La estrategia del gobierno para Antel y Ancap

Senador Alejandro Atchugarry, Lista 15: Para Antel, se ratifica lo que en realidad se quiere hacer: la apertura de la telefonía a favor del consumidor. Y, ya que no estuvo en los planes de grupo político alguno la venta de acciones, no tengamos esa discusión.
Respecto a Ancap, se asegura la rebaja de los combustibles, más allá de lo que la empresa haga por sí misma.
Se acompaña el IVA a los vegetales, después de 10 años de esperar a que los vecinos "no hagan trampa, pero la sigan haciendo".

EN PERSPECTIVA
Lunes 18.03.02, 08.50.

EMILIANO COTELO:
A fines de la semana pasada se supo sorpresivamente que el Poder Ejecutivo se proponía enviar al Parlamento un proyecto destinado a derogar los artículos 612 y 613 de la ley de presupuesto, relacionados con Antel y Ancel, que se encuentran en una avanzada etapa del proceso de impugnación: hay más de 700 mil firmas presentadas por los impulsores del referéndum, y las dudas jurídicas que había sobre la pertinencia del recurso acaban de ser despejadas por la Comisión de Asuntos Electorales de la Corte Electoral.

Pero la iniciativa del gobierno no se limitaría a Antel, sino que también abarcaría a Ancap, cuyo proceso de asociación con una petrolera extranjera también está en entredicho, ya que el PIT-CNT y el Encuentro Progresista - Frente Amplio se disponen a lanzar, hoy mismo, una nueva campaña pro referendo.

Para conocer exactamente las motivaciones de esta decisión del gobierno, para evaluar las reacciones, que ya se han producido desde filas del Partido Nacional y de la Comisión pro Referéndum, para conocer el alcance exacto de las disposiciones, entrevistamos al senador Alejandro Atchugarry, de la Lista 15.

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Comencemos por la exposición de motivos. Me decía que tiene redactado el borrador del proyecto de ley, pero que aún no lo puede mostrar porque puede haber algún ajuste en el correr de las próximas horas. ¿Por qué este paso?

ALEJANDRO ATCHUGARRY:
En primer lugar, creo que todos los uruguayos percibimos que la situación del país en los últimos dos años, si hay que ponerle un título, es casi la de un país de posguerra. Si hubiéramos padecido una guerra, probablemente los efectos sobre las familias y la economía no serían demasiado peores que el conjunto de impactos negativos que hemos recibido los uruguayos, que han sido y son absolutamente tremendos. Desde Argentina, desde la caída de los precios internacionales, algo que es peor que la aftosa, porque han caído todos los precios de las materias primas alrededor del 30%; y por si esto fuera poco, turbonadas, inundaciones... Es casi bíblico, los siete años malos que tuvo Egipto.

EC - ¿Recuerda cuando el senador Mujica dijo que el presidente Batlle estaba "engualichado"?

AA - No es el presidente Batlle: por suerte para el país tenemos un hombre con gran temple frente a la adversidad, un temple formado en muchos años. Todos hemos visto al país pasar por etapas duras como esta, y también lo hemos visto salir adelante. Yo quisiera trasmitir que estamos en una etapa durísima, lo que significa por un lado que no hay que bajar los brazos porque el país va a salir adelante, los uruguayos vamos a salir adelante, pero también sirve para decir qué es lo importante y qué lo accesorio.

EC - ¿El referéndum...?

AA - ¿Es un tiempo para gimnasias de calentamiento electoral a tres años de las elecciones, en la circunstancia en que estamos, o es un tiempo para tratar de reconstruir al país? A juicio del gobierno, claramente no es tiempo de discusión vana -a juicio nuestro es, sin duda, una discusión más política que real-, sino tiempo de reconstruir. Pienso que el gobierno está queriendo enviar un síntoma claro en los tres elementos que está enviando, más otras medidas ya no legislativas que quiere adoptar, todas tendientes a defender la producción nacional, a reactivar, a defender la nueva caída de la producción pronosticada por todos los expertos, fruto del enorme impacto de la situación argentina. Hace como 10 años que el país venía temiendo que esto ocurriera en Argentina, que lo está pasando de la peor manera posible, de una forma muy lenta, muy desordenada, con un gran descrédito exterior y un gran desorden interior. Esto impacta mucho más que la crisis de 1995 o la de 1982, que fueron caídas tan grandes como esta, pero al menos en seguida se produjo una rápida reordenación de Argentina. En cambio, hoy estamos en un proceso de alto impacto negativo.

En ese contexto se dice "Muy bien: hay un planteo referido a Antel. En la campaña se dice 'estamos en contra de que ustedes vendan Antel'". En todos los idiomas se ha dicho que no está en los planes del gobierno vender Antel, sin embargo se persiste. Quiero recurrir a la memoria de todos ustedes: mucho antes de que se juntaran las firmas los periodistas, ustedes, le preguntaban al presidente de la República si estaba en los planes del gobierno vender Antel o Ancel, a lo que éste contestaba en forma personal y oficial, clara y firmemente, que eso no estaba en los planes del gobierno.

¿En qué estamos entonces? En determinado momento el Parlamento autoriza dos cosas. En cuanto al 612, había una iniciativa de vender una minoría accionaria de Ancel para capitalizar al Banco de la República para que prestara al agro; fue un planteo del Partido Nacional. De hecho, después del trámite parlamentario hay autorización para vender una minoría de acciones de Ancel, pero no para el Banco República sino para cancelar deuda externa, con lo cual prácticamente nadie quedó interesado en utilizar ese artículo, que quedó lejos de su origen.

EC - Tengo aquí el texto; dice: "El producido de la comercialización de acciones referidas precedentemente se destinará a: a) inversiones en edificación escolar; b) fomento de la actividad productiva, utilizando la autorización existente a disminuir los tributos que la gravan por igual cantidad a las economías de los servicios de la deuda pública, que será cancelada con parte de los fondos; y c) inversión en Antel, según disponga el Poder Ejecutivo".

AA - Ahí está. Segundo, va el Directorio de Antel al Parlamento y le dice: "Yo tengo, desde hace años, una autorización para buscar sociedades en el exterior; deseo también tenerla para operar en el país". Esto es el artículo 613. El Parlamento le da la autorización.

A partir de ahí se monta una campaña diciendo que lo que realmente se quiere es vender Antel: están todos los carteles en la ciudad. Lo que no se dice es que el Parlamento, a partir de agosto pasado y en un trámite que termina en diciembre, aprueba la ley 17.443, una ley muy cortita que le retira la autorización a Antel y le dice que el día que quiera vender acciones y admitir capital privado por cualquier vía, debe ir al Parlamento a pedir una ley. O sea que le retira la autorización que los artículos 612 y 613 le habían dado para vender algo, así sea la minoría más absoluta, así sea una acción.

EC - Leo el artículo único de esta ley 17.443: "La admisión de capitales privados o la venta de acciones en la prestación del servicio de telefonía celular terrestre de Antel, conforme a los artículos 612 y 613 de la ley 17.296, de 21 de febrero de 2001, requerirá autorización previa del Poder Legislativo, mediante ley dictada al efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 188 de la Constitución".

AA - Es una ley que sale con el voto de tres partidos -el Partido Blanco, el Partido Colorado y el Nuevo Espacio, o los dos partidos del Nuevo Espacio, como se quiera-, a partir de lo cual todos habíamos interpretado que se terminaba la discusión. Para nuestra sorpresa la discusión sigue: quienes siguen buscando las firmas no informan que hay una ley que impide vender; se sigue insistiendo en que el gobierno quiere vender.

Así las cosas el gobierno dice "Bueno, pero Antel hoy no está autorizada a vender; en consecuencia, ¿tiene sentido embarcar al país en una gran discusión?". No estamos en 1992, cuando había dos posturas, muy sensatas ambas, una que decía "Es oportuno vender" y otra que decía que no, lo que se dilucidó en las urnas. Hoy hay una postura del gobierno que ha apostado básicamente a la apertura de las comunicaciones, apertura que la tecnología fue haciendo sola, con la propia Antel, porque en materia celular hay quien entiende que nunca hubo monopolio, y de hecho Antel ha puesto a operar desde hace muchos años una compañía estadounidense bajo el nombre comercial de Movicom, se ha habilitado a una docena de empresas para comunicación internacional, que el call-back, Internet y 50 maneras distintas de hecho ya estaban; se aprobó también una ley diciendo que desde las zonas francas también se podían hacer transmisiones internacionales...

O sea que, de hecho, el mercado ya está abierto, con ley o sin ley, con Antel, con compañías formales o no. Lo que estamos buscando es que, ya que el mercado se abrió por la vía de la tecnología, al menos radiquemos empresas aquí, para el servicio en Uruguay, e incluso si es posible en la región, apostando además al trabajo de los uruguayos, para algunos de los cuales ese trabajo depende de tener una normal comunicación con el exterior.

Eso no ha sido objeto de discusión alguna, no tengo presente que grupo político alguno haya objetado esa apertura. Nadie objetó el remate de las bandas, que se ha suspendido en función del desastre de la región, porque no es el mejor momento para hacerlo; las compañías han sido autorizadas, lo que asimismo nadie objetó. De hecho, en un seminario que organizó el general Seregni todos los partidos políticos, incluido el Frente Amplio, fueron muy claros en cuanto a que era razonable hacer la apertura no monopólica de las comunicaciones exteriores. El Parlamento -tal vez por un prurito de no decir "derogo"- dijo "derogo" sin decirlo: "No se puede vender sin una ley".

EC - De alguna manera, usted está respondiendo a la pregunta de si, con las disposiciones aprobadas el año pasado en la ley 17.443 se condicionaba tanto la operativa de los artículos 612 y 613, al punto de que ustedes entienden hoy que perfectamente los mismos pueden ser derogados, ¿por qué no se los derogó entonces?

AA - Hubo algunos señores diputados que eran de esa teoría. Tal vez hubiera sido bueno hacerlo, pero en un mundo racional era innecesario. Como lamentablemente entran a jugar factores como la movilización política... Es una discusión abierta: ¿queremos tener dos años de movilizaciones? Nuestra impresión es que el país no merece dos años de movilización sino dos años de defensa de la producción.

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EC - Vamos a pasar en limpio. ¿Qué dice entonces el proyecto en relación a Antel y Ancel?

AA - Lo que está pensado es la derogación de los artículos 612 y 613 de la ley presupuestal, ratificar que Antel tiene el monopolio de la telefonía básica, y por tanto, como ya ocurre en la práctica, que en el resto hay apertura.

O sea: ratificar exclusivamente el monopolio de la telefonía básica, la situación actual que no está contestada, y si se la quiere contestar es otra discusión, no la que se ha dado públicamente.

En materia de apertura, el gobierno no tiene dudas; ninguno de nosotros tiene dudas de que ese es el camino de Uruguay. Creemos que eso no va a ser objeto de discusión política porque no lo ha sido: si mañana lo fuera, en eso el gobierno no tiene duda alguna. No creemos que se quiera plantear que el país deba intentar cerrarse, lo que de hecho ello es absolutamente imposible en la práctica, además de no ser bueno.

De modo que lo que hay es una ratificación de lo que en realidad se quiere hacer: la apertura a favor del consumidor, del usuario y, ya que no estuvo en los planes de grupo político alguno la venta de acciones, o que al menos no está en la agenda del gobierno para los tres años que quedan, no tengamos esa discusión. Ese es un punto y refiere a Antel.

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EC - Ya vimos qué contendrá este proyecto de ley en relación con Antel y Ancel. Pasemos a Ancap.

AA - Por cierto. Además le diría que lo relacionado con Ancap es lo principal de esta ley.

EC - ¿Por qué?

AA - Porque en Ancap hay un proceso muy claro, armado por el gobierno. La historia dice que hemos tenido una Ancap fuerte y un precio muy caro del gasoil y la nafta. Naturalmente, Ancap ha sido fuerte en base a cobrar excesivamente -estamos hablando antes de los impuestos- el gasoil y la nafta.

¿Cómo se hace para brindar lo que todo el mundo nos reclama, que es bajar el costo país y -por cierto, gasoil y nafta baratos son parte del costo de la producción y de la familia uruguaya- al mismo tiempo seguir teniendo una Ancap fuerte? Creo que prácticamente no hay técnico, del partido que sea, nacional o internacional, que no hayamos consultado y que no nos dijera, muy claramente: con el tamaño y la escala que tiene, Ancap sola no va a llegar nunca sobreviviendo y al mismo tiempo dando el precio internacional del gasoil y la nafta.

En consecuencia se monta, a partir de julio del año pasado, un proceso de consulta sobre la base no de asociar a Ancap con cualquiera, sino de asociarla con "petroleras que tengan petróleo propio", que es lo que la empresa uruguaya no tiene. Ancap hace lo más caro, que es refinar, y lo hace con una falta de escala total, por lo tanto en forma no eficaz, más allá de que además tiene una burocracia excesiva para el volumen que maneja. Pero lo fundamental es que no tiene petróleo. En consecuencia, se busca una sociedad.

Pudo ser un intento vano, pero se presentan siete empresas. Hay una percepción muy clara de que hay empresas que no están en la región, cuyo verdadero interés en asociarse por Ancap pasa por poder ingresar a la región, más que a Uruguay, que es muy chiquito: poder ingresar a Argentina y a Brasil por la puerta de nuestro país. A su vez hay empresas que están radicadas en la zona que en el fondo se presentan para que las otras no entren. Esto representa una coyuntura muy buena y muy favorable para Uruguay: ser la puerta de entrada, usar ventajas naturales que el país tiene por su ubicación marítima y demás, que pueden servir a empresas notorias, incluso a alguna latinoamericana que tiene vastas cadenas en Estados Unidos, y que puedan tener ese interés.

En julio de 2001 se presentan siete empresas. En función de eso, en julio de 2001 presentamos un proyecto para permitir a Ancap asociarse con otra empresa. Pudo haberse hecho incluso por la vía administrativa, pero pareció razonable dar todas las garantías, porque no se puede montar una sociedad en serio y de muchos cientos de millones de dólares sin que los uruguayos le demos un aval.

Se presenta el proyecto en forma muy abierta. Quienes integramos el partido de gobierno fuimos dejando que todas las fuerzas políticas aportaran en el Parlamento. Así lo hizo el Partido Nacional, que se convierte en verdadero redactor de buena parte de la ley, y terminan haciéndolo el Nuevo Espacio y buena parte de los senadores del Frente Amplio, quienes terminan incorporando sus propias redacciones, en una cosa transparente que establecía que íbamos a una asociación con mayoría de Ancap, con control del Estado uruguayo y demás, por la cual el único interés que realmente podía tener quien participara era el de ir también a Argentina y Brasil, que era lo único que podía justificar una inversión de la naturaleza de la que estaba planteada.

Se pone una gran condición: el 31 de marzo de 2004, a más tardar, paridad de importación -como lo establece el título formal-, o sea gasoil y nafta a precios internacionales. O sea que Ancap tiene que vender, antes del impuesto, el gasoil y la nafta al mismo tiempo que se venderían si se los importara. Es decir, 20%, 30%, 40% más barato, según la época que se tome como referencia.

EC - O sea que lo que se prevé es comparar el precio de los combustibles en la puerta de la refinería de Ancap con el de los importados; ¿con o sin impuestos? ¿Cómo es esto?

AA - Antes del impuesto, en ambos casos. En ambos casos el impuesto es el mismo, es un impuesto fijo, no importa cuánto valga el combustible, es una cantidad fija de pesos. Esa es la condición central de la ley: se establece que hay un camino por el cual Ancap tiene siete -ahora son ocho porque se agregó una compañía chilena- interesados que entienden que es posible agrandar el volumen de la región de la empresa uruguaya y llegar a producir combustible a un precio al que hoy de forma alguna puede llegar y al que no ha llegado nunca, que es el de paridad de importación, o sea el mismo que le costaría al país si importara el combustible ya refinado. Esto significaría una caída importante, relevante en el precio que el público paga por gasoil y nafta.

Así las cosas, quedamos todos convencidos, a fin de año, de que habíamos llegado a un nivel de entendimiento, de acuerdo, todo transparente arriba de la mesa y demás. Para nuestra gran sorpresa, primero, como todos recordamos, hay una decisión política del Frente Amplio de no acompañar la ley. Entonces vimos en sala a algunos senadores de ese partido diciendo "Es una muy buena ley, pero no podemos acompañarla por disciplina política", y se decide impugnar la ley. Ya no sólo por parte del sindicato, que uno lo puede entender: puede entender que si se tiene un nivel salarial superior al promedio de la administración central, si hay una serie de cuestiones, en defensa de sus intereses (que no son los del país sino los propios del sindicato) quiera impugnar; es un acto no racional pero que en el fondo uno puede entender. Cuesta aceptar la decisión del Frente Amplio de apoyar el procedimiento por la vía lenta.

EC - Un procedimiento que se lanza oficialmente hoy.

AA - Quiero señalar lo siguiente. Por ahí alguien puede preguntar por qué no bajar ya el precio de los combustibles. La idea que se acordó fue dar 15 meses (en aquel momento 18 meses, desde diciembre de 2001 hasta marzo de 2004) para que Ancap pueda hacer ese proceso de reconversión para estar en condiciones. Por eso se adoptó esa fecha, porque si fuera por el consumidor mañana mismo tendríamos que empezar a importar y bajar el precio, cosa tan importante para el costo país. Se quiso ir por el camino de la sensatez, de la racionalidad, y darle un tiempo a Ancap para que, sociedad de por medio, pudiera bajar sus costos de tal manera de tener gasoil y nafta baratos y una Ancap fuerte. No lo hemos tenido hasta ahora.

EC - La ley de asociación de Ancap hacía caer el monopolio estatal para la importación de combustibles refinados en enero de 2006.

AA - Sí: eso como garantía última. Pero el centro de la cosa era que el 31 de marzo de 2004, como plazo máximo, el precio debía ser el de paridad de importaciones.

EC - ¿Qué pasaba el 31 de marzo de 2004 si la nueva Ancap, o sea la Ancap con su socio, no lograba ese precio de paridad de importaciones?

AA - El gobierno central importaría, le daría la orden a Ancap de importar. Obsérvese que en ese caso, si bien Ancap era socia, era una sociedad aparte; se le daba la orden a Ancap de importar para garantizarle al consumidor el precio de paridad de importaciones a más tardar en esa fecha, con la idea de ir bajando el precio antes de la misma. No se trataba de mantener los precios caros hasta el 31 de marzo de 2004, sino de ir bajándolos cada seis meses, hasta tener la concurrencia con ese valor menor que tiene el importado respecto del que pagamos.

EC - En cualquier caso, en 2006 se abría totalmente la importación de combustible; cualquiera hubiera podido importarlo.

AA - Eso como garantía última frente al hecho de que había una sociedad en la que participaban el Estado y un socio, para darle una garantía al usuario.

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EC - Ese es el marco legal vigente, que está siendo cuestionado por una campaña de recolección de firmas. ¿Entonces?

AA - El solo hecho del anuncio de la recolección de firmas por la vía lenta hace que por los próximos año y medio, dos años, o sea por todo el tiempo que tenía Ancap para reconvertirse, la ley esté pendiente. Nadie tiene dudas de cuál es el resultado si los uruguayos tenemos que votar entre la estructura burocrática de Ancap y el gasoil y la nafta baratos, pero será un resultado para dentro de un año y medio, dos años. Por lo tanto, se fue el tiempo que Ancap precisaba para reconvertirse.

Sólo con el acto de hoy muere la posibilidad de una sociedad en tiempo. La única manera de preservarla sería resignar al usuario, sacrificar al consumidor de nafta y gasoil, esperar el plebiscito, que seguramente confirmará la ley, para dentro de dos años comenzar la asociación y posiblemente dentro de cuatro o cinco bajar los precios.

Frente a esa alternativa, el gobierno -después de tener una actitud absolutamente abierta y comprensiva, dando participación a todos-dice que, si se opta por ese camino, está claro que un país chiquito y con problemas no puede seriamente invitar a asociarse, porque hasta dentro de un año y medio no sabrá si podrá hacerlo o no. Es evidente que ni siquiera es serio plantearlo.

En consecuencia, lo que el gobierno está haciendo es una cosa muy sencilla: le propone al Parlamento que el monopolio estatal de importación de refinados, que seguirá siendo estatal, deje de ser administrado por Ancap, pase a serlo por el gobierno central, y que se ratifique que a más tardar a principios de 2004 se debe llegar al valor internacional. Eso significa que, si en esa fecha Ancap no está en condiciones de hacerlo, el gobierno central importará y pondrá a disposición del público gasoil y nafta al precio internacional.

Eso a su vez significará que los usuarios ahorrarán más de U$S 100 millones en combustibles, y que, lamentablemente, en ese tiempo se habrá perdido la posibilidad de tener una Ancap fuerte. Porque es evidente que, con su estructura actual, con su marco jurídico, con una refinería inadecuada, no está en condiciones de llegar a esos valores.

EC - De modo que no se va a la derogación de la ley de asociación de Ancap. A diferencia de lo que se opta por hacer en el caso de Antel y Ancel, aquí no se plantea la derogación de la ley.

AA - No. El gobierno no la plantea ni espera que lo haga el Parlamento. Tengamos en cuenta que, desde el punto de vista práctico, el acto de comenzar a juntar hoy las firmas es la derogación práctica de la ley, la inoperancia práctica de la misma.

EC - De todos modos ¿va a continuar el llamado a licitación?

AA - Tengo la impresión de que, si no hubiera una ratificación de rumbos y una reconsideración, a la cual aspiro y que espero, en la circunstancia en que está el país haya una actitud, no de ayudar al gobierno sino de ayudar al país y reconsiderar lo que se está haciendo. Porque si nos consumimos en discutir durante los dos años que teníamos, la ley se vuelve inoperante -aun cuando seguramente el plebiscito no la derogue- y deja de funcionar.

EC - En teoría, el proceso de asociación continúa.

AA - Sí. Yo hago una enorme expresión de deseos en cuanto a que, en la dificultad en que estamos, si el Parlamento ratifica -como es mi esperanza- que a más tardar a principios de 2004 hay que bajar al precio internacional del gasoil y de la nafta, haya una reconsideración del propio sindicato y de las fuerzas políticas que lo acompañan -concretamente el Encuentro Progresista- y ver que está claro que si se baja el combustible, Ancap no sobrevive así como está, y haya ambiente para buscar un nuevo entendimiento que permita hacer la sociedad.

De modo que le diría que en los próximos 45 días -plazo de la primera cámara- vamos a estar muy atentos, con mucha humildad, diciendo lo del principio: estamos ante la enorme tarea de reconstruir al país después de tanta adversidad. ¿No podremos dejar este negocio de las movilizaciones y demás para el año de las elecciones, y tratar de llegar a algunos acuerdos básicos? Teníamos un acuerdo...

EC - Ante el hecho consumado de una nueva campaña pro referéndum, el gobierno coloca a quienes objetan la ley de asociación, otro obstáculo más fuerte: una nueva ley que en los hechos, si se logra bloquear el proceso de asociación de Ancap, establece que de todos modos en marzo de 2004 los precios de los combustibles que produce la refinería deben ser competitivos con los internacionales, y que si eso no se da se importará combustible, lo que probablemente implicará el cierre de la refinería. Ustedes están colocando a quienes critican y objetan la ley ante el desafío de tener que salir a recolectar firmas también contra esa otra ley dentro de 90, 120 días.

AA - Perdón, nuestra lógica no es "los señores que recolectan firmas": nuestra obligación es para con los tres millones de uruguayos. Les estoy diciendo a esos tres millones de uruguayos, a los que dudan si se quedan o se van, si invierten o no en el país, a los que claman que les bajemos el costo país, que quienes integramos o apoyamos al gobierno no vamos a ceder en materia de bajar el precio de los combustibles. El plan del gobierno es, insisto, bajar el combustible y fortalecer a Ancap.

Esta recolección de firmas, por el sólo hecho de ser planteada, inviabiliza el proceso de asociación, pone al gobierno en la actitud de optar. La opción es clara: gasoil y nafta baratos, en cualquier caso. Si hay una rectificación de rumbos, intentaremos que haya asociación. Si se sigue en este rumbo, utilizando deliberadamente la vía larga porque ostensiblemente el objeto es impedir que haya asociación, nosotros no vamos a retrasar los plazos que nos hemos autoimpuesto para bajar el costo de los combustibles en Uruguay. Es más: la única pregunta que no sabría contestar es la inversa: si está claro que la asociación no se puede hacer en los tiempos necesarios en función de esto, ¿por qué no anticipar la fecha de asociación? Ese asunto no estaría obstaculizado en este planteo.

EC - La otra pregunta podría ser: ¿por qué, en el proyecto del gobierno, no se abre totalmente la importación de combustibles en marzo de 2004? ¿Por qué sigue quedando bajo monopolio del Estado?

AA - Porque no deseamos, en esta etapa de reconstrucción del país, embarcarnos en los grandes debates ideológicos. No se puede tolerar más una Ancap juez y parte. Ancap es la que produce y al mismo tiempo la que administra el monopolio estatal. El monopolio siempre fue estatal: no es de Ancap sino del Estado. Ancap lo administra. Pero si usted es juez y parte, o sea si produce caro y además es el que administra el monopolio, ello por supuesto no le importa porque prefiere producir caro a costa del usuario.

El gobierno está diciendo que la discusión ideológica sobre la libertad de importación la da después: a nuestro juicio no es tiempo de los grandes debates ideológicos sino de reconstruir el país. El único dato que le importa a la gente es si va a haber gasoil competitivo para la carga, para el agro, para todo el mundo, si va a haber nafta barata. El gobierno dice: ojalá Ancap pueda producirlo; a nuestro juicio -y de todos los técnicos que hemos consultado- no puede hacerlo sin sociedad. En cualquier caso, entonces, importaremos.

EC - El matiz es que en marzo de 2004 el gobierno sale a competir con Ancap: que el gobierno, importando combustible, sale a obligar a Ancap a bajar sus precios. Ya no será Ancap la que importe, sino el gobierno para presionarla.

AA - El gobierno garantiza al público que, a más tardar en esa fecha, va a tener gasoil barato.

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EC - Queda por considerar el tercer capítulo del proyecto, que es un proyecto de ley de urgencia.

AA - Esa es la impresión.

EC - ¿En qué consiste?

AA - Originalmente iba a haber un IVA a frutas y hortalizas. Ese proyecto fue totalmente cambiado, hoy por hoy tiene resultado fiscal cero -no hay un centavo para Rentas Generales- y se desea tomar una medida en espejo con las de Argentina y Brasil -que no hemos podido cambiar- en defensa de la producción nacional.

Esas medidas consisten en que, cuando uno exporta a esos dos países productos de granja, los mismos son objeto de fuertes tributos; los tributos que se cobra a nuestra producción les son devueltos a los productores locales de esos países. O sea que el productor argentino factura un IVA que después el Estado le devuelve. En Brasil es bastante más complejo, pero en definitiva hay una diferencia impositiva a favor del productor local brasileño y argentino en desmedro de quien les vende.

Por lo tanto, más allá de que a veces los productores forman unas mesas donde tratan de limitar esto, a mediano y largo plazo lo que a Uruguay le toca hacer es tener el mismo tipo de sistema como primera medida para tener una equidad tributaria que -no digo defienda- al menos no perjudique la producción nacional.

Para cuidar a su vez al consumidor, al menos de fruta y verdura nacionales, se ha buscado dos mecanismos. Uno por el cual la producción nacional llega sin impuesto alguno a ferias y pequeños comercios. Y, copiando exactamente el sistema argentino, el productor nacional va a facturar al supermercado con IVA, y el Estado le devuelve el 100% de ese IVA. O sea que en la práctica la fruta y verdura del productor llegan al supermercado ya no sólo no encarecidas por el IVA, sino con un crédito a favor del supermercado, con lo cual la idea es que también el supermercado, salvo sobre su ganancia, va a vender la fruta y la verdura sin IVA nacional.

Naturalmente, la fruta y verdura importadas sí van a recibir un gravamen. Usted preguntará qué se va a hacer con ese dinero, que es menos del anterior porque está claro que ni aún en el supermercado la fruta y la verdura nacionales van a pagar IVA en la práctica. El concepto es que parte de ese dinero sea utilizado, primero, para reconstruir la granja en función de estos desastres climáticos, rápida y prontamente; segundo, para mecanismos de apoyo a seguros contra accidentes climáticos, para que en el futuro el productor nacional esté cubierto y no tengamos necesidad de este tipo de medidas de emergencia, buscando el dinero cuando no se tiene; y luego para ayudar a la integración de la cadena agroindustrial.

Le pongo un ejemplo: estamos importando el tomate para la industria, parte de Chile y parte de Europa. ¡Es de no creer! Todos sabemos lo simple de la producción del tomate, que básicamente es agua con algo más. Que se traiga de Europa... Obviamente, en Europa debe tener un subsidio de 400% para poder traerlo acá. Nada más que el flete para traerlo vale más de lo que razonablemente cuesta producirlo aquí.

La ilusión del gobierno es que haya una fuerte demanda de mano de obra en el sector agroindustrial, ampliando a nuevos rubros, y en cuanto al resto, lo que sobre de esta recaudación -que va a ser exclusivamente sobre la fruta y la verdura importadas, para no restringir el consumo-, la idea es bajar algún impuesto. Está en consulta con el Partido Nacional y los otros partidos, pero en principio el gobierno aspiraría a bajar algo del IRP a quienes tienen salarios menores, para que en definitiva la cuenta del consumidor termine siendo cero aumento de la presión.

EC - ¿Cuánto estiman ustedes que recaudaría este impuesto con su nueva formulación?

AA - Con la nueva formulación va a recaudar 30% o 40% menos, o sea en el entorno de U$S 15 millones al año.

EC - ¿Cómo se repartirían?

AA - Alrededor de U$S 5 millones para estas actividades de reconstrucción y apoyo al sector granjero, y unos U$S 10 millones, o sea dos tercios de la recaudación, irían a bajar el impuesto de los consumidores.

Puede ser que el kiwi o la banana lleguen a costar un peso más, pero va a haber un poder de compras aumentado entre quienes tienen menores salarios, por una reducción de impuestos en igual proporción. O sea que, como podemos ver, esta nueva propuesta tiene el mismo instrumento -lo cual complica un poco las cosas políticamente, porque mucha gente dice que a aquella cosa le dijo que no y ahora se insiste- pero tiene un objetivo totalmente distinto, que ya no es de recaudación, porque la ley de responsabilidad fiscal pasó. Aquí suma cero: el gobierno no se lleva un centavo; si el gobierno no se lleva un centavo no hay reducción del consumo -éste se reduce cuando el gobierno se lleva parte de la plata, aquí eso no ocurre-, lo que estamos haciendo es distribuir distinto a favor de que haya más producción local y un cierto castigo a la producción importada, exactamente el mismo que nos toca cuando vendemos a los vecinos.

La pregunta es: Uruguay, después de intentar durante 10 años que estas cosas no pasaran en los vecinos, siendo 50 veces más chico que Brasil y 10 veces más chico que Argentina, ¿puede seguir en un esquema tributario que desprotege, o lamentablemente tiene que pasar a copiarlos? Quizás lo mejor fuera que ningún país subsidiara o pusiera impuestos diferenciales, o sea que hiciera trampa. Pero después de 10 años de esperar que los otros no hagan trampa y la siguen haciendo, en medio de esta circunstancia que en algunos sectores de la producción nos tiene que llevar a considerar que nos pasó un bombardero por arriba y tenemos que empezar a construir con solidaridad, eficacia y rapidez, ¿podemos seguir esperando que algún día los vecinos cambien el enfoque? ¿O los copiamos y el día que deroguen derogamos, si ese día llega alguna vez en la vida del Universo? Cada vez las presiones proteccionistas son mayores en el mundo entero.

EC - ¿Cuándo se manda el proyecto al Parlamento? ¿Hoy?, ¿mañana?

AA - En esos tiempos.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón