de la República desde Estados Unidos toma una medida muy importante, destituyendo al jefe de Policía. Aparentemente los hechos no son ahora como fueron planteados en primera instancia.

Por tanto, y con papeles, nosotros podemos demostrar que el gran contrabando no está en los departamentos fronterizos. El presidente de la República dijo públicamente que se manejan en nuestro país U$S 2.000 millones de contrabando. Si dividimos esa cifra entre 365 nos da U$S 5,5 millones por día. Tengo aquí documentos firmados por el propio director nacional de Aduanas, Jorge Sienra: en el momento de supuesto esplendor de esta "lucha frontal contra el contrabando", de los procedimientos realizados en todo el país, en el caso concreto de Rio Branco (donde fueron derribados tres puentes de madera: fue el Ejército y se montó una operación muy importante) en noviembre realizaron en total 86 procedimientos y se incautaron U$S 16.000, y en octubre realizaron en total 85 procedimientos y se incautaron U$S 16.000.

JV - ¿Qué surge de estas cifras? ¿Que lo incautado el año pasado es incluso menos que en años anteriores?

JL - Sí, sin duda; y aparte de eso hay otro problema. Esto ha demostrado que el gran contrabando no está en los departamentos fronterizos. En reiteradas oportunidades se ha dicho que no se ataca al que va a buscar "la diaria", como dicen los vecinos de Cerro Largo y Rivera; sin embargo hay declaraciones de cero quilo. Se aplica el cero quilo, pero no al cero tonelada.

Todo lo que ha pasado en la zona franca de Rivera desde hace muchísimos años es por la mercadería que sale del puerto de Montevideo, que se deriva a la zona franca. La venta directa o salida de mercadería de los depósitos fiscales y las zonas francas a los free-shops está prohibida; nosotros lo denunciamos en 1996, sin embargo se "descubre" ahora.

¿Cuánto perdió el Estado de recaudar? Según los documentos oficiales manejados por los asesores de la Cámara de Comercio, por IVA e Imesi el Estado pierde de recaudar U$S 375 millones al año, es decir más U$S 1 millón por día, por el tema del contrabando.

JV - ¿Hacia adónde apunta cuando se refiere a esta aparente inercia en el combate al contrabando, en el empantanamiento de las acciones? ¿Al gobierno, a dirigentes políticos, al Parlamento, a la Justicia?

JL - Si pasa por el Parlamento cada vez serán menos las operaciones que se pueda realizar. Lo digo muy fríamente: el Parlamento mira de reojo el tema del contrabando. En 1998 logramos la integración de una comisión investigadora para tratar el tema: se integró pero nunca funcionó.

JV - ¿Por responsabilidad de quién?

JL - Por responsabilidad del presidente de la Cámara, que en ese momento era el diputado Washington Abdala. Nunca convocó a la comisión. En el Parlamento el tema del contrabando nunca ha sido discutido, tampoco he escuchado respaldo oficial del Partido Nacional en los siete años que llevo haciendo denuncias.

JV - ¿Y de los otros partidos?

JL - De los otros partidos tampoco. Usted me podrá preguntar por qué, y no lo sé. También era arriesgado decir que un señor que era el subreceptor de la aduana de Colonia tenía las 10 propiedades, y que a su vez tenía caballos de carrera, carnicería, estancia, etcétera, y yo lo denuncié penalmente. Lo sabía todo Colonia y no lo denunciaron. Sin embargo tuve que denunciarlo penalmente y fue procesado con prisión, con tres funcionarios más.

Y ni hablar del tema de Rivera. ¿No sabían los políticos, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, la Dirección de Información e Inteligencia, quién era Adolfo Gil Riveiro? ¿No sabían que con $ 4.000 era totalmente imposible tener la mansión que tenía a una cuadra y media de Sarandí, tener tres autos a su nombre, un free-shop, campo, etcétera? La operativa que se realizaba en la zona franca...

¿Qué se hizo con todo esto? No se hizo nada. Tampoco lo hizo el fiscal en ese momento. Tengo aquí el expediente; nosotros no contestamos al exhorto que nos mandó por la simple razón de que, antes de investigar, el fiscal Miguel Costa dice: "No surge con suficiente claridad la resolución de haberse enviado el expediente a Rivera; pero resultando de extrema gravedad los hechos que se denuncian, ser propietario de casas o autos, lo que no es delito, etcétera". ¡Nosotros no solamente indicábamos las propiedades que tenía y todo lo demás: era la operativa que realizaba, que quedaba muy claramente demostrada en el expediente! Ahora todas estas personas han sido procesadas y otras están prófugas.

Si en nuestro país no existe la posibilidad de investigar el enriquecimiento ilícito... es complicado. Yo tengo documentadas casas de aduaneros que son realmente mansiones. A esta persona le habían dado un cargo importante como encargado del depósito del aeropuerto de Carrasco. Ante su insistencia en venir a hablar conmigo porque yo había denunciado que tenía un procesamiento, empezamos a investigar y resulta que esta casa de tres plantas, en el Prado, con tres vehículos y una serie de cosas más, estaban registradas a su nombre. ¿Puede hacerlo un funcionario que gana $ 4.000 o $ 5.000? No. Es muy fácil saberlo, porque se va a la foja de servicio de los funcionarios, se ve la cantidad de procedimientos realizados y el porcentaje que le correspondería por los mismos.

JV - Las jerarquías de la Aduana están en su punto de mira también. Han variado: la Dirección de Aduanas ha cambiado de titular varias veces en los últimos años.

JL - Sí, pero tengo por ejemplo aquí este documento de la Dirección Nacional de Aduanas del 26 de abril de 1996, de la Oficina de Sumarios. Fueron a mi despacho a recabar información de las denuncias que habíamos realizado. Es decir que tenían información sobre todo lo que pasaba, sobre la situación en Colonia, Carrasco y Rivera. Sin embargo no hicieron absolutamente nada. Después de seis años y pico de denuncias, el único aliado que tuve fue la prensa.

En cuanto al primer caso, el de Colonia, las dos personas a las que habíamos denunciado, Adolfo Gil -hoy prófugo- y Washington Toja, que era el director de Aduana del interior, inmediatamente pasan en comisión a los despachos de dos legisladores. ¿Qué tenía que ver la situación de un funcionario de Aduana que vivía en Rivera: por qué pasa en comisión a solicitud de un legislador de Colonia? Todo esto va indicando que está todo relacionado.

No tengo la menor duda -ojalá me equivoque- en cuanto a que no va a caer ningún pez gordo y a que los que hoy están en la cárcel, procesados en Rivera, están descansando un tiempo pero nadie les saca lo que tienen. No tengo duda de que tienen el futuro asegurado para ellos y sus familias.

JV - Las cámaras empresariales hicieron un fuerte reclamo a las autoridades para que se combata más eficazmente el contrabando.

JL - Sí: hay una evasión muy importante. El estudio hecho por el contador Graziani, de la Cámara de Comercio, que manejaba U$S 375 millones anuales de evasión, también marcaba la venta de mercadería de contrabando con tarjeta de crédito.

Vemos -en el interior del país y en el departamento de Canelones- que se controla permanentemente a los que están registrados y pagan. Pero al lado hay uno que no paga, que vende mercadería en forma ilegal y no le pasa nada.

PV - Usted entiende que falta decisión política en el gobierno y los partidos políticos para enfrentar decididamente este tema. ¿Por qué?

JL - Es una muy buena pregunta... El contrabando mueve una cantidad muy importante de dinero, hay intereses muy fuertes. Tengo muy claro qué pasó cuando desaparecieron los 1.200 expedientes de la Aduana que involucraban a gente importante: no pasó nada. Hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. No sé realmente a qué se debe. Quiero decir que no es un tema fácil, es un tema peligroso, muy peligroso...

JV - Usted ha tenido presiones.

JL - Sí, he tenido presiones para no seguir investigando a gente importante.

PV - ¿Amenazas, concretamente?

JL - También hubo gente que ha querido coimearme para que no siguiera investigando el funcionamiento de un free-shop; investigación que seguí, hice denuncias y a los dos años se hizo público el funcionamiento de ese lavado de mercadería.

No es un tema fácil. En el último mes y algo recibí tres denuncias importantes: una de Bella Unión, otra de Rivera y otra de Cerro Largo. En las últimas horas acabo de recibir una denuncia complicada. Está el tema personal: en la medida en que yo siga realizando denuncias la gente que me ve o me escucha viene a hablarme y me proporciona determinada documentación; ahí quedo involucrado nuevamente.

Por otra parte, veo que no se adelanta. Incluso el propio fiscal Miguel Costa, respecto a cuya actuación yo hice apreciaciones, me intimó a que en tres días ratificara o rectificara mis declaraciones. No solamente las ratifiqué sino que también dije que me presentaría ante el fiscal de Corte, Peri Valdés, para denunciar la situación de Rivera, cosa que no pasó porque el propio fiscal de Corte me envió un expediente a través del Ministerio de Educación y Cultura para que profundizara en el tema de Rivera, sobre todo en la actuación del fiscal Miguel Costa.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón