La Justicia liberó información "reservada"

Tribunal de Apelaciones amparó el derecho a la información negada por el fiscal de Corte al periodista Andrés Alsina, sobre los motivos por los que se hizo lugar a la prisión preventiva pedida por Argentina para acusados de violaciones a los derechos humanos.

EN PERSPECTIVA
Miércoles 06.03.02, 08.10.

EMILIANO COTELO:
Por primera vez la Justicia Uruguaya condenó al Estado a entregar información que un funcionario del Poder Ejecutivo había negado a un periodista. El caso está en el tapete desde agosto de 2001 cuando el periodista Andrés Alsina (para una nota del diario argentino Página/12) intentó conocer las razones esgrimidas por el Poder Ejecutivo para denegar un exhorto del juez argentino Rodolfo Canicoba Corral, que pedía la prisión preventiva de dos militares y un policía presuntamente involucrados en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, en el marco del llamado Plan Cóndor.

La resolución del gobierno se había basado en un asesoramiento solicitado al Fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez. A éste se dirigió el periodista reclamando el informe, pero la respuesta fue negativa. El argumento de Peri Valdez fue que el contenido de un asesoramiento no pertenece a su autor sino a quien solicitó el trabajo.

Luego de varias resoluciones judiciales, y de instancias donde se denegó el derecho al amparo, finalmente ayer el Tribunal de Apelaciones de 7º Turno resolvió condenar al Estado y obligarlo a entregar la información solicitada.

Estamos nuevamente en comunicación con Andrés Alsina, con quien dialogamos ya en diciembre cuando la sentencia de primera instancia se había opuesto a la solicitud de amparo. Conocida hoy la resolución de la justicia ¿cuándo el Poder Ejecutivo debe entregar la información?

ANDRES ALSINA:
En un máximo de 10 días luego de notificado. Ese es el máximo plazo legal que tienen.

EC - ¿Hay alguna posibilidad de apelación?

AA - Que yo entienda, no. El fallo mismo dice que es definitivo en la causa.

EC - ¿Puede ocurrir que el Estado siga negándose e entregar la información?

AA - Puede ocurrir, sí, y sería lamentable. Creo que en estos 10 días se va a ver qué voluntad de transparencia tiene el Estado. El Estado que se está enterando por la prensa hoy -puede haberse enterado ayer por los noticieros radiales- puede entregar la información sin esperar la notificación judicial. Su voluntad va a estar expresada en cómo reaccione en esta materia.

EC - Mi pregunta apuntaba a que, en realidad, todavía está latente en principio un margen de duda sobre quién tiene que suministrar la información. ¿El fallo del Tribunal de Apelaciones establece quién tiene que dar la información?

AA - Establece que tiene que entregarlo el Estado, que el Estado es uno solo y abunda al respecto; tanto es así que hace cambiar la carátula de la causa que una jueza tituló "Demanda Contra el Ministerio de Educación" y es una demanda "contra el Estado".

EC - La pregunta viene porque, en su momento, el doctor Peri Valdez argumentó que no era a él a quien le correspondía entregar este documento a la prensa, en este caso a ti. Que él había elaborado un asesoramiento para el Poder Ejecutivo, y que en todo caso había que recurrir al Poder Ejecutivo.

AA - Eso lo argumentó luego. Lo que argumentó en su momento, por escrito, fue que no me daba la información porque él había resuelto que ese tipo de información no se daba. En este caso han estado siempre argumentando razones formales para no dar la información sin entrar a la cuestión de fondo. Por primera vez el Tribunal entra en la cuestión de fondo y me dan la razón. Lo que el Tribunal dice entonces es que "Andrés Alsina tiene razón y no tiene razón el doctor Peri Valdez".

Sin embargo, mi acceso a la información fue conculcado porque no lo pude hacer en tiempo útil. Hace seis meses que estoy detrás de esta información. Ya su valor periodístico es otro. Es la notoriedad del juicio, si se quiere, pero no el valor en sí mismo de la información.

EC - De todos modos ¿podría llegar a plantearse nuevamente eso, si es Peri Valdez o si es el Presidente de la República?

AA - Eso ya es un tema interno de ellos. No pueden decirme "Vaya a otra ventanilla", que es lo que me han estado diciendo. Es un problema del Estado: ellos tienen que solucionar el problema; la obligación de la transparencia es de ellos.

EC - ¿Qué argumentos manejó la Justicia para terminar accediendo al derecho de amparo? ¿Por qué un periodista como tú tiene derecho efectivamente a que le entreguen este documento?

AA - Porque el acceso a la información es un derecho humano fundamental, que debe ser respetado por el Estado en base a su Constitución, a sus leyes internas, legislaciones supranacionales y acuerdos multilaterales.

EC - Lo consultaba porque, en el fallo del Tribunal, se dice que "Cuando hay actividades que el Estado tiene que reservar, debe decirlo, comunicarlo en forma anticipada" pero aclara que no es este el caso. ¿En qué situaciones el Estado podría reservarse a entregar documentos?

AA - Supongo yo que, por ejemplo, uno es el secreto bancario; el secreto impositivo es otro... No sé: no soy especialista en el tema. En cuestiones de seguridad nacional, me parece muy razonable que el Estado tenga reserva. Ahora: toda reserva y todo secreto debe ser fundado y debe ser temporal; debe tener un tiempo limitado. Esas son las garantías de un Estado de Derecho. Ese fundamento podrá ser discutido o no, pero tiene que haber un fundamento para que pueda ser discutido. Lo que también dice el fallo es que no hay un árbitro social suficientemente legitimado como para decidir qué es comunicable y qué no. Un funcionario no puede decidir "Esto lo doy, esto no lo doy". Tiene que haber una resolución fundada, y en este caso no lo había. Así lo reconoció en su momento el abogado del Estado en el juicio en primera instancia, donde dijo que adhería en general a los principios de libertad y de acceso a la información. En general se adhiere, el problema es en particular.

EC - ¿Qué valor tiene para el futuro este fallo del Tribunal?

AA - En este caso creo que hay consenso de que es importante porque es el primero. Lo más importante sería que no se repita la situación: que el Estado arbitre las medidas para que haya un camino expedito para acceder a la información. ¿Cómo se hace a partir de ahora? Eso es lo fundamental y ese es el tema de futuro. Acá hay un fallo, en el cual realmente resalto la independencia de la Justicia, porque aparecía como el ejercicio de una razón de Estado o de Gobierno el no dar la información.

EC - Sí: inicialmente, en el propio ámbito de la Justicia, hubo algún problema, algún argumento, por el lado de que el recurso se había presentado fuera de fecha ¿no?

AA - Decían que la fecha vencía el sábado y yo lo entregué recién el lunes. Eso es objeto, creo yo, de ironías de parte del fallo del Tribunal. Porque el sábado por supuesto el juzgado está cerrado.

EC - Me refiero a que hubo en este caso mismo, ya en la instancia judicial, impedimentos provenientes de la propia Justicia ¿no?

AA - ¿Impedimentos en que sentido?

EC - Como ese de alegar esa razón formal para demorarlo.

AA - Esa razón fue alegada en el último fallo de primera instancia y fue aceptada por la jueza. Por eso se apeló. El fallo descarta el tema de los plazos, reafirma que el obligado es el Estado y que el Estado es uno solo. Y reconoce el derecho de información como un derecho humano fundamental. Eso es básicamente el fallo.

EC - Tu decías que ahora debe establecerse un procedimiento.

AA - El Estado debería establecer un procedimiento por el cual la ciudadanía pueda acceder a la información que le permita ejercer su función de control sobre los asuntos públicos o de interés público.

EC - ¿Hay algún modelo en el que tu estés pensando?

AA - Hay varios modelos: el modelo sueco, el estadounidense, hay otros modelos pensables. Pero mi tarea no ha sido darle una alternativa a la situación. Mi tarea no es decirles "Acá hace falta una ley". Vamos a probar la legislación que existe, porque hay un montón de acuerdos, declaraciones y textos constitucionales que afirman este derecho a la información. Si no se puede ejercer en la práctica, el derecho no existe. Por lo tanto, acá tiene que ejercerse la práctica de ese derecho.

EC - ¿Valió la pena el esfuerzo de este juicio?

AA - Yo creo que sí, que valió la pena. Esto no es algo muy recomendable: es un esfuerzo notable que no hubiera sido posible sin la dedicación y el talento de la gente del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur). Porque yo soy un periodista, no tengo recursos. Recurrí a ellos, les pedí apoyo, me lo dieron generosamente, y sin esa asesoría legal, sin ese apoyo, no lo hubiera podido hacer.

EC - Ese es un punto bien interesante. Si para obtener información de una dependencia del Estado el periodista tiene que llevar adelante un juicio, y por lo tanto contratar abogados, ya desde el punto de vista de los costos la tarea se vuelve difícil ¿no?

AA - Se vuelve muy gravosa, y ya sería confundir el periodismo con un apostolado. Luego está el tema de que en el último fallo anterior me pedían costas y costos. Pedían que yo pagara el costo del juicio y los honorarios del abogado del Ministerio.

EC - ¿Esto lo solicitaba el representante del Ministerio de Educación y Cultura?

AA - Así es. No me acuerdo si lo determinaba también el fallo, de eso no me acuerdo bien.

EC - En verdad que eso es chocante ¿no?

AA - Es fuerte.

EC - Pasaron seis meses, la información que ahora se supone te va a llegar no llega en la oportunidad que la requeriste, claro, pero llega. Esa información todavía tiene todavía valor. Porque, en definitiva, los argumentos que el Poder Ejecutivo utilizó para rechazar aquel pedido de la Justicia Argentina aún son desconocidos.

AA - Sí. Tiene ese valor, el del documento no conocido. Tiene también el valor de que pongamos a prueba la transparencia. Yo escucho declaraciones muy fuertes a favor de la transparencia, por parte de figuras del Poder Ejecutivo de este gobierno, y me parece muy bien. El problema es que tenemos que pasar de lo general a lo particular, tenemos que ejercer ese derecho. Esta información tiene valor, bien. Todavía tiene un valor periodístico: la gente lo va a leer, va a ser interesante y tal vez haya rédito informativo de esto, yo no sé. El cobrar por esa nota yo lo perdí, también perdí lo que invertí en el juicio y los abogados perdieron mucho más, pero creo que ese no es el centro de la cosa. El centro del tema acá es el acceso a la información.

EC - Esperamos ahora que el documento llegue.

AA - Sí; estamos atentos a eso.

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Transcripción: Mariana Larrobla
Edición: Jorge García Ramón