El gobierno colombiano busca reducir la capacidad militar de la guerrilla

Arturo Sarabia, embajador de Colombia en Uruguay: "Las FARC no quisieron entender que el Estado quería una salida negociada, y que esa manifestación no era un acto de debilidad. La guerrilla sobreestimó su capacidad, creyó que podía utilizar el proceso de paz para fortalecerse, para ganar tiempo y no para buscar una salida negociada". Si se vuelve a negociar, será en otras condiciones.

EN PERSPECTIVA
Viernes 01.03.02, 09.09.

EMILIANO COTELO:
"Pocos momentos en la historia de Colombia han tenido el carácter de trascendentes y definitivos. Sin duda éste es uno de ellos, comparable sólo con el inicio de la guerra de independencia, hace cerca de dos siglos, o el estallido de las hostilidades de la guerra de los mil días, hace poco más de un siglo."

Así analizaba la revista Cambio, de Colombia, la situación en que se ha visto inmerso ese país desde que el presidente Andrés Pastrana decidió, la semana pasada, dar por finalizado el proceso de paz con las FARC y le ordenó al ejército retomar el dominio de la llamada zona de distensión, de 42.500 quilómetros cuadrados, que los rebeldes controlaban desde noviembre de 1998.

(Grabación)

"Manuel Marulanda: yo le di mi palabra y la cumplí, pero usted me ha asaltado en mi buena fe."

(Fin de la grabación)

Se ha interpretado que "la gota que derramó el vaso fue el secuestro de un avión, en el cual viajaba Jorge Gechem Turbay", senador del Partido Liberal y presidente de la Comisión de Paz de la cámara alta.

Hoy les proponemos intentar avanzar en la comprensión de este nuevo escenario, conocer el porqué de la ruptura y avizorar qué cabe esperar para el futuro de Colombia. Para ello vamos a conversar con Arturo Sarabia, politólogo y abogado, y quien además es el actual embajador de Colombia en nuestro país.

¿Usted está de acuerdo con la apreciación de la revista Cambio que yo citaba, a propósito de la dimensión histórica que tiene este momento?

ARTURO SARABIA:
No: creo que estamos enfrentando una situación crítica, sin duda una de las más críticas de nuestra historia, pero no la situaría en similares condiciones que esos otros eventos históricos mucho más trascendentes. En Colombia tenemos un conflicto armado, pero su repercusión sobre el conjunto de la sociedad dista mucho de tener los efectos globales que tuvieron esos otros episodios. Nuestro conflicto armado es fundamentalmente rural: nuestras grandes ciudades se desenvuelven en forma vigorosa, con algunos problemas para salir en algunos sitios, pero el Estado colombiano funciona con todas sus instituciones. Nuestra economía creció 1,6% el año pasado, lo cual es excepcional en el contexto de América Latina. Nuestro Congreso está funcionando, vamos a tener un proceso electoral con dificultades, pero no mayores que las que tuvimos durante la época del narcoterrorismo de Pablo Escobar, por ejemplo, donde los candidatos prácticamente no pudieron salir a las plazas públicas. O sea que es una situación difícil, pero no es comparable con esos otros episodios, a mi juicio.

EC - ¿Por qué se tomó esta decisión en este momento?

AS - Los hechos que desencadenaron esta decisión son muy graves en sí mismos. Vamos a repasarlos. El secuestro de un avión es indiscutiblemente un acto terrorista: pocas acciones están tan reglamentadas y repudiadas por la legislación internacional, especialmente por el derecho humanitario internacional, como el secuestro de aviones, que es un acto de terrorismo; y adicionalmente a ello, el hecho de que dentro del avión se haya secuestrado al presidente de la Comisión de Paz. El otro hecho que creó una mayor sensibilidad en la opinión fueron la voladura de un puente y, como consecuencia de ello, la muerte de una señora y su hija que iban dentro de una ambulancia, también considerado un delito internacional y una violación del derecho internacional humanitario.

Esos dos hechos en sí mismos son muy graves, pero lo más importante es que fueron la gota que rebasó la copa. El gobierno colombiano fue muy generoso, agotó todos los caminos buscando una solución pacífica, incluso a un costo político muy alto para el presidente de la República, en el sentido de que la opinión rechazaba lo que se consideraba una debilidad del Estado frente a los violentos. Se cedió una zona muy amplia, no se establecieron controles muy rigurosos a esa zona. Tan es así que ahí ingresaban terroristas del IRA que hoy están presos, que estuvieron entrenando en acciones terroristas a las FARC. No se estableció un compromiso de negociación o un cronograma muy detallado. Es decir que se dieron pasos generosos buscando crear un clima de confianza que permitiera avanzar en una negociación. En los últimos meses, en enero, después de una escaramuza, se llegó a un acuerdo con el concurso de la comunidad internacional, el representante de las Naciones Unidas, representantes de países amigos del proceso de paz. Y después de ese acuerdo, cuyo espíritu era reducir la intensidad del conflicto, que haya menos barbarie, que no se ataque a la población civil, lo que vino fue una escalada terrorista sin precedentes: 117 atentados contra torres de energía, contra puentes, contra todo el patrimonio que los colombianos, con muchas dificultades, hemos construido a lo largo de los últimos años; y, lo más grave, atentados contra la población civil indiscriminados. Eso tuvo como consecuencia lo que ustedes conocen: la ruptura del proceso de paz, pues el presidente Pastrana no tenía otra alternativa.

EC - Las FARC, por su lado, acusan al gobierno de haber incumplido sus promesas. Concretamente, y por citar nada más que un punto, destacan que, lejos de desarmar a los paramilitares, Carlos Castaño, el jefe de las poderosas Autodefensas Unidas de Colombia, aparece intocado y públicamente -incluso en un libro- reivindicando sus métodos como contrarios a los derechos humanos, justificando el asesinato de miles de activistas de izquierda.

AS - Para responder a esta pregunta hay que situarnos en el contexto del conflicto colombiano. En primer lugar, tenemos unos alzados en armas que acuden al terrorismo y que se financian con el narcotráfico para enfrentar a un Estado democrático; ya ahí hay un elemento que debe servirnos para calibrar las expresiones de quienes están hoy enfrentando al Estado legítimo, democrático, que elegimos los colombianos. A partir de allí, sin que exista un argumento que legitime -porque en el pasado uno ha tenido conflictos en países contra tiranías insoportables que han tenido una legitimación, pero ése no es el conflicto interno colombiano, lo que tenemos son estas acciones-, las acusaciones de las FARC contra el gobierno por incumplimiento de su palabra no deberían merecer credibilidad alguna por el simple hecho de que quienes hoy están enfrentando en armas al Estado colombiano no pueden invocar de éste acciones que no ha podido impulsar para derrotarlos a ellos mismos.

EC - ¿Qué quiere decir?

AS - Si fuera tan sencillo derrotar a los paramilitares, como el gobierno está comprometido a hacerlo, porque los paramilitares o las autodefensas no solamente atacan a los guerrilleros, también atacan a funcionarios del Estado... Ayer hubo cinco agentes de la seguridad interna del Estado asesinados por los paramilitares. No es un conflicto que el Estado prohíje, no son ataques que el Estado prohíje. Si fuera tan sencillo derrotarlos, el Estado también habría derrotado a los otros violentos, que son las guerrillas que se enfrentan. Es decir que tenemos un Estado que está dando una batalla en múltiples frentes y que de la noche a la mañana no puede superar uno, porque precisamente su debilidad es lo que ha permitido que existan los otros.

EC - También en el plano de las críticas al paso que ha dado el gobierno del presidente Pastrana, ¿cuánto influyó en esta decisión de romper el proceso de paz la ola antiterrorista que se ha generado en el mundo a partir del 11 de setiembre? ¿Cuánta influencia puede haber de las políticas que viene impulsando el gobierno de Estados Unidos, con George Bush como presidente? Es un dato que la administración Bush colocó a las FARC en la lista de los grupos terroristas que representan un peligro para su país.

AS - La principal fuente que alimentó y fundamentó esta decisión es el propio rechazo de la población colombiana a los violentos. Los colombianos estamos cansados de este conflicto, queremos que el Estado garantice su vida, un Estado mucho más fortalecido para hacer cumplir la Constitución y las leyes, los colombianos no querían que continuara un proceso de paz que no iba a ninguna parte. Esa presión de la propia sociedad colombiana se expresada en dos frentes: por un lado en la baja opinión favorable que tenía el presidente Pastrana, que examinando las encuestas demostraba que buena parte de su mala opinión tenía que ver con lo que el pueblo colombiano consideraba su debilidad frente a los violentos; y por otro lado el resultado de las encuestas, que apoyaban mayoritariamente a un candidato que ha expresado una línea muy firme de fortalecimiento de la autoridad.

EC - Alvaro Uribe, que concretamente reclamaba que se diera este tipo de pasos.

AS - Ese tipo de señales, digamos, debió haber influido mucho más en la decisión del presidente, porque obviamente fue él quien la tomó y tenía los elementos de juicio. A todo ello se suma el recrudecimiento de la actividad terrorista por parte de la guerrilla. A partir del 11 de setiembre la guerrilla solicitó del gobierno que definiera si ellos eran una organización terrorista, si cumplían esa definición. La guerrilla le preguntaba al presidente, en declaraciones públicas. La respuesta fue que quienes deciden si son o no terroristas son los propios guerrilleros, con su accionar. Desde el 11 de setiembre, lejos de haber aminorado sus acciones terroristas para escapar de esa calificación que el presidente se negó a aceptar durante varios meses, lo que hizo la guerrilla fue confirmarla con creces.

EC - Pero ese ambiente que se ha ido extendiendo por el mundo, caracterizado por el término "lucha antiterrorista", ¿está influyendo en esta determinación?

AS - Por supuesto, porque si el 11 de setiembre un acto terrorista dispara una gran actividad internacional de lucha contra el terrorismo, y a partir de ese momento una organización alzada en armas contra un Estado democrático, que actuaba utilizando el terrorismo pero estaba en la mesa de negociaciones, decide también, por su cuenta, incrementar en forma dramáticamente significativa sus actividades terroristas, como el secuestro de aviones, dinamitar acueductos (hecho que no se ha visto en los peores conflictos)... El atentado contra el acueducto de Bogotá ha podido crear una avalancha que se hubiera llevado a una población, Villavicencio, que queda en el Piedemonte, abajo de Bogotá. Esos hechos, en un contexto mucho más sensible, por supuesto, tuvieron esa consecuencia. Pero creo que por la magnitud de las actividades terroristas, independientemente de lo que hubiera ocurrido, el proceso de paz no podía continuar como iba.

***

EC - Esta ofensiva está claramente destinada a las FARC. ¿Qué destino espera a los otros grupos armados, por ejemplo al Ejército de Liberación Nacional o a los propios grupos paramilitares, de los cuales ya hablamos?

AS - La ofensiva es contra las FARC y contra las autodefensas o paramilitares. Con el ELN se avanza en este momento en negociaciones en Cuba, con el auspicio del gobierno de Cuba, que ha facilitado su país para que se adelanten estas negociaciones. Estas negociaciones avanzan bien, por lo menos están estableciendo un criterio para reducir la intensidad del conflicto mientras se logran mecanismos que agilicen la negociación. O sea que tenemos la esperanza de que ese proceso sí pueda definirse. No así con las FARC, por los hecho que acabo de relatar.

EC - ¿Cuál es el objetivo de esta nueva estrategia?, ¿cuál es el objetivo real del cese del proceso de paz y el ingreso de las Fuerzas Armadas de Colombia a las llamadas zonas de disensión? ¿Derrotar, hacer capitular a las FARC, o disuadirlas para que regresen a la mesa de negociaciones?

AS - La voluntad del gobierno, del actual y de los candidatos presidenciales que están disputándose el poder en Colombia y que van a estar en funciones a partir del 7 de agosto, lo que ellos han señalado es que se busca fortalecer la autoridad del Estado para que la guerrilla entienda que la generosidad que se tuvo para iniciar un proceso de paz no fue un acto de debilidad del Estado sino, por el contrario, un acto de fortaleza, buscando una salida política para ahorrarle al país estos años que podrían esperarlo de conflictos mayores, porque conflictos hemos tenido siempre. El proceso de paz no se dio en medio de una tregua, como en otros casos, sino en medio del conflicto; lo que hay ahora es un recrudecimiento de las acciones, pero conflicto hemos tenido desde hace mucho rato.

EC - Pero en definitiva ¿cuál es el resultado práctico que espera el gobierno de Colombia?

AS - Por supuesto reducir la capacidad militar de la guerrilla, hacerle entender lo que no quiso entender: que el Estado quería una salida negociada, pero que esa manifestación no era un acto de debilidad. La guerrilla sobreestimó su capacidad, creyó que podía utilizar el proceso de paz para fortalecerse, para ganar tiempo y no para buscar una salida negociada. Eso es lo que se busca.

EC - ¿Es posible pensar en derrotar a las FARC? Los periodistas colombianos destacan que este es el mejor momento de las Fuerzas Armadas de Colombia, en cuanto a estructura y a capacidad; que tanto el Ejército como la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía están mejor que nunca. ¿Entonces?

AS - La respuesta la darán las FARC, en el camino frente a la acción firme del Estado, la garantía de la vida de sus ciudadanos y de la supervivencia del régimen democrático. La respuesta la darán las FARC; el camino es cuándo quieren volver a la mesa de negociaciones. Para hacerlo, seguramente, habrá otras condiciones. Veo muy improbable que este o cualquier otro gobierno pueda volver a adelantar un proceso de paz en medio del conflicto, por ejemplo. Hacia delante vendrá un proceso de paz como el que se dio en Centroamérica, como el que se dio antes en Colombia.

EC - ¿O sea?

AS - Después de un cese de hostilidades: que mientras están conversando y negociando no se secuestre a ciudadanos, no se atente contra la población civil, no se incurra en las atrocidades en que incurrieron las FARC durante el período de negociaciones de este gobierno.

EC - Pero de sus propias palabras se desprende que es imposible derrotar a las FARC. De hecho, hasta ahora ha sido imposible, tras décadas de conflicto, pero incluso en el momento actual sería imposible.

AS - No. Creo que el Estado colombiano tiene la capacidad de hacerlo. Lo que ocurre es que eso tiene un costo muy alto, un costo que significa sacrificar otras prioridades. Cuando el Estado colombiano propone a las FARC negociar, no lo hace como un acto de debilidad sino como un acto racional, buscando no tener que concentrar su presupuesto en el fortalecimiento militar a expensas de la educación, de la salud y de otros frentes. El Estado colombiano, que tiene hoy un gasto militar en relación a su Producto Bruto Interno muy inferior incluso a países de América Latina que no tienen conflicto interno. Y a los colombianos, que todavía no hemos asumido el costo de confrontar y derrotar a alzados en armas, nos tocará hacerlo si no es posible, pero lo que se busca es fundamentalmente ahorrarle al pueblo colombiano tener que concentrar buena parte de los recursos del presupuesto a solucionar el conflicto interno y no seguir en esta situación incierta, en la que no se resuelve una cosa pero tampoco se supera.

EC - ¿Se mantiene algún canal de diálogo entre el gobierno y los dirigentes de las FARC?

AS - En este momento no, porque el gobierno termina su período dentro de muy poco. Pero los candidatos presidenciales han anunciado que si las FARC se avienen (en otras condiciones muy distintas a las preexistentes, donde eran todas condiciones muy favorables a la guerrilla y que fueron desaprovechadas por ésta), habrá un nuevo proceso de negociaciones. Por eso le decía que la decisión la toman las FARC. El Estado colombiano está en capacidad de derrotar a la guerrilla, pero quiere ahorrarse el esfuerzo presupuestal que demandaría esa lucha, para no sacrificar otros frentes que son fundamentales.

EC - ¿Qué pasa con las personas que permanecen secuestradas, ahora que el escenario cambió tan radicalmente?

AS - Se le ha pedido a la guerrilla que respete sus vidas. Quienes hoy son los responsables de la vida de los secuestrados son los secuestradores, no el Estado colombiano.

EC - Claro, pero que atiendan un reclamo como ese cuando paralelamente el Estado ha decidido ir contra ellos con la máxima energía, no parece algo tan sencillo de lograr.

AS - Por supuesto. En muchos conflictos se pone a veces al frente a mujeres y niños para evitar que los ejércitos ataquen a los alzados en armas. Esos son recursos que violan el derecho internacional humanitario. Lo que la comunidad internacional, la prensa mundial debería solicitarle a la guerrilla es que libere a los secuestrados.

EC - ¿Cuántos son hoy los secuestrados por las FARC?

AS - El total de secuestrados es de 3.000 hoy en Colombia, pero el cálculo es que un porcentaje muy significativo de ese total corresponde a secuestrados por las FARC.

EC - ¿De qué orden?

AS - Calculo que más de 1.500.

EC - En definitiva, ¿qué tipo de escenarios podemos esperar a partir de ahora? Porque hasta podría ocurrir que las Fuerzas Armadas de Colombia no lograran resultados notorios, nítidos, fuertes, en este combate a la guerrilla. Esa sería una situación particularmente incómoda para el gobierno.

AS - Repito: conflicto armado Colombia ha tenido desde hace muchos años, sin que alterara significativamente la marcha de la economía. Hay que recordar a los uruguayos que Colombia es un país que durante 70 años tuvo niveles de crecimiento de entre 4% y 5%. Es un país vigoroso que, a pesar de todo está empujando, aumentó sus exportaciones el año pasado. Es un país con unas mejoras significativas: por ejemplo la ciudad capital ha mejorado sustancialmente en medio del conflicto.

Vamos a mantener un conflicto de baja intensidad, en ese sentido nadie en Colombia se hace ilusiones. Cualquiera que conozca la geografía colombiana, cruzada por tres cordilleras, con zonas montañosas, con zonas selváticas, sabe que erradicar del todo a violentos y alzados en armas no es tarea sencilla. Pero lo que está claro es que la tarea de contención y de presencia del Estado en muchos sectores va a reducir significativamente la capacidad de perturbación de la guerrilla.

EC - ¿Hay algún riesgo de que en algunos de estos escenarios termine concretándose una intervención de Estados Unidos, una participación de fuerzas militares estadounidenses?

AS - No, en absoluto. No lo queremos los colombianos, tampoco lo quieren los Estados Unidos, que han establecido claras restricciones en las leyes que aprobaron la cooperación en las luchas contra el narcotráfico a la presencia de soldados en Colombia. Lo que sí hemos solicitado es cooperación en suministro de inteligencia, en todo el tema de lavado de activos para poder mantener a este ejército irregular. No hay que ser un gran estratega para saber que eso cuesta mucho dinero. El tráfico de armas, hay un canje de armas por droga. En ese sentido se puede solicitar mucha cooperación, no solamente a Estados Unidos sino a los países vecinos y a otros países proveedores de insumos químicos. En esto estamos pidiendo apoyo internacional.

Antecedentes: Entrevista al embajador de Colombia, Arturo Sarabia
(En Perspectiva 20.09.00)

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón