Antel y Ancap en la visión del Encuentro Progresista - Frente Amplio

Senador Enrique Rubio: Lo de Antel es una gravísima derrota del gobierno, que me preocupa. Todos los días el doctor Batlle tiene una iniciativa que se bloquea. Respecto a Ancap, el texto que conocemos autoriza al Poder Ejecutivo a que importe él o ceda a otros la importación de refinado. Se está fijando una fecha para la liquidación de Ancap como empresa pública. Esta ha sido la estrategia: forzar el sentido de las leyes y dar cheques en blanco al PE.

EN PERSPECTIVA
Martes 19.03.02, 08.40.

EMILIANO COTELO:
Es uno de los temas de primera línea en el panorama político en estos días. La iniciativa del gobierno de derogar los artículos 612 y 613 del Presupuesto, que refieren a Antel. Un proyecto de ley que revestiría el carácter de urgente consideración y que, se supone, el Poder Ejecutivo está enviando al Parlamento en estas horas.

Ayer, el senador Alejandro Atchugarry adelantó En Perspectiva los elementos centrales de ese texto. Luego, el Directorio del Partido Nacional postergó una definición, dejando para después de Semana de Turismo una resolución en torno a este planteo que en filas blancas ha suscitado diferentes opiniones. Ayer escuchamos la del senador Francisco Gallinal, firme partidario de mantener los artículos 612 y 613 e ir a un debate público en ocasión de la consulta popular.

Pero mientras tanto, ¿qué se dice desde el Encuentro Progresista - Frente Amplio (EP-FA)? Vamos a conversarlo con el senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista.

El proyecto de ley tiene tres capítulos: uno sobre Antel, otro sobre Ancap y el último introduciendo variantes a otra iniciativa del gobierno que había desatado mucha polémica, el IVA a frutas y verduras.

Respecto de la posibilidad de derogar los artículos 612 y 613 del Presupuesto, y paralelamente reafirmar el monopolio de Antel para la telefonía básica, ¿qué dice usted?

ENRIQUE RUBIO:
La derogación me parece un reconocimiento de la realidad, de que la coalición de gobierno se equivocó y lo hizo -a mi juicio- gravemente. Se equivocó no sólo en la idea que tiene de lo que hay que hacer -que no compartimos pero respetamos-, sino por los niveles de improvisación que tiene toda la negociación política en el marco de la coalición. Esto lo colocó el doctor Lacalle en la última hora del último día de la negociación del presupuesto: fue una condición que le impuso -a mi juicio- al doctor Batlle. Así llego al Parlamento, incorporado donde no debía.

EC - Lo que incorporó el doctor Lacalle fue el artículo 612, el que autoriza la venta de hasta 40% del paquete accionario de Ancel. El 613 le interesaba al gobierno: es una reforma de la Carta Orgánica de Antel.

ER - Le interesaba la reforma de la Carta Orgánica, pero muchas veces se manejó -es muy difícil saber por dónde transitan las cosas en y fuera del Parlamento- que esto podía ir como una ley aparte, e incluso estuvo en el diálogo con el Directorio de Antel. Finalmente terminó incorporado al Presupuesto, como muchas otras cosas en esa azarosa negociación en que terminamos votando paquetes enteros de cosas que ignorábamos.

Hay un error de procedimiento por parte del gobierno al incorporar esto en el Presupuesto, que llevó a todo este desencuentro que termina en que nosotros no lo votamos y levantamos el recurso de referendo. El gobierno apostó a que no íbamos a juntar las firmas. La propia Vertiente Artiguista, junto con otros sectores, tuvo la iniciativa en el FA de interponer la vía larga -lo dije en el Senado-; se dijo que la Corte Electoral no habilitaría el recurso porque estaba incorporado en el Presupuesto, lo que me pareció de una grosería jurídica terrible. En ese momento dijimos: "Interpongamos la vía larga, porque de esta manera se les va a hacer muy difícil violar los marcos constitucionales y legales de Uruguay", cosa que se hizo. La dificultad estaba en juntar las firmas. Una vez juntadas las firmas, como hay un consenso muy extendido en la sociedad uruguaya acerca de que no hay que hacer esta modificación con la empresa de punta desde el punto de vista tecnológico que es Ancel, el gobierno iba a una segura y aplastante derrota en las urnas. Por lo tanto anticipé hace seis meses, en distintas instancias públicas, que el doctor Batlle iba a salir un día de Casa de Gobierno diciendo: "Bueno muchachos, vamos a terminar con este negocio: derogué los artículos".

EC - ¿Para usted es una derrota del gobierno?

ER - Absolutamente, clarísimamente es una derrota del gobierno. No es que me alegre, hubiera preferido no haber transitado por esta circunstancia, pero es una clarísima marcha atrás, una derrota del gobierno, de un gobierno que está débil. Esto me preocupa. La coalición de gobierno muestra niveles cada vez mayores de improvisación y contradicción interna en un país que tiene todos sus sistemas básicos en crisis.

EC - ¿Usted se refiere a la relación Partido Colorado - Partido Nacional?

ER - Sí, y a la interna, a la relación del doctor Jorge Batlle con el Foro Batllista. El doctor Jorge Batlle está prisionero de los acuerdos del doctor Sanguinetti con el doctor Lacalle. Es un presidente que tiene un margen de maniobra cada vez menor, menos peso parlamentario.

EC - ¿Usted decía que el doctor Batlle está preso...?

ER - De los acuerdos políticos y de las presiones políticas del doctor Sanguinetti y el doctor Lacalle.

EC - Pero no actuando conjuntamente Sanguinetti y Lacalle.

ER - No sé, no sé. No sé hasta dónde. Estamos en un terreno muy especulativo, pero...

EC - Me dejó con la duda. No tuve claro si se refería a dos carriles separados o a un accionar conjunto.

ER - Creo que a veces se juntan. Por lo menos los intereses son coincidentes en algunos aspectos.

EC - Pero hay discrepancias muy fuertes entre el Foro y el Herrerismo.

ER - Sí, pero todos los días el doctor Batlle tiene una iniciativa que se bloquea. A nuestro juicio sus márgenes de maniobra son cada vez más limitados en un país que tiene en crisis sus sistemas básicos, cosa que nos preocupa atrozmente.

Yo soy de los que creen que el problema principal para Uruguay y para la izquierda es el día después, o sea lo que pase de 2004 y 2005 en términos estratégicos. El problema número uno para los uruguayos es hoy: no son las elecciones de 2004 sino respuestas a esta situación de penuria atroz. Hoy hay que salir con planes de contingencia y alimentarios para el hambre de la gente, pero en términos de proyección del país el problema para la izquierda no es juntar votos, que va a juntar en forma impresionante, sino qué queda para tener capacidad de gobernar e instrumentos de gobierno. Creo que esta es la preocupación que debería inspirarnos. Veo a Uruguay mal, veo mal a la sociedad uruguaya, la depresión, la reacción antipolítica, la crisis del sistema financiero, de la que todos estamos haciendo un gran esfuerzo por salir sin costos muy altos -aunque ya va teniendo costos muy altos para el sector público, que no compartimos-, la crisis del sistema mutual, la crisis del sistema productivo que es total, cuya mayor parte está prácticamente destruida, la crisis social... Como país estamos en seria situación de riesgo.

EC - Usted dijo al pasar que la izquierda no va a tener dificultad en juntar votos para ganar en el año 2004. Entre otras cosas, a la izquierda se la está acusando de estar en campaña electoral y de estar buscando, en particular con las iniciativas de referendo, acumular fuerzas para el año 2004.

ER - Vamos en la tercera o cuarta versión de planes de emergencia y contingencia: no se puede decir que no hayamos tenido iniciativas políticas. No se nos han abierto espacios reales de participación, a los que teníamos derecho. Por ejemplo: estamos excluidos de todo el sistema institucional, de entes autónomos y de organismos de contralor, lo cual es absolutamente increíble e irritante, además de ser malo para el país.

EC - No excluidos de los organismos de contralor: no tienen la presencia que el EP-FA entiende debería tener de acuerdo a los últimos resultados electorales.

ER - Está perimido, es anacrónico, responde a un pasado: ya fue.

EC - No se produjo la renovación de la integración de esos organismos.

ER - No, claro; no le conviene, y tal vez porque los aliados del doctor Batlle lo bloquean.

EC - Mi pregunta era a propósito de si las iniciativas de referendo son para juntar votos, como lo ven el Partido Colorado y el Partido Nacional.

ER - Las iniciativas de referéndum tienen el propósito de no sustraer a los uruguayos decisiones que tienen derecho a adoptar y que ya adoptaron en el pasado, por ejemplo en 1992.

Segundo, tienen como propósito preservar algunas herramientas clave para poder tener presencia pública y salvar el patrimonio público. Ese ha sido el objetivo que hemos tenido. En algunos casos no pudimos hacerlo y perdimos como en la guerra, como en el de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Tendremos que pensar en otro ensayo estratégico desde un gobierno progresista, que probablemente sea hacer una nueva terminal que, a mi juicio, debería estar en Puntas de Sayago. Una nueva terminal, quizás público-privada, porque no se va a poder retornar con facilidad y va a tener un altísimo costo. Este proceso ya se encaminó; que se desarrolle y siga. Veremos cómo se introduce la competencia para no caer en un monopolio privado, lo que a mi juicio ocurre en la situación actual en el puerto de Montevideo.

En otros casos se ha tenido éxito, como en este de Antel. En realidad el directorio actual tiene márgenes de maniobra como para hacer lo que quiera en términos de acuerdo. Por ejemplo para el Plan Mercurio y otras cosas de acceso universal a Internet, que son las claves de la tecnología y la cultura del futuro. Hay una muy buena empresa pública, que es Ancel; en la que va a haber que invertir. El problema de Antel, como el de todos los entes públicos, es que invierten poco en investigación y desarrollo, ahí está su debilidad más importante.

En el caso de Ancap buscamos otros caminos. Nosotros personalmente nos comprometimos a ensayar el camino del medio, que era buscar un acuerdo. Ese acuerdo se frustró, y hoy estamos en términos extremos: nosotros interponemos el recurso de referendo, como lo decidió nuestra fuerza política y la Vertiente aceptó porque quedó en minoría. El gobierno dijo "retruco" y envió este proyecto que, a mi juicio, implica la liquidación de Ancap.

EC - Uno de los argumentos del presidente Jorge Batlle, el senador Alejandro Atchugarry y otros voceros de la coalición de gobierno para derogar ahora los artículos 612 y 613 es que la campaña de recolección de firmas para el referéndum se realizó en base a un slogan falso ("Antel se vende"). Pero en la medida en que esa es la base de la discusión planteada por el PIT-CNT y el EP-FA, para no perder meses de debate en torno a algo que el gobierno no piensa hacer, optan por eliminar las disposiciones cuestionadas. ¿Usted qué dice? ¿Usted hizo campaña de recolección de firmas argumentando que Antel se vendía?

ER - Yo argumenté en el debate parlamentario que me parecía que se seguía un camino muy riesgoso. La ley lo habilitaba, tenía esa intención en su origen; por algo convertía a Ancel en una sociedad por acciones y autorizaba a vender hasta el 40% de su paquete accionario. Creo que ningún inversor importante, de primera línea del mundo, hace una inversión de esa envergadura si no adquiere, al mismo tiempo, la gestión de la empresa y la conduce. En realidad esa sociedad mixta podía equivaler a un proceso de privatización.

EC - En todo caso ese problema estaba focalizado en Ancel, no en Antel.

ER - Pero el problema es que Antel como tal pasa, en una buena medida, por las nuevas tecnologías. Decirles al país y los uruguayos que en realidad la telefonía básica (los viejos teléfonos que tenemos encima de las mesas) queda en el monopolio público es no decir nada, absolutamente nada, porque el desarrollo tecnológico va por otro lado.

EC - Insisto con la pregunta: ¿Antel se vendía de acuerdo a los artículos 612 y 613?

ER - Se habilitaba un proceso de privatización, que el directorio podía llevar adelante o no. El problema es que en esto uno se maneja con probabilidades, no estábamos dispuestos a dar la autorización parlamentaria para que eventualmente se pudiera producir un proceso de esas características a iniciativa del presidente de la República o de la coalición de gobierno.

EC - Usted dice que se habilitaba un proceso de privatización.

ER - Se dejaba márgenes muy importantes para eso.

EC - ¿Para la privatización o para que Antel se asociara con privados para el desarrollo de determinados negocios?

ER - Para las dos cosas, porque la asociación se puede hacer por muy diversos mecanismos. En los diálogos parlamentario dije a varios senadores de la coalición de gobierno que en realidad lo que ellos decían que no iban a hacer, después de replegarse con Ancel en el artículo 612, podían hacerlo por la vía de una asociación por el 613. Si por el 613 se constituía una asociación en telefonía celular de Ancel y un socio privado multinacional mucho más importante, eso podía dar como resultado una minoría dentro de una sociedad mixta, lo que equivalía a un proceso de privatización. ¿Dónde está el área desmonopolizada, para qué, si en realidad esto está desmonopolizado y van a ingresar nuevos actores en telefonía celular? Nadie compite en el mundo en telefonía celular si no tiene una buena empresa pública y la capacidad de conducirla. Ese es el problema.

EC - En cualquier caso, esos negocios debían pasar por la aprobación del Parlamento, según la ley que después se votó, a fines del año pasado, la llamada "ley Michelini".

ER - Exclusivamente los de venta de una parte del paquete accionario de Ancel, pero las asociaciones estaban en el otro artículo, el 613. Entonces, no pasaban por la autorización parlamentaria, y por lo tanto dependían de la orden que el presidente de la República le diera al Directorio de Antel. Ese es el problema.

EC - Sí: la redacción del artículo único de la ley 17.443 da para distintas interpretaciones. Dice:

"La admisión de capitales privados o la venta de acciones en la prestación del servicio en telefonía celular terrestre de Antel conforme a los artículos 612 y 613 requerirá la autorización previa del Poder Legislativo mediante ley dictada al efecto...".

ER - Sí, pero las asociaciones que se autorizan en el 613 no requieren ley. ¿Cuál es el problema? Uno puede decir que los marcos legales pueden estar más o menos bien o mal, pero el drama de todo esto es que el uso de esos marcos legales depende de la cabeza y la orientación, de la estrategia y de las convicciones que tengan el que está en la Presidencia de la República y el que está en la cabeza del directorio de un ente autónomo, en lo cual no tenemos incidencia ni participación.

Yo advierto que el programa y el marco ideológico que han inspirado al doctor Batlle y al doctor Lacalle durante todos estos años, y sus convicciones más profundas, son que hay que liberalizar en forma creciente, desregular y privatizar, porque tienen convicciones -que respeto- en relación con la función del Estado. Después se genera todo un proceso de desconfianza -desde mi punto de vista- acerca de lo que va a suceder con la aplicación de estos marcos legales.

EC - Concretamente, usted juntó firmas y estaba dispuesto a ir a un referéndum contra los artículos 612 y 613. ¿Por qué?

ER - Porque creo que daban la posibilidad de hacer procesos de privatización donde era absolutamente innecesario, y donde Uruguay iba a perder herramientas clave para la posibilidad de la innovación tecnológica, de la presencia pública. Además hay cosas que dan extraordinarios ingresos que sirven para financiar otras políticas. Quiero empresas públicas en un marco desmonopolizado, en principio, pero empresas públicas potentes.

EC - Ahora el gobierno anuncia su intención de derogar los artículos 612 y 613, lo que implica que el referendo cae.

ER - Si así se hace cae, porque no tiene sentido, porque se logró el objetivo.

EC - De todos modos, además de derogar los artículos 612 y 613, el capítulo relativo a Antel de esta ley de urgencia incluiría otra disposición, según se ha anunciado, manteniendo el monopolio de Antel para la telefonía básica. Esto implica que se podría continuar dando competencia en telefonía de larga distancia, transmisión de datos, telefonía celular, etcétera. Ese nuevo marco legal para las telecomunicaciones, ¿sería satisfactorio para usted, o daría lugar a otro referendo?

ER - Es posible, aunque tenemos que examinarlo con mucho cuidado, porque esto depende del marco regulatorio. En esto hubo tantas marchas y contramarchas que en realidad no sabemos en qué punto estamos, este es un territorio muy complejo. . Le doy un ejemplo: en realidad, por la vía de acuerdos de Antel con Zona Franca de Montevideo, de la instalación en 1994 del telepuerto, después de un acuerdo de privilegio con esa zona franca en 1999 y del artículo 65 de la ley de urgencia dos, los márgenes para hacer por medio del by-pass de la zona franca el ingreso de la telefonía internacional y demás son enormes. En realidad no sé muy bien qué estamos discutiendo.

EC - Mi pregunta concreta es: ¿si el proyecto de ley en el capítulo Antel incluye las disposiciones que hemos mencionado (derogación de los artículos 612 y 613 y mantenimiento del monopolio de Antel para la telefonía básica), usted vota?

ER - Voto la derogación, y me reservo el tiempo para examinar y preguntar los alcances de lo otro.

EC - ¿Cabe la posibilidad de otro referendo?

ER - Lo que es seguro es que va a haber otro referéndum sobre Ancap.

EC - ¿Y sobre Antel?

ER - No lo sé.

EC - No dice sí ni no.

ER - No digo sí ni no porque estos son borradores que llegaron al Parlamento. Incluso la versión que yo tengo, que me alcanzaron miembros de la coalición de gobierno, no incluye lo referente a frutas y verduras. En esa versión no sé muy bien cuáles son los alcances del artículo 3º.

Quiero discutir el problema de las unidades reguladoras vinculado con esto, porque creo que tomamos una decisión que no comparto en absoluto y que crea un suprapoder. Está bien que haya unidades reguladoras, pero las unidades reguladoras en materia de telecomunicaciones y la otra que se creó antes en el tema de la energía no tienen venia parlamentaria ni control de tipo alguno: son superpoderes que, en los términos en que están, me generan mucha preocupación. No quiero que me sustraigan la capacidad de decisión del ámbito parlamentario en algunas cosas. Por ahora esto está en examen.

***

EC - Pasemos al tema Ancap. El fin de semana pasado, la Vertiente Artiguista deliberó en su Asamblea Nacional, y en esa instancia ratificó su apoyo a la idea de la asociación de Ancap con una petrolera extranjera que tenga petróleo propio, como se establece en la ley 17.448, votada a fines del año pasado, en cuya redacción tuvieron un papel importante usted y los senadores Couriel y Astori.

Sin embargo, ayer el EP-FA participó del acto de lanzamiento de la recolección de firmas para impugnar esa ley en un referéndum. ¿Cómo se entiende la conducta de la Vertiente Artiguista, o la suya propia? Usted contribuyó a redactar la ley que finalmente se aprobó, y ahora participa de una recolección de firmas.

ER - Por suerte tengo como norma exponer públicamente mis posturas. Muchas veces las escribo y otras tantas quedan registradas en las actas parlamentarias. Dije en el Parlamento que en realidad, en materia de opiniones tenía una y estaba de acuerdo con hacer un proceso de asociación, y que el marco que se había aprobado y negociado en la comisión era aceptable.

Dije, al mismo tiempo, que en materia de conductas políticas formo parte de una fuerza política. Creo que la sustancia de la credibilidad de los partidos está en que tengan cohesión, en que primen las mayorías democráticamente y las minorías acepten el resultado de las primeras. De otro modo se disgrega la voluntad política, dejan de existir los actores y pasa lo que pasó en Argentina.

EC - ¿Eso quiere decir que ahora usted está acatando por disciplina partidaria lo que después decidió el FA?

ER - Sí, estoy aceptando la resolución de mi fuerza política. Lo hice como parlamentario al votar en contra. Así lo hicimos con el senador Couriel, aceptamos como parlamentarios votar en contra; dijimos que creemos en esta fuerza política, que va a ser gobierno. No sería creíble frente a los uruguayos que hoy nos disgregáramos y cada uno hiciera lo que se le antojara en temas que no son de principios (porque en temas que hacen a principios y a la ética yo no pido permiso a mi fuerza política, ni acato lo que decida). En temas de política y de estrategia priman las mayorías.

EC - ¿Usted estuvo ayer en el acto de lanzamiento de la campaña de recolección de firmas?

ER - No, porque tenía otros compromisos personales.

EC - Si no los hubiera tenido ¿hubiera ido?

ER - Sí. He dicho (lo anuncié en el Parlamento el día en que votamos, está en el acta), que iba a estar del lado de que estuviera mi fuerza política, porque creía que era un problema de credibilidad esencial para la fuerza.

EC - ¿Va a salir a buscar firmas?

ER - Voy a hacer lo siguiente: por mayoría se decidió interponer un recurso, y he aceptado ese pronunciamiento democrático de mi fuerza política; por lo tanto firmo y voto.

EC - ¿No va a juntar firmas, además?

ER - Personalmente no voy a hacer campaña, porque ha sido un proceso doloroso desde muchos puntos de vista. No creo que personalmente haga determinadas cosas, pero voy a hacer aquello que es aceptar un pronunciamiento democrático. Así como a veces uno vota en el Parlamento de acuerdo con su opinión y a veces no de acuerdo con su opinión, en este caso firmo y voto.

EC - ¿Y si hay referéndum?

ER - Voto.

EC - ¿Vota en contra de la ley?

ER - Sí, voto en contra de la ley. Acepto el pronunciamiento democrático de mi fuerza política, como voto en contra de la ley en el Parlamento; no hay una diferencia esencial. Al mismo tiempo digo que estas cosas no son en blanco y negro: nosotros participamos en una negociación que nos parecía que introducía un proceso que tenía probabilidades de resultar exitoso, pero que tenía muy diversas etapas. Íbamos a estar encima de ese proceso, porque estaban el marco legal, el pliego de condiciones y finalmente el proceso de adjudicación. Otros compañeros entendieron que las garantías no estaban dadas. Esta fue la diferencia de opiniones sustancial en el FA.

EC - Vayamos ahora al nuevo escenario: la iniciativa del gobierno, el proyecto de ley de urgencia que incluye un capítulo sobre Ancap. Básicamente mantiene la ley, aquí no hay derogación; el gobierno considera que de hecho la campaña pro referéndum lanzada ayer "mata" al proceso de asociación, dicen los voceros del Ejecutivo que pocos van a tener interés en asociarse con Ancap si faltan casi dos años para que quede claro si ello es legalmente posible o no. Y que entonces, para no correr el riesgo de que pasen más años sin combustibles a precios competitivos, se manda una disposición por la cual, a partir de marzo de 2004, con asociación de Ancap o sin ella, se evaluará los precios de los combustibles en la puerta de la refinería, se los comparará con los de los importados sin impuestos y, si no son iguales o menores, el gobierno central -no Ancap- pasará a importarlos para que el mercado tenga alternativas más convenientes en materia de precios. ¿Cómo ve este paso?

ER - El doctor Batlle y el doctor Lacalle retornan a su proyecto original. Este es el problema y el drama de esta situación: hay un proyecto original que no cree en Ancap, que piensa que es un lastre y una carga inútil y costosa para el país.

Creo que el propio presidente de Ancap originalmente pensaba esto, que el doctor Batlle siempre lo ha pensado; lo ha dicho. Este es el proyecto original: un proceso que implica la liquidación de Ancap. Si este artículo queda firme, implica eso. Es una grosería desde el punto de vista constitucional y legal, porque la ley da monopolios al sector privado o a una empresa pública por dos tercios. Nunca vi que una ley establezca que se le transfiere al Poder Ejecutivo la administración de un monopolio para hacer lo que quiera con el mismo.

EC - ¿El monopolio no es del Estado?

ER - Lo da el Parlamento.

EC - El monopolio es del Estado.

ER - Según la Constitución lo da el Parlamento, y lo da a entidades determinadas y específicas.

EC - Actualmente es un monopolio que administra Ancap. ¿Por qué el Parlamento no podría disponer que el monopolio de la importación de combustibles refinados pasara a control del gobierno central?

ER - Pasa a la administración del gobierno central. No hay una institución que recibe el monopolio, sino que se transfiere la facultad de hacer lo que se quiera al Poder Ejecutivo. O sea que el Parlamento, mediante un proyecto de ley, le da carta blanca al Poder Ejecutivo para que haga lo que quiera con el monopolio.

EC - No: no para que haga lo que quiera sino para que importe el combustible.

ER - No: para que administre la importación de combustible. Aquí hay que leer con lupa. Esto es típico...

EC - A partir de la palabra "administrar" usted saca determinadas conclusiones.

ER - Sí, claro. Ayer lo estuvimos analizando desde distintos puntos de vista. Esto es un borrador, pero es algo típico y sintomático.

EC - Usted dice que si el Poder Ejecutivo administrara la importación de combustibles terminados, como parte de esa administración podría disponer que también lo hicieran privados.

ER - Sí.

EC - No es la intención que anuncian el senador Atchugarry ni el doctor Batlle. Ellos dicen que la intención es que el gobierno central garantice que a partir de ese momento la población va a tener combustibles a precio competitivo.

ER - El artículo 188 de la Constitución dice que las empresas mixtas deben ser decididas una a una. Se eludió y salteó, se "bypasseó" eso desde la administración anterior. El senador Atchugarry fue autor en esto de dar cheques en blanco a las empresas para que hagan lo que quieran. En el caso de Ancap, con el artículo 14 de la ley de alcoholes, después usando ese artículo se hacen los otros acuerdos en el portland y demás, y ahora en el caso de la ley de asociación de Ancap.

Esto es sintomático: en todos los casos se va por el filo, por el pretil, y se estira el marco jurídico uruguayo porque la sociedad está dividida y no hay mayorías políticas. En este texto, como está al día de hoy, se le va a dar una autorización para que el Poder Ejecutivo importe él o ceda a otros la importación de combustible refinado. Entonces por este camino en realidad se estaría fijando una fecha para la liquidación, en el trazo grueso, de la producción de Ancap como empresa pública que genera refinado. Es seguro que eso va a llevar a un segundo referendo sobre Ancap.

EC - Usted adelanta desde ya la negativa.

ER - Si queda así, sí.

EC - ¿Qué tendría que cambiar; qué redacción debería tener?

ER - No se arregla con una redacción. ¿En qué punto estamos? Estamos en el punto en que hubo un proceso de negociación que dio un marco que no fue aceptado, que en el caso de mi fuerza política la misma entendió que lo acordado no daba garantías suficientes acerca de que el gobierno fuera realmente a potenciar a Ancap, que fuera a haber un buen socio y que se fuera a hacer inversiones, y no que simplemente se fuera a dar una parte del mercado a ese socio. En realidad, la mayoría de mi fuerza política entendió que no estaban dadas las garantías. Nosotros entendíamos que valía la pena correr el riesgo, pero estábamos siempre en zona de riesgo. Esto no es en blanco y negro.

EC - ¿Usted dice que si el gobierno está preocupado por el referéndum sobre Ancap debe abrir una instancia de diálogo?

ER - Creo que sí.

EC - ¿Y reformar la ley de asociación de Ancap en negociación con el Encuentro Progresista, por ejemplo?

ER - Creo que valdría la pena; es mi opinión personal. Dejemos que las aguas bajen un poco y que en el futuro se abra una instancia de diálogo político que incluya varios temas. Valdría mucho la pena por Uruguay. Varios temas significa varios problemas gruesos y gravitantes.

EC - Entre ellos Ancap; intuyo que también Antel.

ER - Entre ellos Ancap, alguna cosa de Antel y algunos elementos de la reactivación para salir del círculo perverso en el que estamos. Es tremendo: la recesión trae déficit fiscal, el déficit fiscal trae ajuste, el ajuste trae más recesión, y así estamos, en esta locura.

EC - ¿Qué otros puntos?

ER - Alguna cosa de reactivación y un plan de contingencia. El sistema político uruguayo y la democracia uruguaya corren serio riesgo si no se sale a hacer un plan alimentario ahora, este invierno, frente al hambre que tiene la gente. La situación uruguaya se va a argentinizar. Sería terrible para nosotros, pero puede argentinizarse; hemos tenido una ventaja relativa como uruguayos, pero si no tenemos sensibilidad para lo que pasa fuera, creo que estamos realmente en la luna sobre el país real.

***

EC - Ha quedado una serie de interrogantes y temas a explorar a partir de varias de sus respuestas.

ER - Hay que abrir más el espacio, yo tengo un capítulo entero, que voy a plantear en el Parlamento, sobre Ancap en Argentina.

EC - ¿Sobre los negocios de Ancap en Argentina?

ER - ¿Usted sabe a cuánto asciende lo que se invirtió, más los compromisos de garantía, más las eventualidades de otros compromisos en materia impositiva y demás? Según mis números, creo que a más de U$S 200 millones.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón