DIRECTOR MUNICIPAL RECONOCE “VACÍOS DE COMUNICACIÓN”

IMM defiende la transparencia en concesiones del Parque Rodó

El subarrendamiento no autorizado de un local municipal permite al concesionario ganar U$S 95.000 anuales. Mientras tanto, en un confuso caso, un empresario invirtió para explotar un local municipal que nunca le fue adjudicado, y ahora reclama ante la IMM. La Junta Departamental investiga y denuncia serias desprolijidades. Edila Cristina Ferro (Foro Batllista, P. Colorado), Director de Desarrollo Económico e Integración Regional de la IMM, Alberto Rosselli.

EN PERSPECTIVA
Miércoles 02.04.03, 08.40.

EMILIANO COTELO:
La zona del Parque Rodó y la forma en que se administró la concesión de algunos locales nocturnos se perfila como un nuevo dolor de cabeza para la Intendencia de Montevideo (IMM). Las denuncias de irregularidades se han ido multiplicando y el tema viene siendo objeto de debate intenso en la comisión de la Junta Departamental que investiga estos procesos.

Si bien son muchos los jerarcas con responsabilidad sobre las supuestas irregularidades, en la mira de los ediles aparece la figura del director de Desarrollo Económico e Integración Regional, Alberto Rosselli.

Les proponemos hoy conocer más en detalle el alcance de las denuncias, cómo se ha desarrollado la investigación en la Junta y qué es lo que explica la Intendencia.

Vamos a conversar primero con la edila del Foro Batllista Cristina Ferro y luego con el propio Rosselli.

***

EC - En la comisión de la Junta Departamental que trabaja en la investigación de las concesiones en el Parque Rodó hay varios temas superpuestos que siguen su curso. ¿Podemos detenernos en las principales inquietudes?

CRISTINA FERRO:
Esto no comienza en este momento sino en el año 2001, cuando un compañero de nuestra bancada, el edil César García Acosta, emitió un primer pedido de informe sobre estos temas a la IMM, en mayo de 2001. De ahí en adelante se hacen reiteraciones al pedido de informe, aparecen solicitudes de información del edil Martín Canale del Partido Nacional (PN) y se llega a fines del año pasado, cuando además de algunas otras denuncias públicas que aparecen en torno a la figura del secretario del intendente, Mario Areán, García Acosta resuelve solicitar una investigación en la Junta sobre este tema, que es aceptada unánimemente por los tres partidos. Una de las razones por las cuales el Frente Amplio (FA) acepta la investigación es, precisamente, la falta de respuesta de la Intendencia a todas las solicitudes de informe hechas por los ediles.

El asunto del Parque Rodó comienza con algunas concesiones de más años, por ejemplo la que es actualmente W. Lounge, que empieza como una concesión de la IMM (Intendencia colorada en ese momento) en el año 1988, que se adjudica finalmente en 1989 a la firma La Churrasquería SRL, que es la que al día de hoy mantiene la concesión, porque la concesión era por 17 años.

EC - La concesión termina en el año 2006. Sin embargo no es La Churrasquería SRL quien está operando hoy el local.

CF - No, no, lejos de eso. Ya en el año 1997 llega a la Junta Departamental un expediente donde la Intendencia solicita hacer un cambio en la concesión porque hay una desviación del proyecto original, del pliego de licitación, y se ha desviado notoriamente, rotundamente, el destino de la concesión original.

Entonces la Intendencia solicita que la Junta resuelva si habilita un cambio en la concesión, una modificación de la concesión. La Junta no resuelve porque la Intendencia no le da tiempo; el expediente vuelve a la Intendencia porque la Intendencia lo solicita –la Junta no llega a opinar– y sigue adelante la situación de hecho que se estaba dando. Es decir que en este momento La Churrasquería, en este momento representada por su socio mayoritario, señor Gillardoni, comienza a subarrendar –en ese momento ya lo estaba haciendo, en el año 1997– a distintas empresas. Y llegamos al año 1999, período del que ya tenemos información más concreta.

Quiero destacar acá lo difícil que es para nosotros obtener información de la Intendencia, la información nos llega fraccionada, lentamente y sobre todo condicionada a los descubrimientos que nosotros vamos realizando. Un día nos llega un expediente y cuando observamos que allí puede haber alguna relación con otros solicitamos el otro… No quieran saber ustedes las dificultades que eso nos acarrea; es un ir y venir, un adelantar y retrasar. Creo que esa es una manera muy concreta de obstruir nuestra investigación.

EC - Esa es una parte de la preocupación que manifiesta la oposición: la forma en que recibe la información de la propia Intendencia. Pero volviendo al caso de ese local que la gente identifica con W. Lounge, ¿qué es lo que ocurre en materia de subarrendamientos?

CF - Allí aparece en el año 1999 un subarrendamiento, primero a la firma Olivera, Figueredo y Daw, que aparece como un arrendamiento de un área del local de W. Lounge; no de W. Lounge sino de lo que sería el viejo edificio del Yatch, que era toda la concesión. En el mismo año arrienda otra parte de la concesión, la que sería el mismo edificio del Yatch, donde funciona W. Lounge; primero se hace un contrato de arrendamiento con una firma que integran los señores Andrés Mañosa, Alberto Lamas y José Sassón. Al poco tiempo, dos o tres meses después, esta misma firma hace un comodato, desviando notoriamente una vez más lo que es el sentido de la concesión.

EC - Usted habla de desvíos en el sentido de la concesión. ¿A qué se refiere?

CF - Primero se hace un arrendamiento para que el bien pase a ser utilizado para un fin distinto del que preveía el pliego de condiciones original. Mediante la figura del arrendamiento se disimula una violación contractual que se refiere al cambio de destino, porque lo que tenía que explotarse de una forma vinculada con la alimentación en definitiva pasa a ser un restaurante, pero también una discoteca, un pub, un dancing o el nombre que se le quiera dar dentro de este ramo expresamente prohibido por el pliego de condiciones. Es por eso, entonces, que se está haciendo una violación del contrato original cambiando el destino.

Pero además de eso, una parte del arrendamiento había sido dispuesto para el arrendamiento a los señores Mañosa, Lamas y Sassón para un destino ajeno a la concesión, o sea que es una falta clara del concesionario, en este caso nos referimos a La Churrasquería del señor Gillardoni; luego sus arrendatarios –estos señores que nombré– dan en comodato a una sociedad anónima el mismo inmueble. Pero esta sociedad anónima al mismo tiempo está presidida por el señor Alberto Lamas, que es uno de los arrendatarios.

EC - Eso es todo muy entreverado.

CF - Muy entreverado.

EC - ¿Qué es lo que usted saca como conclusión allí?

CF - La conclusión que sacamos es que en el año 1999 el señor Gillardoni, representante de La Churrasquería, socio mayoritario, obtiene a través de todas esas transacciones un beneficio de 95.000 dólares anuales por el canon que le paga esta sociedad anónima por arrendamiento del edificio del Yatch. Y la IMM, ante esta violación de contrato, ante este apartamiento del destino original de la concesión, primero revoca la concesión, pero luego se arrepiente y negocia con el señor Gillardoni para llegar a un resultado final que… Yo no tengo un grabador para poner en esa negociación; el señor Rosselli dice que nosotros podemos considerar que la negociación es buena o mala, pero que en definitiva es una negociación. Yo creo que hay una violación del contrato, un apartamiento de la concesión, hay una voluntad expresa del Departamento Jurídico de la Intendencia para que la concesión se revoque en el año 1997, en el año 2000 intenta revocar esa concesión, incluso llega a revocarla con la firma del intendente Arana, pero luego, revocada la concesión, se negocia nuevamente con el señor Gillardoni... ¿para llegar a qué? A un resultado final que marca 95.000 dólares al año de canon para La Churrasquería.

EC - Eso es lo que le pagan a La Churrasquería los operadores.

CF - La sociedad anónima en este momento se llama Vindimar, está integrada por algunas personas representadas por el señor Lamas.

EC - O sea que el concesionario original, La Churrasquería SRL, recibe de quienes operan hoy el local 95.000 dólares. ¿Cuánto tiene que pagarle a la Intendencia, a su vez?

CF - 11 mil pesos por mes.

EC - 11 mil pesos por mes…

CF - Después de la última negociación de Rosselli, que logró aumentar de 9.000 a 11.000 pesos el canon mensual que la firma le paga a la IMM.

***

EC - ¿Cuál es la síntesis del caso del local que hoy es W. Lounge y que antes era el parador Yatch?

CF - La síntesis es que hay una explotación de un local municipal por parte de un concesionario que tiene un rédito de 95.000 dólares al año de una manera desde nuestro punto de vista apartada del destino original de la concesión, una clara violación del contrato y un apartamiento de las normas que amerita una revocación de la concesión. Pero la Intendencia entiende que es viable una negociación a la que llega mediante esta pérdida notoria para los intereses del municipio de Montevideo. Repito: no tengo un grabador para poner en la reunión entre Rosselli y el señor Gillardoni para saber cómo se llega a esta negociación.

***

Pero no es solamente W. Lounge lo que nos ocupa en el predio del Parque Rodó.

EC - El otro caso que ha tomado estado público en estos días ha sido el de la ex cervecería Artigas.

CF - Exactamente.

EC - ¿Qué es lo que ustedes cuestionan allí?

CF - En la ex cervecería Artigas cuestionamos una falta de información clarísima que ha hecho el señor Rosselli a la Junta Departamental. Es importante insistir en esto, yo sé que a veces se va un poco del centro, pero es importante insistir porque si a esto unimos la falta de información, la salida intempestiva de Rosselli en la prensa cuando dice que esto no es otra cosa que un ataque a la figura política de Arana, estaremos viendo cómo se intenta desviar el sentido del foco de la discusión, que precisamente son las irregularidades.

En la ex cervecería Artigas, según declaraciones del empresario Rodolfo Apardián, asunto que el señor Rosselli dijo desconocer en la comisión de la Junta que integramos, llegamos a la conclusión de que allí hay un local que estaba abandonado, sin explotación ninguna en el Parque Rodó, y este empresario, que tenía –ahora está clausurado– un boliche nocturno en la calle Bonpland, Azabache, resuelve, buscando un lugar adonde llevar su negocio porque se lo clausuraba la Intendencia, hablar con Rosselli para pedirle acceso a este local. Rosselli alrededor de una mesa conversa con Apardián –según las declaraciones de Apardián, Rosselli dice que no– y le dice que está bien, que le va a permitir trabajar en este lugar y que para eso –según conversaciones con otras personas que también intervienen– habría que sacar a algunas personas intrusas que están allí dentro. Eso es lo que se hace: el señor Apardián gasta 25.000 dólares en trasladar a los intrusos y después de levantarles algunas viviendas donde pudieran vivir, vuelve a la negociación con Rosselli y éste le dice que los otros concesionarios del Parque Rodó se niegan a que él ingrese a esa zona a trabajar en el mismo rubro.

Creo que es un manejo absolutamente inadecuado. Además Rosselli no puede negarlo porque el señor Apardián ha presentado documentación por la cual el arquitecto Villarmarzo, con su firma y bajo su responsabilidad, admite que Azabache continúe en la calle Bonpland hasta tanto se terminen las obras de remodelación de la cervecería Artigas, ya que el propio señor Rosselli le ha manifestado a Villarmarzo verbalmente –así lo estampa Villarmarzo en su resolución– que le ha prometido al señor Apardián que va a tener la concesión de la ex cervecería Artigas.

De manera que hay mentiras, irregularidades y, sobre todo, un estilo muy peligroso, un apartamiento de lo que es la observancia de las normas, ya no solamente referidas a los decretos municipales o enmarcadas dentro de los decretos, sino un apartamiento de normas constitucionales, de normas legales vigentes que conlleva una gravedad y un estilo que cada vez más hace una política de entrecasa, una interpretación de toda la normativa vigente de un modo muy apropiado a los intereses de un partido político, en este caso el Encuentro Progresista - Frente Amplio, y lejos de lo que tiene que ser una relación transparente, porque la transparencia es eso, también: la observancia de procedimientos similares, ecuánimes, de reglas de juego claras, donde cada ciudadano sepa a lo que tiene acceso desde la administración pública o la administración de los dineros públicos de la misma manera.

EC - No son sólo los casos del local de W. Lounge y la ex cervecería Artigas que están en investigación; también se cuestiona Plaza Mateo, Don Trigo, etcétera. Pero vamos a concentrarnos en estos dos capítulos en la entrevista con el director de Desarrollo Económico de la IMM, Alberto Rosselli.

***

EMILIANO COTELO:
Vamos a dialogar ahora con el director de Desarrollo Económico e Integración Regional, Alberto Rosselli.

Hablemos del caso de lo que se llamaba parador Yatch, que hoy la gente identifica como W. Lounge. Un concesionario de un espacio perteneciente a la Intendencia no puede, a su vez, subarrendarlo, tiene que solicitar la autorización correspondiente.

ALBERTO ROSSELLI:
Exactamente, esa es la opinión de la Intendencia de Montevideo (IMM).

EC - En el caso concreto de este local incluso hay una resolución del 18 de julio de 1990 que autoriza al concesionario –que era La Churrasquería SRL– a subarrendar para destinos específicos, con previo conocimiento y autorización expresa de la Intendencia.

AR - Exactamente.

EC - Sin embargo han tenido lugar subarriendos de ese local pero sin autorización de la Intendencia.

AR - Exactamente. Este es un proceso muy largo y nosotros, cuando detectamos esa situación, a través de un expediente que se puso en conocimiento del Departamento Jurídico y en consulta con ese departamento, no dudamos en tomar la decisión más firme y severa que la Intendencia puede tomar: revocar una concesión. Es un acto drástico, no habitual por parte de la Intendencia.

EC - ¿Cómo se entera la Intendencia formalmente de que existía ese subarriendo?

AR - Porque hay otro permiso de construcción que se pide y Espacios Públicos pregunta al Departamento Jurídico si quien está iniciando ese pedido de reformas es quien debe pedirlo o no. Al constatar el hecho, esta vez sí –porque hay otro expediente que no siguió ese camino–, la Intendencia actúa con el máximo rigor: revoca la concesión. No hay dudas por parte de la Intendencia en qué es lo que tiene que hacer, ni el Departamento Jurídico ni –ahora sí– en el Departamento de Desarrollo Económico, que ya estaba creado; en el caso anterior no existía este departamento.

EC - Por lo menos desde 1999 existe ese subarriendo de La Churrasquería SRL a la firma Vindimar SA, que es la que opera W. Lounge.

AR - Exactamente.

EC - 1999… ¿Y cuándo es que la Intendencia toma conocimiento?

AR - La Intendencia toma conocimiento en el transcurso del año 2000. Se hacen las consultas jurídicas, etcétera, y se toma una decisión, La decisión es de los últimos días de diciembre del año 2000.

EC - La decisión es que hay que revocar el contrato.

AR - Se revoca el contrato. El concesionario apela la decisión basándose en aspectos formales, que no había sido notificado; la Intendencia acepta que debió haberlo notificado primero y lo notifica.

El concesionario presenta un recurso que la Intendencia desestima, lo cual habilita la vía del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, vía que recorre el señor Gillardoni con sus representantes legales. En esa instancia, estando el tema en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el señor Gillardoni plantea una negociación a la Intendencia.

Para nosotros este tema tiene varias aristas. Paso a relatar brevemente, antes de seguir con esta línea. Un expediente, otro permiso de construcción que se presenta y que no es consultado ni en el Departamento Jurídico ni en el Departamento que hoy es de Actividades Productivas y Comerciales, sobre quién era la persona que estaba pidiendo permiso. Era un permiso de construcción, de ocupación, de retiro frontal, con una construcción de una tarima, lo cual, por tener esas características, debe ser aprobado por el intendente. En ese momento el intendente interino era yo, y firmé esa autorización.

EC - ¿En qué año fue eso?

AR - Eso fue el 28 de enero del año 2000. Se autoriza la construcción de una tarima en el retiro y a fines del año 2000 se cesa la concesión. Una es en enero y la otra es en diciembre.

Este permiso de construcción es autorizado y en esa resolución se dice que está legítimamente acreditado. Es decir que no sólo no se consulta a quien debió consultarse, sino que en la resolución establece que está legítimamente acreditado, como si se hubiera consultado.

EC - Eso implica que dentro de la Intendencia hay fallas complicadas en el relacionamiento entre las distintas dependencias.

AR - En ese momento no se siguió los mecanismos debidos. El segundo trámite sí va a Jurídica y ese departamento y el nuestro actúan, sin duda.

EC - A usted, que era entonces intendente interino, le llevan para la firma una autorización para obras en ese local del parador Yatch, frente a la playa Ramírez, sin ninguna advertencia, sin que el trámite hubiera pasado por el Departamento Jurídico.

AR - Es más: el expediente es coherente; no es inconsistente.

EC - Pese a que quien estaba solicitando el permiso no era el concesionario del local.

AR - No era el concesionario del local.

EC – Luego, otro permiso de construcción sí pasa por el Departamento Jurídico y ahí se detecta formalmente la existencia de este arrendamiento. De todos modos, era bastante claro que se habían producido cambios en el funcionamiento de ese local: para cualquiera que pasara por ahí era visible que había marcas nuevas, servicios nuevos.

AR - Sí. Es una de las características que tiene hoy el Parque Rodó, afortunadamente.

EC - Los jerarcas municipales que pasaban por allí podían sospechar que hubo un cambio en el operador del local.

AR - Visto después uno puede decir que sí. No sé si a usted, si a los oyentes les pasa, pero a veces uno mira menos cosas en la ciudad de las que habitualmente ocurren. Uno a veces tiene la costumbre de mirar si está limpia, si está alumbrada, si los pozos están tapados, si el basurero pasó hoy, qué es el camión que está construyendo en determinado lugar… Absolutamente en forma casual alerté sobre una obra que se estaba produciendo en el Parque Rodó que no tenía autorización municipal, pero fue absolutamente casual, simplemente porque miré y dije “¿Qué hace esta máquina?”, más o menos siguiendo un poco el razonamiento que usted dice. Uno mira, levanta la cabeza, ve y efectivamente dice cosas.

EC - Lo cierto es que desde el punto de vista formal la Intendencia se entera de esto a fines del año 2000 y toma la decisión de revocar el contrato con el concesionario original, no solamente porque había subarrendado sin solicitar la autorización correspondiente de la Intendencia, sino además porque se estaba produciendo un cambio de los objetivos para los cuales se había producido la concesión.

AR - Había opiniones del doctor Álvarez que fundamenta en ese sentido.

EC - Se desvirtuaba el sentido de la concesión.

AR - Después hay nuevas opiniones.

EC - La Intendencia tenía los elementos para revocar, decide revocar, y allí comete un error porque no notifica al concesionario y a partir de esa falta de notificación el concesionario apela y se genera una instancia en el Tribunal de lo Contencioso…

AR - Apela la decisión, pero no porque no hubiera sido notificado. Son dos hechos distintos. No se lo notifica, se revoca la concesión, y después se abre el camino del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No es producto del error; simplemente hay un pequeño período en el cual la decisión vuelve a quedar firme por ese mecanismo de toma de decisión. Pero no hace al fondo del asunto, el Tribunal de lo Contencioso lo tiene habilitado desde el momento de la revocación; tiene abierta la vía del recurso ante la IMM, si esta no da lugar está el recurso ante el Tribunal de lo Contencioso, y esa vía está abierta siempre para cualquier ciudadano.

EC - De todos modos el trámite termina en una instancia de negociación.

AR - Termina en una instancia de negociación, en la cual lamentablemente no teníamos un grabador, porque de esa forma podríamos salvar la curiosidad de la edila Ferro, suponiendo que eso sea lo que quiere decir.

EC - La negociación termina en que La Churrasquería SRL sigue siendo la concesionaria y aumenta el pago del canon, pero poco.

AR - Aquí hay que establecer dos cosas. Primero, nosotros no conocíamos el contrato entre La Churrasquería y el señor Lamas o W. Lounge, no obraba en nuestro conocimiento cuando pactamos.

EC - Ustedes sabían que había un arrendamiento.

AR - Sí, sabíamos que había un arrendamiento, y había, en otro expediente, una copia de ese arrendamiento, en aquel expediente que dije que no recorrió los caminos que tenía que haber recorrido. Y por lo tanto ni el Departamento de Actividades Productivas y Comerciales –el que antecede al Departamento de Desarrollo Económico–, ni el Departamento de Desarrollo Económico tuvimos conocimiento de ese contrato. Por lo tanto no lo conocíamos.

En segundo lugar, hay otros elementos para aceptar la negociación. El primero de todos es que todos sabemos lo que demora un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; en segundo lugar, mayo de 2006 está a la vista…

EC - Mayo de 2006 es el vencimiento de la concesión.

AR - Está a la vista y por lo tanto la seguridad jurídica con que la Intendencia se va a mover de ahora en adelante es una, una seguridad jurídica que no existiría en mayo de 2006, o en junio o noviembre de 2005 cuando la Intendencia pueda comenzar a dar los pasos para una nueva licitación de ese edificio. Seguridad jurídica que hay que tener arriba de la mesa como un factor importante.

Segundo factor importante que me parece que debemos tener en cuenta: el contrato, la licitación de 1987, que se firma en 1989, no establecía ningún ajuste del canon a recibir por la Intendencia. Aunque a usted le parezca mentira y a los oyentes también, eran 500 dólares y punto, y no hay ninguna paramétrica de ajuste para una licitación que se adjudica por 17 años. Sin lugar a dudas ese es un error. Por supuesto que se podrá decir que 500 dólares que pagaba el primer concesionario, el señor Rey, era una cifra desmesurada porque Yatch era un mal edificio, ubicado en un parque oscuro, sucio y adonde era peligroso ir, entonces 500 dólares podía ser una cifra muy alta. Hoy el Parque Rodó tiene otra cara.

En tercer lugar –esto me interesa, porque palos por un lado y por el otro–, también se puede interpretar –y es válido– que, supongamos, en aquel momento o ahora, en una negociación se diga por parte de La Churrasquería SRL “Vamos a multiplicar por tres el canon; en vez de 500, 1.500 dólares”. También se puede decir que eso es una adjudicación directa porque el precio no guarda ninguna relación con el contrato original, entonces se puede decir que hay una concesión sin licitación pública que se da a la misma persona pero cuyo objeto no guarda relación con el anterior. Eso también se puede decir.

EC - Pero lo que choca y forma parte del debate es el hecho de que el canon aumentó poco en esta negociación…

AR - Exactamente, un 15 por ciento.

EC - De 9.000 y pico de pesos a 11.000.

AR - Sí, las cifras son las que dijo la edila Ferro. No las tengo aquí, pero en términos generales son esas.

EC - A precios de hoy son unos 300 dólares mensuales.

AR - Claro.

EC - Sin embargo ese concesionario le está alquilando el local a la firma que realmente lo opera por 5.600 dólares mensuales. Ese concesionario está ganando, a costa de la Intendencia, de todos nosotros, 5.300, 5.200 dólares por mes.

AR - Exactamente. Uno puede hacer esa línea de razonamiento. Hay que poner todas las cosas en la balanza. Yo dije recién que una cosa era el edificio Yatch que recibió el señor Rey, que fue el socio mayoritario de La Churrasquería SRL en los años 1987, 1988, que ahora tiene nuevas mejoras que quedan para la IMM. O sea que lo que La Churrasquería SRL recibió y ahora, si la Intendencia llega a autorizar en su contrato (cosa que no ha hecho, la Intendencia no ha autorizado ningún subcontrato aún, el director del Departamento de Desarrollo Económico, que soy yo, estoy autorizado por el intendente a autorizar un subcontrato pero todavía no lo hemos hecho, eso se verá cuando termine la investigación en la Junta Departamental de Montevideo)…

EC - Usted remarcaba que el local ha tenido mejoras.

AR - Ha tenido mejoras.

EC - Eso en parte es mérito del concesionario original.

AR - De los sucesivos socios mayoritarios de La Churrasquería SRL, porque de esa firma queda sólo la persona jurídica SRL.

EC - Lo cierto es que hay un contrato de subarrendamiento. La Intendencia no lo ha aprobado pero existe, y el subarrendatario está pagando mensualmente esos 5.600 dólares al concesionario original.

AR - La Intendencia aún no lo ha aprobado.

EC - ¿Cabe la posibilidad, entonces, de revisarlo?

AR - La Intendencia va a tener que autorizar un subcontrato por razones de mérito. La Intendencia –con grabador o sin grabador, para tranquilidad de la edila Ferro– va a tener que actuar de forma tal que nadie pueda decir que hay una especie de chantaje. La Intendencia va a reconocer el subcontrato por razón de mérito. Si el subcontrato, si el fin del establecimiento está de acuerdo con la licitación anterior o no, si procede o no. Actuará después con la ponderación con que debe actuar en cualquier otra negociación.

EC - Esto ahora está pendiente del resultado de los trabajos de esta comisión investigadora de la Junta Departamental.

AR - Lo único que hicimos, porque correspondía hacerlo, fue saber si quien ejerce la titularidad ha cumplido con todos los pasos que debe cumplir, esto es inscribir todas las sucesivas modificaciones en la cuota social de la SRL, cosa que efectivamente se ha hecho. Quiere decir que en este momento estaríamos en condiciones, desde el punto de vista formal, de continuar o concluir el proceso. Cosa que haremos después.

***

EC - Pasemos al otro caso que exponía recién la edila Ferro: el local de la ex Cervecería Artigas, ubicada dentro mismo del Parque Rodó que, según el empresario Rodolfo Apardián, usted le asignó, le autorizó a utilizar. Apardián tenía una discoteca, Azabache, en la calle Bonpland, clausurada por quejas de los vecinos por los ruidos molestos y, según el testimonio del propio Apardián, usted le dijo que iniciara las refacciones en la ex Cervecería Artigas para continuar con su actividad comercial en ese otro establecimiento. Es más: le advierte que ese local tiene intrusos, Apardián asume el traslado de los mismos a un terreno que adquiere y en el que, aparentemente, incluso construye viviendas para ellos; y cuando se dispone a realizar efectivamente las tareas de refacción se entera de que los otros concesionarios del Parque Rodó se oponen a que él se instale en ese local y todo el proceso queda por el camino. ¿Cómo explica usted esta situación?

AR - Lo primero que explico es que la primera persona que habla de este tema soy yo. Lo hago en el juicio Areán - Brecha, en el que soy el primer testigo en declarar. En ese juicio dije sustancialmente lo que voy a decir ahora. El primero que habla de este tema soy yo, directamente yo.

EC - Usted está contestando a quienes sostienen que se enteraron por el testimonio de Apardián.

AR – Claro. Yo fui el primer testigo. Es un juicio público donde había periodistas, y donde yo hablé. Fui el primero en hablar de este tema. Esto me parece un hecho importante.

EC - ¿Cuál es su versión?

AR - El segundo hecho –porque aquí no tenemos absolutamente nada que ocultar; ni aquí ni en el caso de W. Lounge; para nosotros actuar con absoluta transparencia es un compromiso de vida en primer lugar, y en segundo lugar un compromiso político, por lo tanto en éste y en todos los casos hemos actuado con absoluta transparencia–, yo conocía, sabía, por mi cargo de director del Departamento de Descentralización en el período anterior, la situación complicada que se veía en la zona de Bonpland en virtud de los inconvenientes que creaba el funcionamiento de Azabache.

En el transcurso del año 2001 se presenta el señor Apardián a mi despacho, planteando su problema, la necesidad que tenía. Paralelamente, la Intendencia tenía una necesidad cierta de trasladar ese boliche que estaba generando múltiples inconvenientes; porque Azabache cumplía con el tema de los decibeles dentro del establecimiento, había hecho mejoras, fuera del establecimiento la música no se sentía, pero se generaba alrededor todo un movimiento muy complicado, realmente los vecinos tenían razón.

EC - ¿Cómo surge la utilización del antiguo local de la Cervecería Artigas?

AR - Me plantea esa posibilidad. Yo entiendo que había razones de oportunidad, que la ex cervecería Artigas, que estaba ocupada, estaba generando una serie de dificultades, generaba problemas de seguridad en el parque e inconvenientes para quienes desarrollaban la actividad en los lugares próximos. Me pareció bien, que podía ser una solución que apuraba el hecho de que Apardián cerrara el boliche y se recuperara el funcionamiento de la Cervecería Artigas. Esto se puede hacer porque el apartado i, numeral 3º del artículo 33 del Tocaf autoriza a contratar directamente en determinadas circunstancias. Esta era una circunstancia que desde el punto de vista legal se podía resolver.

EC - Usted dice que desde el punto de vista jurídico era posible asignar ese local sin una licitación.

AR - Sin una licitación, por determinado período, en forma absolutamente transitoria, mientras se procesa un llamado a licitación. Eso se puede hacer.

EC - ¿Por cuánto tiempo era esa solución que usted le estaba dando al señor Apardián?

AR - Yo no se la estaba dando. Ese es el otro detalle que para algunas personas por un problema de formación o vaya a saber cuál, no importa, no quiero clarificarlo, puedan pensar que es una decisión personal. Para que ella pueda ser efectiva debe dictarse un acto administrativo. Un acto administrativo es una resolución del señor intendente y, por supuesto, se llegó a elaborar un borrador de resolución para que fuera firmado por el señor intendente.

EC - Pero nunca fue firmado.

AR - Nunca fue firmado. ¿Por qué nunca fue firmado? Porque acá comenzó otra discusión en el seno del equipo de gobierno. Unos decían que primero había que hacer el proyecto del parque y después los procesos licitatorios correspondientes que dieran lugar al establecimiento o no de determinados establecimientos comerciales. Esa discusión duró mucho tiempo porque había otros que sostenían que desde el punto de vista de la Intendencia se solucionaban dos problemas, el de un bien abandonado como era el de la ex Cervecería Artigas, y el del boliche Azabache.

EC - ¿Cómo se entiende que, sin que existiera esa autorización desde el punto de vista formal, el señor Apardián se lanzara a realizar la inversión que realizó? Porque él trasladó a los intrusos, compró un terreno, creo que construyó para que los intrusos pudieran vivir en otro barrio, se habla de 25.000 dólares que invirtió en esa operación, y se disponía a iniciar las refacciones del propio local de la ex Cervecería Artigas cuando se entera de que el proceso se frenaba.

AR – No: nosotros siempre le dijimos lo mismo al señor Apardián: primero los hechos administrativos, acá no se puede dar ningún paso, no hay políticas de hechos consumados, o hay una decisión, una resolución del intendente, o no hay tu tía, no hay otra forma de proceder. Eso se lo dijimos absolutamente claro. Si el señor Apardián tomó otras decisiones lo hizo a su cuenta y riesgo, no porque nosotros lo hayamos autorizado, le hayamos dicho que sí o lo hayamos incentivado para que lo hiciera.

EC - Cuesta entender que alguien invierta 25.000 dólares sin tener una mínima seguridad del organismo responsable en este momento, que es la Intendencia.

AR - Yo no lo haría. Le hemos dicho al señor Apardián lo mismo que les decimos a todos los señores que van a plantearnos iniciativas que pueden parecernos buenas –si no nos parecen buenas decimos que no–, siempre decimos lo mismo: acá lo que es necesario es el hecho que posibilite que usted se haga de un bien en forma estrictamente legal.

EC - Por otro lado hay una resolución del director de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia, Roberto Villarmarzo, otorgando una prórroga de tres meses a Apardián para trasladar el boliche Azabache. La disposición está fechada el 24 de setiembre de 2001 y dice que se traslada a ese local, al de la ex Cervecería Artigas, de acuerdo a lo manifestado verbalmente por el director de Desarrollo Económico e Integración Regional, Rosselli, confirmando la decisión de abrir ese local en el Parque Rodó.

AR - No es una resolución de Villarmarzo: es un decreto en un expediente donde se pide la autorización para una prórroga de tres meses más para quedarse en Azabache y la se fundamenta en razón de las conversaciones que estábamos teniendo, que efectivamente estábamos teniendo, y en una discusión en el equipo de gobierno que termina imponiendo un criterio distinto del que nosotros sosteníamos. Mientras nosotros sosteníamos que era conveniente por los motivos expuestos, por la doble razón que expuse, hubo quienes sostuvieron que primero era el proyecto del parque para después proceder a los llamados a licitación correspondientes. Criterio que no sólo se impone sino que además está en curso, porque en este momento está el llamado a licitación para el Bar Nelson y a fines de este mes se procederá a la apertura de las ofertas, con un estacionamiento que une el Nelson con el Artigas. Esa fue la discusión.

EC - El señor Apardián argumenta que esa resolución de Villarmarzo prueba que se le dio efectivamente vía libre para que operara en la ex Cervecería Artigas.

AR – No. Creo que la fundamentación que hace Villarmarzo es justamente para autorizar tres meses más y no prueba lo que el señor Apardián dice que prueba. En todo caso sería mucho más contundente como proximidad a una decisión un proyecto de resolución que efectivamente existió; así lo dijimos cuando pusimos a consideración este tema en el juicio Areán - Brecha.

Hay cosas que me llaman poderosamente la atención. El señor Apardián concurre a una investigadora en la cual se supone que va a hablar de los temas para los cuales fue convocado y termina hablando de este otro tema, en el cual nosotros hemos actuado con absoluta transparencia, lo hemos puesto en consideración de la Justicia y hemos venido documentando en el expediente correspondiente. Nos llama poderosamente la atención que termine con una serie de aseveraciones que nada tienen que ver con el procedimiento que se llevó a cabo.

EC - Cuando dice que le llama la atención, ¿qué quiere decir? ¿qué indica esto?

AR - Me llama la atención. Qué indica… No puedo decir qué indica.

EC - Por otro lado, desde la oposición se marca que en la mejor de las hipótesis, tanto el caso de W. Lounge como este de la ex Cervecería Artigas, dejan de manifiesto una serie de desórdenes, irregularidades, falta de transparencia. Contra ese tipo de señalamientos, ¿qué dice?

AR - Digo lo siguiente. En el caso de W. Lounge se puede acusar a la Intendencia de que haya demasiadas resoluciones, pero no se puede decir que no actuó con transparencia; hay resoluciones paso a paso de las distintas posiciones que la Intendencia tomó. Se podrá decir que la Intendencia no tiene un procedimiento claro para los permisos de construcción que se realizan en los propios bienes municipales a cargo de quienes son los concesionarios, si fuera el caso. Creo que sí, que la Intendencia tiene que mejorar ese tipo de actitud, pero que hubo falta de transparencia... Siempre es poca la transparencia con que se puede actuar, pero aquí hay demasiadas resoluciones para un mismo tema.

EC - Demasiadas resoluciones, pero quizás con incoherencias, con vacíos de comunicación en el medio que hacen que quede consolidada...

AR - Con vacíos de comunicación, sin duda.

EC - ...que hacen que quede consolidada una situación de hecho que nunca pudo haberse cristalizado, como es un subarrendamiento.

AR – No creo que quede consolidada, y le explico porqué. En la resolución de revocación se había dispuesto con claridad la permanencia durante un año del establecimiento W. Lounge, mientras se procedía al llamado a licitación. Entonces hay una decisión por parte de la Intendencia de solucionar estos temas. ¿De qué forma solucionarlos? En primer lugar, el reconocimiento de La Churrasquería SRL de que la Intendencia tenía razón: desistir del recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo significa aceptar que la Intendencia tenía razón y que sólo se podía subarrendar con autorización previa de la misma. Este es otro hecho que también queremos señalar.

Ahora está abierta la etapa de autorización del subarriendo para que efectivamente quede la situación solucionada. Cuando culmine la acción de la Junta Departamental procederemos a concluir este procedimiento.

En el segundo caso hay una acción por parte de la Intendencia enmarcada en la ley, en el apartado I, numeral 3º del artículo 33 del Tocaf que autoriza a actuar de esa forma. Se puede discutir; yo lo discutí y creo que era conveniente para la Intendencia, para el parque y para los demás comercios del parque tener otra actividad allí. Y no solamente era conveniente sino que ahora la Intendencia está pagando 25 mil pesos por mes por un servicio 222 para cuidar ese bien que ahora está libre de intrusos porque procedió a su desalojo. Entonces este otro aspecto, actuar dentro de la normativa, es absolutamente pertinente.

En tercer lugar nunca autorizamos ni al señor Apardián ni a nadie, ni en este tema ni en otro, a actuar antes o por fuera de lo que efectivamente marca la ley.

EC - Usted dice que el señor Apardián fue quien no entendió.

AR - Yo digo que el señor Apardián o no entendió o quiso, por la vía de los hechos consumados, adelantarse y hacer irreversible lo que no era una decisión tomada en el marco de la normativa.

-----------------------------
Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón

recomendar esta nota