Cárceles: nuevo incidente, viejas causas

Oscar Ravecca (Patronato de Encarcelados y Liberados): Debería liberarse a la Policía de esa "herencia maldita", porque siempre fueron competencia del Ministerio de Educación, para la rehabilitación y reeducación. Además de la tranquilidad social, ¿cuánto gasto se ahorraría eliminando un 10 o 15% de reincidencia, mediante programas adecuados?

EN PERSPECTIVA
Martes 05.03.02, 08.46

EMILIANO COTELO:
¿Qué hacer en Uruguay con las cárceles y con los presos? ¿Por qué tenemos que encontrarnos periódicamente con motines o con reclusos en huelga de hambre? A partir de los hechos del Penal de Libertad, que nos conmueven desde el viernes pasado, estas preguntas vuelven al tapete y por eso hoy les proponemos conocer el análisis de un hombre que ha dedicado buena parte de su vida a esta problemática; el presidente del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, Oscar Ravecca.

Algunos antecedentes suyos para que la audiencia lo ubique en toda esta materia. ¿Desde 1950 hasta 1985, fue Secretario General de la Defensoría Letrada de Oficio?

OR - Sí, del Sistema de Asistencia Letrada de Oficio.

EC - Fue designado encargado de poner en funcionamiento el Comcar en sus primeros dos años, entre 1985 y 1987. Por aquel momento el Comcar tenía 400 reclusos, era bastante más chico que hoy.

OR - Cuando yo me retiré, porque fui un período al Poder Ejecutivo en un pase en Comisión de la Suprema Corte de Justicia, dejamos el establecimiento con 480 reclusos. Digo "dejamos" porque yo estaba junto a un equipo técnico.

EC - En 1988 fue integrante del directorio del Iname.

OR - Sí, en la presidencia del Iname durante ese período hasta la finalización del primer gobierno democrático después del 73.

EC - Y a partir de 1996 preside el Patronato, además como representante del Ministerio del Interior integró la Comisión Tomassino (así se la denominó para simplificar), creada por ley en 1995 con el cometido de proponer medidas para el mejoramiento del sistema carcelario.

Un dato anecdótico; luego de la fuga de los anarquistas de la Cárcel de Puntas Carretas, su padre ocupó la dirección del establecimiento entre 1932 a 1941.

En dos palabras, me gustaría que los oyentes tuvieran claro qué es el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, la institución que hoy acapara sus esfuerzos.

OR - Usted me lleva a hacer un poco de historia...

EC - Brevemente, simplemente porque es un aspecto de la actividad carcelaria y de la vida de los presos que la gente quizá conoce poco.

OR - Para tener una idea de lo que significa dentro del conglomerado social, de una organización social, el Patronato de Encarcelados y Liberados fue creado en 1787 por Benjamín Franklin en Norteamérica; fue el primero. El de Uruguay es el primero de Latinoamérica: nace en 1934. Los otros países de América Latina que tiene patronatos no son muchos, y lo tienen a partir de los 40.

La función del patronato, sus competencias, sus cometidos, son los de una institución social para los encarcelados, los liberados y todo lo que respecta a sus familias. Brinda atención en lo material, lo social, lo psicológico, lo jurídico. Quiere decir que es un organismo que apunta a que, cuando una persona se encuentra privada de su libertad y el sistema carcelario no le puede ofrecer lo básico, los elementos necesarios para su vida, es decir las necesidades mas simples, el Patronato va en su ayuda.

EC - ¿Puede abarcar a todos los presos?

OR - Se hace el esfuerzo. Nuestro Estado hace el esfuerzo. El Patronato se nutre con fondos que mensualmente le traslada el Ministerio del Interior.

EC - ¿Sólo esa es la fuente de financiamiento?

OR - Hay algunas donaciones, muy pocas. El espíritu solidario de la sociedad sobre el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados no se nota, no se ve.

EC - El Patronato también apoya al liberado, como dice su nombre. ¿De qué manera?

OR - En primer término, se le hace un estudio psicológico, hay equipos técnicos. Se analiza sus posibilidades de trabajo, se le incluye en una bolsa de trabajo, se apoya a su familia (familia a la que se viene apoyando muchas veces durante todo su régimen de reclusión), y se lo va encaminando para determinados programas de una vida útil , tratando de evitar la reincidencia delictual, que en nuestro país es muy alta y es lo que conmueve en general la tranquilidad pública.

EC - ¿A cuántos de los liberados pueden efectivamente respaldar ustedes?

OR - A todos los que llegan a nosotros. A todos. Alguna forma encontramos.

EC - ¿Pero no todos van?

OR - No todos van porque no es obligatorio. Pero como nosotros tenemos un sistema de trabajo, que podemos decir "de perfil bajo", atendemos mucho a los familiares de las personas privadas de libertad. La mayoría de estas personas tiene familia que queda como dejada a un lado y, si eran indigentes antes, más indigentes van a ser después. Atendemos los problemas de la mujer de la persona presa, de sus padres y fundamentalmente de sus hijos. Podemos tener hombres con 15 años de reclusión carcelaria y a cuyos hijos los apoyamos en todo el ciclo escolar y hasta secundario. Les damos los libros, ropa, asistimos a la familia en las necesidades fundamentales en la medida en que podamos. Apoyamos el mejoramiento de la vivienda.

EC - ¿Cuántas personas se dedican a esta tarea?

OR - Son 32 funcionarios, una Dirección General y un órgano de dirección, que es el Consejo del Patronato, compuesto por siete miembros esencialmente honorarios (un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario y dos vocales)

EC - ¿Su cargo también es honorario?

OR - Mi cargo también es honorario. Esencialmente honorario.

EC - ¿Y cuántas horas le dedica por día o por semana?

OR - Le dedico todas las que sean necesarias. Si no, no podría estar sentado en el cargo. Las que sean necesarias.

EC - De manera honoraria

OR - De manera honoraria, y ya llevo seis años cumplidos

EC - ¿Y por qué sigue?

OR - Porque es una función social. Me siento con fuerzas, me gusta el tema...

EC - ¿Es un apostolado?

OR - No; no es un apostolado. Es algo que me beneficia a mi psicológica y hasta físicamente; me interesa el tema. Las respuestas son muy positivas. Le puedo contar que cuando salió aquella ley famosa (muy criticada pero muy justa) sobre los presos sociales, el 14 de mayo de 1985, en un régimen muy especial en contrapartida a la Ley de Amnistía para presos políticos, que permitió salir a condenados a 30 y 40 años, mientras que había en las cárceles gente que estaba por delitos muy menores... Esa gente que salió, liberados por un artículo que puso la sabia doctora Adela Reta (una consejera que lamentablemente uno ya no tiene para estos temas) quedaban a disposición del Patronato de Encarcelados y Liberados. De todo ese grupo, que fueron 300, no alcanzó a delinquir más del 7%, cuando el índice de reincidencia actual es de 80%.

No digo que tengamos la varita mágica y que si todos vienen vamos a llegar a ese índice del 7%, pero una persona excarcelada después de un largo lapso de reclusión, reclusión que supone la ruptura en general con los lazos familiares, las amistades y además con los lazos del trabajo... Si usted cuando sale no tiene un apoyo externo, sobre todo de un organismo que tiene en toda la atmósfera de su desarrollo el cumplir con esa función social, a esa persona usted la deja prácticamente abandonada.

Si usted lee la exposición de motivos de la ley del 34 por la que se crea el Patronato de Encarcelados y Liberados, es un diagnostico de la sociedad actual en cuanto al campo delictivo y a la necesidad de prestarle ayuda técnica.

EC - A los 82 años, Ravecca preside el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados y no tiene ninguna intención de descansar.

OR - Además le digo que, para hacer este trabajo, me siento como si tuviese treinta años menos. Para este trabajo: ¡para otras cosas no!

EC - Haga de cuenta entonces que dije que tiene 52.

***

EC - Ahora sí, ¿qué hacer en Uruguay con las cárceles y con los presos? ¿Por qué tenemos que encontrarnos cada tanto con motines o con reclusos en huelga de hambre? Supongo que no le sorprendió este motín en el Penal de Libertad.

OR - Todo acto que rompe las debidas reglas de convivencia social me sorprende.

EC - ¿No lo esperaba?

OR - No: de esta magnitud no, porque siempre se espera algún grado de racionalidad que, aunque se esté privado de la libertad, hay que tener presente. Lamentablemente, este fue un espectáculo dramático, triste e injusto: eso es lo que entiendo sobre los que han participado en el motín. A muchos de ellos los respeto y estoy dispuesto a ayudarlos cuando salgan, pero no se dan cuenta que están cometiendo actos de privación de libertad y un delito de daño, pero que además están flagelando los derechos más importantes que tienen, que es la libertad anticipada. El Instituto de Libertad Anticipada que prevé el artículo 131 del Código Penal con diversas modificaciones, nunca modificó la necesidad de registrar la buena conducta carcelaria para obtener ese beneficio. Beneficio que empieza a jugar cuando está en la mitad de la pena.

EC - ¿Y este motín?

OR - Lo cometen internos, la mayoría con causa de naturaleza grave, con penas de penitenciería, que son los que más se benefician con el Instituto de Libertad Anticipada. No siempre la Suprema Corte de Justicia otorga la mitad, a veces da dos tercios y a veces no la otorga nunca. Pero ahora todos los que participaron en el motín, cuando pidan su libertad anticipada, no van a encontrar a ninguna autoridad carcelaria que certifique que tiene buena conducta. Porque este hecho se registra en sus antecedentes. Y es algo fundamental, algo que deben saber. No pueden forzar a la autoridad pública para que hagan lo que están solicitando.

Tienen que volver a lo que se hizo muchas veces en el sistema carcelario: volver al diálogo, con delegaciones que sepan hacer los planteos ante la autoridad y ejerzan el derecho de petición que establece el artículo 30 de la Constitución de la República. Porque ellos están privados de su libertad pero no del ejercicio de determinados derechos liberales. Y los pueden ejercer ante la autoridad, ante la Presidencia de la República, ante el Ministerio. Esto es una eclosión de violencia que ha puesto incluso en peligro vidas de esforzados funcionarios policiales. Fíjese que el Instituto Policial está educado y formado para la prevención y la represión, no para la rehabilitación que es lo que establece el artículo 26 de la Constitución.

EC - Ese es un problema serio de nuestro sistema carcelario...

OR - Y lo vienen cumpliendo, con esfuerzo. Hay funcionarios que tuvieron en peligro su vida y lo cumplen con esfuerzo. Esto es como dijo un alto oficial de policía... "Las cárceles son la herencia maldita" que tuvo la Policía. Las cárceles siempre fueron competencia del Ministerio de Educación y Cultura, porque cuando en el artículo 26 de la Constitución de la República, la parte sustantiva del artículo es la rehabilitación y la reeducación; y si la parte sustantiva es eso, tiene que ir al Ministerio de Educación y no al que se encarga de la custodia y la seguridad.

EC -¿Desde cuándo las cárceles en Uruguay están bajo la órbita del Ministerio del Interior?

OR - El 21 de enero de 1971, cuando en el sistema carcelario de Punta Carretas había 120 presos por atentados a la Constitución de la República del movimiento Tupamaro, el Poder Ejecutivo, por medidas de mayor seguridad, transfirió por decreto los cometidos y competencias que en materia carcelaria tenía el Ministerio de Educación y Cultura al Ministerio del Interior. Por esa razón esencial.

EC - Ahora esas condiciones cambiaron totalmente.

OR - Pasaron 30 años. Las condiciones sociales son completamente distintas. Y la Policía viene cumpliendo con esa función para la que no fue preparada. Es, como dije, "la herencia maldita" que recibió el Instituto Policial.

EC - De eso vamos a hablar enseguida. Yo le preguntaba si le había sorprendido esta crisis del Penal de Libertad, porque si bien en esta ocasión las características de la protesta fueron muy originales y muy graves, usted mismo lo marcaba, la violencia que se vivió en este caso no registra casi antecedentes. Violencia tanto en la destrucción de las instalaciones como antes, el viernes mismo, cuando se retuvo a rehenes, se los amenazó con armas blancas y efectivamente estuvo en juego la vida ...

OR - Un episodio dramático.

EC - Original, gravísimo, este motín en comparación con anteriores, pero no original en cuanto a los temas que están detrás. Ayer, el diputado Chifflet enumeraba algunos de los reclamos: enfermos que están sin asistencia desde hace tiempo, en particular enfermos de Sida que no tienen medicamentos; quejas por la comida (sólo tenían papas y zanahorias y algún pedazo de carne de vez en cuando); se quejan de las dificultades de los familiares, que cuando van de visita tienen que hacer un largo recorrido, a veces al sol y otras veces en días muy fríos; se quejan por la falta de información sobre la marcha de sus expedientes; por los tratos en requisas, que a veces se hacen con violencia por equipos incluso ajenos al personal permanente, lo que en la jerga carcelaria se denomina "verdugueo"...

Reclaman dinero para cuando les toca salir, y ni hablar para cuando quedan en libertad. Esto no tiene nada de nuevo.

OR - No tiene de nuevo, y en la relación que hace el legislador Chifflet (a quien yo le reconozco una profunda competencia en la materia e interés social), hay que reconocerle el esfuerzo que hace. Esa lista es de siempre: usted en un establecimiento de contención de 500 personas nunca va a poder evitar que haya problemas como esos.

Indudablemente: el establecimiento está a 300, 400 o 500 metros de la carretera; faltan medicamentos, sí, pero faltan también en el Hospital Maciel o en el Pasteur. Todo eso es atendible, pero nada justifica (yo que estoy del lado de ellos en la función social), nada justifica destrozar todo, imponer a la población del país que tenga que contribuir a la reparación de millones de dólares como es eso. Quisiera preguntar si para todo eso se formó un diálogo, se transmitió, se habló, se ejerció el derecho de petición...

Posiblemente aquí haya un problema de formación y de educación dentro de la población penal. Yo soy de los que entiende que el sistema carcelario a veces tiene que tener los fines de semana, en sus grandes salones, conferencias de especialistas. Usted mismo puede ser un hombre que un sábado de tarde puede tocar determinados temas entre el periodismo y la delincuencia, y así ir formando una conciencia de racionalidad. Además, los servicios sociales tienen que ser formalmente educativos; porque en el fondo acá tenemos muchos un problema de educación.

***

EC - Ahora sí llegamos al punto central. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué los reclamos son los mismos de hace un año, de hace dos, de hace cinco o de hace diez? ¿Por qué estas carencias se mantienen? ¿Por qué el sistema tiene estos todos problemas? ¿Es el factor económico el único que esta jugando acá? Usted mencionó allí un par de ejemplos de actividades que podrían desarrollarse con los presos, actividades de tipo educativo que no creo que tengan un costo muy alto.

OR - Yo ahora salgo de acá para el Comcar a tratar de formar una cooperativa. Algunos presos quieren crear una cooperativa para realizar casas prefabricadas dentro del establecimiento.

EC - Mi pregunta es ¿estamos hablando de un problema económico o estamos hablando de otro tipo de carencias?

OR - Empecemos por lo primero: las cárceles están en crisis en todo el mundo. Si quiere le traigo un Cuaderno de Marcha de hace cuatro o cinco años, donde establece que todo el sistema carcelario mundial está en crisis. Los establecimientos de contención forzosa, que son las cárceles, siempre crean enormes problemas. No hay cárcel invicta. En Italia, en la cárcel más importante, bajó un helicóptero al patio y se llevó a uno de la mafia, en pleno día. En Latinoamérica vemos eclosiones de este tipo por lo menos una por mes.

De los que conozco creo que el sistema penitenciario Uruguayo debe ser el mejor, con sus grandes defectos, con sus grandes lagunas, defectos estructurales. Hay cosas que modificar, no puede ser que haya gente a la que no se le dé asistencia médica, son problemas de tipo administrativo que tendremos que ver también. Pero mire que esto no es de hoy.

EC - Pero entonces ¿estamos hablando de un problema de gestión, no un problema de costos necesariamente?

OR - Hay un problema de gestión, puede haber un problema de costos, está todo atado. Esto no es de hoy, estos problemas no son de hoy. Desde que salió la Constitución en el año 34, estamos ante una norma completamente programática y que el Estado no la ha podido cumplir. Indudablemente todo el sistema penitenciario es muy costoso.

EC - Recordemos que es lo que establece la Constitución.

OR - Establece que las cárceles no servirán para torturar y sí para rehabilitar a las personas. Ahora, ¿quién puede cumplir eso si no es con un sistema formativo y educativo? ¿Usted como visualiza eso? Debe tener dentro de la cárcel a los técnicos, hay que empezar con un equipo técnico. En Brasil, en Río de Janeiro, una cárcel de 12.000 personas estaba dirigida por una psiquiatra. Hay que tener un equipo técnico: psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, abogados, procuradores, educadores... todo un equipo. Usted no puede tener un establecimiento carcelario con por ejemplo 600 internos y dos psiquiatras, porque eso es lo mismo que abrir un sanatorio y no tener gasas o no tener quirófano. Son limitaciones que están impuestas quizás por los pocos recursos que tiene el Estado.

EC - Pero antes que eso ¿no hay una limitación derivada del hecho de que las cárceles dependan del Ministerio del Interior y esto traiga como consecuencia que el personal que custodia a los presos no sea el mas indicado?

OR - Yo creo que no es lo ideal. La comisión creada por el artículo 34 de la ley 16.707 (a la que usted llamó muy bien "la ley Tomasino" porque Armando Tomasino es un hombre que dedicó su vida al estudio del Derecho Penal, un hombre talentoso), esa comisión compuesta por nueve miembros, todos especialistas, representantes de la Corte (yo representé al Ministerio del Interior, en esa época el ministro era Opertti), después de trabajar un año entero reuniéndose todas las semanas, llegó a la conclusión de que el sistema penitenciario tenía que ser dirigido por un organismo de los previstos en el artículo 220 de la Constitución de la República similar al Iname, dirigido por especialistas, y que todo el sistema penitenciario, salvo la custodia perimetral, debía estar a cargo de técnicos para poder llegar al proceso de rehabilitación que establece la Constitución.

EC - Estamos hablando de una conclusión del año 1996. De algo que se planteó públicamente como consecuencia del trabajo de una comisión creada especialmente por el gobierno hace seis años...

OR - Pero es costoso. La comisión estudió lo que era necesario pero tampoco fijó los limites de la puesta en marcha. En realidad el plan no era tan ambicioso. Este es todo un tema. Así como existe este proyecto, hay también un proyecto del ministro Stirling. Y otro del diputado Díaz Maynard, especialista en la materia. El tema es muy complejo, muy difícil.

EC - ¿Por qué no se avanza en esa dirección: simplemente por razones económicas o es que en la sociedad uruguaya las cárceles no son una prioridad y la rehabilitación de los presos en particular no es una inquietud?

OR - Hay algo de eso.

EC - Porque, cuando se trata estos temas, permanentemente surge la reacción de que se está poniendo "demasiado cuidado en los derechos humanos de los presos y no de las víctimas de esos delincuentes". Usted escucha ese comentario permanentemente.

OR - Lo escucho.

EC - Hay desde hace años, en función también de una criminalidad creciente, un sentimiento de la sociedad volcado hacia la represión y tendiente a decir: "Que esta gente simplemente esté allí encerrada y que pague su culpa, que pague a la sociedad lo que a la sociedad le hizo". ¿Usted siente eso? Usted que está metido en el Patronato, que está mas bien del lado de los presos.

OR - Claro: estoy tratando de ayudarlos en la medida de lo posible para que no reincidan y asuman su responsabilidad de padre de familia que la mayoría tiene. La forma en la que usted me plantea el tema es exacta. Pero tenemos que conseguir los recursos. Acá hay un problema de recursos. Se cerró dos establecimientos carcelarios, Miguelete y la Cárcel de Punta Carretas. ¿Y qué se hizo? El Comcar. Se mejoró y se habilitó el Penal de Libertad, donde la población penal está aumentando entre un 10 y un 12% por año por delitos graves. Antes los delitos no eran tan graves; ahora el delito es la rapiña. Y un delito de rapiña con un solo agravante tiene un mínimo de cinco años y cuatro meses. Son muy pocos los que están menos de ese tiempo por un delito de rapiña. Entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo ve usted este sistema funcionando con el 50% de índice de reincidencia?

Entonces la conclusión es que el sistema ha fracasado; miremos otro sistema. ¿Qué otro? Hay bibliotecas sobre el tema. La modernidad de las bibliotecas dicen que hay que pasar a un régimen donde los técnicos asuman la responsabilidad de esa rehabilitación. Y vamos a sacarle a la policía esa "herencia maldita" que viene haciendo hasta este momento con mucho sacrificio.

EC - Insisto, ¿la decisión no se toma porque no hay dinero simplemente o porque se percibe que en la sociedad uruguaya esto no es hoy una prioridad?

OR - Permítame terminar el tema. Si usted baja los índices de reincidencia, el Estado tiene un ahorro significativo. El ministro Stirling ha dicho que el costo de cada interno se aproxima a los 500 dólares mensuales. ¿Se da cuenta, con un sistema penitenciario que abata el índice de reincidencia en un 20% o en un 10 o un 15%, lo que significa en ahorro? Además de la tranquilidad que trae para la sociedad. Usted me pregunta si no hay decisión política: pensemos que los fondos no dan, pensemos que en un determinado momento, como dice usted, las decisiones políticas se toman a veces también considerando la "temperatura" que hay en el mundo social. Entonces queda como prioridad postergada. Pero también hay postergaciones en el ministerio de Salud Pública. Estamos con los hospitales Maciel y Pasteur del siglo pasado, estamos con un hospital de Clínicas que no pudo ser terminado todavía, que tiene pisos y le faltan ascensores. Todo cuadra dentro de un momento crítico y el país no ha encontrado al parecer hasta este momento soluciones. No quiero hacer juicios políticos porque además no estoy en ese tema, pero el país no ha encontrado la posibilidad de decir "vamos a hacer estas inversiones". Porque el día que forme un equipo técnico dentro del sistema penitenciario no va a poder pagarle los $4.000 que le paga a los agentes de segunda que están trabajando ahora en el sistema penitenciario.

EC - ¿Qué importancia adjudica a la actividad que empieza a desarrollarse en el ex hospital Musto como parte del Convenio de Seguridad Ciudadana, donde se va a observar a alrededor de 300 reclusos y donde lo que se propone es aplicar integralmente políticas de rehabilitación?

OR - Lo conozco muy bien porque integro la Comisión Nacional de Rehabilitación, la que dirige en cierta medida ese sistema. El proyecto es excelente. Ahí se va a instalar un régimen entre 18 y 29 años de edad. Los presos que están en la etapa de mínima seguridad para ingresar tienen que formular por escrito un pedido para incorporarse al sistema, van a tener que formular un plan de trabajo, un plan de vida dentro del establecimiento y van a tener la referencia de un técnico con el que van a elaborar el plan.

Acá el BID, a través de la inteligencia de Iglesias, hace por primera vez una inversión, porque el 70 o 75% de los costos del Musto los pone el BID y lo restante lo pone el Estado. Se hace un plan piloto con este régimen, que en caso de dar resultado se va a implementar en toda América Latina. La persona, el interno va a estar allí, en ese establecimiento con un plan que el mismo elabora. También va a tener que hacer un juramento cuando ingresa de cumplimiento de ese plan. Y en tanto no lo cumpla vuelve al establecimiento carcelario en el que se encontraba.

EC - ¿Quiénes serán los elegidos?

OR - El grupo etario de entre 18 y 29 años que estén actualmente en el sistema de reclusión carcelario con una clasificación de mínima seguridad. Usted sabe que existe el Instituto Nacional de Criminología que gira dentro de la órbita del sistema penitenciario, de la Dirección Nacional de Cárceles. Este instituto tiene que hacer la clasificación de las personas que ingresan al establecimiento: van a máxima seguridad, media o mínima, etapas que se van cumpliendo y se van ganando. Una persona entra a "máxima seguridad" y debería ser re-evaluado a los 90 o 120 días, y después puede pasar a la etapa de "media seguridad" y así sucesivamente. Con mínima seguridad la persona tiene mas patio, mas visitas, tiene acceso a veces también a las salidas transitorias. Estas, que fueron tan criticadas, fueron puestas en un proyecto de la Ley de Reclusión Carcelaria de 1975, en la época del gobierno militar. Es un modelo.

EC - Ese proyecto entonces, el que se centralizará en el Musto ¿es el comienzo de la transformación del nuestro sistema carcelario?

OR - Esa es nuestra esperanza. Ese es el espejo para que se miren todos.

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Transcripción: Mariana Larrobla
Edición: Jorge García Ramón