Intendencia Canaria demandará a quienes pudiendo, no paguen

El cobro de la Contribución Inmobiliaria, basada en un reaforo cuestionado por los vecinos, despertó nuevamente la polémica en Canelones. Para la administración de Tabaré Hackenbruch es legal, mientras que algunos vecinos y ediles llaman a no cumplir con el tributo. Entrevista con el diputado Guzmán Acosta y Lara y Daniel Lamela, director de Hacienda de la Intendencia.

EN PERSPECTIVA
Martes 29.01.02, Hora 8.54.

EMILIANO COTELO:
Desde que asumió por tercera vez al frente de la Intendencia Municipal de Canelones (IMC) la gestión de Tabaré Hackenbruch ha estado permanentemente sumida en fuertes polémicas con grupos de vecinos, con el Frente Amplio, con el Partido Nacional e incluso con sectores colorados como la lista 15, que encabeza el diputado Eduardo Chiesa y la lista 321 que lidera Julio Sánchez Padilla.

En este mes de enero el detonante que volvió a poner en el tapete a la administración municipal del Foro Batllista fue un decreto de la comuna que estableció cómo y cuánto se debe cobrar por concepto de Contribución Inmobiliaria. Para la oposición fue toda una sorpresa, ya que suponía que los nuevos valores de este tributo serían negociados en la Junta Departamental después de que el decreto anterior fuera derogado por el Parlamento en noviembre del año pasado. Tan pronto se conoció la nueva disposición el Frente Amplio y el Partido Nacional presentaron ante la Cámara de Diputados una nueva impugnación contra la nueva resolución municipal y otro recurso similar fue elevado ayer al Parlamento por un grupo de 4.000 vecinos de Ciudad de la Costa, Paso Carrasco y Costa de Oro.

Nos interesa hoy conocer los fundamentos que sustentan la aplicación de los nuevos valores de la Contribución Inmobiliaria y ver por qué permanentemente la gestión municipal en Canelones desata controversias con el resto de los actores políticos y los vecinos. Para ello vamos a conversar con el doctor Daniel Lamela, director de Hacienda de la IMC.

¿En qué se basa la IMC para disponer, por la vía de este decreto, esos nuevos valores de la Contribución Inmobiliaria?

DANIEL LAMELA:
El tema jurídico es forzosamente tedioso para la audiencia, vamos a compadecerla; haremos un esfuerzo para que se entienda lo más claramente posible. Se basa en normas presupuestales absolutamente vigentes. Usted decía que la IMC había emitido un decreto sobre enero de 2002, por el cual se ponían en práctica los nuevos valores de la Contribución Inmobiliaria y otros tributos. No es estrictamente así. La IMC tiene vigente la norma presupuestal aprobada para el quinquenio y lo que emitió el día 28 de diciembre del año pasado (publicado en el Diario Oficial el 14 de enero) fue una resolución interna mediante la cual se comunicaba a los servicios administrativos -no hay que olvidar que la IMC tiene 27 Juntas Locales diseminadas por todo el departamento, además de toda su estructura burocrática inserta en el propio palacio municipal con sede en Canelones- los parámetros, concretamente los procedimientos -es casi un instructivo- para el cobro del tributo a nivel departamental. Es decir que la IMC no emitió un decreto municipal, no emitió una nueva norma jurídica mediante la cual ponía en práctica un nuevo sistema tributario; todo lo contrario: se limitó a tomar del ordenamiento presupuestal vigente las normas necesarias y reproducirlas para aplicarlas. Eso dicho en términos muy sencillos, para que se entienda.

EC - Pero no podemos dejar de lado el antecedente de noviembre del año pasado, cuando la Cámara de Representantes hizo lugar al recurso presentado contra las nuevas formas de cálculo de la Contribución Inmobiliaria que había instrumentado la IMC.

DL - Con mucho gusto nos referimos a eso. Allí también tenemos que partir de una base muy clara: a nuestro juicio esos recursos fueron interpuestos, por decirlo de algún modo, en forma equivocada. A ver si nos entendemos: lo que llevó a esa recurrencia fueron los valores de los reaforos, concretamente en Ciudad de la Costa. Hay otros reaforos en el resto del departamento, como tienen todas las intendencias municipales del país, en coordinación con la oficina especializada del Estado, que en este caso es la Dirección Nacional de Catastro, la oficina técnica por excelencia, que tiene una plantilla de profesionales idóneos en la materia para justipreciar los valores inmobiliarios a nivel nacional, sean éstos estatales o privados. Lo que supuestamente llevó -digo supuestamente porque lógicamente la pregunta debería ser trasladada a los señores ediles que recurrieron y los señores vecinos que lo hicieron- al recurso fueron los valores de esos nuevos reaforos. En este caso en Ciudad de la Costa, son aproximadamente 5.000 padrones los involucrados en el tema. Pero para recurrir esos reaforos los interesados, contribuyentes y vecinos, debieron hacerlo ante el propio organismo que dictó el acto, como lo dice toda nuestra sistemática legal y toda la doctrina administrativista del país. Es decir que si usted no está de acuerdo con el valor que Catastro le otorga a su casa, recurre a ese organismo, le explica por qué y ese recurso administrativo de revocación jerárquico va a ser tramitado por la vía normal, y como Catastro es además una oficina dependiente del Ministerio de Economía usted va a tener toda la vía del Poder Ejecutivo para que su recurso sea resuelto y si no colma sus expectativas va a tener además el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un órgano judicial que en definitiva va a dirimir la controversia y decir si el valor está correcto o no.

EC - Usted dice que los vecinos de Canelones de las zonas afectadas y los ediles equivocaron la impugnación.

DL - Equivocaron el camino, exactamente. Lo que hicieron fue presentarse ante la Cámara de Representantes en lugar de hacerlo ante la oficina que había dictado el aforo e impugnar normas presupuestales que recogían el valor de Catastro.

Le pongo el ejemplo más reciente. Ahora se hizo todo el convenio de reaforo de toda la zona balnearia, ya no 5.000 sino 112.000 padrones y, como usted habrá tenido noticia por razones de prensa, la propia Cámara del Bien Raíz opinó al respecto. 70 vecinos aproximadamente, de los 110.000 padrones, impugnaron los valores ante la Dirección Nacional de Catastro y están siguiendo los procedimientos normales. Ese es el camino.

Estos otros vecinos de Ciudad de la Costa eligieron esta otra vía, a nuestro juicio equivocada, porque busca atacar una norma presupuestal que solamente se remite al valor de Catastro. La intendencia no afora ni reafora ni deja de reaforar, sino que toma ese valor, de acuerdo a disposiciones legales muy claras.

EC - Pero esas impugnaciones tuvieron éxito y lograron dejar sin efecto las decisiones del presupuesto municipal de Canelones que se basaban en los reaforos para calcular los nuevos valores de la Contribución Inmobiliaria. ¿Entonces?

DL - Entonces se plantea el tema jurídico que veníamos señalando. La IMC entiende, y ha hecho en este sentido consultas con destacados juristas a nivel nacional -la doctora Nelly Valdez de Blengio, incluso hizo una consulta al propio Tribunal de Cuentas-, que cayendo las disposiciones del presupuesto 2000-2005 rige la anterior norma presupuestal, el decreto 33/96, que es de índole presupuestal anterior y cuya vigencia no está condicionada en el tiempo, es decir no tiene una fecha límite de vida jurídica.

Los recursos tienen dos líneas fundamentales: una atacar algunas normas de tipo tributario y otra atacar una resolución -el artículo 30 del presupuesto- que envuelve a una serie de remuneraciones a funcionarios -compensaciones, horas extra por trabajo insalubre, horas de profesores de educación física, etcétera-. En ambos casos la IMC cumplió al pie de la letra y dejó sin efecto las normas. Esas compensaciones, muy a nuestro pesar porque afectan a más 2.500 funcionarios, se dejaron de pagar el mismo día en que la Cámara de Representantes nos comunicó la resolución de los recursos.

EC - ¿Y con respecto a la Contribución Inmobiliaria?

DL - Se dejó de aplicar la normativa y se pasó a aplicar la subsiguiente, en este caso el decreto 33.

EC - Un decreto del año 1996.

DL - Pero que no tiene agotada su vida jurídica, dicho esto claramente por todos los especialistas que han opinado en el tema, incluso el Tribunal de Cuentas.

***

EC - Usted quería hacer una aclaración.

DL - En vista de estos fenómenos de confusión que han acontecido de estos aparentemente nuevos recursos, la IMC dejó sin efecto la norma del 28 de diciembre. Al ser una comunicación interna, una especie de instructivo, y al no "precisarla" jurídicamente para cobrar la Contribución Inmobiliaria como se está cobrando normalmente desde los primeros días de enero, la dejamos sin efecto.

EC - ¿Cuándo quedó sin efecto?

DL - Muy recientemente.

EC - Está aquí el diputado Guzmán Acosta y Lara, del Foro Batllista, del departamento de Durazno, que ha venido acompañando al doctor Daniel Lamela. El diputado Acosta y Lara fue quien defendió, durante el debate parlamentario en la Cámara Baja, las disposiciones del presupuesto municipal de Canelones en el momento en que se discutía su impugnación.

Doctor Lamela, lo que usted explicaba es que al haber caído las disposiciones del presupuesto votado el año pasado, la IMC se apoya en el decreto 33 del año 1996. Pero la oposición sostiene que esto es ilegal; escuchemos lo que dice al respecto el edil Juan Ripoll, de Asamblea Uruguay, Frente Amplio.

(Grabación:)

"El decreto 33/96 fue votado en el año 96 y a texto expreso en el mismo reza que tiene vigencia hasta el año 2000, es decir que ajusta los tributos hasta el año 2000. A partir de ese momento la comuna dictó una resolución haciéndolo extensivo, la resolución 2.588 que fuera derogada al momento en que se aprueba el presupuesto. En sus artículos 15 y 16 el presupuesto recoge esa resolución que ha sido derogada por el Parlamento. Por lo tanto hoy en día no hay norma vigente y se hace imprescindible, como lo dice el artículo 4º del decreto 38 de la Junta Departamental, que a la brevedad se remita un mensaje por parte del Ejecutivo, tomando la iniciativa para aprobar y así poder cobrar a los vecinos de Canelones lo que la intendencia necesita en tributos."

(Fin grabación)

EC - ¿Qué dice usted, doctor Lamela?

DL - El señor edil incurre en una confusión muy clara. El decreto está absolutamente vigente, no lo dice la IMC sino los destacados juristas que le mencioné; ninguna disposición establece límite jurídico de vigencia. Seguramente el señor edil se refiere, confundido, a que entre sus disposiciones en alguna de ellas se refiere, en materia de alícuotas, a sucesivos años de aplicación; en esos sucesivos años de aplicación de alícuotas se llega hasta el año 2000. En 1996 el legislador no quiso abundar en mayores secuencias temporales y se quedó en el año 2000. Se supone que al no haber un incremento de alícuotas más allá del año 2000, para los años siguientes rige la del 2000, porque si usted requiere aumentar tributos tiene que hacerlo en forma expresa. Quiere decir que si yo pago hoy un IVA del 10%, hasta que no haya una norma parlamentaria que lo eleve a 11% pagaré siempre el 10%, a nadie se le ocurre decir que no está vigente la ley tributaria que regula el IVA. Para decirlo en forma muy burda y disculpe el ejemplo.

Lo dice el propio señor edil Ripoll. ¿A qué conduce esta tesitura?: a un vacío legal, a una interpretación nihilista de la situación, a un caos tributario, a la existencia de la nada tributaria, la nada jurídica. Entonces la gente no puede pagar, no tiene que pagar; eso es poco menos que ingresar en un aspecto muy complicado.

EC - Hay vecinos que lo están proponiendo y propagandeando.

DL - Eso rechina al sentido común, pretender establecer que no hay norma vigente alguna, que nadie tiene que pagar nada, que no hay presupuesto, que no hay tributos para cobrar, que no existe la Contribución Inmobiliaria nos parece entrar en un terreno muy peligroso, que tiene otras connotaciones que preferiría obviar en esta instancia.

EC - Tengo varias preguntas que formular a usted y al diputado Acosta y Lara en torno a esto último que hemos estado comentando.

Primero, al trabajar en base al decreto del año 1996, ¿qué consecuencias hay en cuanto a los valores de la Contribución Inmobiliaria?, ¿en qué medida se producen saltos importantes, en qué medida esos valores son mayores que los que correspondía aplicar si hubiese regido las disposiciones del presupuesto que fueron impugnadas?

DL - Paradojalmente las alícuotas no cambian, los montos imponibles no cambian. El monto imponible, que para la Contribución Inmobiliaria urbana se sitúa en el 90% y para la suburbana en el 80%, se mantiene idéntico. Las alícuotas para el resto del tributo Contribución Inmobiliaria, esto es el porcentaje sobre el cual se paga el tributo en relación al valor imponible, no cambian. Lo que cambia -esto también es paradojal- es la progresividad en el tiempo de la percepción de los aumentos, eso sí cambia, sí cae con la disposición del Parlamento. El presupuesto 2000-2005 establecía que para las zonas de reaforo el aumento se percibía en forma gradual por parte de la IMC: el 60% en el primer año, el 80% en el segundo y recién en el tercero el 100%. Eso, increíblemente -no me pregunte a mí por qué, tendrá que preguntárselo a los señores ediles y a los señores vecinos que impugnaron-, cae. Y como cae esta disposición -ya lo explicamos en tres conferencias de prensa en la intendencia y en el Congreso de Intendentes- la IMC podría cobrar directamente, en el momento actual, el 100%, porque cae la progresividad, fue derogada la progresividad. No lo está haciendo, la IMC está cobrando a esos 5.000 padrones de Ciudad de la Costa, sujeto a reliquidación, el 80% este año, justamente para no "perjudicar" a los propios impugnantes.

EC - ¿Y qué pasa con las compensaciones y descuentos para familias de escasos recursos, etcétera?

DL - Rigen en su absoluta totalidad.

EC - En definitiva usted dice que lo que la IMC ha definido como cálculo y cobro de la Contribución Inmobiliaria para este año es lo mismo que iba a ocurrir con las disposiciones municipales que fueron impugnadas.

DL - Ni un centésimo más ni un centésimo menos.

EC - El problema de fondo sigue siendo, de todos modos, el reaforo. Es decir que el reaforo, que para muchos vecinos de Canelones era muy caro, que implicaba ingresar en un salto muy importante de valor de la Contribución Inmobiliaria, sigue en los mismos términos en estos cálculos que en las disposiciones municipales del presupuesto que fueron impugnadas el año pasado.

DL - Sin duda alguna, porque no es un tema municipal sino de la Dirección Nacional de Catastro. Simplemente para que la audiencia tenga un panorama más claro agrego: aforos que en los 5.000 padrones de Ciudad de la Costa databan, los más modernos en el tiempo, de 1962 y otros de mucho antes. Hace de esto 40 años. La zona, obviamente, requería un reaforo, cuyo incremento promedio es de 208%. Lo digo para que la audiencia tenga un conocimiento cabal de la situación.

EC - A partir de la resolución de la Cámara de Representantes que dejó sin efecto las disposiciones del presupuesto, la IMC resuelve basarse en el decreto 33 del año 1996; ¿no era más o menos elemental ir a una negociación política después de un pronunciamiento parlamentario, después de una polémica pública tan fuerte como la que se dio el año pasado en torno a los nuevos valores de la Contribución Inmobiliaria, que en buena medida se debía a los reaforos? ¿No era lógico que tras la "derrota" sufrida en el Parlamento a manos de la oposición más sectores del propio Partido Colorado y con la oposición importante de grupos de vecinos, más allá de los aspectos jurídicos, suponiendo que esto que se ha resuelto hacer sea perfectamente válido, la IMC fuera a negociar a la Junta Departamental, se aviniera a elaborar un nuevo esquema de cobro de la Contribución Inmobiliaria?

DL - En esto creo que el diputado Acosta y Lara pueda abundar con mayor precisión que yo, porque él estuvo muy vinculado al trato parlamentario. Yo simplemente le digo lo siguiente: conversaciones de esa índole ha habido constantemente, en términos muy cordiales, con todos los sectores representados en la Junta, fundamentalmente con los del Partido Colorado. Ayer mismo tuvimos una reunión muy importante, a nuestro juicio muy provechosa, en el propio Parlamento con todos los sectores del Partido Colorado, que creo que fue realmente muy auspiciosa. Pero hay una instancia natural para el planteo de estos temas, que es la ampliación presupuestal de mediados del año en curso, es decir la rendición de cuentas. Nos parece que ésa es la instancia absolutamente natural, ahora estamos en receso hasta el mes de febrero. Para el tratamiento presupuestario en general, impositivo en general, incluso para los propios gastos de la IMC, el momento procesal oportuno no es éste, un receso parlamentario y un verano intensamente vivido en Canelones, sino la instancia marcada por la propia Constitución.

EC - Casualmente ocurre que el verano y el mes de enero son el momento en que comienza a cobrarse la Contribución Inmobiliaria.

DL - Se empezó a cobrar normalmente a principios de enero.

GUZMÁN ACOSTA Y LARA:
Además, como decía el director, la Constitución lo prevé: la ampliación presupuestaria y las rendiciones de cuentas son las instancias que se utilizan procesalmente para ese tipo de cosas. Eso no quiere decir que no se haya estado negociando y hablando con todos los sectores para llegar a un acuerdo que poder presentar a la ciudadanía. Evidentemente esas negociaciones llevan su tiempo. Creo que estamos muy cerca, en el día de ayer tuvimos la muy buena noticia de que se ha generado un equipo importante de gente de los distintos sectores del partido a fin de que tengan un cabal conocimiento directo de las cosas para que mañana no ocurran las cosas que a veces ocurren en los trámites parlamentarios, "no me dijeron", "no me informaron", "no tengo cabal conocimiento del caso".

En el departamento de Canelones hay que dejar de lado otras cosas que subyacen a estos temas. Se ha utilizado este tipo de cosas, algunas a nosotros que somos profesionales del Derecho nos parecen errores garrafales, tratamos de explicarlos con la dificultad que sabemos conlleva trasmitir ese tipo de cosas, más cuando sabemos que la gente tiene que pagar, no es fácil decirle que tiene que pagar. Es increíble lo que estamos escuchando decir al edil Ripoll, que está propugnando una anarquía tributaria. El fundamento de las normas tributarias y la potestad tributaria son un deber que la intendencia, como de cualquier organismo estatal que recaude, debe mantener. Mientras no sean creadas nuevas existen las últimas establecidas al efecto. Sobre eso no hay discusión alguna.

EC - Está bien, pero mi pregunta apunta a lo político de la cosa y no tanto a lo jurídico. El propio doctor Lamela decía, al comienzo de la entrevista, "vamos a entrar en un terreno farragoso, complejo, técnico, difícil de entender"; creo que las explicaciones que dio, se compartirán o no pero se entendieron.

***

EC - Mi pregunta apunta ahora a lo político, ¿no está faltando manejo político de estas cuestiones en la IMC? ¿Por qué permanentemente hay controversias, hay tormenta, hay polémica?

GA y L - Yo mencionaba el antecedente jurídico para mostrar que son garrafales y absurdos los argumentos que se están utilizando como escudo de elementos intencionales políticos de querer adelantar en Canelones la elección que se va a dar dentro de cuatro o cinco años. La gente eligió al intendente Tabaré Hackenbruch para gobernar, para hacer obras, pero hay gente que no lo ha entendido así y quiere deslegitimar el sistema político. Hay gente que lo ha hecho en la propia Cámara de Diputados, vimos con estupor cómo algunos trataron de decir incluso que la Junta había hecho decretos falsos. Sin entrar a ver quién tenía razón, creo que todo ese tipo de cosas ha generado un clima que no le ha hecho bien al departamento de Canelones ni al país en general, que ha estado pendiente de la guerra que ha habido en el departamento en ese sentido.

EC - ¿Pero la IMC no tiene su cuota de responsabilidad en esa guerra? En ese contexto concreto que estamos considerando, ¿a la IMC no le falta iniciativa de diálogo, de búsqueda de consenso?

GA y L - En todas las relaciones, como en los matrimonios, siempre hay dos culpables. La intendencia ha hecho todos los esfuerzos, puede ser que en alguna oportunidad no se la haya interpretado de la forma debida, pero ha habido varios interlocutores en este sentido. En el Parlamento hemos tratado de generar con algunos sectores, dentro y fuera del partido, espacios de diálogo; en el verano estuvimos trabajando con algún diputado sobre este tema.

EC - ¿A qué diputado se refiere?

GA y L - Hemos conversado con el diputado Lacalle tratando de generar encuentros que él nos trasmitió se están manejando a nivel de los ediles, para darles los espacios correspondientes de negociación, se están dejando las cosas para más adelante, para bajar la pelota y que se genere lo que la gente de Canelones está esperando: obras y realizaciones, además de un trabajo responsable. En el aliento y el asesoramiento que hemos tratado de dar a la IMC hemos visto el clima de batalla política que se ha generado en todos los sectores, especialmente hacia el intendente Tabaré Hackenbruch.

EC - Ustedes hablaban de la reunión que tuvo lugar ayer con los otros sectores del Partido Colorado -supongo que fue una reunión con la lista 15 y la 321- y decían que hubo un buen clima, que a partir de ese encuentro se abrieron buenas posibilidades; sin embargo hoy un alto dirigente quincista dice en el diario El País -no aparece su nombre- que "tal vez el Foro Batllista pretenda trasladar el tema de Canelones a nivel nacional, pero para la lista 15 los temas de Canelones se resuelven en ese departamento. La administración de Hackenbruch no es buena y afecta a todo el partido en un departamento clave desde el punto de vista político".

DL - Yo estuve en la reunión que insisto en calificar como sumamente positiva. No se dice allí la fuente de esa expresión. Ayer nos fuimos reconfortados al haberse creado una especie de grupo de trabajo multisectorial, por decirlo de algún modo. El tono fue muy cordial, muy ameno, se dijeron las cosas muy claramente, se puso sobre la mesa los temas no solamente tributarios sino la temática de Canelones en general. No queremos exculparnos -tal vez yo sea el menos indicado para abundar en esto porque llevo apenas tres meses en el cargo; el diputado Acosta y Lara tiene mayor solvencia que yo históricamente hablando-, la IMC tiene que mejorar su gestión, pero hay algunos sectores que evidentemente no tienen noción de tiempo y espacio: estamos empezando el ejercicio 2002, es un año netamente de gobierno, falta el año 2003; recién en el año 2004 se va a despejar el panorama político electoral.

La IMC tiene que hacer las obras, tiene un presupuesto importantísimo, administra un departamento amplísimo, con 500.000 habitantes, con obras por delante, tiene entre el 30% y el 40% de su presupuesto en obras, da más de 1.000 almuerzos por día a niños carenciados, apoya en una obra social muy vasta a los centros CAIF del departamento, está terminando una rambla en Ciudad de la Costa de U$S 5 millones, está embarcada en un proceso muy importante en Shangrilá de más de U$S 8 millones en toda la pavimentación y la capa asfáltica, tiene proyectado el mercado hortifrutícola de Las Piedras -una obra evidentemente prioritaria para el departamento que vamos a intentar hacer si tenemos la posibilidad financiera de plasmarla-, tenemos obras importantísimas de infraestructura, de fomento a las industrias... Tenemos y queremos trabajar, no es año, no es momento electoral. Hay fuerzas políticas que no tienen esta ubicación en el tiempo, que están adelantando el cronograma en forma muy peligrosa porque la intendencia dice que quiere mejorar, tiene un proyecto que espera firmar la semana que viene para gerenciar los tributos de Contribución Inmobiliaria y de Patente de Rodados con una consultora externa para introducir los conceptos de mejora de gestión, de profesionalidad en el servicio, de mejora de la calidad de atención al público. En 15 días seguramente estaremos firmando un convenio con Ancap que nos va a permitir mucho mejores precios en nuestros combustibles, en nuestro asfalto, en nuestras obras... Queremos trabajar y mejorar, pero en este clima político de incertidumbre permanente... El año pasado recibimos más de 250 pedidos de informes de la Junta; a mediados de diciembre ingresé a las 7 y 15 de la tarde a la Junta Departamental y salí a las 8 y 30 de la mañana...

EC - Pero justamente, teniendo en cuenta ese clima, donde a esta altura del partido parece difícil encontrar quién fue el que tiró la primera piedra, lo cierto es que el clima existe, ¿no correspondía, no era un paso sensato en esta condición tan particular, después del pronunciamiento de la Cámara de Diputados, negociar, dialogar, buscar fórmulas de consenso antes de salir a cobrar la Contribución Inmobiliaria?

DL - Se ha hecho, el tema es que hay gente que pretende que prácticamente la intendencia no recaude.

EC - ¿O el problema es ése, que hay que recaudar urgentemente porque hay problemas financieros?

GA y L - Aquí está el director de Hacienda y sabe que hay problemas de caja importantes.

DL - Todo en su justo término. La resolución de la Cámara fue notificada en los últimos días del mes de noviembre; en los primeros días de enero estábamos cobrando la Contribución Inmobiliaria, es lo que marca el calendario municipal. No podemos supeditar el cobro de la Contribución a una negociación política que quién sabe a qué resultados arribará y cuándo. Hay una oportunidad natural, constitucionalmente prevista para el tratamiento de todos estos temas, que es la rendición de cuentas. La gente ha venido pagando -lo digo públicamente a su gran audiencia- con total normalidad desde los primeros días de enero y estamos muy conformes con eso.

EC - Pero tenemos vecinos que han presentado un recurso ante la Cámara de Representantes y que exhortan a no pagar. Por ejemplo así hablaba ayer con el Servicio Informativo de Radio El Espectador el señor Raúl Bava:

(Grabación:)

"Nosotros le planteamos a los vecinos, concretamente que, como quedó sin efecto por parte del Parlamento, no hay que pagar. Hasta que no haya algo que pagar creemos que no se debe pagar la Contribución".

(Fin grabación)

EC - Este vecino agregó que los vecinos de esa zona de Canelones reclaman una Contribución justa, sin montos disparatados.

(Grabación:)

"Hay del 100%, del 200%, algunos del 400%, cuando hemos visto que el aumento de los funcionarios públicos va a ser algo más del 1%, a los jubilados de algo más del 3%. Es un disparate la relación que hay, por lo tanto nosotros vamos a continuar hasta que logremos una Contribución justa".

(Fin grabación)

EC - Doctor Lamela, ¿qué actitud adopta la IMC ante estos vecinos que resuelven no pagar?

DL - Quienes resuelvan no pagar van a tener que enfrentar las acciones judiciales que la IMC ya está llevando a cabo, sin lugar a duda alguna. Lo digo con total crudeza: entre este tipo de manifestaciones y una instigación pública a no pagar tributos media apenas un paso. Nos parece absolutamente grave propiciar e instar públicamente a la gente a no pagar sus tributos.

EC - ¿Usted está anticipando que la IMC podría tomar acciones legales contra vecinos o ediles que hagan este tipo de pronunciamientos?

DL - Digo que llegado el caso la IMC va a estudiar hasta esta situación, no tenga dudas. Quienes pudiendo pagar no paguen van a ser accionados judicialmente, como la IMC ya lo está haciendo. Quienes no pueden pagar y pueden acogerse a las exoneraciones tributarias que la propia normativa establece tienen los canales institucionales para hacerlo y de hecho diariamente la IMC recoge sus planteos y los tramita como corresponde.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe