Profundizan investigación de la aduana paralela

La ciudad de Tacuarembó conmovida por el procesamiento de autoridades policiales, que ha desintegrado al comando de Jefatura, y las acusaciones contra jueces que actuaron tiempo atrás. Periodista Sonia Regi, Radio Tacuarembó.

EN PERSPECTIVA
Martes 15.04.03, 07.40.

EMILIANO COTELO:
“Inteligencia implica a dos jueces en contrabando. La Justicia en el banquillo”, es el título principal del diario El Observador. Dice la nota del periodista Gabriel Pereyra que “La Justicia tiene una nueva piedra caliente entre manos. A pocos días de que el fiscal Carlos García Altolaguirre fuera procesado por coimas, una investigación de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) señala ahora que hay jueces penales implicados en el funcionamiento de una aduana paralela en (el departamento de) Tacuarembó”, según fuentes oficiales.

Añade la nota que, “después de procesar a 23 policías de la Jefatura de Tacuarembó por maniobras ilegales con mercadería de contrabando, el juez de aquel departamento, Carlos Aguirre, informó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que una investigación del servicio de Inteligencia policial implica también a magistrados que actuaron en el pasado en ese departamento, y a funcionarios del juzgado que está a su cargo, razón por la cual se excusó para que actuara un juez subrogrante”.

Estamos ahora en comunicación con la periodista Sonia Regi de Radio Tacuarembó, para ver cómo repercute esta información en ese medio. ¿Podrías recordarnos en que consistió el caso de la aduana paralela?

SONIA REGI:
Era una brigada de represión del contrabando y el abigeato; nosotros nos informábamos en la brigada sobre esas actividades. Por lo general, las actuaciones estaban más relacionadas con el abigeato que con el contrabando pero, con todo el desarrollo de la información y de las investigaciones que han suscitado esta gran tormenta aquí en el norte, los periodistas y los habitantes de Tacuarembó estamos desayunándonos de sus derivaciones. Ha sido muy impactante en nuestro medio, porque es un pueblo muy cercano a las autoridades: asiduamente, si se necesita algo se recurre a ellas para obtenerlas; la gente colabora en obras sociales –por ejemplo si hay inundaciones— y se trabaja mancomunadamente con las autoridades. Entonces, la gente ve a su vecino que desempeña esas tareas y no piensa que puedan estar haciendo algo anormal.

EC - ¿En qué consistían las irregularidades de la aduana paralela?

SR – Para la represión del contrabando tenían un puesto en la intersección de ruta 5 y ruta 26, un punto con una visión panorámica muy amplia, en el cruce de dos rutas muy importantes, por donde imprescindiblemente debían transitar los vehículos que ingresaban contrabando: si bien hay caminos paralelos que hacen el desvío de mercadería en infracción, debían confluir en ese punto. Se dedicaban entonces específicamente a ese lugar, donde está enclavada la seccional 14ª, y también hacían recorridas por esos caminos interiores, de los que hay muchos en el departamento, y por donde ingresaba el contrabando.

EC – Pero ¿qué es lo que se imputa a los policías que fueron procesados?

SR – Precisamente, haber tomado mercadería en presunta infracción aduanera para provecho propio. Los delitos tipificados fueron varios; cada uno de los procesados tiene su respectiva tipificación (peculado, omisión en la denuncia de delitos), pero todos caen en lo mismo: uso de la mercadería en provecho propio. Era una red importante donde unos hacían y los otros veían pero no tomaban las medidas que correspondía.

EC - ¿Era algo que la gente conocía, o tomó por sorpresa a los habitantes de Tacuarembó?

SR – Es como decía antes: por ese permanente trabajar en la sociedad, en que en caso de necesidad el vecino común recurre a las autoridades y siempre es bien atendido, no se podía vislumbrar que eso tuviera estas derivaciones.

EC - ¿Y qué consecuencias tuvo una vez que estalló?

SR – Es el comentario generalizado; el vecino tomando el mate con la doña de la cuadra que sale a barrer la vereda...

EC – ¿Y las consecuencias para la Policía de Tacuarembó?

SR – Imagínese que, si tenemos una veintena de personas procesadas, y entre ellas altos jerarcas del comando de la Jefatura, podemos decir que en este momento el comando no está integrado; no tiene a sus principales autoridades prestando funciones. Traté de hablar con el actual jefe de Policía, Juan Angel Romero, para conocer la situación actual del comando y cómo se va a conformar, pero me pidieron un tiempo de espera para que todo se vaya dando de manera que la Justicia pueda trabajar tranquila y ellos también puedan trabajar tranquilos en reacomodar sus filas.

EC – ¿Sobre esto que ahora aporta el diario El Observador, en cuanto a que también estarían involucrados magistrados ...?

SR – La única información que hemos podido recabar... En el ámbito periodístico nos ha sido muy difícil trabajar; hemos tenido muy, muy poca información oficial, prácticamente nada. Todo se está haciendo en el ámbito del presumario y no podemos llegar al fondo de las noticias. Con mucho trabajo hemos podido obtener alguna información extraoficial, porque hay un hermetismo total de las autoridades en este tema. Lo que tenemos es que la Justicia dispuso trabajar, junto con la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, en casos desde el año 1996. Es lo que tenemos en claro.

Como es un período largo de tiempo, suponemos que puede afectar a las esferas judiciales, porque no teníamos las mismas autoridades que ahora. Nos descartamos que la Justicia indague en ese ámbito, pero no lo tenemos confirmado: surge simplemente de que la fecha a investigar se traslada al año 1996. Al trasladarse hacia atrás, saltan estos hechos que ahora aparecen y suponemos que tocará otras esferas.

***

EC – Agrega la nota de El Observador que el presidente de la SCJ, Roberto Parga, confirmó haber recibido la comunicación del juez Carlos Aguirre pero aclaró que, hasta donde él está enterado, la acusación a partir de estas investigaciones de la DNII recae en un solo juez y no en dos, como aseguraron al diario fuentes de la investigación. Según esas fuentes, los involucrados serían un hombre y una mujer que hace varios años estuvieron en Tacuarembó y ahora actúan en juzgados de otros departamentos del interior.

La DNII accedió a documentos que muestra cómo, desde el juzgado, se pedía a policías que retiraran de un depósito policial mercadería requisada por contrabando para entregársela al juez de turno, según supo el matutino. “Durante años hubo jueces que se apoderaron de mercadería de contrabando sin justificar para qué la querían”, sostuvo una fuente.

-------------------------------------
Transcripción y edición: Jorge García Ramón

recomendar esta nota