Vuelta de tuerca en el “caso Berríos”: narcotráfico con el hijo de Pinochet

Periodista Mónica González: El exhorto para interrogar en Uruguay a militares y policías vinculados al asesinato del químico y agente de la dictadura de Pinochet forma parte de un giro en la investigación de las actividades de la Operación Cóndor: de un aparato de represión política, derivó en una organización gangsteril de traficantes de drogas y armas. Berríos estaba asociado con Marco Antonio Pinochet y Al Kassar.

EN PERSPECTIVA
Martes 04.03.03, 07.41.

EMILIANO COTELO:
El Ministerio de Justicia de Chile formalizó ayer un exhorto que será enviado a Uruguay para que sean interrogados aquí varios militares y policías vinculados con la muerte del químico Eugenio Berríos, agente de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (Dina). La solicitud de interrogar a militares y policías uruguayos fue presentada hace varios meses por la jueza chilena Olga Pérez, quien procesó en noviembre de 2002 a seis militares chilenos. En aquel momento nos ocupamos del asunto.

Pero hace recién algo más de una semana, el 20 de febrero, la Corte Suprema aprobó dar curso a aquella diligencia pedida por la jueza a fines de 2002. La comunicación fue confirmada el 27 de febrero al Ministerio de Justicia. Dice el diario La Tercera de ayer que la doctora Olga Pérez renunció a su cargo hace tiempo, y agrega que el caso pasó a manos del magistrado Alejandro Madrid, de la Corte de Apelaciones de Santiago, en calidad de ministro en visita.

El exhorto está dirigido al juez uruguayo en lo Penal de la ciudad de Pando para que interrogue a varios oficiales relacionados con Berríos. Se trata de Thomas Casella, actualmente en retiro (propietario de la casa donde Berríos estuvo secuestrado en Parque del Plata), Eduardo Radaelli Coppola, quien podría estar en actividad y es especialista en inteligencia militar, y Wellington Sarli Posse, también oficial del Ejército uruguayo. A ellos se agrega los policías Elbio Hernández Marrero, jefe de la comisaría de Pando cuando ocurrieron los hechos (hacia esa comisaría se dirigió Berríos en busca de ayuda, denunciando que le habían secuestrado y que le seguían con la intención de matarlo) y Ramón Rivas, jefe de guardia cuando llegó Berríos y fue quien estampó la denuncia del secuestrado en el libro de partes. Aunque dejaron constancia del hecho, los policías lo entregaron a unos militares que llegaron tras él.

Berríos, involucrado en violaciones de los derechos humanos, entre ellos los asesinatos de dirigentes de izquierda, y fabricante del gas Sarín que la Dina empleó para cometer varios de esos asesinatos, se fugó de Chile a fines de 1991, con el presunto apoyo de ex miembros de la Dirección de Inteligencia del Ejército cuando debía declarar en el proceso por el atentado que costó la vida al ex canciller Orlando Letelier. En noviembre de 1992 fue visto por última vez en aquella comisaría de Parque del Plata, y su cadáver fue encontrado en 1995, en el balneario El Pinar.

***

Estamos en comunicación con la periodista Mónica González, directora de la revista chilena Siete más 7, quien ha investigado este caso durante años. Yo decía recién que esta solicitud para interrogar a militares y policías uruguayos culmina su trámite ahora, pero en realidad es un trámite solicitado por la jueza Pérez a fines del año pasado.

MONICA GONZALEZ:
Sí, pero hay un error en la información de La Tercera: la jueza Pérez se acaba de ir del juicio, a fines de enero; no “hace mucho tiempo”.

EC - ¿Por qué razón?

MG – Porque asumió un cargo muy importante en el Poder Judicial chileno, que está procesando la reforma más importante que se ha hecho en más de un siglo. Otro juez asumió el caso pero, antes de irse, la jueza Pérez hizo las diligencias más importantes: no sólo este exhorto para interrogar a siete militares y policías uruguayos, sino también tomó declaración a varios militares chilenos sobre el caso. Uno de esos militares fue el general Manuel Contreras, ex jefe de la policía secreta de Pinochet, la Dina, a la que pertenecía Berríos. Y la declaración de Contreras es una de las cosas más sorprendentes que hemos visto en los últimos tiempos.

Contreras declaró que él estaba informado de que, a fines de los 80 y principios de los 90, al momento de ser sacado de Chile para eludir a la Justicia chilena, Berríos estaba relacionado con Marco Antonio Pinochet, el hijo del general [Augusto] Pinochet, y un empresario que estuvo procesado en Chile, llamado [Edgardo] Bathich, primo de [Monser] Al Kassar, uno de los principales traficantes mundiales de armas.

EC - ¿Para qué era esta empresa?

MG – Se dedicaba al narcotráfico. Habían descubierto una cocaína sin olor, a la que en el ámbito de los narcotraficantes le llaman “cocaína negra”. Berríos estaba empeñado en eso y su empresa tenía esos fines.

EC – Pero eso...

MG – Te explico. Dice Contreras en su declaración que tiene información de eso, y que sabe que todos los movimientos armados que hizo Pinochet durante la transición a la democracia y mientras él era comandante en jefe (rebeliones armadas con militares con las caras pintadas de negro) no tienen que ver con militares que cometieron crímenes y a los que la nueva democracia quería procesar, sino que tenían que ver con que la democracia había descubierto que al hijo de Pinochet le habían pagado irregularmente, en forma delictiva, tres millones de dólares con fondos del Estado. Para impedir que su hijo fuera a la cárcel, para impedir ser procesado él mismo como cómplice, el general Pinochet hizo todos estos movimientos militares.

Por eso la declaración de Contreras tiene algo de asidero: porque en 1991 fue precisamente uno de esos movimientos militares, que se hizo para impedir que fuera procesado el hijo de Pinochet según una investigación que se hizo en la Cámara de Diputados.

Lo que hizo Contreras además es demasiado impresionante porque revela por primera vez que el juramento, la piedra angular que había entre el ex jefe de la policía secreta de Pinochet, uno de los actores de la Operación Cóndor (en la que se enmarca la protección de Berríos en Uruguay por parte de militares del Ejército), se quebró.

EC – Eso quería preguntarte, porque cuando escuché tu relato a propósito de lo que Contreras declaró ante la Justicia, francamente quedé sorprendido... Que fuera Contreras mismo quien informara o confirmara, o hiciera suya la versión de que Antonio Pinochet, hijo de Augusto Pinochet, tuviera una empresa junto con Eduardo Berríos y otros dedicada al narcotráfico, es verdaderamente impresionante.

MG – Lo que pasa es que se conoce poco algo que también está en mi investigación, algo que ocurrió en 1997, cuando Manuel Contreras (que está procesado, juzgado y fue preso por su papel en el crimen del ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, cometido en Washington, en 1976.

Cuando declaró, en diciembre de 1997, él presentó lo que se llama un recurso de reposición, para revisar su condena en el caso Letelier. Era bastante extraño, porque ya cumplió una condena de siete años, y en ese recurso de reposición insistió en que él no asesinó a Letelier. La única excusa nueva que presentó fueron sus “hojas de vida” militares. ¿Qué es eso? Todos los militares tienen que entrar cada año en un proceso de calificación. Su ascenso, su atascamiento en la carrera o incluso su expulsión de las filas militares, dependen de la nota con que lo califique su superior jerárquico. Y las hojas militares de Contreras habían sido sistemáticamente negadas, o se las había entregado falsas, como se probó en diciembre de 1997. Él entregó de su mano esas hojas militares, y demostró con esos originales que desde 1973 hasta su retiro fue siempre calificado por una sola persona: Augusto Pinochet, que fue su único superior jerárquico durante la dictadura. Y demostró que Pinochet siempre lo calificó con la nota máxima, incluso con anotaciones de su puño y letra, que demostraban año a año (además, en los años en que fueron cometidos esos asesinatos) el fervor que tenía Pinochet por su empeño y su “eficiencia”.

Contreras envió esas hojas al juez Baltasar Garzón en enero de 1998. Lo importante es el porqué: el adujo que estaba citado a declarar, pero esas hojas eran exactamente lo que Garzón necesitaba, y fue el último documento que envió a la Justicia inglesa para pedir, con esa prueba, que Pinochet fuera detenido en Londres. Sin el aporte de Manuel Contreras (cosa que se sabe muy poco), Baltasar Garzón no habría podido obtener de la Justicia inglesa la detención de Pinochet en Londres.

EC – La actitud de Contreras produjo un giro muy notable, entonces.

MG – Muy fuerte, pero que empieza a dar sus frutos ahora, cuando suceden estas cosas. Yo lo tomaría con atención, porque...

EC - ¿Qué podría provocar que Berríos tuviera esa empresa dedicada al narcotráfico con un hijo de Pinochet?

MG – Le da más fuerza a la investigación de la jueza Pérez, que procesa a dos militares chilenos por el asesinato directo, su investigación concluye que en él participó también directamente un militar uruguayo (lo cometieron directamente un militar chileno y uno uruguayo). Pero ¿quiénes son esos militares chilenos que participaron en el secuestro y asesinato de Berríos? Ni más ni menos que dos de los jefes personales de la seguridad, la guardia pretoriana de Augusto Pinochet. O sea que lo que hace Manuel Contreras es darle sustento a la investigación que hizo la jueza Olga Pérez y que retomó otro juez. Porque de lo contrario, ¿por qué tendría que haber participado directamente el jefe de la guardia de seguridad de Pinochet en el asesinato de Berríos en Uruguay?

Pero además indicaría una cosa que también se había visto en otras instancias de la Operación Cóndor: que finalmente esta Operación Cóndor, que fue la cooperación entre las dictaduras del Cono Sur (en la que estaban Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil y Chile) derivó, a poco andar, en una especie de agencia de intereses comunes absolutamente delictuales...

EC – No se trataba sólo de organizar la persecución política.

MG – Evidentemente. También se robó mucho dinero (de las arcas fiscales, de las personas a las que secuestraban) y eso sucedió en todos los países, lo cual habla bastante mal de la “guerra” que los militares pretenden haber cumplido (que no la hubo, porque no había guerra declarada, los adversarios estaban desarmados en la mayoría de los casos, y cuando no estaban desarmados estaban luchando contra un aparato de terrorismo de Estado, que tuvo todo a su favor para cumplir su papel terrorista).

Y lo tercero es que derivó en una empresa para conseguir dinero privado: así se vio en Argentina y en Paraguay, así se vio también en algunos casos en Chile. No conozco bien la historia en Uruguay, pero sé de la detención de personas a las cuales le desaparecieron bienes personales, tanto dinero como otros, y eso significa robo.

EC – Este exhorto que llega ahora a la Justicia uruguaya, para que se interrogue a estos militares y policías uruguayos aquí, en el juzgado de Pando, ¿qué puede aportar?

MG – Es que vamos a saber si esos militares uruguayos siguen sosteniendo que ellos cumplieron una acción de protección a pedido del Ejército chileno, de Pinochet mismo, en el sentido de que tendría que ver con “los intereses nacionales”, “los intereses de la Patria”, esos intereses “grandes” de Chile y Uruguay, o finalmente si van a tener que reconocer que sólo actuaron como gángsters internacionales. Tengo la impresión de que estamos frente a una gran, gran empresa de gangsterismo internacional, de traficantes internacionales, que es en lo que derivó la Operación Cóndor como se ha demostrado fehacientemente en los juicios en curso en Argentina y en Chile, y con pruebas.

Otros artículos relacionados:

La mano del Ejército. El Siglo, Chile, 25.10.2002

Mafias de la droga han hecho nata en Chilito. La Cuarta, 08.12.2002.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón

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