Desactivan el referéndum sobre Antel, previenen convocatoria sobre Ancap

Diputado José Amorín Batlle: La derogación de los artículos 612 y 613 deja sin efecto la convocatoria a referéndum. Si otra campaña posterga una asociación de Ancap, se importará combustible refinado.

Carlos Coitiño (Comisión de Defensa del Patrimonio): Son dos actos separados: la derogación y la inclusión de otras disposiciones. Sería irresponsable abrir opinión sin conocer el proyecto.

EN PERSPECTIVA
Viernes 15.03.02, 07.38.

EMILIANO COTELO:
Ante la intención de la izquierda y de los sindicatos de someter a referéndum algunas normas sobre telecomunicaciones y la ley que permite la asociación de la petrolera estatal Ancap con capitales privados, el presidente Jorge Batlle confirmó ayer que el Poder Ejecutivo propondrá, en una próxima ley de urgente consideración, la derogación de los dos artículos de la Ley de Presupuesto relativos a Antel. Anunció que se incluirá una nueva fórmula para equiparar los combustibles refinados a los niveles internacionales, adelantando la importación de combustibles refinados.

El mandatario dio por finalizado el tema de los artículos 612 y 613 de la Ley de Presupuesto, que habilitan a transformar en una sociedad anónima a la división de telefonía celular, Ancel, y a vender el 40% del paquete accionario, así como la desmonopolización de las telecomunicaciones salvo en el caso de la telefonía básica. No obstante, anunció que se mantendrá la apertura del servicio de llamadas internacionales.

Pretendemos pasar en limpio qué es lo que se dispone a hacer desde el Poder Ejecutivo, y en especial cuál será la actitud ante la anunciada campaña para someter a referéndum las disposiciones sobre Ancap.

Estamos en comunicación con el diputado José Amorín Batll, coordinador de la bancada de la Lista 15. ¿Con relación a Antel, entonces, la idea es directamente sacar del camino los artículos de la Ley de Presupuesto que iban a ser sometidos a referéndum?

JOSE AMORIN BATLLE:
Pretendemos que haya apertura de la competencia en distintas áreas de la telefonía y de las telecomunicaciones. El llamado a referéndum, este trabajo enorme que hicieron la comisión y el Encuentro Progresista - Frente Amplio que juntaron no sabemos cuántas pero seguramente muchísimas firmas, se hizo en base a decir "No a la venta de Antel y Ancel". Creo que en este aspecto estamos todos de acuerdo, que esa no era una cuestión cierta, que no se podía vender Antel ni Ancel: quizá los artículos 612 y 613 podían generar alguna confusión (el 612 permitía la venta bajo ciertas condiciones del 40% de las acciones de Ancel) pero luego fueron modificados por una ley posterior. Por lo tanto, el gobierno -que no tiene la menor intención de vender nada de Antel ni nada de Ancel, como lo dijo el primer día-saca ese problema. Parece absurdo tener una campaña larga y costosa desde todo punto de vista para discutir un tema en el que estamos todos de acuerdo. Por lo tanto, estos dos artículos serán derogados, y el resto de la situación quedará tal cual está ahora.

EC - No sé si queda tal cual está ahora, porque el artículo 613 permitía a Antel asociarse con privados para el desarrollo de una serie de negocios...

JAB - Ya lo habíamos modificado mediante una ley que aprobamos a fin del año pasado, en el sentido de que esas asociaciones necesitaban otra ley para aceptarlas. Esa misma ley era la que decía que, para vender parcialmente a Ancel, se necesitaba también una nueva ley.

EC - Usted dice entonces que se mantendrían las posibilidades de asociación con privados para desarrollar negocios en algunas nuevas áreas de telecomunicaciones, pero se requeriría de leyes específicas.

JAB - Requeriría una ley específica: queremos crear una sociedad a tal efecto, necesitamos una ley. Eso se mantiene.

EC - Hasta ahora, Antel no ha creado esas asociaciones.

JAB - Que yo sepa, no. Si las hubiera creado estaría dentro de la ley que está vigente. Lo que se haya creado hasta ahora lo habría sido legalmente, y naturalmente eso tampoco cambiaría.

EC - Lo otro que también estaba previsto en el artículo 613 era la desmonopolización de las telecomunicaciones, salvo para la telefonía básica.

JAB - Este proyecto de ley pretende mantener el monopolio en la telefonía básica; eso queda igual.

EC - ¿Y se incluiría un artículo habilitando la competencia en llamadas de larga distancia?

JAB - Las llamadas de larga distancia hoy están abiertas a la competencia. Todavía no está la redacción final, pero la idea es mantener el monopolio en la telefonía básica, dejar absolutamente claro a la población que nadie quiere vender Antel ni Ancel, y que el resto de las áreas estén abiertas a la competencia.

EC - Se corre el riesgo de que eso también sea impugnado en un referéndum.

JAB - Hay cosas que no se puede hacer: no podemos cerrar Internet, no podemos bajar los satélites que pasan por encima de Uruguay... Por más que digamos que nadie puede tener comunicaciones salvo por Antel, la tecnología nos pasa por arriba. Eso está absolutamente claro; no podemos imponer un monopolio total por ley o por decreto.

El tema es que las 700 mil firmas, o cuantas fueran después del conteo, fueron buscadas (y eso lo sabe toda la población) diciendo "para que no nos vendan Antel y Ancel". Eso fue lo que firmó la gente. No le dijeron "No permitamos la competencia en el área de las llamadas de larga distancia", o "No permitamos la competencia en nuevas tecnologías que van a venir en el futuro". El tema era "No vendamos Antel y no vendamos Ancel". Como no queremos vender Antel ni Ancel, y eso lo dijimos desde el primer día, nos parece absurdo tener una discusión que lleve meses, que lleve desgaste para todos (desgaste político, desgaste económico), recursos importantes en momentos en que el país está muy complicado, sobre un tema en el que estamos todos de acuerdo.

EC - El doctor Tabaré Vázquez dijo ayer que si el gobierno cumple con lo anunciado en cuanto a anular estos artículos referidos a Antel no habrá referéndum. Sin embargo, advirtió que "debe recorrerse el camino del diálogo y no intentar algún subterfugio que desconozca la voluntad ciudadana. Una cosa es decir que enviarán un proyecto que derogaría estos artículos, y otra es que efectivamente lo hagan. Si realmente se anula los artículos 612 y 613 no tiene sentido un plebiscito, pero luego se puede seguir dos caminos: uno, el de unir a todas las fuerzas políticas en un diálogo en busca de soluciones a estudiar entre todos, y otro derogar estos dos artículos y por otros subterfugios lograr el mismo resultado que se buscaba con ellos". Mi pregunta es: ¿habrá un espacio de diálogo? Porque puede haber distintas interpretaciones sobre si, efectivamente, el proyecto de ley que usted menciona satisface las exigencias que estaban detrás de esta impugnación.

JAB - Habrá un espacio de diálogo: en ese aspecto el gobierno siempre fue amplio. Hubo espacios de dialogo en todas estas leyes; el más notorio fue en el tema Ancap, donde hubo un amplísimo espacio de diálogo y yo diría que hubo un acuerdo bastante claro en la comisión, aunque después pasó lo que pasó y el Frente Amplio votó en contra. Pero va a haber un espacio de diálogo. Lo que quiero dejar bien claro es que, si estamos derogando estos artículos, es porque estamos seguros y lo sabe toda la población que las firmas se juntaron para que no se vendieran Antel y Ancel, y que no tiene sentido una discusión en la que no hay discusión, porque nunca quisimos vender a Antel ni a Ancel.

EC - Antes de pasar al capítulo referido a Ancap, está en línea Carlos Coitiño, integrante de la Comisión de Defensa del Patrimonio que impulsa el referéndum sobre Antel. Usted escuchaba recién lo que explicaba el diputado Amorín Batlle sobre el criterio a seguir por el gobierno en esta materia.

CARLOS COITIÑO:
Desde ayer venimos recibiendo información sobre cuál es la voluntad del Poder Ejecutivo y de la mayoría parlamentaria en relación al tema. Hemos manifestado que la Comisión que integramos tiene el mandato de llevar a cabo todos los trámites para el ejercicio de la democracia directa contemplado en el derecho constitucional y, por esa vía, una consulta de referéndum para la derogación de esos artículos. Ese es el mandato, el objetivo de la Comisión.

EC - Y si los artículos son derogados pero se establece por otro artículo que queda abierta la competencia en el terreno de las llamadas internacionales, ¿esto es suficiente para la Comisión?

CC - Lo primero es la derogación de los dos artículos como están redactados. Aquí estaríamos abriendo una alternativa nueva, y sería demasiado atrevimiento de nuestra parte pronunciarnos ya sobre un texto que ni siquiera conocemos. Con toda seriedad, analizaremos el contenido. Pero, derogados formalmente estos artículos, este procedimiento que estamos siguiendo adelante va a caducar. En ese sentido, habiendo sido el objetivo de la ciudadanía y de la Comisión que la representó, sin duda estaríamos satisfechos con la derogación. La cuestión no es el camino sino el objetivo perseguido.

EC - Lo que usted dice es que, si los artículos 612 y 613 son derogados, el referéndum no tiene objeto; no tiene sentido hacerlo igual.

CC - No tiene objeto. Pero quiero aclarar que no estamos haciendo un ejercicio de movilización sino simplemente defendiendo nuestra posición respecto al contenido de los artículos. No tenemos inconveniente, sino que es bien interesante que toda la ciudadanía tenga la oportunidad de intercambios transparentes que permitan tener un juicio más acabado aún del que tiene, y que llevó a que se expresaran más de 700 mil personas pidiendo el referéndum.

EC - Diputado Amorín Batlle: ¿a lo que se va es a la derogación lisa y llana de los artículos 612 y 613?

JAB - Uno de los artículos prevé la derogación lisa y llana de los artículos 612 y 613.

EC - Con lo cual directamente el objeto del referéndum cae, y punto.

JAB - Es así.

EC - Coitiño: si se establece que queda abierta la competencia en llamadas internacionales, proceso que ya se puso en marcha en Uruguay, con empresas que están empezando a operar en estos días, ¿ese aspecto podría generar la discrepancia de la Comisión y otra campaña?

CC - Con el texto delante atendremos una opinión; sin el texto entraríamos en una payada, opinando sobre algo en que no tenemos ningún elemento objetivo nos que permita conformidad o desacuerdo.

Son dos actos totalmente separados: incluir en una ley de urgente consideración o de trámite normal ese planteo implica que, a partir de ahí, se abre una hipótesis de evaluación. Creo que en este tema el problema planteado es un debate franco, previo, que haga que cuando la ley llegue la ciudadanía cuente con todos los elementos para poner expresar una opinión. Hasta el día de hoy, la Comisión de Defensa del Patrimonio no tiene, por ninguna vía, conocimiento del contenido del proyecto. Con un título solamente sería irresponsable emitir una opinión. Al diputado Amorín le damos la tranquilidad que el contenido de esa ley será profundamente analizado de acuerdo a su redacción. No tenga duda que la sociedad a la cual nos debemos recibirá nuestra opinión.

***

EC - Volvemos con el diputado Amorín, a propósito del otro proyecto de ley pasible de referéndum, el referido a Ancap. Recién está empezando a organizarse la recolección de firmas desde el Pit-Cnt y desde el Encuentro Progresista - Frente Amplio. ¿Qué se plantea el gobierno en esa materia?

JAB - Todavía no he visto el proyecto de ley, no está redactado. Pero en principio se intenta adelantar lo que estaba previsto en la ley vigente en el sentido de que el Estado pueda importar petróleo refinado a partir del 1º de marzo del año 2004. Si a esa fecha Ancap no llega para vender combustibles en el país a los precios internacionales, y por lo tanto la producción, los ciudadanos uruguayos no pueden consumir al nivel internacional, el Estado estaría en condiciones de importar petróleo refinado y así bajar en forma considerable el precio de los combustibles en el país.

EC - Pero, incluyendo esa disposición en una nueva ley, paralelamente no se derogaría la ley que está siendo cuestionada por los sindicatos y la izquierda.

JAB - No, porque esa ley da a Ancap la posibilidad de competir en las mejores condiciones. Lo que pretendemos es que Ancap llegue en condiciones de producir refinados a precios internacionales. Si no lo hace, entendemos que no le podemos hacer pagar a toda la población la ineficiencia de Ancap para mantener una planta que no puede satisfacer las necesidades de los uruguayos.

EC - Ayer, en rueda de prensa, el presidente Batlle dijo que "si se hace un envite para que sociedades particulares se asocien con Ancap, y al mismo tiempo que se está recibiendo el interés de siete u ocho grandes compañías del mundo se abre la recolección de firmas para impedirlo, nadie se va a presentar. ¿Quién se va a presentar si tiene que esperar un año? ¿Cómo el gobierno va a intentar armar un acuerdo con particulares si tiene que esperar un año para ver si hay firmas o no hay firmas? Al final de ese año el gobierno va a estar tan próximo a la finalización de su mandato que tampoco va a ser posible convocar con seriedad a interesados para llevar adelante un acuerdo de esa naturaleza". ¿Entonces? El gobierno reconoce la dificultad que representaría para la asociación el hecho de que paralelamente hubiera un intento de referéndum, pero de todos modos se mantiene la disposición impugnada.

JAB - Pensamos que este es un camino que hay que recorrer, que es bueno que Ancap pueda competir con éxito, que la refinería pueda funcionar bien, y por eso pensamos que es bueno que se asocie. Si no podemos llegar a eso, si el referéndum nos plantea una dificultad importante que hace que por lo menos hasta fin del año 2004 no estemos en condiciones de empezar esta transformación, entendemos que no podemos pedir a la población que espere años para tener los mismos precios de combustibles que la región, que espere años para que las industrias puedan competir en igualdad de condiciones con las de Argentina, Brasil y el resto del mundo.

EC - O sea que se va a dejar correr el intento de referéndum, y paralelamente se va a ver qué ocurre con la posible asociación, si se interpone ese referéndum, si aparece como un obstáculo para que aparezcan empresas interesadas en asociarse, y si ese proceso de asociación fracasa el gobierno quiere asegurarse desde ya un instrumento que permita para el año 2004 bajar los precios aquí.

JAB - Exactamente: que el Estado importe los combustibles ya refinados.

EC - Lo que a su vez pondría en cuestión el futuro de la refinería de La Teja.

JAB - En la medida en que Ancap, o Ancap con un socio extranjero, entiendan que pueden producir combustible al precio internacional (vea que tienen una ventaja relativamente importante, que es el precio del flete), pensamos que la refinería debe funcionar bien.

EC - Pero el otro escenario posible es que no se produzca la asociación y que se importe combustible refinado en el exterior, con lo cual de hecho la refinería quedaría paralizada.

JAB - Así es. El tema es que la posibilidad de ese negocio, de asociarse y producir a precios internacionales, se puede hacer después. No está descartado de ninguna manera. Incluso es probable que Ancap (así lo piensa alguna gente) pueda producir a precios internacionales. Si lo puede hacer, bien por ellos. Pero no vamos a decir a los uruguayos que esperen seis años a que estos procesos, con una lentitud fenomenal, lleguen a su fin para que las industrias, el agro, el transporte poder competir con combustible barato, o que los particulares puedan movilizarse con combustibles más baratos. Estamos en condiciones de decirles que, a principios de marzo del 2004, el combustible tendrá el precio internacional.

EC - En resumen, se desactiva el referéndum sobre Antel y Ancel, pero se deja correr el intento sobre Ancap y el gobierno se asegura este otro mecanismo para lograr la rebaja de los combustibles a partir del 2004.

JAB - Así es.

----------------------------------
Transcripción y edición: Jorge García Ramón