02.04.2003






































Profesionalismo en la investigación sobre coimas

Ministro del Interior, Guillermo Stirling: El equipo de 32 policías conducidos por el comisario inspector Roberto de los Santos contó con el apoyo de técnicos para reunir una prueba cuya contundencia determinó la confesión del fiscal García Altolaguirre y el funcionario de la Fiscalía. De hecho, está consolidada una coordinación que permitirá seguir trabajando con criterios técnicos.

EN PERSPECTIVA
Miércoles 02.04.03, 07.35.


EMILIANO COTELO:
Una vez más está sobre la mesa el caso del fiscal Carlos García Altolaguirre, ahora procesado con prisión por el juez Alvaro França (junto a un funcionario de la Fiscalía), luego de acumularse indicios respecto a que ambos solicitaban dinero a particulares para revertir acusaciones penales o para tipificar delitos más leves.

ALFREDO DANTE:
Nunca pareció más inminente un procesamiento, habida cuenta de las pruebas que, según trascendió, poseía el juez França.

García Altolaguirre fue encausado por reiterados delitos de concusión especialmente agravados y por un delito continuado de utilización indebida de información privilegiada. Esta figura delictiva se ve agravada por la condición de funcionario público del representante del Ministerio Público. Un funcionario de confianza del fiscal, Pedro Milano, también fue procesado por reiterados delitos de concusión.

Mientras tanto, un abogado destacado del departamento de Maldonado, que fue detenido el pasado domingo, recuperó ayer su libertad aunque las investigaciones continúan. El juez França resolvió formar una pieza presumarial para continuar las indagatorias a fin de determinar si existen otras responsabilidades penales.

La investigación, que se extendió por más de ocho meses, permitió reunir pruebas de que García Altolaguirre y Milano integraban una organización dedicada a actos de corrupción. La red de tráfico de influencias también estaba integrada por abogados y está vinculada a casos de narcotráfico y delitos económicos.

Según el diario El País, el magistrado ya pidió a varios colegas suyos los expedientes en los que intervino el fiscal García Altolagruirre, para evaluar su actuación. En la misma línea, se analizará todas las actuaciones de los representantes del Ministerio Público que surjan como dignas de revisión, según anunció ayer a El Espectador el ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán.

EC – Estamos ahora en comunicación con el ministro del Interior, Guillermo Stirling, porque toda la información que ha circulado a propósito de este caso destaca un “nuevo modelo de investigación criminal” que puso en marcha su cartera, como fundamental para la verificación de las sospechas que existían respecto al fiscal.

GUILLERMO STIRLING:
No tanto mi cartera, sino que es el esfuerzo mancomunado de varias áreas del Estado. La iniciativa ha correspondido al doctor Peri, y esto se inició con el caso Trigo en Colonia, uno de los casos que más conmovió a la opinión pública, y en el que se coordinó el trabajo del juez, del fiscal y funcionarios policiales.

EC – Usted dice que la iniciativa fue del fiscal de Corte, ...

GS – Exacto.

EC – ...e implicó coordinar esfuerzos de distintas reparticiones.

GS – Exacto. En aquella oportunidad se incorporó la utilización del polígrafo, creo que por primera vez en la historia de la investigación criminalística uruguaya, gracias a una decisión tanto del juez como del fiscal. El polígrafo dio un excelente resultado para tener después elementos probatorios que permitieron a la Justicia procesar en el caso Trigo, y se siga utilizando.

EC – El polígrafo es el conocido como “detector de mentiras”.

GS – Exactamente. Y en esta instancia, frente a denuncias que recibió, el doctor Peri nos planteó la posibilidad de seguir con el modelo de Colonia. Entendimos que era realmente interesante, y comenzaron a trabajar pacientemente –durante ocho meses— tanto el juez Alvaro França y la fiscal Olga Carballo, como un equipo de la Policía encabezado por el comisario inspector Roberto de los Santos, que contó con unos 32 funcionarios en distintas instancias y etapas, como parte de una metodología de investigación muy afinada y precisa.

EC – Dice el diario El País que el comisario inspector De los Santos abandonó su puesto habitual en la Dirección Nacional de Policía Técnica para trabajar directamente en la Fiscalía de Corte.

GS – Exacto. Y cuando muchas personas trabajan en un proyecto es muy difícil mantenerlo herméticamente en secreto, pero se logró; se logró. Durante ocho meses se trabajó, se efectuó trabajos realmente técnicos como filmaciones, escuchas, grabaciones, que fueron permitiendo la incorporación de indicios probatorios realmente contundentes.

EC – Eso es algo que me llamó la atención: que se lograra mantener en secreto estas actuaciones, porque he visto que se necesitó recurrir a funcionarios incluso ajenos a la Policía. Entre otras razones porque el fiscal investigado conocía por su actividad profesional a muchos funcionarios policiales. No era sencillo, entonces, elegir dentro de la Policía a quien se encarga de seguirlo o de realizar alguna averiguación en su entorno. ¿Se recurrió entonces a funcionarios de Ancap, de Antel, de OSE...?

GS – Para hechos muy puntuales. Por ejemplo, en Antel era imprescindible contar con técnicos. Para hechos muy puntuales. Pero en general los que colaboraron en forma muy especial fueron Investigaciones, Antidrogas... Pero yo quiero destacar la decisión de un ciudadano que se prestó para reunir las pruebas y arriesgar en una posición personal en todo esto...

EC - ¿A quién se refiere?

GS – Es un ciudadano. Una persona que tuvo distintos contactos con quienes después fueron procesados...

EC - ¿Una persona a quien se le solicitó dinero...

GS – Exacto.

EC – ...para que su caso terminara en un delito más leve...?

GS – Exacto. Se comentaba durante mucho tiempo que la conducta del fiscal no era del todo claro, incluso por su pasaje en el departamento de Maldonado. Pero nunca hubo personas dispuestas a declarar, nunca hubo testigos que asumieran todo lo que significa ir a la Justicia a acusar a un fiscal. Felizmente se encontró, y creo que ese es un síntoma de que se confía en las autoridades judiciales, en el representante del Ministerio Público, en última instancia en las garantías que debió dar la Policía para mantener todo esto en un marco de reserva absoluta, en garantía de quienes asumían una actitud por demás valiente en esta instancia.

EC - ¿Fue la persona que se dirigió a usted a plantearle el caso?

GS – Sí, señor.

EC – Ese fue el origen; por allí se empezó a tirar de esta madeja.

GS – Sí, señor.

EC – El modelo de investigación incluyó, entonces, la utilización de los recursos que habitualmente veíamos en las películas: desde seguimientos a grabaciones e incluso filmaciones.

GS – Sí. Me decían que el despliegue de tecnología que hubo en el juzgado realmente impactaba. No fue nada improvisado y, cuando se enfrentaron a ellos los presuntos culpables ante esa situación, evidentemente fue uno de los factores que determinaron la confesión de sus actividades.

EC – ¿Es correcto que en realidad la investigación iba a terminar un tiempo más, pero estas pruebas precipitaron la situación?

GS – Claro. Estos comentarios han salido a la prensa, por lo que me permito recogerlos para comentarlos con usted. A partir de ahora sigue el presumario, siguen las investigaciones. Como imaginará en estos ocho meses hubo mucho trabajo realizado y ese trabajo deberá seguir decantando para ver si da lugar a nuevas instancias dentro de un juicio complejo.

EC – Este modelo de investigación que usted describía a grandes rasgos ¿implica que se formalice para el futuro alguna unidad especial a esos efectos?

GS – En los hechos ya está; ya se ha afiatado un equipo, creo que se ha ido consolidando. Cuando se obtiene estos resultados, creo que es tremendamente alentador y el equipo ya está pronto para trabajar en otras instancias.

EC – Pero no es una unidad como tal sino, digamos, una coordinación.

GS – Claro, porque distintas instancias judiciales hacen cambiar a los actores. Cuando se está de turno en un caso, a lo mejor cuando se va a actuar en otro no están de turno el mismo juez y el mismo fiscal. Pero evidentemente la actuación en estos dos antecedentes avalan que los futuros jueces y fiscales sean receptivos al planteo, porque todo este trabajo se hace bajo la supervisión de los magistrados, con su autorización, su consentimiento, su aprobación.

***

EC – Decía ayer el ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán (responsable de la fiscalía, y él mismo un veterano abogado), que no nadie recuerda antecedentes de una conducta de este tipo en el fiscal, quien tiene la iniciativa en materia de acusación. Guzmán hablaba de dolor, desánimo, luto.

La cuestión es cómo salta este tema. Según El Observador, muchos sabían desde hace años.

AD – Eran “vox populi” entre los fiscales y abogados desde hace muchos años, según magistrados y abogados consultados por ese matutino. Sin embargo, nadie se animaba a presentar una denuncia, o decían no tener pruebas. Y de allí lo que destacaba el ministro Guzmán ayer: la valentía de una colega al denunciar a García Altolaguirre.

EC – Primero, la valentía de la persona que denunció el caso ante el ministro Stirling, como él lo destacaba, pero después tenía que aparecer un magistrado que se hiciera cargo de la acusación contra alguien que fue presidente de la Asociación de Fiscales, un activo participante de las reuniones de esa gremial. Y allí intervino la fiscal Olga Carballo.

AD – En un recuadro, dice El Observador que García Altolaguirre se sentía impune. “En una reunión informal de varios fiscales, entre los que estaba su colega Olga Carballo, el ahora procesado se presentó y preguntó: ‘¿Quién de ustedes me está investigando?’. Carballo se paró y le contestó: ‘Yo, y tengo pruebas’”.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón




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