La coalición llegó a un acuerdo fiscal

Senador Jorge Larrañaga: Según el equipo económico, no se necesitará otras medidas para abatir el déficit. El ajuste no es suficiente, pero sin ajuste no habrá reactivación.

EN PERSPECTIVA
Jueves 21.02.02, 07.35.

El plenario de la Cámara de Senadores se reunirá hoy a partir de las 10 horas para aprobar el proyecto de "ley de responsabilidad fiscal", aprobado ayer en la Comisión de Hacienda del Senado, que finalmente incluye un aumento del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) a los empleados públicos y privados.

El articulado, que fue rechazado en general por legisladores del Encuentro Progresista y del Nuevo Espacio, establece la caída de ese aumento del IRP a partir del 1º de enero de 2004, en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en una ley de recorte de gastos.

El paquete impositivo recaudará US$ 146 millones, de los cuales US$ 44 millones corresponden al incremento del impuesto a los salarios de la actividad pública y privada. Los partidos de la coalición de gobierno habían acordado hace algunos días la otra parte del paquete, el ahorro de gastos por U$S 270 millones.

Si se suma la recaudación extra por los nuevos impuestos o su aumento, se llega a un ajuste que totaliza los U$S 416 millones. ¿Con esos U$S 416 millones es suficiente, o falta agregar otros elementos al ajuste, senador Jorge Larrañaga?

JORGE LARRAÑAGA:
Creo que en el pensamiento del ministro de Economía y Finanzas, según lo que expresó en la Comisión ante una pregunta del senador (Francisco) Gallinal, este era el instrumento suficiente para sortear las dificultades que el país tiene y la necesidad imperiosa de abatir el déficit fiscal.

EC - En su momento se había hablado de una cifra mayor: U$S 450 a 460 millones. ¿Hay que entender que a ese monto se estaría llegando con los aumentos de las tarifas públicas, por ejemplo?

JL - No: eso no está incorporado como mecánica de ajuste...

EC - Le entiendo, pero las cuentas...

JL - Ayer lo explicó el propio director de Planeamiento y Presupuesto, contador Ariel Davrieux, en respuesta a una pregunta.

EC - Pero se supone que por ahí también hay un ingreso extra a las arcas del Estado.

JL - No hay un ingreso extra porque, según lo explicó el propio contador Davrieux, en el correr del año y en función de la pauta devaluatoria fijada por el Poder Ejecutivo, si bien las tarifas hoy sufren un 8,5% no tendrán una contribución adicional a las arcas del gobierno central. Incluso expresó que el gobierno central va a recibir U$S 22 millones menos que en el año 2001. Esa es la previsión del director de la OPP.

EC - Pasemos entonces al capítulo que más polémica provocó en la coalición de gobierno, a partir del rechazo que surgía desde el Partido Nacional a varios de los tributos propuestos por el Poder Ejecutivo. Se crea entonces este adicional al IRP no sólo para los funcionarios públicos, sino también para los privados.

JL - Sí. El Partido Nacional propiciaba aplicarlo exclusivamente a los públicos, porque entiende que el mayor sacrificio lo ha hecho el sector privado, pero también es cierto que se presentaba una asimetría enorme entre el IRP del sector público con relación al privado. Además, se precisaba de más recursos económicos; esa es la realidad. Incluso lo había anunciado el presidente de la República en enero, cuando habló de los sueldos de la administración pública y de los privados; luego el Poder Ejecutivo sacó del aumento del impuesto a los privados, hasta que finalmente a debió incorporárselo, en forma transitoria. Originalmente se había establecido facultar al Poder Ejecutivo a disminuirlo en abril y darlo de baja el 21 de diciembre de 2003. Lo que se acordó anoche es darlo de baja a partir del 31 de diciembre de 2003 indefectiblemente. Necesitaría de otro acuerdo político y de otra ley para prorrogarlo, tanto para los públicos como para los privados. Esta transitoriedad fue exigida por el Partido Nacional.

EC - La precisión es importante, dado que hasta anoche se manejaba otra información: los adicionales al IRP cesan el 31 de diciembre de 2003; no se faculta al Poder Ejecutivo, sino que se establecen con esa vigencia.

JL - No hay una facultad, sino una norma que agota la vigencia del adicional al IRP de empleados públicos y privados con fecha 31 de diciembre de 2003.

EC - Este tema tuvo muchas idas y venidas en las últimas semanas: usted mismo mencionaba que originalmente la propuesta del Ejecutivo incluía a salarios públicos y privados, luego quedó sólo para los públicos, ahora vuelve a incluir a los privados. El cambio que termina teniendo respecto a lo que se había manejado últimamente, entonces, se relaciona con que el sueldo a partir del cual se aplica un adicional es más alto que el mencionado originalmente.

JL - Son dos diferencias muy importantes. A los públicos, el monto imponible comienza a partir de 20 salarios mínimos nacionales, lo que supone unos $22.200. A los privados, a partir de los 25 salarios mínimos nacionales, lo que supone unos $27.500.

La otra diferencia es que el impuesto es menor para los privados que para los públicos: la alícuota es mayor para los públicos que para los privados, y los públicos terminan teniendo también una franja superior que no alcanza a los privados. Además, existiría cierto compromiso del Poder Ejecutivo respecto a que, si en abril de 2003, existe la posibilidad de abatir alguno de los aumentos del IRP, se comenzaría por abatir el vinculado al sector privado.

Además, es muy claro que no podíamos dejar sin gravar salarios que no digo altos pero que denotan mayores ingresos por encima de $30.000, y por otro lado estar gravando por ejemplo el agua potable, las frutas y verduras. Esas fueron las opciones que debieron tomarse en el marco de decisiones que son siempre muy complejas y difíciles, porque nadie quiere poner más impuestos.

EC - El IVA a las frutas y verduras quedó por el camino, también al consumo de agua, ...

JL - ...a la leche larga vida, y se subió la franja de salarios públicos afectados por el aumento del IRP de los $12.000 propuestos por el Poder Ejecutivo a más de $22.000.

EC - Sí aparece un IVA de 23% a los vinos, tanto nacionales como importados, un IVA de 23% a los préstamos otorgados por las cooperativas de ahorro y préstamo, siempre que esos préstamos sean mayores a 250 unidades reajustables, es decir unos U$S 3.500.

JL - Ahí quiero hacer una precisión. Se mantiene la exoneración para los préstamos de las cooperativas de ahorro y crédito y para las instituciones sin fines de lucro. Pero cuando las mismas superen el interés del préstamo social del Banco de la República, pagarían el IVA. Quiere decir que, cuando estén por debajo de la franja, rige la exoneración para tomar en cuenta también la situación diferencial de algunas cooperativas que otorgan préstamos más chicos.

EC - Se confirma el llamado ITEL, Impuesto a las Telecomunicaciones: $0,40 por minuto o fracción por minuto o fracción para llamadas por teléfono celular; $2,00 por minuto o fracción para llamadas internacionales y los servicios 0900. ¿No hay impuesto a las llamadas de larga distancia local?

JL - No. Las llamadas de telefonía fija no tributan, salvo cuando lo hacen a celulares. Ahí hay un problema de carácter técnico respecto a las llamadas salientes y entradas: el criterio es aplicar tributos a las llamadas internacionales y a las de telefonía celular salientes y, según se explicó en la Comisión, esta tributación de todos modos queda por debajo de lo que antes se cobraba.

EC - Se menciona también un impuesto a las tarjetas de crédito. ¿Cómo opera?

JL - Es una autorización al Poder Ejecutivo para fijar un impuesto con un máximo de 0,10 de unidad reajustable, aproximadamente $20 por mes, en el entorno de los U$S 16 a 17 por año. Pero se va a ponderar la franja de los usuarios de tarjetas con muy poco nivel de operatividad. No serán gravadas las tarjetas derivadas de las principales; hay una ponderación que ha establecido el propio Poder Ejecutivo habida cuenta de que hay un millón de tarjetas pero las que quizá sean gravadas son una cantidad notoriamente inferior, con un rendimiento previsto de los U$S 5 millones.

EC - Con los detalles que habrá que ver en la reglamentación, entonces, en definitiva cada tarjeta va a pagar unos $20 por mes.

JL - Ese sería el tope máximo, lo que significa que quizá lleguen a ese tope las tarjetas internacionales, pero no todas.

EC - ¿Los pagará el usuario de las tarjetas?

JL - No: se previó que la entidad emisora no traslade el impuesto al usuario. Esa fue una previsión sobre la que alertó el senador Carlos Julio Pereyra, que aunque no integra la Comisión impulsó ese aditivo conjuntamente con el senador Gallinal.

EC - ¿Estamos hablando, entonces, de un impuesto a las empresas emisoras de tarjetas de crédito?

JL - En los hechos operaría así, al recaer como sujeto pasivo precisamente en esas empresas.

EC - El titular de la tarjeta no terminaría pagando ese impuesto, entonces.

JL - No. Al titular de esta tarjeta no se le puede cobrar este impuesto. No hay que olvidar que todos tenemos tarjeta, y sabemos que hay un cobro de $14 o 15 por mes por costo de envío de la factura mensual, sin hablar del tema de los intereses, que han generado enorme polémica. No se quiso agravar la condición del usuario. Ese es el espíritu de este tributo.

EC - Respecto al sistema financiero, hay otro tributo que cambia...

JL - Se duplica la tasa del Servicio de Contralor Financiero, de 0,18 a 0,36%, invirtiéndose la mecánica del tributo. Ahora se podía descontar lo que el banco tributa por concepto de Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio (Iric) de la tasa de contralor financiero. Es sensiblemente un impuesto al sector financiero, en el marco de la reorientación de algunos tributos hacia un sector en que la sociedad tiene la percepción de que no ha contribuido mucho en la situación de crisis del país. Se duplicó y se cambió la mecánica. Lo cierto es que hay una mayor tributación, de un impuesto que produce en total unos U$S 20 millones.

EC - La población está enterándose a esta hora de la forma definitiva del ajuste, y nos están llegando cantidad de consultas. Le traslado una, nada más: ¿qué pasó con el impuesto a los cigarrillos y a los tabacos, que se había considerado?

JL - Se aprobó el IVA a los cigarrillos. Ese tributo rinde aproximadamente unos U$S 8 millones, conjuntamente con el impuesto a los juegos de azar en sus distintas modalidades, lo que conformaba el paquete inicial del Poder Ejecutivo. El Partido Nacional hizo notorios esfuerzos para mejorar (si es que se lo puede mejorar) un paquete impositivo, en el entendido de que tampoco podíamos continuar con una indefinición política: a veces hay un costo de la indefinición política, y en determinados momentos hay que actuar, porque además yo hasta ahora no he escuchado un camino que el que hemos tenido que transitar.

EC - En el caso del impuesto a los juegos de azar, ¿el IVA es del 23%?

JL - Hay toda una mecánica compleja...

EC - ¿Queda algún juego excluido?

JL - No. Pese a que lo algún diario había informado, también se aplica a la quiniela. Pero hay toda una operativa compleja respecto a todos los juegos, sobre la cual, con sinceridad, no le puedo brindar mayor información.

EC - El proyecto incluye también no solo impuestos y recortes de gastos, sino también esta partida para financiar la cuota mutual de los maestros.

JL - Esta es una antigua reivindicación que ha sido sostenida por todos los sectores políticos. No voy a hacer el agravio de decir que sólo la sostenía el Partido Nacional. Hemos logrado contemplar a los maestros, que son 16.000, buena parte del interior, que muchas veces recorren largas distancias en ómnibus o haciendo dedo para llegar a nuestras escuelas de campaña, y que en un 70% no tenían cobertura mutual. Pero, por su nivel de ingresos, tampoco tenían acceso a salud pública. Ahora se transfiere una partida de U$S 7 millones para que Anep se haga cargo de esta cuota mutual para los maestros, constituyéndose en el único sector que por esta vía tiene un beneficio de importancia, estimado en algo más de $500 por persona, porque cuando el Estado paga a Disse tiene un descuento de 10% según tengo entendido.

EC - Es el único capítulo de gastos incluido en este proyecto.

JL - El único, aunque tuvo una enorme resistencia en el equipo económico, porque es complejo crear gastos cuando se los está abatiendo. Pero este también había sido un reclamo muy fuerte del Partido Nacional; lo habíamos incorporado en un proyecto de impuesto que gravaba los altos sueldos del Estado. Hemos conseguido que en este IRP a los salarios públicos y privados se grave a partir de una franja más alta, y hemos logrado este beneficio.

EC - ¿Qué dice sobre la objeción que se hace a este paquete de ajuste fiscal en cuanto a que podría tener efectos recesivos, o que le faltan otras medidas destinadas a fomentar la reactivación de la economía?

JL - Que es imprescindible utilizar en forma convergente mecanismos de política tributaria y cambiaria para generar la reactivación...

EC - Eso ¿forma parte del acuerdo Partido Colorado - Partido Nacional?

JL - Se ha hablado entre los representantes del gobierno y los del Partido Nacional. No es suficiente sólo un mecanismo de ajuste, porque el país debe transitar caminos de reactivación, producir y exportar más; porque si no tampoco salimos con el ajuste. Pero consideramos que si no hay ajuste no hay caminos de reactivación, por aquello de que lo que no hagamos hoy puede agravar la situación de mañana. Esa es la reflexión general, aunque se ha insistido y vamos a hacerlo de manera manifiesta, no sólo en el control del abatimiento del gasto público, donde vamos a abrir la próxima Rendición de Cuentas, sino también en un paquete de reactivación ni bien se pueda salir de esta etapa. Con el Directorio y con la bancada de legisladores, el Partido va a procurar llevar adelante un proceso muy complejo, muy difícil, para mantener la estabilidad económica, financiera y política, en el marco de todo lo que está pasando en la región y que está sacudiendo a nuestro país.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón