Renombrado fiscal acusado de coimas

Ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán: Ya se dispuso la separación del cargo de Carlos García Altolaguirre, y serán revisados los casos en los que actuó. Esto enluta al Derecho, pero hace valorar la dignidad con que actúa la generalidad de jueces, fiscales y funcionarios. Es la primera vez que un fiscal recibe una acusación de esta naturaleza.

EN PERSPECTIVA
Martes 01.04.03, 07.35.

EMILIANO COTELO:
Como informara ayer el Servicio Informativo de El Espectador, está detenido el fiscal en lo Penal de 10º Turno, Carlos García Altolaguirre. “Lo acusan de integrar una red de corrupción”, coinciden hoy varios matutinos.

ALFREDO DANTE:
El fiscal en lo penal, un funcionario judicial y un abogado están detenidos desde el domingo por la noche por el presumario que instruyen el juez en lo Penal de 6º Turno, Alvaro França, y la fiscal Olga Carballo.

Se acusa al fiscal de recibir sobornos por efectuar imputaciones más leves a algunos procesados, o no confirmar las acusaciones iniciales por parte de la Fiscalía, para así facilitar la libertad de los procesados.

El representante del Ministerio Público venía siendo investigado en forma reservada desde setiembre del año pasado, pero recién en noviembre la indagatoria comenzó a dar sus frutos. El fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez, había recibido denuncias verbales sobre la sospecha de una actuación presuntamente irregular en la Fiscalía de García Altolaguirre. La fiscal Olga Carballo tomó la iniciativa: formuló la denuncia y dispuso varias medidas policiales reservadas, entre las cuales grabaciones, filmaciones y el allanamiento de los domicilios de los acusados, realizados el domingo, coordinadas por personal de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

En el curso de esa investigación, surgió la pista de una mujer a quien se le habría pedido dinero para el magistrado. Fue filmado un funcionario de la Fiscalía, quien habría concurrido a cobrar el dinero. García Altolaguirre fue conducido al juzgado, donde França y Carballo interrogaron desde la hora 13 en adelante al funcionario y al abogado. Sobre las 18,00, horas, el fiscal fue trasladado desde la Jefatura de Policía al juzgado de la calle Misiones, donde prestó declaraciones hasta la hora 21, cuando fue nuevamente llevado a la Jefatura.

En la misma sede judicial fue notificado sobre su suspensión en el cargo y el inicio de un sumario administrativo que será efectuado por la fiscal en lo Penal Mónica Ferrero.

La suspensión fue decidida por el fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez, con la anuencia del ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán.

EC – El doctor Leonardo Guzmán nos acompaña ahora en estudios de El Espectador. Lo hemos llamado por teléfono...

LEONARDO GUZMÁN:
...pero yo estoy acá. Esta es una “breve llamada telefónica” pero en persona, porque consideramos que se lo debemos no sólo a la hospitalidad de esta casa, donde estuvimos tan cómodos, sino a la audiencia, al sentimiento público de espanto frente a esta horrible noticia.

EC – Los fiscales dependen del Ministerio de Educación y Cultura, un dato que quizá no todos los oyentes tengan claro.

LG – Lo aclararía el concepto mismo de la cultura: si el Derecho es una de las expresiones más altas de la cultura (y ya estamos viendo en el Uruguay y en el mundo todo lo que se pierde cuando se quiebra el Derecho, y qué incivilizada resulta la vida con esas quiebras) es natural que dentro del Ministerio de Cultura haya un poder, un ministerio especializado en temas de Justicia, la Fiscalía, el Ministerio Público, los registros... Un conjunto de actividades que hacen a la gestión del Derecho en la vida del país, incluso a la relación con la Suprema Corte de Justicia.

EC – Supongo que usted todavía tiene algunas limitaciones legales para hablar de este caso, en la medida en que ni siquiera hay procesamiento aún.

LG – No tengo ninguna limitación, porque acá hay dos órdenes normativos violados a la vez. Hay un orden normativo penal, que está siendo indagado por el juez doctor França, cuya dedicación debemos subrayar (estuvo trabajando en esto durante el fin de semana en la mejor forma) y hay otro orden normativo que aparece violado, la disciplina administrativa, por lo cual se dispuso ayer a primera hora, sin esperar a lo que haya de resolver hoy el juez França, la suspensión del fiscal y el funcionario involucrados, porque la índole de los hechos que le están siendo imputados por otro fiscal, también integrante del cuadro funcional del Ministerio, es absolutamente incompatible con la permanencia en el cargo. No tenemos que esperar a que lo procesen o no para saber que cuando alguien es imputado de semejante aberración (en español, “coima”; porque la palabra “corrupción” nos trae otras reverberaciones) lo lógico es que no continúe en la función.

EC – Así que ha sido suspendido, se ha iniciado el sumario administrativo correspondiente, y –ya que empezamos por aquí— ¿cómo continúa ese aspecto: de qué depende que un fiscal pueda ser destituido?

LG – Los fiscales tiene el estatuto de la inamovilidad. Por lo tanto, en principio pueden ser destituidos en función de un trámite que tiene las garantías del sumario (artículo 66 de la Constitución), y por lo tanto no pueden ser destituidos sin haber articulado sus defensas. Al mismo tiempo, tienen la garantía de la venia del Senado, que puede destituir por ineptitud, omisión o delito. Los fiscales no son funcionarios de confianza política del Poder Ejecutivo en ningún nivel, ni aún el fiscal de Corte. Los fiscales tienen un régimen estatutario propio, y es muy importante subrayarlo porque a veces se genera una sensación diferente en torno a posiciones polémicas, y se dice “Esta es una línea fijada por el Poder Ejecutivo”, o “dispuestas en función de jerarquías o de poder de mando”. No hay tal: desde el fiscal de Corte hasta el más modesto del lugar más lejano tienen independencia técnica.

Naturalmente, esto sigue el proceso sumarial. ¿Cuánto puede durar un sumario? Depende de las evidencias que se reúna. Todavía no tenemos un expediente formado: tenemos la suspensión provisional pero nunca pudimos tener un expediente formado porque la cabeza del expediente resultará de la investigación judicial, cuyo secreto ha de levantarse cuando se decrete el procesamiento y el Estado como tal, como “patrón” del fiscal, tenga acceso a su contenido.

EC – Supongamos que el fiscal resulte procesado. ¿Eso aceleraría el proceso de destitución, habría que esperar la condena, o son cosas independiente?

LG – Diría que son dos cosas independientes una de la otra. Si las pruebas para procesar son contundentes, naturalmente se estará frente a un sumario mucho más breve. Si las pruebas no son contundentes, se estará frente a un sumario con mayor controversia y naturalmente con mayor duración.

EC - ¿El Ministerio estaba al tanto de esta investigación, que aparentemente se venía llevando a cabo desde setiembre del año pasado?

LG – Efectivamente. Esto me fue informado a finales de año, y se estaba a la espera de los resultados.

EC - ¿Colaboró el Ministerio en esta investigación, o corrió exclusivamente a cargo de la Justicia y de la Policía?

LG – Corrió por cuenta del superior jerárquico natural, el fiscal de Corte, en estrecho contacto con la fiscal denunciante. Porque es muy importante subrayar que la denuncia fue formulada por una fiscal después de un planteamiento verbal que efectuaron tres fiscales. En este momento de luto para los sentimientos colectivos de respeto a toda la magistratura nacional (que tanto lo ha merecido siempre) al mismo nos sentimos reconfortados anímicamente. Porque esto surge del planteamiento de una señora fiscal que asume la totalidad de las incomodidades y, pasando por encima de todo ese “compañerismo” connatural a una convivencia a veces menor, y pasando también por encima de la costumbre uruguaya del “No te metás”, enfrenta los hechos que felizmente han visto la luz pública para ir terminando con algo que es de las cosas duras que se debe vivir como jerarca de un servicio, cuando se enfrenta la realidad de que una persona distorsione por dentro la función específica que le está cometida.

EC – Es importante lo que usted destacaba respecto al comportamiento de los fiscales que incidieron en esta investigación. Porque estamos de quien fue hasta hace muy poco tiempo presidente de la Asociación de Fiscales, su nombre fue manejado como posible sustituto del fiscal de Corte, y es una autoridad en el ámbito académico: es profesor de Derecho Internacional privado en la Universidad de la República. Supongo que esta actuación no debe ser algo simple para sus colegas.

LG – Recordemos que la palabra catedrático deriva de “cátedra”, “silla”; es la misma raíz de “catedral”. Una silla no es responsable moral de lo que se haga con el saber jurídico.

EC – Para el Derecho Penal, los fiscales son los titulares de la acción. Si un fiscal pide el archivo de un caso, al juez no le queda otra opción que dejar sin efecto el asunto. Lo mismo sucede con las penas: el juez no puede aplicar una sanción mayor a la solicitada por el fiscal.

LG – También es así. En cuanto a lo primero, la posibilidad de que el fiscal pida el archivo y lo haga arbitrariamente, en violación de una norma, es un tema que tenemos bajo examen en el Ministerio...

EC – Nuestro compañero Alfredo Dante, también abogado, hace un gesto ante esa afirmación del ministro.

AD – Sí, porque son de esas normas que a uno le rechinan un poco cuando estudia en la Facultad.

LG – Por lo mismo que rechinan un poco, por la conexión sustancial que debe haber entre el proceso y el contenido de lo que se está tratando, y por el respeto a los derechos sustanciales de las víctimas, esta es de las normas que están bajo examen en este momento en el Ministerio. Hay algunas otras que también importan mucho, por ejemplo la separación del sumario y el plenario, y que el mismo juez que procesó no sea el juez de la sentencia de condena; que haya juzgados especializados en la condena, de modo que cuando llegue el momento de la sentencia sea un momento y no una larguísima espera como actualmente. Varias de estas normas tienen que ver con la reforma del fondo del proceso.

Pero esta situación no está referida a imperfección de los sistemas normativos, sino a una enorme desgracia que es la debilidad de la condición humana. El Derecho tiene un presupuesto, y es que se debe realizar y actuar entre personas que tengan alto concepto de la lealtad, y ahí debemos trabajar en el área valorativa y afirmar todo lo bueno que hay en la pobreza de jueces, fiscales y funcionarios, que muchos veces manejan fortunas, destinos, sin tener tranquilidad en su vida económica y personal. Y eso existe.

EC – Yo recordaba el papel del fiscal porque tiene mucho que ver con lo que serían estas presuntas maniobras, estos actos de corrupción que se está investigando. El fiscal es el titular de la acción y si pide su archivo el juez no tiene otra opción, y lo mismo sucede con las penas: el juez no puede aplicar una sanción mayor a la solicitada por el fiscal. ¿Qué era, aparentemente, lo que hacía García Altolaguirre?

AD – Lo que se está investigando es que, luego de la primera acusación que da lugar al comienzo del proceso penal, algunos delincuentes obtenían –a cambio de una coima— una imputación más leve o la no confirmación de la primera acusación.

LG – Como dije antes, no hemos tenido acceso a las actas que está labrando en estas horas la Justicia, que es un Poder independiente. Cuando tengamos acceso a ellas y podamos formular los planteamientos de Estado que corresponda en relación con la situación funcional creada (repito que el fiscal ya está separado del cargo desde ayer al mediodía), en ese momento vamos a poder corroborar esto que es una versión periodística y diremos lo que pasó.

EC – La versión periodística es más grave aún: no sólo que García Altolaguirre aceptaba coimas, sino que además las gestionaba. Según el diario El País, este caso se descubrió a raíz de que una mujer denunció ante el ministro del Interior, Guillermo Stirling, que el fiscal le había solicitado una coima. Esa mujer habría ido al despacho del fiscal a llevar el dinero, y la habría recibido un funcionario que trabajaba con él. Según fuentes de ese diario, el dato fue comprobado en la investigación presumarial, lo que agilizó la investigación.

LG – Esos son más detalles que pueden agregar elementos que permitan calificar en términos cada vez más severos el conjunto de los hechos. Pero en el mundo del Derecho debemos recordar que los hechos son, pero los valores valen. Lo que tenemos que sacar en conclusión es que este caso personal de este funcionario, debe poner en valor la enorme cantidad de casos generales en los cuales la magistratura se sacrifica a cambio de muy poco. Nunca me voy a olvidar del magistrado que se sintió ofendido cuando la Corte argumentó que, si no aumentaba el sueldo a los jueces, la corrupción podría entrar al Uruguay; y ese magistrado resolvió no ir ese año a saludar a la Corte porque, dijo, “me han ofendido personalmente. He pasado necesidades y he criado honradamente a mi familia”. Eso existe, y si negamos esa realidad negamos la identidad natural de la gestión del Derecho, y además la identidad nacional y la diferencia con otras cosas y otros modelos que, penosamente, nos están llegando de no muy lejos.

EC - ¿Hay antecedentes de procesamientos de fiscales por casos de corrupción?

LG – En el Ministerio Público, ninguno. Lo he preguntado y los más memoriosos me han informado que no hubo ningún caso.

AD – Respecto a lo que decía el ministro en relación a los casos sobre los que deben resolver los fiscales, la prensa recuerda hoy que entre los casos en que intervino García Altolaguirre se encuentran el de las denuncias de corrupción vinculadas a la empresa Focoex. Más recientemente, intervino en la investigación del maestro de Colón procesado por atentado violento al pudor y en la finalmente archivada respecto al presunto soborno de los jugadores de Peñarol a los de Defensor Sporting. A principios de los noventa, intervino en la investigación sobre las actividades del narcotraficante Omar Clavijo, pero García Altolaguirre pidió su procesamiento por estafa y no por narcotráfico, como surgía de las actuaciones judiciales, y el juez actuante (que discrepó con el fiscal) renunció a su cargo.

LG – Ayer conversamos con el fiscal de Corte sobre la necesidad de examinar algunas actuaciones que puedan resultar dignas de revisión. Ese examen se va a realizar haciendo funcionar los mecanismos pertinentes, sin que esto represente ninguna interferencia de la gestión política del Ministerio sino una movilización natural del Derecho, que es un sistema que debe regularse internamente y funcionar, y que va a funcionar por la decisión de todo el equipo de justicia.

EC - ¿Usted dice que van a ser revisados casos anteriores?

LG – Tendrá que revisarse la conducta, porque en definitiva los sumarios dejan abiertas las situaciones. Se hará en los carriles pertinentes, porque naturalmente no voy a venir a improvisar acá, donde lo único que estoy haciendo es contestar personalmente a una llamada telefónica donde esta radio, con un realismo absoluto, para hablar de este horror me pone enfrente a un colega de apellido Dante.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón

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