Hacinamiento y reiteradas denuncias de malos tratos en las cárceles

Un recluso de 19 años habría muerto como consecuencia de una golpiza de la que culpan a los guardias, al jefe y al subjefe del establecimiento. Los diputados Guillermo Chifflet y Alberto Scavarelli (Comisión de DDHH de la Cámara) coinciden en dar garantías a los presidiarios que testifiquen. Están a estudio varios proyectos que permitirían establecer penas alternativas a la reclusión.

EN PERSPECTIVA
Miércoles 30.04.03, 07.38.

EMILIANO COTELO:
Reclusos de la Cárcel de Canelones se mantienen en huelga de hambre, pese al anuncio en sentido contrario efectuado ayer por el gobierno. Los presos acusan a las jerarquías de ese establecimiento de responsabilidad directa en la muerte de un preso de 19 años de edad el pasado 20 de abril, que fue lo que precipitó este ayuno.

Los compañeros de Mario Adrián Carro, afirman que éste fue golpeado brutalmente el 23 de marzo por la guardia de la prisión, incluso con la participación del director y del subdirector de la cárcel. Dicen los reclusos que, en el transcurso de una “requisa”, un guardia rompió un walkman de este joven, que le habían regalado en una salida transitoria. Carro recriminó el hecho a la guardia, insultándola; los policías le conminaron a que saliera de su celda y, como éste se negaba, respondieron a todos los presos que no recibirían visitas si Carro no salía de su celda. Ante ello, el joven accedió a salir, y horas más tarde volvió esposado y con signos evidentes de haber sido golpeado. Luego fue trasladado a una celda de castigo. Lo próximo que se supo del preso fue que había fallecido en el hospital de Canelones.

El médico que atendió a Carro en el hospital se negó a firmar el certificado de defunción y solicitó la intervención de un forense. La pericia de éste comprobó lesiones en tórax y brazo, piquetes hemorrágicos en el cerebro y sangre en los pulmones.

Del testimonio de los reclusos se desprende que Carro estuvo casi un mes sin asistencia médica, pese a los insistentes reclamos.

Uno de los presos, que se identificó como “Richard”, aseguró ayer en diálogo con el programa La Brújula, que las agresiones policiales en la Cárcel de Canelones son constantes.

(Grabación)

RICHARD:
Si te quedás cinco minutos tarde bañándote afuera, ya la guardia viene y te castiga, vas para los calabozos con 90 días y además te comés terrible paliza. Hemos hecho denuncias de todo tipo, pero en ningún momento se nos prestó atención. Como somos reclusos, capaz que se nos deja un poco de lado. Nosotros cometimos un delito y lo estamos pagando. Lo que queremos nosotros es pagar nuestro delito tranquilos, pero también que se nos den nuestros derechos.

Miren que en este presidio pasan muchas cosas, a pesar que es chiquito. Creo que ni en el Penal de Libertad ocurren las cosas que pasan acá, como esto de las golpizas permanentes de todas las noches, gaseadas... Tienen las mangueras con agua, vienen y las ponen en las rejas; nos cortan la luz; entra la requisa y nos rompen todo, nos roban las cosas. Creo que ni en el Penal de Libertad pasan estas cosas".

(Fin de la grabación)

El recluso también aseguró que en la cárcel los policías venden favores de todo tipo, y que uno de ellos era el celular por el cual él se estaba comunicando con la radio...

(Grabación)

R - Si tenés la plata para pagarlo, te lo traen ellos: a tu domicilio te lo traen. ¡Si se está sabiendo que tenemos celulares! Saben que tenemos celulares, cómo nos entran las cosas los policías. Si no, ¿cómo estaría hablando yo con usted, si soy un recluso? A la visita la revisan toda cuando ingresa: ¿cómo va a ingresar un celular al presidio? Trato de que al celular no me lo toquen ellos; en todo momento lo tengo guardado, ahora lo saqué porque es un caso especial.

(Fin de la grabación)

Más tarde, el jefe de Policía de Canelones, José Luis Pereira Roldán, aseguró al Servicio Informativo de El Espectador, que no está dispuesto a polemizar públicamente con los reclusos. Sin embargo, dijo que no le consta que policías hubiesen golpeado a Mario Adrián Carro.

(Grabación)

JOSÉ LUIS PEREIRA ROLDÁN:
Yo no desearía entrar en una polémica por lo que dice un recluso a través de un medio público, pero sí, y lo digo con el mayor énfasis, otorgándole todas las garantías a ese recluso que dijo ser un recluso y que habló por un celular, que tenga a bien, el teléfono de mi despacho es 03322196, hablar conmigo. Yo, con todas las garantías, lo retiraría de la cárcel y personalmente le recibiría la denuncia.

Ese es un aspecto que desde el punto de vista administrativo podemos hacer. La otra, le sugeriría que se dirigiera, así como lo hace con ustedes, y si no lo quiere hacer conmigo, que soy el jefe de Policía, lo puede hacer con el juez que está interviniendo en la causa.

(Fin de la grabación)

Pereira Roldán, aclaró que el Director de Cárceles de Canelones, no ha sido separado del cargo y que se está sustanciando la investigación administrativa.

El ministro del Interior, Guillermo Stirling, también había informado que el jerarca bajo sospecha no había sido separado del cargo, aunque reconoció que se le aplicó sanciones.

***

Pero estos episodios que hemos relatado, relacionados con la Cárcel de Canelones, no escapan a la situación caótica que las propias autoridades del Ministerio del Interior han reconocido a nivel de la mayoría de los establecimientos penitenciarios del país.

Recordemos que en Uruguay es procesada con prisión una persona cada dos horas. El dato surgió de declaraciones del propio ministro Stirling, en ocasión de firmar con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas un acuerdo para la refacción del Penal de Libertad.

Dijo que ingresan a las cárceles uruguayas de 80 a 90 personas por semana y egresan sólo cuatro o cinco. De mantenerse ese promedio, a fines de este año tendremos 4.000 nuevos reclusos en las cárceles del país.

Las autoridades carcelarias han definido la situación como caótica. El director nacional de Cárceles, Enrique Navas, puso como ejemplo la situación del Complejo Carcelario Santiago Vázquez (Comcar), donde por cada lugar disponible hay en realidad ocho reclusos.

Según la información oficial, la semana pasada la comida debió racionarse por problema de pago a los proveedores. Los presos debieron comer salteado para poder superar el escollo.

***

¿Cómo enfrentar situaciones como estas, tanto los presuntos abusos dentro de las cárceles, como el problema de base, la superpoblación que este año podría adquirir magnitudes nunca vistas? Les proponemos dos enfoques: el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Alberto Scavarelli (Foro Batllista, Partido Colorado), y el integrante de esa Comisión, diputado Guillermo Chifflet (Partido Socialista, Encuentro Progresista – Frente Amplio).

¿Cómo observa, diputado Chifflet, esta situación que intentábamos sintetizar?

GUILLERMO CHIFFLET:
Aquí hay tres aspectos particularmente graves. En primer lugar, algunos establecimientos dependen de la Dirección Nacional de Cárceles, al frente de la cual está desde hace poco tiempo el inspector Enrique Navas. Tengo la impresión de que en los establecimientos que dependen de esta Dirección las cosas se están haciendo bien y hay un horizonte, a pesar de que los problemas son particularmente graves. Es un hombre honesto, que intenta que se dé un trato correcto a los internos, e integra un grupo tripartito de trabajo que creó el (ex presidente de la Suprema Corte de Justicia) Gervasio Guillot y el propio ministro del Interior, en oportunidad de los acontecimientos de marzo del año pasado en el Penal de Libertad. Allí se está manejando soluciones, de las que podemos hablar luego.

El segundo tema particularmente delicado y grave es este que ha conmovido a la opinión, con la muerte de un joven de 19 años en el establecimiento de Canelones. He tenido oportunidad de hablar a propósito de estos hechos con el padre del interno que murió allí, y todos los que conocen al señor Carro (doy su nombre porque se hizo público) tienen el mejor concepto de él y del grupo familiar. El padre está dispuesto a que se llegue a fondo en la investigación, y creo que este es uno de los puntos que puede solucionar esta huelga de hambre de los internos; una medida que ellos han planteado con toda corrección, sin violencia, y algo para lo cual (está en línea el amigo Scavarelli) quizá podemos concertar ahora mismo una posible salida.

EC – Una solución que podría venir ¿por qué lado, dice usted?

GCH – De la propia Comisión; por lo menos gestionarla. Esto depende del Ministerio del Interior, y la cárcel de Canelones, como la de cada departamento del interior, depende del jefe de Policía del lugar; en este caso, del señor Pereira Roldán.

En Canelones está planteada una huelga de hambre desde hace muchas horas, sin violencia, con mucha corrección, pero sobre un hecho que sin duda merece todas las garantías de la Comisión de Derechos Humanos. Estos reclaman, primero, una investigación a fondo. El padre la está llevando en la Justicia, el juez sin duda puede dar todas las garantías de que se va a investigar a fondo, pero a esas garantías hay que agregar otra que me parece absolutamente lógica: si lo que se denuncia es que con frecuencia hay malos tratos en el establecimiento; si lo que se denuncia es lo que ustedes han difundido ahora y sobre lo que no voy a insistir, con el testimonio incluso de un internado; si hay testigos –me consta— de que este joven fue golpeado, si hay testigos de cómo se le golpeó, y que incluso en algún momento fue asistido fuera del establecimiento por un médico que –con toda corrección— cuando le llevaron tres días después el cadáver se negó a firmar el certificado de defunción por las causas que se le indicaba, desde que él lo había revisado y le constaba que no podían ser esas (lo que es sumamente importante pero es tema de la Justicia), lo que corresponde a la Comisión de Derechos Humanos y al Ministerio del Interior es analizar la propuesta de los internos. ¿Qué proponen? Que alguien con autoridad, supongo que la propia Comisión o alguien designado por el Ministerio del Interior y el propio juez den garantías de que no se va a tomar represalias contra aquellos que conocen directamente los hechos y testimonien que Carro fue golpeado y murió como consecuencia de eso. Esto es esencial, porque los internos siempre piensan que, cuando hacen una denuncia –por correcta que sea— pueden sufrir represalias. ¿Y por qué temen esto? Porque en alguna oportunidad ha ocurrido.

EC – ¿Ve factible, diputado Scavarelli, que la Comisión intervenga de esa manera?

ALBERTO SCAVARELLI:
En primer lugar, la intervención directa en hechos de esta naturaleza ha sido la tradición constante de los últimos tiempos en la Comisión de Derechos Humanos. Creo que además se hace muy importante el antecedente, el hecho de que el Ministerio del Interior ha actuado con una enorme firmeza e iniciativa en casos muy serios lamentablemente sucedidos en el ámbito carcelario en los últimos tiempos, producto de todas esas circunstancias que ustedes han expresado.

En segundo lugar, este desgraciado hecho felizmente ya está en manos de la Justicia penal, actuando en forma profunda e independiente; cosa que a todos nos da una garantía muy grande porque no sólo es la indagatoria judicial sino que además tiene la asistencia de todos los servicios técnicos dependientes del Poder Judicial, que van a poder determinar con certeza la naturaleza de estos hechos que terminaron con la dramática consecuencia del fallecimiento de un recluso.

Sin duda, el tema pasa por una obligación irrenunciable del Estado uruguayo, el de aplicar la ley y poner en prisión a la gente que los jueces disponen que deben ir presos. No tiene forma de renunciar a ello, y por eso hay una obligación ineludible de generar los ámbitos físicos donde alojar a la gente que los jueces disponen dentro de la ley que deben estar presos. Por otro lado, encontrar los caminos que, en el marco de una modificación legal y otras administrativas, se pueda facilitar un esquema para que el cumplimiento de las sanciones dispuestas vayan teniendo una gradual adaptación a estas realidades, sin que signifique la rotura de las cárceles.

EC – Pero el diputado Chifflet arrancaba, en el caso concreto que se está viviendo en Canelones, con la posibilidad de que se otorgue garantías a los presos que deban testimoniar a propósito de la muerte de este joven, en cuanto a que no van a ser víctimas de represalias. Ese tipo de circunstancias puntuales, para hablar después de la situación general de las cárceles.

AS – Sin duda que las garantías para una persona que va a denunciar un hecho de este tipo deben estar sobre la mesa. De hecho, han sucedido con la remoción del anterior director nacional de Cárceles situaciones de este tipo: quienes declararon no sólo tuvieron la garantía sino que alguno de ellos está detenido en Cárcel Central a pesar de delitos muy complejos como medida de protección (incluso respecto a otros internos). No hay ninguna duda de que esas garantías deben estar dadas.

EC – Porque los reclusos hablan de la práctica frecuente de castigos, por ejemplo por la vía de requisas violentas en las celdas.

AS – Si la Justicia comprueba un hecho de ese tipo, no puede quedar ninguno de esos funcionarios. Si las cosas fueron realmente de ese modo, no puede quedar ninguno de esos funcionarios a cargo de la custodia de esos reclusos. Está claro que sería un hecho grave, un hecho irregular, que desde el punto de vista administrativo daría mérito a la remoción del cargo de estas personas, y la sanción no sólo administrativa sino penal. Sobre ese tema no puede haber la mínima duda; me parece una excelente idea porque además recoge lo que ha hecho la Comisión tantas veces: participar directamente en dotar de las debidas garantías para lo que se llama el debido proceso, las garantías personales para quienes aporte información. Insisto: estamos en este momento a resultancias de una investigación judicial que no impide actuar a la Comisión en muchos aspectos, sobre todo para ir solucionando este conflicto. No sólo no lo impide sino que creo que es nuestro deber participar en esto, como se está haciendo. Pero sin duda, de comprobarse que hay funcionarios policiales, funcionarios de custodia de la cárcel de Canelones que tienen relación directa o indirecta, por acción u omisión, con hechos que se compruebe, ninguno de ellos puede quedar en el establecimiento ni puede escapar a la sanción administrativa y penal que le corresponda.

EC - ¿A eso aludía usted, diputado Chifflet?

GC - Sí; creo que el diputado Scavarelli, que es un hombre inteligente y que preside ahora la Comisión de Derechos Humanos, puede estar de acuerdo conmigo en lo siguiente: la Comisión, o el propio ministro del Interior –no pretendo pasar por ninguna autoridad–, o el propio jefe de Policía de Canelones, pueden perfectamente asumir el compromiso de que quienes actúen como testigos de lo que conocen y están dispuestos a declarar frente al juez, no van a ser castigados por ese motivo. Primera cosa.

En segundo lugar, no todos los internos de los distintos establecimientos conocen cuál es la preocupación de la Comisión de Derechos Humanos, qué cosas está estudiando, cuáles son las soluciones que busca, qué leyes piensa trabajar, etcétera. En consecuencia creo que la Comisión y, desde luego, las autoridades, pueden asumir perfectamente lo que los internos proponen en el sentido de garantías.

Ellos han pedido que de esto sean testigos desde luego alguna autoridad y también el periodismo o algunos periodistas. Me parece que esto es muy importante.

EC – Sí: dicen que los periodistas deben conocer y mostrar las condiciones en las que los presos del establecimiento se encuentran.

GC - Esto es muy importante. Yo sé que si los periodistas van, van a ver un cuadro de horror en cualquier establecimiento que entren porque en las cárceles, en las celdas el hacinamiento es terrible. Pero esa es la verdad, que la empiece a asumir el país. Durante décadas no asumimos esa realidad; no estoy dando mi testimonio, le consta al diputado Scavarelli que esto ha sido declarado en la propia Comisión de Derechos Humanos por algunas prestigiosísimas abogadas de oficio hace tiempo, cuando empezamos a estudiar este tema. En consecuencia, lo que plantean los internos para levantar una huelga de hambre (una huelga de hambre en un establecimiento carcelario es algo particularmente delicado, sobre todo porque la alimentación no es la mejor, después hablaremos de esos temas), la presencia del periodismo o de algunos periodistas autorizados especialmente para ingresar a los establecimientos, que miren simplemente y que sean testigos del acuerdo, es una garantía.

EC - Eso depende del Ministerio del Interior.

GC - De las autoridades. En ese sentido las autoridades han tenido amplitud y pueden dar una nueva demostración de esa amplitud y de las garantías que los internos reclaman. Creo que por ahí va la solución.

EC - Diputado Scavarelli, ¿usted ve viable esto?

AS - Creo que es absolutamente viable, con alguna precisión. Una cosa es que las autoridades garanticen (y cuando digo autoridades, me refiero al sistema completo: el Ministerio del Interior, las autoridades de la cárcel y la propia autoridad judicial); una cosa es que los reclusos pidan no tener problemas con el personal policial de custodia o el personal de custodia respecto de las denuncias que formulen o los testimonios que den respecto de inconductas de esos funcionarios. Creo que en ese sentido las garantías tienen que ser totales, estoy seguro de que así lo son, y es más: estoy seguro de que la comprobación de los hechos hará que esas garantías resulten cuasi innecesarias, por lo menos respecto de las personas denunciadas porque no permanecerán en la cárcel.

Cosa diferente es que personas que tienen actos por responsabilidad propia, reclusos que tienen conductas irregulares dentro de la propia cárcel, aspiren a que, a cambio de su testimonio pueda haber exoneración del tipo de sanciones; está claro que el diputado Chifflet no ha planteado eso, pero quería hacer esa precisión de que tratándose de testimonios y de hechos dirigidos a dar fe, o dar testimonio, o informar sobre hechos irregulares en la cárcel la garantía tiene que ser total.

Por otra parte, de acuerdo al comentario que formulaba nuestro colega, el diputado Chifflet, compañero de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, sin duda que también tenemos que tener en cuenta, en este proceso de los últimos años, el deterioro del sistema carcelario sumado al hecho, no menor sino enorme, de la destrucción absoluta de uno de los establecimientos más importantes del país, como es el Penal de Libertad. El Estado no ha tenido aún el dinero para poder refaccionarlo, lo que ha terminado con una recarga –además del factor que ustedes denunciaron, del ingreso constante de reclusos al sistema carcelario por orden judicial– por la distribución de aquellas personas a otros centros en todo el país.

Este tema es muy importante y sé lo que siente la población porque estamos todos los días todos en contacto, ustedes y nosotros, con la gente. Suena muy duro escuchar o ver en las noticias que el Estado va a gastar ahora lo que tiene que gastar, por este acuerdo con el Ministerio de Transporte, en la refacción del establecimiento de Libertad, al mismo tiempo que tomábamos noticia del fallecimiento de niños por un problema de alimentación o plombemia que avanza respecto de chicos todos derivados de situaciones económicas que el Estado está pasando y los uruguayos sufren. En ese terreno todas las garantías, asegurar que hay una fuerte decisión del Poder Ejecutivo para actuar en esto, sobre todo del ministro del Interior, que nos consta y así nos lo ha dicho.

***

EC – Saliendo ahora de la situación puntual de la cárcel de Canelones, ¿cómo se enfrenta el problema de la superpoblación en las cárceles desde su punto de vista, diputado Chifflet?

GC - Una precisión previa, si me permite.

EC - Se nos está yendo el tiempo y no llegamos al tema de fondo.

GC - Entiendo y voy a ir al tema de fondo, pero creo que aquí hay una gran expectativa respecto de un conflicto que es nada menos que una huelga de hambre de muchos internos. Creo que la propuesta que surge, o lo que se concretaría de una propuesta, coincide perfectamente con el planteamiento que escuchamos, que plantean los internos: que haya garantías, no impunidad. No se trata de que porque sean testigos de un hecho y declaren ante el juez luego sean tratados como príncipes por cualquier cosa. Ellos no reclaman impunidad, sino que por esos motivos no se los castigue posteriormente. El planteamiento es muy grave porque revela determinados antecedentes en el lugar, pero de todas maneras es perfectamente atendible y además tiene que ver con la Constitución y la ley; en eso estamos totalmente de acuerdo (el doctor Scavarelli es abogado y sabe perfectamente que no se puede castigar porque sí, por más que haya que hacer requisas, que muchas veces los internos aceptan porque puede haber armas o lo que fuera; lo cierto es que no se pueden hacer con arbitrariedad). En los establecimientos carcelarios dependientes de la Dirección Nacional eso ha disminuido, se ha tomado medidas y desde luego que los castigos que pasaban, que sucedían y pudimos comprobar personalmente en alguna oportunidad están siendo superados absolutamente. Primera cosa: eso es posible.

Segundo, voy al tema de fondo que usted me plantea. Dos datos: hace un tiempo, un mes o dos, estuve en el Comcar –por citar el ejemplo de una de las cárceles del país–; allí los internos que preparan la comida me dijeron que con los mismos elementos que se preparaba comida para 1.300 internos ahora preparan para 2.880 o más. Obviamente eso significa –el propio ministro lo ha ha planteado– que los últimos cada día reciben apenas un caldo, o algo así, o nada, están a dieta ese día. Y así se turnan. Usted acaba de dar un dato de las personas que ingresan, del hacinamiento, de los problemas que eso crea, etcétera.

Se está haciendo grandes esfuerzos allí y en algunos otros establecimientos. Cito uno al pasar: usted entra al Comcar ahora y ve que en todos los terrenos hay cultivos que los propios internos hacen para tratar de obtener los elementos para la comida del propio penal y, si fuera posible, para otros establecimientos. Están sin comer pan desde hace varios meses, porque como no se podía comprar harina naturalmente los proveedores dejaron de abastecer al establecimiento.

Pero resulta que la naturaleza no espera y faltan semillas para realizar determinados cultivos y no se dispone de gasoil para un pequeño tractor, etcétera. Esto crea muy graves problemas. No puede ser que sobre establecimientos que están bajo cero surja una orden oficial de economías que todos los ministerios deben hacer, el Ministerio del Interior y en sus establecimientos estaban haciendo un 8 por ciento y deben pasar a un 16 por ciento de economías. Esto es pedir que si no hay comida, haya menos, que no hay posibilidades de disponer de talleres, etcétera; ahora la situación será peor.

EC - Usted está hablando de los problemas que trae el hacinamiento, de los problemas que trae la superpoblación, pero mi consulta era otra, era cómo se frena la superpoblación, cómo se ataca el problema.

GC - Muy bien, también hay soluciones; le doy la palabra a Scavarelli y después hablo yo.

EC - Esa era la consulta, doctor Scavarelli: ¿cómo atacar el problema de este ingreso de 80 o 90 personas por semana a las cárceles uruguayas? Obviamente hay un problema económico-social de por medio, ¿pero qué alternativas existen?

AS - Al comienzo usted me hacía la precisión de que dejáramos para después un comentario que comencé haciendo. Por un lado hay una obligación irrenunciable del Estado, del Poder Ejecutivo, de aplicar lo que los jueces disponen respecto de la privación de libertad. Eso quiere decir que el cúmulo o el caudal de ingresos a los establecimientos penitenciarios es una responsabilidad del Estado que la sociedad toda debe atender en condiciones tales que, por lo menos, si la gente no mejora, no salga peor de lo que entró al establecimiento carcelario.

La política criminal uruguaya viene ensayando desde hace unos años un proceso que comenzó con el tema de los procesamientos sin prisión, como se recordará, allá a comienzos de la década de los 80. En este momento en el sistema penal internacional existen varios instrumentos que permiten una aplicación racional del tema de la privación de libertad en establecimientos carcelarios. Y hago la precisión porque hoy es dable ver en muchas partes del mundo la privación de libertad a nivel domiciliario, por ejemplo, en forma parcial, para ciertos delitos donde no existe, por llamarla de algún modo, una peligrosidad manifiesta en la persona que delinquió respecto del resto de la comunidad.

Allí hay una serie de instrumentos, en lo que tiene que ver con el hacinamiento carcelario y exclusivamente con este punto, que pasan primero por el desarrollo de dos proyectos, prácticamente tres, que tenemos ahora en el Parlamento nacional, en la Cámara de Representantes en distintas áreas, tendientes a establecer alternativas a la prisión. Y no digo penas, porque como usted sabe, la pena es posterior al dictado de la sentencia de condena, sino que me refiero a instrumentos que tiendan a evitar o a facilitarle al juez disponer medidas alternativas a la prisión en aquellos delitos leves, en aquellos delitos que si bien merecen una sanción de privación de libertad, se haga con acotamiento de libertad y no en un establecimiento carcelario, léase presentación a la autoridad, prohibición de estar en determinados lugares, arresto domiciliario, arresto o detención por fines de semana o en días especiales que fije el juzgado. En fin, una serie de medidas que luego también se van sustituyendo en materia de penas –aquí sí en materia de penas– por otras como la prestación de servicios comunitarios, la obligación efectiva de acciones que la Justicia imponga en cumplimiento de la ley, todas tendientes a ir liberando de esta presión. Sumadas a otros institutos que tienen que ver con un seguimiento estricto de esas conductas y de esas personas que quedan en libertad o en un régimen de sanciones diferentes de la típica y clásica privación de libertad en un establecimiento carcelario.

EC - ¿Qué ocurre con ese proyecto de ley?

AS - Vienen todos muy bien. Están en la Comisión de Constitución; hemos estado en contacto con integrantes de la misma y nos consta, tanto al diputado Chifflet como a mí, que hay un consenso de aprobación en esta dirección. Por supuesto, como siempre sucede, una cosa es la norma en general, es decir votar en general que se está de acuerdo, y otra son los artículos específicos, pero estoy en condiciones de asegurar, porque así lo he hablado, por ejemplo no sólo con autoridades carcelarias sino con el propio ministro del Interior días pasados, que existe una urgencia desde la perspectiva de la Administración de Cárceles y de quienes tienen la responsabilidad en este tema (es otro tema a tratar: las cárceles no pueden seguir estando en el Ministerio del Interior; daría para largo, pero quiero dejarlo dicho). En ese sentido nos parece muy importante que este proyecto de ley, que ya tiene un consenso fuerte desde el punto de vista político en el Parlamento, pueda progresar en el marco de la Comisión de Constitución a los efectos de poder ser tratado en el plenario. Nos parece de suma importancia.

EC - Diputado Chifflet, ¿usted coincide en que por allí van las soluciones?

GC - Sí. El grupo tripartito de trabajo ha coincidido con estas sugerencias que plantea el diputado Scavarelli en el sentido de que se ha elaborado todo un documento sobre cómo se debe rehabilitar las cárceles y qué medidas hay que tomar para evitar el hacinamiento. Claro: la Cámara cometió un error en algún momento, debió haber tratado el proyecto de soluciones alternativas antes o paralelamente a votar el agravamiento de las penas que votó la mayoría. Si una rapiña simple sin violencia o un hurto significan cinco años inexcarcelables, se puede imaginar la muchachada que va a ir a dar a las cárceles por haber cometido algún error. Nos hemos preocupado especialmente por el proyecto de penas alternativas, para llamarlo genéricamente.

Hay desde hace años un proyecto del diputado Díaz Maynard, un proyecto del diputado Barrera, que es posterior pero que se ocupa del mismo tema y un proyecto del doctor Cairol. A partir de esos tres proyectos la Comisión de Constitución ha ido elaborando acuerdos en cada uno de los puntos y eso está relativamente avanzado. La Comisión de Constitución tiene muchísimos temas para tratar, si prioriza este por cierto que atenderá una necesidad fundamental del país.

También hay proyectos de rehabilitación carcelaria. Voy a citar un proyecto del año 1985, del diputado Díaz Maynard, que luego fue actualizado. ¿Qué significa esto de rehabilitación carcelaria? El propio ministro del Interior ha admitido que los establecimientos carcelarios no pueden estar en manos del Ministerio del Interior, de la Policía, sino en manos de gente preparada, especializada, con conocimiento del tema, etcétera. Esta es la evolución mundial cuando se ha querido perfeccionar los establecimientos carcelarios. Hay proyecto al respecto, pero previamente –esto está en la Comisión que preside el doctor Scavarelli, en principio el tema ya está encaminado en ese sentido– tenemos que ver cómo hacemos para preparar el personal, porque si no cambiaríamos de rótulo, ¿verdad?, o cambiamos de ministerio o le ponemos otro nombre y sigue lo mismo. Hay que cambiar las cosas de raíz. Esto está estudiado, está estudiado por técnicos, ya venía desde el informe Tomassino, que es de 1996, creo; el Parlamento aprobó todas sus sugerencias, pero luego no se las aplicó. Ahora la cosa está más seriamente encaminada.

EC - Diputado Scavarelli, ¿cuánto tiempo puede faltar para que esto último se convierta en realidad, el cambio en la jurisdicción en los institutos penales?

AS - Quiero adelantar un criterio personal que luego voy a trasladar a la Comisión: estoy procurando que la Comisión de Constitución y Legislación lo aborde de inmediato o, de lo contrario, que podamos solicitar que sea la Comisión de Derechos Humanos la que trate este tema, debido a la sobrecarga de actividad que tiene por un lado la Comisión de Constitución y también a la especificidad que tiene la Comisión de Derechos Humanos, entre otros temas, en el carcelario.

EC - ¿A cuál de los proyectos se refiere?

AS - No; cuando se trata un proyecto relacionado con un tema se suma la totalidad de los proyectos como antecedentes y en función de eso, con otros elementos, se van sumando criterios para llegar a un texto de consenso –o con los disensos del caso– para presentar a la cámara.

EC - ¿Usted se refiere por un lado al establecimiento de penas alternativas y por otro al cambio de ubicación de las cárceles en el organigrama del Estado, pasando, por ejemplo, al Ministerio de Educación y Cultura?

AS - Ya decía que entiendo necesaria la creación de un órgano específico para el manejo del tema carcelario fuera del Ministerio del Interior; no necesariamente en un ministerio específico, pero sí un órgano específico.

EC - ¿Ese punto iría en este mismo conjunto de iniciativas a tratar rápidamente?

AS - Usted lo ha dicho bien: como conjunto de iniciativas. Creo que el tema de las penas alternativas debe ser tratado directamente, en un proyecto específico, porque el otro es de corte institucional, requiere asignaciones presupuestales, un procedimiento de administración diferente. Una cosa no quita la otra, el conjunto, como usted dice, es la solución, primero abordar este tema para definir –el de las penas alternativas– y no necesariamente en el mismo cuerpo legal (no parece imprescindible que así sea; es más, creo que sería conveniente que no estuviera dentro del mismo) una norma que específicamente regule todo el tema de la asignación de los lugares.

Una precisión respecto de la naturaleza de los delitos. En lo que tiene que ver con la alternativa a la prisión inicial, no tengamos dudas, no va a haber ningún tipo de posibilidad de que una rapiña, por ejemplo, que es un hurto con violencia –para describirlo de algún modo, por definición legal– pueda ser objeto de una medida alternativa cuando se comete.

EC - Ese podría ser un temor en la población: que con las penas alternativas se generara mayor inseguridad.

AS - No tengamos ninguna duda, porque además en el derecho penal internacional no existe en ninguna parte, lo sabemos Chifflet y yo, lo sabemos todos: los delitos que de algún modo implican peligrosidad por parte de quien los causa no admiten medidas alternativas, salvo que impliquen una absoluta garantía para el resto de la comunidad de que esa persona queda inhabilitada de poder causar más daño a la sociedad. Pero sí, en materia de penas, después, cuando al tiempo sale una sentencia penal que lo encuentra culpable, puede haber medidas que hagan que esa persona que estuvo presa durante todo ese proceso tenga la posibilidad de cumplir esa sanción con otras alternativas. Por eso definía hoy: una cosa es la alternativa a la prisión inicial, y otra es la alternativa a la pena que se dispone después, a lo largo del proceso.

Además quería expresar que estoy trabajando en un proyecto de ley que aún no he podido ingresar porque lo estoy terminando, que justamente aborda otro aspecto: la incertidumbre en la población reclusa respecto de los tiempos de detención; que también genera, como todos sabemos, una enorme ansiedad y dificultad en los establecimientos carcelarios.

En ese sentido estamos planteando –ya comenzamos algunas consultas, incluso con las propias autoridades del Ministerio del Interior– la posibilidad de que cuando se dicta el procesamiento con prisión en delitos excarcelables (aquellos que tienen una pena mínima de dos años, por lo tanto admiten libertad provisional), desde ese mismo momento, en un plazo de 10 o 30 días –lo tenemos a estudio– el propio juez disponga en cuánto tiempo piensa que se podrá conceder la libertad provisional a esa persona recién procesada, siempre en forma provisoria. Por ejemplo, se procesa a alguien por un accidente de tránsito con una víctima o con cierta gravedad, entonces el juez dispondrá “Está procesado con prisión por homicidio culposo y va a estar detenido en prisión preventiva durante un tiempo de dos meses”, por decir cualquier cosa. Si en el curso de la investigación penal el juez entiende que hay elementos que en más o en menos modifican el plazo que fijó por supuesto que estará en libertad de modificarlo cuantas veces quiera, pero por lo menos se comienza con algún grado de certeza para terminar con esta especie de lotería en que lamentablemente termina una persona que cae presa con prisión preventiva, con la incertidumbre de él y de sus profesionales respecto a cuánto tiempo de prisión preventiva tendrá.

En eso estamos, son todas medidas complementarias. Pero lo del principio: es muy importante apurar el paso en este tema de las penas y los procesamientos con prisión con medidas alternativas porque eso hace mucho a la tranquilidad del sistema carcelario que, como dijimos, está sobrecargado en un Estado que en este momento tiene una enorme lista de prioridades que nos tienen muy preocupados a todos quienes tenemos la responsabilidad de seguir el tema de derechos humanos desde el punto de vista parlamentario, no sólo los que no tienen que ver con lo carcelario sino con una dificilísima situación del país.

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Transcripción: Jorge García Ramón y María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón

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