El Pit-Cnt acordó integrar ámbitos de negociación

Juan Castillo (Secretariado Ejecutivo): Obtuvimos respuestas afirmativas para la conformación de espacios de negociación en el plano del empleo, el salario y beneficios sociales para la infancia. La central discrepa con la anunciada exoneración de aportes de seguridad social, porque desde que se comenzó a aplicar no se ha creado un solo puesto de trabajo, y el Banco de Previsión Social ha perdido ingresos imprescindibles.

EN PERSPECTIVA
Jueves 01.05.03, 07.36.

EMILIANO COTELO:
En estos días previos al 1º de Mayo y al acto en conmemoración del Día Mundial de los Trabajadores, la central sindical Pit-Cnt vino realizando “una serie de movimientos políticos de acercamiento al gobierno”, según informó ayer el diario El País.

La nota alude a “extensas reuniones” que mantuvieron dirigentes de la central “por separado con los ministros de Trabajo, Santiago Pérez del Castillo; de Economía, Alejandro Atchugarry, y otra que podría concretarse [ayer] con el secretario de Estado de Salud Pública, Conrado Bonilla”, así como la que tuvo lugar en unos días antes con el canciller interino, Guillermo Valles.

El integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, Juan Castillo, admitió según el diario que existe “un cambio de estrategia del movimiento sindical”. Estamos ahora en comunicación con Castillo. ¿Cómo surgió esta serie de encuentros con los integrantes del gabinete?

JUAN CASTILLO:
Yo no dije que sea un cambio de estrategia. Surge de una estrategia del movimiento sindical que ubica al 1º de Mayo como centro de la escena nacional, y que a partir de nosotros marca un mojón muy importante en lo que tiene que ver con la actividad, el papel y las tareas del movimiento sindical hacia delante.

Habíamos hecho referencia –y hoy se va a plasmar en la práctica— a un mensaje que, lejos de detenerse en el diagnóstico, en las quejas y en los reclamos, va a plantear muy fuertemente, se va a tener mucho más tiempo, en la elaboración de propuestas concretas que el movimiento sindical va a colocar en el debate público, como la concepción de los trabajadores para revertir la actual situación de crisis. Allí van a estar marcadas las propuestas.

EC – ¿Eso implica modificar el estilo con respecto a los actos anteriores del 1º de Mayo?

JC – No sé si es modificarlo. Lo cierto es que, en otros momentos políticos, la expresión del movimiento sindical ha sido más fuerte el reclamo y la discrepancia con las políticas de gobierno.

EC – Pero volvamos a las reuniones.

JC – Para nosotros es una cuestión de ley, una cuestión de ética y de moral de los trabajadores: no podríamos estar haciendo referencia a algunas propuestas concretas y a valoraciones que uno pueda hacer del gobierno sin antes plantearlas de frente a los representantes de las distintas áreas. Hasta ahora, en cuatro de ellas, no ha quedado ninguna en el camino: habíamos dejado propuestas en el intercambio con el canciller interino, embajador Valles: el viernes tuvimos una reunión de casi tres horas con el ministro de Trabajo y un equipo de asesores; el sábado con el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry y el subsecretario; el martes con el director del Instituto Nacional del Menor, Martín Marzano. Quedó pendiente la entrevista con el ministro de Salud Pública, porque estaba en el exterior. Es decir que fuimos a plantear nuestras propuestas en cinco áreas muy sensibles no sólo para los reclamos del movimiento sindical sino –en nuestra visión— para la mayoría de nuestro país, y algunas de esas propuestas hoy van a estar plasmadas en la proclama.

EC - ¿Podemos adelantar algo en ese sentido? Por ejemplo, ¿cuáles fueron las inquietudes principales que el Pit-Cnt planteó al ministro de Trabajo y Seguridad Social?

JC – Los reclamos centrales estuvieron en el sentido de que nuestro país democratice el ámbito laboral. Tiene que ver con que se cumpla lo consagrado en la Constitución, en varias leyes, y en convenios de la Organización Internacional del Trabajo que nuestro país ha ratificado, tales como ámbitos para la negociación colectiva, convocatoria a consejos de salarios, expresión viva de derechos y garantías sindicales tales como que el trabajador no sea despedido por el solo hecho de integrar el sindicato.

En lo más concreto, entregamos un documento de nueve páginas con nuestro proyecto de políticas activas de empleo. Medidas concretas que hoy se pueden hacer y que se debería hacer, con este gobierno y con esta orientación política, para que en el muy corto y en el mediano plazo se reactive los puestos de trabajo y comience a caminar la industria.

EC – El propio ministro Santiago Pérez del Castillo se había manifestado favorable a políticas activas de empleo, e incluso manejó algunas ideas. ¿Estuvieron esas ideas en la conversación del viernes?

JC – Es cierto; él manejó algunas propuestas; las expuso allí uno de sus asesores, Gonzalo Cibils. Pero nosotros tuvimos un matiz (no discrepancia) desde este punto de vista: para la sociedad uruguaya, la creación de un puesto de trabajo debería ser aplaudida cuando venimos con tan altos niveles de desocupación. La propuesta del ministro (esperemos que se pueda concretar) tiende a la creación de unos 10.000 puestos de trabajo; y él la vincula al interior del país, a las comunas, a un plan veredas, como un plan de emergencia. Atiende en parte la emergencia, generaría esos 10.000 puestos con una duración no muy extendida en el tiempo, pero eso no deja de ser un parche. Ojalá que al gobierno se le ocurran muchas más ideas de estas, pero lo cierto es que no son puestos de trabajo genuinos.

EC – Ustedes hablan de otro tipo de políticas activas de empleo.

JC – Sí, sí. De otro tipo tan grande como que hoy está plasmado en la proclama y en la consigna central del estrado que para nosotros trabajo digno y salario decoroso pasa por un trabajo más sustentable, de largo aliento; por un trabajo que como –obviamente— no se puede decretar, como no se trata de que hoy me levanto con ganas, firmo un decreto y a partir de hoy hay 10.000 puestos de trabajo, va a tener que priorizar algunas cosas previas; y ahí se plasma la voluntad política de una concepción de gobierno. ¿Está el país dispuesto a reactivar efectivamente la producción, a incentivar el desarrollo de la industria, y por lo tanto vamos a salir fuertemente a crear medidas que dinamicen el mercado interno? Si estas cosas son contestadas afirmativamente, capaz que los uruguayos no tenemos trabajo en una semana o un mes, pero podríamos pensar que en el mediano plazo comenzaría a reactivarse la industria y ahí tendríamos trabajo de otro tipo.

EC – Una medida que se anunció es la exoneración de aportes patronales a la seguridad social para aquellos nuevos puestos de trabajo que generen las empresas, por encima de sus plantillas actuales. Una medida de esas características ¿está en línea con lo que reclaman?

JC – No. Nosotros le mostramos al ministro algunos datos que nos dan nuestros compañeros asesores en la central sindical, según los cuales desde 1992 cuando el gobierno Lacalle aplicó esta política desreguladora, esta sería la novena vez en que los sucesivos gobiernos disponen rebajas de aportes al Banco de Previsión Social y una distribución impositiva distinta que tiende a la baja, tratando de incentivar a los empresarios para que generen puestos de trabajo. Han sucedido dos cosas: el Estado ha recaudado menos (lo ha sentido directamente el Banco de Previsión Social, que tiene mucho menos recaudación para atender más jubilaciones y prestaciones sociales), y no solamente no se ha creado un solo puesto de trabajo más, sino que paralelamente con eso –es cierto que fruto de otras cosas— la desocupación ha venido en un aumento constante hasta llegar a niveles como a los máximos a los que llegó el año pasado. Aunque reconocemos algunos puntos a la baja en el primer trimestre del año, lo cierto es que nunca hubo tantos desocupados en este país. Así que hay una teoría falsamente demostrable como falsa: que rebajando los aportes se genera puestos de trabajo. Esto no ha ocurrido así en nuestro país.

EC – Eso fue en la reunión del viernes con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, pero el sábado tuvieron otra con el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, y el subsecretario Max Sapolinsky. ¿Cuál fue la agenda?

JC – Allí, el punto central para nosotros fue el salarial y los ingresos para la familia uruguaya. Recordamos que estamos en vísperas de la readecuación cuatrimestral de los salarios (ojalá que en algún momento podamos decir “aumento” salarial, que hace tanto tiempo que no ocurre). No íbamos meramente a buscar en cuánto tiempo pensaba el gobierno fijarnos los salarios, ni sólo que fuera para los públicos, sino que atienda fundamentalmente a los sectores de la actividad privada, a los jubilados y pensionistas. Fuimos a buscar ámbitos, qué criterios, qué concepción maneja el gobierno, ya que para nosotros también es un derecho democrático tener la posibilidad de discutir un aumento de salarios, realizar aportes, debates...

Que haya una instancia de negociación en cuanto al manejo de los salarios no quiere decir que haya obligación de acordar, porque al final de la negociación, al final de la discusión, se puede disentir. Eso está clarísimo para trabajadores, empresarios y gobierno.

Pero había más cosas que para nosotros también son parte de la preocupación por la emergencia social, y que ya habíamos planteado anteriormente al ministro: la necesaria discusión del comportamiento del Salario Mínimo Nacional (SMN), que en la etapa posdictadura ha sido lo que más se ha aplastado en nuestro país. Estamos con el SMN más bajo de la región, más bajo del mundo.

EC - ¿Más bajo del mundo, dice usted?

JC – Sí, sí. Dentro de los más bajos del mundo: hay una serie histórica que muestra dos fuertes caídas del SMN y del salario real, una al inicio de la dictadura (veníamos con una línea que se mantenía)... Quiero explicar por qué nos detenemos tanto en el SMN y en el salario real: porque es lo que demuestra la distribución del ingreso en un país, la forma en que se distribuye la riqueza que generan nuestros compatriotas y los trabajadores en particular. Y tuvieron dos bajas muy sensibles: una durante la dictadura y otra cuando se recuperó la democracia.

Junto con eso, el gran golpe se pega a comienzos del año 90, cuando el gobierno de Lacalle aplica esa concepción de desregular y flexibilizar los derechos laborales. Y, a partir de ahí, las asignaciones familiares comienzan a quedar en un monto ridículo, al punto de que (como dijimos al ministro) más de 250 mil niños no reciben asignación familiar. Cuando más lo necesitan, cuando las familias están más carentes, los niños que no tienen la suerte de que sus dos padres no tengan trabajo; o que como está pasando, muchos hogares tengan a mujeres como jefas, esos niños no perciben asignación familiar. Quienes sí lo reciben, tienen montos de $80 a $180, una cifra ridícula. Por tanto queremos discutir cómo se universaliza la asignación familiar, cómo se generaliza para los hogares en esta situación, y se la aumenta sensiblemente en función de todas estas necesidades, con una única condición que el Estado ponga a estos niños (que existen, que son hijos de nuestra patria): que vayan a la escuela y por ese sólo hecho tenga derecho a una pensión que le ayude a comer. Y que no nos pasen estas cosas como las que han pasado en estos días, cuando aparecen claros síntomas de desnutrición y cinco de ellos perdieron la vida.

EC – Se informó que esa reunión con el ministro de Economía terminó con una decisión de conformar una comisión bipartita para examinar estos temas. ¿Es correcto?

JC – Lo cierto es que en cinco aspectos concretos –uno de ellos fue este, otro fue el de políticas activas de empleo, otro el comportamiento del SMN, otro el de política tributaria— el ministro admitió propiciar ámbitos en la propia secretaría de Estado para que aportemos por escrito esas propuestas, acercar los nombre de nuestros compañeros (técnicos o dirigentes) y discutir, porque él preveía que pueda surgir de allí la posibilidad de acuerdo o la generación de ideas para que, tal como lo pedimos nosotros, ese ámbito pase a ser tripartido porque cuando hablamos de democracia es imperiosa la necesidad de entender que hay un actor fundamental en el mundo del trabajo que es el sector empresarial, y que queremos que no siga negando los ámbitos tripartitos y participe en estas discusiones.

EC – Desde que asumió el ministro Atchugarry, entonces, ¿por primera vez se anuncia la instalación de ámbitos de diálogo con el gobierno en los que participará el Pit-Cnt?

JC – Podríamos decir que estamos en vísperas de eso. Esperemos que podamos concretarlo.

EC –¿Y otro tanto con el ministro de Trabajo?

JC – Otro tanto y en tres áreas concretas: la demarcación de políticas activas de empleo, en la generación de un debate sobre ámbitos tripartitos para la negociación colectiva (en el inicio él pidió que fueran bipartitos), y también en lo relativo a los derechos y garantías sindicales.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón

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