DERIVACIÓN DEL PROCESO DEL EX CANCILLER POR EL CASO QUINTEROS

Analizan extender efectos
de la Ley de Caducidad

Vicepresidente de la República, Luis Hierro: Se amnistió a los autores de los delitos de lesa humanidad, y no puede ser que por vericuetos jurídicos e interpretaciones se juzgue ahora a los coautores. No contribuye al “estado del alma”. Senadora Mónica Xavier (PS, EP-FA): El artículo 4º de la Ley de Caducidad estableció que se esclarecería el destino de los desaparecidos, lo que no ocurrió hasta ahora. Amnistiar un delito permanente o los de carácter económico durante la dictadura no contribuye a consolidar una paz que no está amenazada.

EN PERSPECTIVA
Viernes 04.04.03, 07.38.

EMILIANO COTELO:
El proyecto no es conocido pero ya tiene nombre: algunos lo llaman “Ley de Caducidad II”.

ALFREDO DANTE:
El anuncio del gobierno de que impulsaría un proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva para los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, extendiendo el concepto de "amnistía" para los civiles, generó diferentes reacciones en el sistema político que van desde un franco apoyo, a dudas y rechazo a ampliar una normativa que rige hoy para militares y policías.

Un proyecto en este sentido había sido presentado en noviembre pasado por el diputado colorado Daniel García Pintos, precisamente para extender la amnistía a "civiles que hubieren participado a cualquier título", en delitos acontecidos entre 1973 y 1985. De todas maneras, el gobierno prepara un nuevo proyecto para enviarlo al Parlamento en estos días. Como decíamos ayer, existe coincidencia en que el Poder Ejecutivo y el Partido Colorado aguardarán hasta la presentación del informe final de la Comisión para la Paz, prevista para el próximo jueves 10 de abril. Ayer, el asesor presidencial Carlos Ramela estuvo en el Palacio Legislativo para dialogar sobre el tema con el vicepresidente Hierro.

El tema revivió a partir de la confirmación del Tribunal de Apelaciones de tercer turno del procesamiento del ex canciller Juan Carlos Blanco por la desaparición en 1976 de la maestra Elena Quinteros.

EC – Estamos en comunicación con el vicepresidente de la República, Luis Hierro López. ¿Efectivamente se está trabajando en este tema?

LUIS HIERRO LÓPEZ:
En realidad estamos haciendo consultas y analizando el tema para ver cómo el país logra superar esta instancia, que no es fácil por lo siguiente. En 1986 hicimos la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado: a través de una ley enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento, el Estado resolvió no ejercer su pretensión punitiva contra los autores de los delitos. Y en el año 2002 se enjuicia a un coautor, lo cual indudablemente es una incongruencia de la Justicia, o es una falla legislativa.

EC - ¿Por qué sería una incongruencia?

LHL – Porque si el Estado y luego la sociedad a través de un referéndum resolvieron no enjuiciar a los autores y amnistiarlos, tantos años después es francamente injusto enjuiciar a los coautores.

EC – Lo que pasa es que este presunto coautor es un civil, y los civiles no fueron amparados por la Ley de Caducidad.

LHL – Es lo que hay que determinar con mucha precisión jurídica y espiritual, porque la ley tiene un texto que naturalmente hay que respetar, y seguramente la Justicia en su procedimiento se ha basado en él, pero tiene un espíritu también, ¿verdad? Y el espíritu fue muy claro: fue que Uruguay salía del año 1984 sin estas heridas, sin estos agravios, sin estas persecuciones, sin estas revisiones; que el Uruguay daba vuelta la página, que el país estaba en condiciones de mirar adelante sin revisiones.

Naturalmente que el espíritu de la ley puede ser interpretable, pero no tengo ninguna duda de que ese fue el espíritu con el cual el país superó estas cuestiones, y en esa medida es dable pensar que, tantos años después, podamos revisar o ver el tema.

EC – En el juicio de Juan Carlos Blanco se conjugan dos factores. Uno, que el Tribunal de Apelaciones ha compartido que el delito de privación de libertad tiene carácter permanente. Y, dos, que se trata de un civil y no un militar o policía. ¿Cuál sería entonces la fórmula en la cual empiezan a trabajar para evitar este tipo de consecuencias?

LHL – No estoy en condiciones de informar ahora cuáles pueden ser las fórmulas. Efectivamente se ha presentado un proyecto de ley que está en discusión en la Cámara de Diputados, y ahí hay una fórmula concreta. Ese proyecto fue presentado a fin de año y se está trabajando en él, pero no estoy en condiciones de informarle en nombre del gobierno cuál puede ser la fórmula.

EC – El proyecto del diputado García Pintos es interpretativo de la Ley de Caducidad y extiende a los civiles que hubieran participado a cualquier título en delitos ocurridos durante la dictadura la amnistía consagrada a militares y policías. Quedarán comprendidos en esta amnistía incluso aquellas conductas que pudieran calificarse como infracciones a la Constitución de la República, y cuya competencia privativa corresponde s la Suprema Corte de Justicia.

LHL – Puede ser ese proyecto o puede ser otro. Esta no es una solución para el doctor Juan Carlos Blanco...

EC – Pero terminaría siéndolo.

LHL – Eso dependerá de la Justicia. Dependerá de lo que la Justicia resuelva en cada caso...

EC – Quiero decir... Tengo aquí a un abogado al lado, y le voy a preguntar al doctor Alfredo Dante: una ley aprobada en esta etapa del proceso al que es sometido el doctor Blanco incide en su situación procesal.

AD – Si la defensa lo utiliza, sí.

LHL – Perdón: yo estoy hablando con usted y no con un doctor, que me parece muy bien que usted lo consulte. Este no es un tema referido en términos estrictos a la situación de una persona sino referido a la situación del país. Porque la sentencia en segunda instancia establece el criterio del delito permanente y no sé cuánto... y bueno: es un tema nuevo que el país tiene que analizar.

¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos empezar a revisar las conductas del pasado? ¿Queremos innovar en la doctrina jurídica y empezar a revisar las conductas de los civiles? Ah, bueno: entonces, esta pregunta es muy importante y abre una incógnita respecto a cómo el país puede conducirse en este tiempo. A ese respecto yo digo que es absolutamente injusto que si el país resolvió a través de los poderes representativos del Estado y una consulta plebiscitaria contundente amnistiar a los autores, ahora por la vía de una interpretación que no discuto –puede ser correcta o incorrecta— se juzgue a los coautores. En cuyo juicio, además, al juzgar a los coautores, hay una discriminación, un grado que podrá ser justo o no. Es una pregunta muy importante que el país tiene por delante. Ante eso, ¿vamos a manejarnos con un criterio de que hay un delito permanente, que esto puede ser retroactivo, o vamos a manejarnos con el criterio de la paz que el país ha hecho tanto para conquistar, durante tantos años?

EC – En esta inquietud ¿tienen que ver las conversaciones que tuvieron los presidentes del Centro y el Círculo Militar con el ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau?

LHL – No; yo no tengo noticia de eso.

EC – Hoy informan el diario El País y Crónicas Económicas que...

LHL – Me parece, mire, ¿sabe qué?...

EC – “Lo que le pasó a Blanco también le puede ocurrir a otros civiles que ocuparon cargos durante el gobierno de facto”, habrían dicho estos militares al ministro, según Crónicas. “Por eso, sea por el camino que sea, la liberación de Blanco es la única salida para descomprimir la inquietud de los integrantes de las fuerzas armadas”, agrega la nota.

LHL – No, no. Francamente, creo que esas expresiones no contribuyen a generar aquello que el presidente de la República llamó “un estado del alma”. No tienen que ver las situaciones. Son situaciones distintas.

Yo me aferro al núcleo central del asunto. La sociedad y el Estado resolvieron no juzgar a los autores, y ahora por vericuetos jurídicos e interpretaciones ¿vamos a juzgar a los coautores? Creo que es un error y creo que el país tiene que pensarlo, tiene que ver cómo administra este nuevo tiempo, esta nueva situación y estos hechos, y eventualmente esto reclame –mire que no lo sé— alguna solución legal que, naturalmente, dependerá de los acuerdos políticos y parlamentarios que podamos hacer en torno al tema.

Yo planteo el tema para mí principal: dimos vuelta la página hace tantos años, no juzgamos a los autores. Ahora, por estas vías indirectas, ¿vamos a juzgar a eventuales coautores? Creo que es una situación que nos vuelve al pasado en vez de devolvernos al futuro.

EC – Usted no avanzaba en los términos o los instrumentos por los cuales el gobierno impulsaría cerrar este camino. Pero el semanario Crónica dice que “el Poder Ejecutivo buscará por todos los medios aliviar la situación procesal del ex canciller de la dictadura. Primero esperará que la Comisión para la Paz oficialice la muerte de Elena Quinteros, pero si no es suficiente apelará al artículo 85 numeral 14 de la Constitución de la República”. Es decir que se está evaluando un indulto.

LHL – Yo le estoy hablando en mi nombre personal y no en nombre del presidente de la República, que está haciendo consultas y viendo los instrumentos jurídicos. Yo le doy mi punto de vista. Mi punto de vista es que, sea por la vía que sea, el país no puede reingresar en esta etapa de las revisiones. Y estoy dispuesto a defender esta posición política en todos los términos, en los más terminantes y exigentes términos políticos, porque creo que estamos cometiendo un grave error. No digo que lo haya cometido la Justicia, que ha actuado de acuerdo a su criterio; esto es un asunto aparte. Se abrió lamentablemente un capítulo que estaba cerrado, y que no debe abrirse porque le va a hacer daño al país y le va a hacer daño a todo lo que hemos logrado en este tiempo.

***

EC - ¿Cuál es el mecanismo para el indulto al que nos referíamos recién?

AD – El artículo 85 numeral 14 de la Constitución establece que la Asamblea General: “los legisladores, en reunión de ambas Cámaras, pueden conceder indultos por dos tercios de votos del total de componentes y acordar amnistías en casos extraordinarios por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara”. La iniciativa puede provenir del Poder Ejecutivo, y esa última opción, la de la amnistía, es la que suena con más fuerza en ámbitos gubernamentales habida cuenta de las dificultades que los colorados están sufriendo para lograr mayorías especiales en el Parlamento.

***

EC – Estamos ahora en comunicación con la senadora Mónica Xavier, del Partido Socialista, Encuentro Progresista – Frente Amplio. ¿Ustedes habían considerado la posibilidad de que se planteara este debate?

MÓNICA XAVIER:
No, no. Todavía no existe una propuesta concreta y no hemos tenido un debate al respecto. Quienes nos hemos manifestado lo hacemos desde una posición personal.

EC - ¿Cuál es su posición?

MX – En principio es negativa, porque en este caso se ha dicho que el procesamiento del doctor Juan Carlos Blanco no contribuye a la paz, y creemos que es nuevamente apelar a aquella contradicción “Caos – Orden” que tanto mal le hizo al país, y con la cual se trata de polarizar a la sociedad. Eso no contribuye para nada a salir adelante en la situación en que nos encontramos.

EC – Usted escuchó la argumentación del vicepresidente: hay una Ley de Caducidad que incluso fue ratificada por la ciudadanía en una consulta popular, que amnistió (utilicemos ese término para simplificar) a los autores de determinados delitos. No parece lógico, dice el vicepresidente, que ahora se culpabilice y condene a los coautores.

MX – El tema es la extensión a los civiles. Nosotros hemos bregado durante mucho tiempo por el cumplimiento del artículo 4º de la ley, que implicaba la investigación de muchos de los hechos. Y parece que, cuando las cosas empiezan a tomar un poco de claridad, se pretende ampliar e ir más allá de lo que establece la ley. Una ley que respetamos más allá de que dimos una dura batalla para que la gente votara por su derogación, en el “voto verde” durante el plebiscito.

EC – A ver si entiendo su razonamiento. El artículo 4º que usted menciona es el que se refiere a los desaparecidos:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes el Juez de la causa remitirá al Poder Ejecutivo testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones.

“El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos hechos.

“El Poder Ejecutivo dentro del plazo de ciento veinte días a contar de la comunicación judicial de la denuncia dará cuenta a los denunciantes del resultado de estas investigaciones y pondrá en su conocimiento la información recabada”.

Usted lo invocaba porque, decía, el artículo 4º no se ha cumplido efectivamente, ...

MX – No, no. Comenzó a cumplirse a partir de la puesta en práctica de la Comisión para la Paz. Pero pasamos años: ese “inmediato” y esos “días” que marcaba la ley no fueron cumplidos. Esa fue una persistente denuncia que hicimos: que durante varios períodos de gobierno no se había cumplido la ley.

EC – Pero ahora está siendo aplicada.

MX – Ahora está, pero ha costado mucho tratar de dar su real dimensión a lo que fue una ley aprobada en 1989. A tal punto de que recién en este período de gobierno el presidente Batlle instituye la modalidad de la Comisión para la Paz y se comienza a investigar. Sabemos que todavía podrían faltar elementos.

Pero no creemos que en este momento esté en tela de juicio la paz. No sólo el vicepresidente sino otras figuras del gobierno han planteado que el procesamiento de Blanco no contribuye a la paz, y nos parece que eso es apelar a la vieja contradicción “Caos – Orden”, que no mejora nada.

Seguimos pensando que los delitos económicos durante la dictadura o los delitos permanentes deben ser juzgados, y respetamos la independencia de los poderes. Entendemos que, porque el Poder Judicial haya tomado una resolución, el Poder Legislativo no tiene por qué salir a estudiar soluciones para extender esa Ley de Caducidad que fue una solución transaccional.

Sabemos que el pronunciamiento fue claro, aunque no “aplastante”, y muchos políticos e investigadores se han preguntado qué hubiera ocurrido si esa ley se hubiera planteado cuando la gente empezó a conocer muchos de los horrores, y a sentir que podía vivir en democracia y reconocer su pasado para encarar el presente y el futuro.

Creo que retomar hoy el tema para una modificación cuya formulación concreta no conocemos... Pero la que ya fue presentada en Diputados, si no me equivoco, habla de cualquier tipo de delitos; y nosotros entendemos que por ejemplo los delitos económicos deben ser juzgados y no tienen que ver con otros temas que están en cuestión. Y los delitos permanentes son permanentes y debemos acatar la doctrina internacional y nacional.

EC – ¿Aunque eso implique que terminen siendo juzgados y eventualmente condenados los civiles coautores de esos delitos, y no los militares o policías que fueron los autores efectivamente?

MX – Hay que respetar el pronunciamiento de la Ley de Caducidad. Hemos sido siempre muy respetuosos de la ley y lo seguiremos siendo. Pero en principio no estamos de acuerdo es en otorgar extensiones de esa ley a otras personas que hubieran cometido delitos en la calidad en que lo fueran.

EC – ¿Cuál es la utilidad, en un caso concreto como este del doctor Blanco, de que esté preso el ex canciller y no los militares y policías responsables directos del secuestro y la muerte?

MX – Yo no me referiría a la “utilidad” sino a los pasos que dio la Justicia. Si hay una ley que ha dado por prescrito, por eliminado jurídicamente el delito, eso no quiere decir que quienes no están amparados por esa ley no cumplan con lo que la Justicia determine. Si los límites de la ley son determinados, son para los que la ley comprende, no la podemos hacer extensiva a quienes no están comprendidos.

Lo que parece haber ahora es la voluntad de hacerla extensiva, y no nos parece que ese fuera el espíritu de la ley. La ley, que no compartimos, de alguna manera intentaba una pacificación en un momento complejo, pero hoy la paz no está amenazada porque la Justicia investigue y penalice delitos de carácter permanente, o delitos de carácter económico. Es como que esta historia se ha atrasado y todos entendemos que los tiempos uruguayos son en principio los que permiten que la gente vaya acompasando los procesos con ciertos tiempos. Para otros países tal vez esto sería muy lento: nosotros vemos que en países de la región, con leyes de otro carácter que la nuestra, algunas de “punto final”, no obstante hubo delitos de carácter permanente o por su componente económico que fueron juzgados.

Insisto: hoy no tenemos una propuesta definitiva ni hemos tenido una instancia de debate, pero dejar sin investigar y sin ser juzgado cualquier tipo de delito cometido no nos parece que contribuya a la paz. No la vemos amenazada por el procesamiento del doctor Juan Carlos Blanco, sino que la Justicia está haciendo algo que debió ocurrir hace mucho tiempo, pero que ocurre ahora y lo respetamos.

EC – ¿De alguna manera la esperanza es que a partir del procesamiento del doctor Blanco se pueda avanzar más de lo que se ha avanzado hasta ahora en la Comisión para la Paz en el esclarecimiento de la desaparición de Elena Quinteros? ¿Algo de eso está detrás de sus palabras?

MX – No: no estoy diciendo palabras que impliquen otra cosa. Se está cumpliendo con un reclamo que tiene mucho tiempo, y que en este caso implicó la participación de un alto jerarca civil que no está contemplado por la ley de 1989.

EC – Una de las cuestiones que está presente en este debate es hasta cuándo; hasta cuándo se seguirá investigando este tipo de hechos. Por ejemplo el senador Rodolfo Nin Novoa, también del Encuentro Progresista, dijo ayer a Canal 4: “Punto final, en algún momento, va a haber y yo personalmente estoy dispuesto a estudiarlo”.

MX – Como le decía, estas son posiciones personales porque todavía no hemos tenido una instancia. También dijo él que hasta la propia naturaleza pone punto final. Realmente, los años transcurridos han hecho que muchos no tuvieran la posibilidad de saber qué pasó. En este caso, la madre de Elena Quinteros falleció sin saber en qué condiciones había desaparecido su hija. Creo que los procesos que se dan los países no tienen un tiempo determinado a priori, ni es bueno que políticamente se fuercen tiempos para terminar con estos temas.

Eso no quiere decir estar en un permanente dar vueltas sobre lo mismo (porque el país también tiene otros temas dramáticos hoy, como la desocupación, el hambre), pero esto tiene canales que ya han tomado la vía judicial y en este caso poner tapas, evitar cosas, no son procedimientos que contribuyan. Los procesos se van dando con el tiempo, y esto no va a generar ninguna “ola”, como no lo generó hasta ahora. Hasta ahora ha sido ejemplar la respuesta de la gente en este país y la conducta de los diferentes partidos en este sentido. Me parece que intentar modificarlo ahora realmente complica, en lugar de permitir este lento pero natural proceso que se han dado los uruguayos, respetando la independencia de los poderes.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón

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