SI QUIEREN AMPARAR A BLANCO DEBEN INDULTARLO... SI TIENEN VOTOS

Familiares de Desaparecidos
ante el informe de la Comisión

Doctor Javier Miranda: Quizá no fuimos suficientemente enfáticos: el informe es muy importante; yo creo que el vaso está medio lleno. Pero queremos profundizar, porque la Comisión se limita a transmitir una versión de los militares sobre el destino de las víctimas, que puede ser un intento de poner un punto final absoluto. Hubiéramos querido un capítulo de recomendaciones más profundo, una mención al Plan Cóndor. Y se impone una reparación simbólica por la mentira de años sobre muertos en una guerra, cuando el informe reconoce indirectamente que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

EN PERSPECTIVA
Lunes 14.04.03, 08.45.

EMILIANO COTELO:
“El informe final de la Comisión para la Paz no representa un punto final sino que, como decía Pérez Aguirre, es un punto de reinicio en el esclarecimiento de nuestro pasado reciente, un insumo que era imprescindible para empezar a reconstruir, con honestidad, la verdad”.

Este es uno de los tramos más polémicos del comunicado que el jueves pasado emitió el grupo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos una vez que se divulgó el informe final de la Comisión creada por el presidente de la República, Jorge Batlle.

El viernes entrevistamos al doctor Carlos Ramela, y hoy vamos a dialogar con el doctor Javier Miranda, vocero del grupo de Familiares.

Una pregunta muy general para empezar: ¿cuál es, a grandes rasgos, la opinión del Grupo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos sobre los resultados del trabajo de la Comisión para la Paz?

JAVIER MIRANDA:
Lo decimos en nuestro comunicado: creo que lo primero que hay que señalar es que estamos ante un documento de una importancia histórica fundamental en la vida del país. Es un trabajo absolutamente serio, creemos que es un buen informe que dice cosas que para nosotros son fundamentales y que hemos reivindicado durante mucho tiempo. En ese sentido, lo dijimos y lo reiteramos, es verdaderamente un documento histórico; es un buen informe sobre el que se puede avanzar.

EC - "Pero…" Parece venir un "pero" a continuación.

JM - No, no hay peros. Lo que sucede es que en estas cuestiones siempre hay que intentar ser muy equilibrado; no siempre uno lo es, lo reconozco, pero tiende a ello. Lo he dicho en más de una oportunidad usando una expresión muy gráfica, que es ver el vaso medio lleno o ver el vaso medio vacío. Yo creo que el vaso está medio lleno. El pero puede ser, “pero está medio vacío”. Está bien, como lo quieran ver; en todo caso yo soy de los que lo ven medio lleno. Creo que realmente es un informe muy, muy importante.

EC - La señora Luisa Cuesta decía el jueves en el contacto con los periodistas, hablando también en nombre del grupo de Familiares: “Se obtuvo mucho más de lo que el presidente se había propuesto y mucho más de lo que nosotros mismos esperábamos”. ¿Cómo lo ve usted?

JM - Es cierto, sobre todo creo que Luisa allí recuerda lo que fueron las reuniones del año 2000 con el presidente de la República; en aquel año tuvimos tres reuniones con el presidente. La segunda reunión, que creo que fue en junio, fue particularmente dura, quedamos muy preocupados; en la tercera la situación varió un poco, pero en todo caso las perspectivas en aquel momento no eran las más alentadoras para nosotros. En ese sentido coincido plenamente con Luisa y creo que es la convicción de Familiares: el informe va bastante más adelante de lo que en un principio podíamos imaginar.

EC - Ya hablaremos de los puntos de insatisfacción que quedan después de estos tres años de trabajo de la Comisión para la Paz para el grupo de Familiares. Sigamos en lo que es el balance positivo que ustedes hacen. ¿Cuáles son los avances más significativos que trae el informe?

JM - Primero el reconocimiento –creo que trascendente en este país, que desde el advenimiento de la democracia en el 85 se había negado–, que la Comisión diga que tiene la convicción plena sobre la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país durante la dictadura, que esas graves violaciones se produjeron por la actuación de agentes del Estado en ejercicio de su función pública, al margen de la ley, “y métodos represivos ilegales”, dice el párrafo 44 –lo cito casi textualmente–. Habla de la existencia de delitos de Estado, habla del traslado de prisioneros, o sea una serie de cuestiones que creo que son de la mayor relevancia en la medida en que oficializa una historia, en que oficializa una verdad que había sido negada durante tanto tiempo.

EC - El informe cambia la historia oficial.

JM - Absolutamente.

EC - Y lo hace con el aval del propio presidente de la República.

JM - Exacto. Y es un reconocimiento del Estado. Si ustedes recuerdan lo que fue nuestra carta abierta del 1º de marzo de 2000, cuando asume el presidente Batlle, allí reivindicábamos una serie de puntos, el primero era que el Estado asumiera la responsabilidad, como Estado, por las desapariciones. Eso queda efectivamente reflejado en este informa de la Comisión para la Paz.

EC - ¿Se cumple con el objetivo del presidente Batlle en cuanto a “sellar definitivamente la paz entre los uruguayos”?

JM - Esa es una expresión que utilizó el presidente. Yo creo que la propia Comisión lo dice, su tarea inmediata asignada era averiguar la situación y el destino de los detenidos desaparecidos, el objetivo mediato. El objetivo final de obtener la pacificación nacional y sellar para siempre la paz… En todo caso la Comisión inicia ese camino; eso es lo que ella misma dice, que me parece muy acertado, muy equilibrado.

EC - Inicia el camino.

JM - Sí, sí, lo dice la Comisión. Estoy intentando repasarlo rápidamente... En el párrafo 11 dice eso la propia Comisión: “Desde un comienzo, más allá del objetivo último y más ambicioso de ‘consolidar la pacificación nacional y sellar para siempre la paz entre los uruguayos’" , la Comisión “tuvo en claro que le había sido asignada una tarea más inmediata: concretamente, la de averiguar la situación y el destino de detenidos – desaparecidos”. Esa es la propia expresión de la Comisión.

EC - Seguramente usted escuchó las declaraciones del doctor Carlos Ramela, representante en esa Comisión del presidente de la República y principal vocero en todos estos meses. Lo dijo aquí el viernes y también en otras entrevistas: que el comunicado del grupo de Madres y Familiares le producía una enorme tristeza. Dijo que percibía que el grupo de Familiares lo que hacía era “un reconocimiento un poco mezquino; me dolió”. Otra frase de la entrevista del viernes: “Familiares hace un agradecimiento casi de compromiso y poco enfático. Es duro de digerir para todos, incluso para el presidente”.

JM - Lo comprendo; puede ser. Siempre la elaboración de un comunicado tiene sus complejidad; hay un tema de desarrollo, de cuántos temas tocar. Reconozco en todo caso que podemos habernos quedado un poco cortos en el agradecimiento, creo que el espíritu de Familiares como cuerpo es de un profundo agradecimiento al trabajo de la Comisión. Insisto: creo que es una labor histórica.

Personalmente –esto lo digo a título estrictamente personal y humano– con el doctor Ramela hemos tenido una muy buena relación en todo este período; creo que ha sido un hombre absolutamente clave en el proceso de la Comisión para la Paz y en la colaboración para obtener este informe. Hemos trabajado estrechamente durante dos años, hemos tenido gestos de reconocimiento profundo. Él mismo dice en la entrevista que usted cita que en privado tal vez hayamos sido más efusivos.

EC - Sí, él se quejaba de eso: de que una cosa era el discurso público y otra el diálogo sin micrófonos delante.

JM - Puedo estar de acuerdo. Hay varios factores, uno es la necesidad de condensación en un resumen, los aspectos centrales de la declaración de Familiares obviamente tenían que estar sobre lo que el informe de la Comisión dice y de alguna manera tender a abrir puertas hacia delante. Puede ser que nos hayamos quedado cortos. Creo –y lo he conversado con alguna compañera de Familiares el mismo jueves– que la última persona que queremos que se sienta dolida por esto es el doctor Ramela.

EC - El comunicado de Madres y Familiares comienza diciendo “ante lo que consideramos un hecho histórico, deseamos expresar nuestro reconocimiento al presidente de la República, quien luego de años de silencio y negativa oficial asumió responsabilidad en el tema de la desaparición forzada y conformó la Comisión para la Paz; agradecemos a los miembros de la Comisión y a su secretaria, que trabajaron con generosidad postergando intereses personas y profesionales, especialmente al presbítero Jorge Osorio, que aceptó a pedido nuestro esta dura tarea. En ellos el recuerdo emocionado al padre Luis Pérez Aguirre, nuestro hermano Perico, que sigue siendo protagonista en esta causa”. Y allí finaliza lo que podríamos llamar agradecimientos. Eso es lo que usted dice que pudo haber sido más contundente.

JM - Pudo haber sido por lo menos más extenso. Si usted se fija en el esquema que sigue esa declaración, lo primero que se hace es reconocer la labor del presidente; nos parecía de rigor lo que decimos después de tantos años de silencio, incluso de negación oficial. Creo que el presidente –lo hemos dicho antes– con valentía convoca en abril de 2000 a Familiares y se inicia el camino que luego va a terminar en la conformación de la Comisión para la Paz en agosto.

Acto seguido agradecemos, y agradecemos profundamente, a la Comisión para la Paz, a sus miembros y hacemos hincapié en lo que es la postergación de su actividad personal; nos parecía de rigor. Incluso mencionamos allí a la secretaria de la Comisión, la licenciada Soledad Cibils, quien evidentemente tuvo una participación muy destacada en el proceso de la Comisión.

Pero luego necesariamente tenemos que seguir. El recuerdo a Perico nos parecía de rigor y el agradecimiento particular al presbítero don Jorge Osorio. Y luego vienen los agradecimientos a otras personas que incluso no mencionamos, que en alguna versión anterior de este comunicado estaban más desarrollados. Se lo digo porque yo fui uno de los que redactaron las primeras versiones y una de las cosas que me dijeron fue: “Tenemos que acortar un poco los agradecimientos porque no nos queda espacio y tenemos que dedicarnos a lo central”.

Puede ser que nos hayamos quedado un poco cortos en los agradecimientos. No está en el espíritu de Familiares desconocer la realidad de las cosas, pero el centro de la discusión no debería estar ahí, sino en lo que es el propio contenido del informe, en su valor histórico. Nosotros lo reivindicamos como tal.

***

EC - ¿Qué falta al informe final de la Comisión para la Paz?

JM - Nos hubiera gustado que el capítulo recomendaciones fuera un poco más profundo, se lo señalamos a la Comisión en su momento. Nosotros habíamos elaborado un documento muy extenso, de unas 50 páginas tal vez; obviamente no pretendíamos que se reflejara todo en el contenido de las recomendaciones de la propia Comisión, pero se podría haber profundizado un poco en ese aspecto.

Y cuestiones de detalle. Es cierto, la búsqueda de los equilibrios obliga a ser muy cautos en la forma de expresarse, pero si bien en todo el informe se reconoce lo que fue el terrorismo de Estado (y reivindicar que figure la expresión “terrorismo de Estado” no es un mero capricho nuestro: es una expresión con carta de ciudadanía a nivel de derechos humanos) no se utiliza esa expresión. Están los elementos, es cierto.

Se es un poco parco, en nuestro concepto, en lo que pudo haber sido la coordinación represiva; no hay una sola mención al Plan Cóndor con nombre y apellido. Insisto: puedo comprender los equilibrios que el informe pretende, pero nos parece que son algunas omisiones relevantes y que en la medida en que están expresados en el propio informe nosotros los subrayamos, los levantamos a partir del informe: aquí hubo una coordinación represiva, aquí hubo centros clandestinos de detención, no sólo en Argentina, lo cual ya era conocido, sino también en Uruguay.

EC - Está dicho en el informe, ustedes señalan que faltó una explicitación mayor.

JM - Claro, no se es tan contundente. Nuestra tarea es marcarlos, dar la contundencia a los elementos que el informe, por razones de equilibrio, no puede dar. Está bien, es comprensible, pero por eso salimos a subrayar fuertemente algunos aspectos que nos parecen centrales: terrorismo de Estado, coordinación represiva, centros clandestinos de detención, falta de colaboración militar, etcétera.

***

EC - Uno de los puntos críticos generados en la Comisión para la Paz y Familiares entre el jueves y el viernes estuvo centrado en la reacción de grupo de Familiares ante lo que el informe divulga sobre cuál habría sido el destino de los restos de los desaparecidos en Uruguay. En el comunicado ustedes señalan que, ante esta versión de que los restos de los desaparecidos fueron desenterrados de a fines de 1984 de las unidades militares donde habían sido depositados, cremados y sus cenizas arrojadas al Río de la Plata, “planteamos la exigencia de que para confirmarla o desmentirla se actúe judicialmente con todas las consecuencias que esta acción conlleve”. ¿Por qué ustedes hacen este planteamiento?

JM - Hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. La versión de la Comisión “transmite”. En eso la Comisión es muy precisa: no hace suya la versión que los militares dan, sino que transmite una versión y no la asume como propia. Lo que me parece realmente importante.

Desde que se conoce esta versión –que no es nueva– la sensación en Familiares es que aquí los militares intentaron cerrar el capítulo; decir “el tema de los restos está liquidado; no hay ninguna posibilidad de encontrar ninguno” y de alguna manera se da una versión que lleva a ese punto final, a ese cierre absoluto.

Muy bien, esa versión, que es exclusivamente de fuentes militares, creemos nosotros que tiene por finalidad política (más allá de si es cierta o no) clausurar la cuestión. Nosotros decimos: los militares quedan entrampados en su propia versión, porque ¡es de tal gravedad la versión, es tal la magnitud del hecho que esta versión transmite, esto es que a fines del año 84 se procedió a exhumar restos que habían sido inhumados en dependencias militares, que se habría borrado todo rastro y esto se hace al final de la dictadura...! Entonces nosotros tenemos que decir fuertemente: contrastémoslo, verifiquemos la versión. Por la gravedad que ella tiene justifica que sea investigada. Yo francamente creo que hubo aquí un intento de clausura a través de una versión y que ese intento de clausura, ese punto final que se intenta poner entrampa a aquellos mismos que la postulan. Exactamente lo mismo les pasó a los militares en Chile.

La jugada nuestra es: muy bien, ¿esta es la versión que ustedes quieren dar? Fantástico; impulsemos fuertemente que corroboren esa versión. Porque además para un familiar es muy difícil aceptar que se le diga: “¿Sabe qué? A su familiar, después de haberlo exhumado lo volvimos a inhumar en una dependencia militar, después lo exhumamos mucho tiempo después, lo cremamos y sus cenizas fueron tiradas al mar”. Nadie puede pretender que un familiar acepte esa versión sin más ni más; lo que va a exigir naturalmente es, aun cuando esa versión sea definitiva, intenten corroborarla, y si no es así, sigamos buscando los restos. Creo que Carlos Maggi lo dijo en La Tertulia del viernes expresamente: ¿qué se le puede pedir a un familiar sino que quiera profundizar más? Me parece de toda lógica. Insisto: atrás de eso hay un entrampe en las versiones que se hacen circular.

EC - Vamos por partes en este punto. El grupo de Familiares va un poco más allá y se pregunta: “¿Pudieron los autores intelectuales y materiales de esa atroz acción con eliminación de pruebas no contar con aval político alguno?”. Esto parece ser un tiro por elevación a los líderes políticos que negociaron la transición.

JM - Sí. Incluso yo utilizo una expresión en la conferencia de prensa un poco más dura porque digo “evidentemente debió haber” participación política. Lo he discutido incluso con algunos amigos aquí en la vuelta y creo que es un error: no se puede afirmar tan categóricamente ese “evidentemente”.

EC - El comunicado de Familiares pregunta si puede hacerse sin contar con aval político. Usted fue un poco más lejos y dijo “evidentemente tuvo que contar con aval político”.

JM - Sí, y creo que fue un error mío, un poco debido al fragor. Uno todavía no termina de acostumbrarse a esto de los micrófonos y las conferencias de prensa. El tono debería ser el del comunicado de Familiares: hay que preguntar si no existe esa posibilidad. Por eso reivindicamos la investigación, nos parece lo más natural.

EC - De todos modos es un tiro por elevación a los líderes políticos que negociaron la transición. ¿O no?

JM - Es un cuestionamiento de si efectivamente era posible a fines del 84 tomar una medida que necesariamente es institucional. O sea, exhumar cuerpos de una dependencia militar grande, exhumar 20 y tantos cuerpos precisa necesariamente una resolución institucional. Entonces la pregunta es: ¿era posible, a fines del año 84, tomar una resolución institucional de ese tipo a nivel de las Fuerzas Armadas sin contar con ningún tipo de aval político? Lo dejamos cuestionado, pero me parece que no es disparatado hacerse esta pregunta. Estábamos en un proceso de negociación, en agosto del año 84 se celebraron las conversaciones del Club Naval.

EC - El Club Naval –recordemos– tuvo como representantes del lado político al Partido Colorado, a la Unión Cívica y al Frente Amplio.

JM - Sí, sí. En todo caso nosotros no podemos ni queremos de ninguna manera señalar a tal sector político. Cuando en el año 86 se vota la Ley de Caducidad –estaba repasando recientemente las actas del Senado– el Partido Nacional hace hincapié permanente en que la impunidad se había pactado en el Club Naval. Familiares no va a sostener institucionalmente que efectivamente se pactó en el Club Naval, pero en todo caso el cuestionamiento no está únicamente del lado de Familiares. ¿Fue en el Club Naval, fue posterior, fue antes? No lo sé. Lo que sí creemos es que la medida de exhumación de restos, si es que efectivamente ocurrió –y dejo constancia del condicional–, difícilmente o por lo menos cabe preguntarse si se pudo tomar exclusivamente por decisión militar. Ramela –entiendo, preocupado por la situación– dice que es un error histórico plantear que en el año 84 podía haber participación política.

EC - Lo decía en estos términos:

(Grabación)

CARLOS RAMELA:
En primer término, presuponer o creer que en agosto, setiembre, octubre del 84 los militares no podían hacer nada en este país sin tener el aval de las fuerzas políticas es un enorme error histórico que parece no reflejar lo que todos sabemos que se vivió en el país.

EC - Eran las fechas cercanas a la elección nacional que terminó con la dictadura.

CR - Sí, pero el poder estaba plenamente en manos del gobierno de facto y evidentemente ellos todavía disponían y actuaban como lo creían conveniente o necesario.”

(Fin de la grabación)

¿Qué responde usted?

JM - No creo que sea “un enorme error histórico”; francamente creo que es opinable y en la medida en que es opinable justamente debería ser objeto de investigación. Es una posibilidad. Insisto: en agosto de 1984 se celebraron los diálogos del Club Naval que desembocaron en el Acta Institucional número 19; en noviembre de 1984 se produjeron las elecciones nacionales. Cuando se nos trasladó esta versión se nos dijo que esta operación habría tenido lugar a fines del año 84 y que habría llevado unos cuatro meses. No creo que sea un disparate preguntarse –podemos matizar, podemos decir evidentemente o probablemente– si aquí no hubo también algún tipo de participación, de aval o por lo menos…

EC - La sospecha es complicada, porque en teoría abarca incluso al propio Frente Amplio, que negoció en el Club Naval.

JM - Que se investigue. En ese sentido Familiares ha sido muy franco, nosotros queremos que se devele la verdad total, absoluta; no se trata de salvar o atacar a un partido en particular o de defender a un sector en particular. Develemos la historia total. El centro de la cuestión está en si esta operación efectivamente tuvo lugar. Esa es la discusión que hay que dar: ¿esta operación efectivamente tuvo lugar, o no? ¿Cómo se llevó adelante? Con detalles, porque, insisto, en esta versión están jugando con la posibilidad de que los Familiares no encontremos los restos de nuestros seres queridos. El centro de la discusión es ese, más allá del aval político.

Yo entiendo la trascendencia política que eso tiene, pero a veces ese aspecto de coyuntura o eso que parece más irritante deja de lado lo central: ¿qué pasó con nuestros familiares; dónde están? Ese es el centro de la discusión; profundicemos esa investigación.

EC - El doctor Ramela decía el viernes que seguramente una investigación judicial de este tipo quedaría abarcada por la Ley de Caducidad.

(Grabación)

“CR - Esto ¿qué sería? Simplemente, una acción tendiente a borrar los rastros de un delito, del mismo delito que, justamente, está incluido en la Ley de Caducidad. En el año 84 quienes habrían cometido estos delitos de Estado decidieron borrar los rastros; esa sería la traducción de todo esto. Aquí estamos en plena Ley de Caducidad, ante un delito que no está excluido porque no tiene interés económico. O sea que decir lo que dice Familiares a este respecto es literalmente querer desconocer todo lo que aparentemente han conversado o sostenido con nosotros durante tanto tiempo. Pero así es la historia y así tenemos que aceptarla, más allá de cuáles sean sus consecuencias.

(Fin de la grabación)

¿Cómo responde usted a esta interpretación del alcance de la Ley de Caducidad?

JM - Es absolutamente opinable. Pero por otra parte, la Ley de Caducidad –estoy cansado de repetirlo– lo que hace es impedir la sanción penal a los responsables de determinados delitos, a militares y policías, equiparados o asimilados, que hubieran cometido determinados delitos hasta el 1º de marzo del 85. Muy bien, pero lo que impide es la sanción penal, no impide la investigación. El órgano natural de investigación en el sistema democrático es el Poder Judicial. Lo dice el propio doctor Ramela, más adelante en la entrevista que ahora escuchábamos: por ahí pasa la cosa, en un Estado de derecho la determinación final de esta situación corresponde al Poder Judicial. En un sistema de derecho es el Poder Judicial el que investiga. ¿Queda comprendido dentro de la Ley de Caducidad o no? Tendrá que decidirlo un juez, sin perjuicio del mecanismo previsto en el artículo 3º de la ley.

EC - Por otro lado Ramela señala: “Decir lo que dice Familiares a este respecto es literalmente querer desconocer todo lo que aparentemente han conversado o sostenido con nosotros durante tanto tiempo”. ¿A qué está aludiendo?, ¿a algún tipo de compromiso que ustedes habrían asumido en cuanto a no iniciar acciones judiciales a partir del informe?

JM – No. Fancamente, no entiendo a qué se refiere esa expresión. Familiares en ningún momento asumió ningún compromiso; es más, en alguna circunstancia en los diálogos con el presidente de la República, se puso explícitamente sobre la mesa este tema: “Nosotros no nos comprometemos absolutamente a nada y mucho menos a no iniciar acciones judiciales o cosas por el estilo”.

EC - ¿Van a iniciarlas?

JM - No sabría decírselo. Las acciones judiciales además no requieren impulso de parte en general en este tipo de delitos. Familiares nunca renunció a ningún tipo de herramienta legítima. El acceso al Poder Judicial es una herramienta legítima. Si luego la situación presentada está comprendida o no por la Ley de Caducidad, lo decidirá un juez por el mecanismo establecido en la ley que, nos guste o no (y no nos gusta), está vigente. Si podremos tomar acciones judiciales, presentar denuncias…. Es una de las herramientas posibles y nos parece absolutamente legítimo en la medida en que ése es el funcionamiento del sistema democrático.

***

EC - Hay un riesgo que señalaba el sábado el politólogo Oscar Bottinelli en su análisis En Perspectiva: el riesgo de la judicialización de las conclusiones de la Comisión para la Paz. Decía: “Desde un punto de vista estrictamente formal los miembros de la Comisión han tenido conocimiento de cómo, cuándo y dónde se cometieron los delitos de homicidio, así como con el ocultamiento y destrucción de los cuerpos. Y que se sepa, esos datos no fueron puestos en conocimiento de la magistratura. A partir de lo cual alguien podría llegar a hablar de encubrimiento y de citar a los miembros de la Comisión para la Paz ante un juez para que revelaran sus fuentes o los detalles que conocen y que manejan en forma reservada”. Evidentemente esto alteraría los planes que estaban detrás de la formación de la Comisión. ¿Cómo lo ve usted?

JM - Francamente, no se me había ocurrido esa posibilidad, nunca se nos planteó. Por otra parte, creo que… no sé: eso sí sería saltarse lo que fue la creación de la Comisión para la Paz. Cuando se crea la Comisión se prevé expresamente que sus actuaciones van a ser reservadas y que va a haber confidencialidad de las fuentes. Me parece que sería sobreponer el espíritu de la creación de la Comisión para la Paz, el espíritu y la letra de la resolución presidencial. En todo caso eso nunca fue planteado en Familiares, no se nos había ocurrido y dudo mucho que pretendiera hacer una cosa de esas.

EC - Es una alternativa que en teoría existe a partir de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en cuanto a buscar resquicios en la legislación vigente para poder avanzar en la investigación sobre violaciones a los derechos humanos, incluso en el castigo. El caso más contundente en ese sentido es el procesamiento que se logró del doctor Juan Carlos Blanco, al que se le ha tipificado coautoría de un delito de privación de libertad.

Con respecto al caso Blanco, justamente, había mucha especulación la semana pasada en cuanto a que la Comisión para la Paz con su informe, o el Poder Ejecutivo a partir del informe de la Comisión, encontraran herramientas para solucionar la situación del doctor Blanco. ¿Cómo han observado en particular este aspecto?

JM - La situación del ex canciller Blanco está en manos de la Justicia y así debe actuar. En eso estamos totalmente en sintonía con el vocero de la Comisión para la Paz cuando dice que ese no es un problema que atañe particularmente a este proceso de Comisión para la Paz. Es un proceso que está en manos del Poder Judicial: un juez de primera instancia dictó un auto de procesamiento y dicho procesamiento fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones. Creo que allí habría que dejar actuar a la Justicia tranquilamente, como siempre lo reivindicamos: que era la Justicia la que debía actuar.

EC - Lo cierto es que el informe de la Comisión para la Paz, cuando recorre los distintos casos de desaparecidos en Uruguay, se detiene en Elena Quinteros y señala que está muerta, incluso da una fecha bastante aproximada del fallecimiento.

JM - Sí. Fíjese que da una fecha bastante aproximada, no una fecha cierta. Pero además allí hay que tener en cuenta el valor probatorio que tienen las afirmaciones de la Comisión para la Paz. La Comisión para la Paz, según ella misma lo dice en su informe final y como todos sabemos, resuelve o da un caso por resuelto en base al criterio de libre convicción o de convicción moral. Este es un régimen de valoración de la prueba que implica el íntimo convencimiento; cuando los miembros de la Comisión resultan íntimamente persuadidos de que una situación fue así, así lo expresa. Ese criterio de valoración de prueba no es el que rige en el sistema judicial nacional, que es el criterio de la sana crítica, o sea que exige elementos de prueba objetivos, materiales, que permitan su valoración. Llegado este informe de la Comisión para la Paz a los estrados judiciales tiene el valor que tiene la expresión de una Comisión que fue muy seria, que fue muy profunda en su investigación, pero tiene ese valor: no obliga o no vincula a un juez en la valoración.

EC - ¿Y si el Poder Ejecutivo, a partir de la información que le suministra la Comisión para la Paz en el caso concreto de Elena Quinteros le comunicara al Poder Judicial, al amparo del artículo 3º de la Ley de Caducidad, que este expediente está comprendido por aquella ley?

JM - Claro, pero ahí empiezan las jugaditas jurídicas, buscar resquicios políticos para resolver una situación política. Yo entiendo que el Poder Ejecutivo… Primero, es el juez de la causa el que debería remitir, según el mecanismo estricto de la Ley de Caducidad, al Poder Ejecutivo para que éste se pronuncie sobre si esta situación está comprendida o no en la Ley de Caducidad. El juez de la causa, en todo caso, ya se ha pronunciado, ha dicho que no está comprendida en la Ley de Caducidad y por eso no aplicó el artículo 3º y envió la causa al Poder Ejecutivo para que éste le contestara.

Podemos darle muchas vueltas, creo que son triquiñuelas jurídicas que están orientadas con nombre y apellido, y el “con nombre y apellido” se resuelve de otra manera. Si aquí lo que se quiere es amparar en la impunidad a Juan Carlos Blanco, pues bien: que se dicte una norma acorde a esa situación. Esa norma se llama indulto y está prevista en la Constitución de la República. ¿Cuál es la respuesta?: se necesitan dos tercios de la Asamblea General y no están los votos. Entonces es que no hay voluntad política para indultar a este señor; luego, no se lo ampara en la impunidad. Porque la resolución de impunidad de un presunto delincuente es una decisión política, entonces tiene que haber aval político para tomarla. ¿No hay aval político? Entonces no hay indulto posible.

***

EC - El informe se presentó, fue comentado por el doctor Ramela en distintas instancias en los medios de comunicación; hubo una respuesta, un comunicado del grupo de Madres y Familiares. ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que ustedes imaginan que viene a partir de este nuevo escenario?

JM - A nosotros nos queda, sin duda, seguir buscando la situación de los uruguayos desaparecidos que todavía no ha podido ser esclarecida. Creo que esa es una tarea fundamental de Familiares. Familiares debe seguir bregando, buscando y recogiendo información sobre lo sucedido con un número muy importante de uruguayos con los que aún no sabemos qué ha sucedido.

EC - ¿A cuáles se refiere?

JM - Particularmente me estoy refiriendo a uruguayos desaparecidos en Argentina, donde hay procesos en trámite, investigación, particularmente con el Equipo Argentino de Antropología Forense, una organización no gubernamental que ha colaborado muchísimo con la Comisión para la Paz. Mientras haya un uruguayo desaparecido, Familiares tiene el deber de seguir buscando la información por todos los caminos posibles. Creemos que hay, sí, una base muy importante en este informe de la Comisión para la Paz para continuar desarrollando la memoria histórica de nuestro país.

Y un capítulo muy importante en nuestro criterio, que es mencionado en las recomendaciones de la Comisión para la Paz y que en Familiares creemos que sería muy bueno es la creación de una institución nacional de derechos humanos que vaya mucho más allá del fenómeno de la desaparición forzada específica. Creo que incluso lo hemos hablado con usted en algún momento: en Uruguay no existe una política nacional de derechos humanos; creemos que es muy importante crearla. La problemática de derechos humanos no se reduce exclusivamente a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, hay problemas actuales de derechos humanos. Y creo que Familiares, desde su dolor, desde su lucha testimonial, desde su lucha por buscar a su ser querido, ha adquirido un compromiso social y ese compromiso social debería reflejarse en la generación de mecanismos de prevención a futuro de violaciones a los derechos humanos. Por eso hacemos un fuerte hincapié en la creación de este institución nacional de derechos humanos.

EC - El informe de la Comisión para la Paz recomienda la reparación a los familiares de los detenidos desaparecidos, entre otras cosas por el reconocimiento que el propio Estado está efectuando de que fueron dependientes de la organización estatal, que fueron funcionarios públicos y utilizando muchas veces incluso inmuebles, unidades policiales o militares, quienes cometieron estos delitos de los que estamos hablando. De todos modos ustedes con respecto a la reparación hacen algún reclamo, entienden que debe ser una reparación integral. ¿A qué aluden?

JM - Eso es la utilización de una expresión que está muy desarrollada a nivel del derecho internacional, de los derechos humanos. La reparación debe ser total. Sucede que en más de una ocasión, y sucedió en Argentina bajo el gobierno de Menem, se pretendió que la reparación a las graves violaciones a los derechos humanos se alcanzaba con una indemnización económica. En el aspecto de la reparación económica Familiares es muy pudoroso, primero porque nos parece muy difícil estar reclamando una suma de dinero específica; que es absolutamente legítimo, lo digo desde ya y lo diría incluso como abogado en el ejercicio particular. Pero no debería de ninguna manera reducirse a eso.

El doctor Ramela en la entrevista con usted el jueves pasado dice “no entiendo muy bien…” Uno de los hincapiés que hacemos es sacar el estigma de criminales a los desaparecidos, y la Comisión lo hace, es cierto y lo reconocemos. Pero creemos que debe haber reparaciones de carácter simbólico: que, de la misma manera que acaba de reunirse a partir de un 14 de abril, debería haber un recuerdo institucional a los desaparecidos como víctimas del terrorismo de Estado que se vieron avasallados. La reparación integral va mucho más allá. La reparación integral implica también la más amplia difusión de este informe final que destierra aquella historia mentirosa que nos quisieron contar durante tantos años de que los desaparecidos habían sido producto de una guerra, de un enfrentamiento. Este informe, felizmente y creo que con enorme valentía dice: la historia oficial no es esa: la mayor parte de los desaparecidos, si no la totalidad, desaparece cuando aquí ya no hay guerra.

EC - ¿Ese reclamo de reparación que ustedes hacen incluye también el pedido de perdón por parte de las autoridades de las Fuerzas Armadas?

JM - No, no. Familiares no planteó nunca eso en su momento. No me disgustaría, a título personal le digo que no me disgustaría en absoluto, pero Familiares siempre entendió que aquí estábamos en presencia de un terrorismo de Estado, que es el Estado como Estado el que debe asumir la responsabilidad, y eso viene de hacerlo ya este Estado.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón

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