“PARA CHANTAJEAR EN DIVORCIOS Y SEPARACIÓN DE BIENES”

Falsas denuncias de abuso sexual y violencia familiar

Padres usaron informes psicológicos falaces para acusar a sus ex parejas. La Justicia llegó a procesar al actual esposo de una mujer por atentado violento al pudor, con seis meses de prisión. Demostrada su falsedad, el niño sigue separado de su madre. Edgar Bellomo (Comisión de DDHH de diputados); Hugo Orbiz (denunciado y denunciante) y psicólogo Jorge Cohen (I. Nal. del Menor).

EN PERSPECTIVA
Miércoles 07.05.03, 09.10.

EMILIANO COTELO:
Un grupo de padres ha estado formulando en estos días una denuncia por los atropellos que se han dado en causas judiciales en las que actuaron una psicóloga y varias organizaciones no gubernamentales que indujeron a menores a denunciar que habían sido víctimas de abusos sexuales para que los jueces los separaran de su padre o madre, según el caso.

Este tema, que en días anteriores tuvo tratamiento periodístico en diferentes medios, ayer alcanzó otro tipo de ecos. Por un lado se supo que la Justicia Penal investiga a la psicóloga en particular que actuó en estos expedientes; por otro lado se conoció que el Ministerio del Interior resolvió sumariar y separar del cargo a la directora del Centro de Asistencia a las Víctimas de Violencia Familiar, Gabriela Fulco. Por el momento sólo quedaron fuera del asunto los jueces de Familia que actuaron, ya que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) archivó la investigación que había iniciado. Según fuentes de la corporación citadas por el diario El País, la investigación concluyó que existía un vínculo entre la psicóloga y la jueza Ana Lima, cuyos fallos eran “harto discutibles”. No obstante, en virtud de que Lima ya no es funcionaria del Poder Judicial (renunció al ser trasladada al ámbito laboral) y que la psicóloga tampoco lo es, no hay más nada que investigar, se explicó.

Por su parte el ministro del Interior, Guillermo Stirling, dijo ayer que Fulco está sometida a un sumario por la Dirección Nacional de Prevención del Delito para determinar eventuales irregularidades. A su vez la jueza Gabriela Merialdo, que sustituyó a Lima, reactivó la investigación presumarial que estaba en la sede contra la misma psicóloga. Además se sumó otra denuncia contra las ONG Somos y Arco Iris, a cargo de la jueza Aída Vera Barreto.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes resolvió ayer enviar las denuncias y materiales presentados por el grupo de padres al Ministerio del Interior, a la Asociación Uruguaya de Psicología y a la SCJ. La decisión fue tomada por diputados de todos los partidos tras escuchar los planteos de Martín Otero, María José Amengual, Hugo Orbiz, Paula Poggio, Jorge Dosil y Víctor Martínez en representación del grupo de padres.

El documento presentado ante la Comisión de Derechos Humanos empieza señalando:

“Somos un grupo de padres a los que, junto a nuestros hijos, nos ha tocado vivir una interminable saga en distintas órbitas del Poder Judicial, Ministerio del Interior, Iname, Ministerio de Educación y Cultura, ONG y otras dependencias. Es así que más allá de denunciar las distintas irregularidades en distintos ámbitos y de haberse ordenado investigaciones, así como medidas disciplinarias que se han dispuesto, muchas de nuestras situaciones permanecen incambiadas.

(...)

El origen de estas irregularidades se da en el ámbito de separaciones o divorcios, donde se recurre a fabricar una falsa denuncia de abuso contra los hijos por parte de la contraparte o su nueva pareja, la que deriva en una inmediata medida cautelar separando al/los niños de la madre o el padre denunciado. Es así que esta medida se usa como “chantaje” a efectos de dirimir otros problemas derivados de una separación: patrimoniales, tenencia, pensiones alimenticias, etcétera.

En todos nuestros casos y luego de hechas innumerables pericias judiciales a los niños, y adultos descartando el “abuso”, igualmente no se ha podido revertir las medidas cautelares, las que llevan entre dos y seis años, según el caso.

Las irregularidades que hasta ahora hemos detectado y las personas involucradas en éstas incluyen: psicólogas, jueces, fiscales, ONG y abogados”.

Vamos a dialogar ahora con el diputado Edgar Bellomo, del Encuentro Progresista, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara.

¿Lo sorprendió recibir una situación de este tipo en la comisión?

EDGAR BELLOMO:
No, porque ellos ya habían establecido contacto previamente conmigo personalmente; creo que habían hecho lo propio también con el diputado Guillermo Chifflet y que iban a recurrir al presidente de la Comisión, doctor Scavarelli, quien ayer no pudo estar por cuestiones de enfermedad. Es más, en aquel momento, como era tan amplia la gama de denuncias de presuntas irregularidades y de problemas abarcados, dada la magnitud de la situación planteada, y haciéndoles la aclaración de que en el ámbito de la Justicia no podemos incidir, les aconsejamos que acudieran a la Comisión. En aquel momento yo dejaba su presidencia, pero además entendí que más allá de tomar conocimiento personalmente de estos hechos, más allá de que como representante pudiera eventualmente ordenar alguna averiguación o solicitar algún pedido de informes, era prudente la comparecencia de ellos en la Comisión, si los demás miembros así lo entendían. Así fue entendido por la mayoría de los miembros, y ayer los recibimos.

Estamos hablando no sólo de injusticias, no sólo de irregularidades sino que en algunos casos estamos hablando de abuso sexual infantil o de maltrato infantil. No podemos perder de vista que más allá de la Justicia, más allá de la verdad, en última instancia acá hay alguien que va a pagar los platos rotos o que ya los está pagando, que sin duda son esos niños. Por una razón u otra: bien porque se han visto separados de sus padres y han estado perdiendo contacto con una de las partes, o bien porque en algunos casos ellos mismos denuncian –esto puede ser y puede que no– que el propio agresor formula la denuncia, lo que genera una doble injusticia porque el niño va a continuar siendo agredido y va a quedar sin el respaldo de la otra parte, que se ve alejada de sus posibilidades.

EC - ¿Usted dice que se dan casos en que el padre agresor es quien formula la denuncia acusando al otro padre de violencia, abuso sexual, etcétera?

EB - En algunos se llega a esto. No estoy diciendo que sea el caso de las seis personas que nos visitaron ni que sea la medida común, ni lo corriente. Estamos tratando de investigar este tema y estamos viendo que es de muy difícil resolución, en tanto juegan elementos muy difíciles y juega un testigo “maleable”, “sugerible” o “inducible”, que son los niños. Por todos los relatos que ellos hacen y que están escritos en el material que nos dejaron, donde la psicóloga interviniente, que es la que prepara el informe sobre el cual se sustenta después la resolución judicial, los induce de alguna manera –eso señalan ellos– a decir que fueron abusados cuando en realidad no lo fueron; en definitiva, los van induciendo a decir lo que quieren hacerles decir.

EC - Es un tema bien inquietante si las cosas ocurren como se relata. A todos nos estremece el problema de la violencia dentro de la familia, en particular el abuso sexual; pero si resulta que no estamos ante hechos reales sino fraguados, sobre los cuales se obliga a testimoniar a un niño para obtener después determinadas concesiones en un juicio o para chantajear con problemas patrimoniales, pensiones alimenticias, etcétera, ya estamos ante una especie de colmo del sufrimiento para esos menores.

EB - Creo que ahí está el corazón del planteo de ayer y el eje central de nuestra preocupación. La Comisión ha determinado prudentemente, responsablemente, primero nutrirse de elementos (aquí hay denuncias muy serias que involucran tanto al Poder Judicial, cuanto al Ministerio del Interior, cuanto a algunos psicólogos de este país), elevar a conocimiento de las autoridades la versión taquigráfica de la sesión de ayer junto con los obrados que nos dejaron –que creo que es lo más importantes, porque ayer los escasos 30 minutos o un poco más de que dispusimos no dieron para analizar todo el tema ni para el necesario intercambio, ni siquiera para todos los testimonios de carácter individual que ellos mismos quisieran realizar–, a efectos de tener alguna aproximación, la posibilidad de escuchar una campana diferente o de aportar elementos que nos permitan acercarnos a esclarecer los temas.

No hay que olvidar que en temas de maltrato infantil, de abuso sexual infantil, en esta materia tan delicada, los casos no son necesariamente iguales. Si bien acá el corazón de la denuncia dice que hay un hilo conductor entre dos psicólogas y una jueza que aparecen reiteradamente en esta problemática, que son quienes reciben la acusación más importante y son quienes están siendo objeto de investigación –una porque ya el Poder Judicial había determinado un traslado o un cambio de funciones y ameritó, entre otras cosas, la renuncia de la jueza, y otras porque en este momento se encuentran separadas del cargo preventivamente, siendo sumariadas por el Ministerio de Interior–, nos quedan algunas denuncias sobre el proceder de algunas ONG. La denuncia es muy vasta, la problemática es muy compleja y nos pareció prudente, primero que nada, enviar estos obrados a quienes corresponde tener alguna incidencia e ir reabriendo, reanalizando el caso.

EC - ¿En qué consiste la próxima actuación de la Comisión?

EB - Vamos a seguir investigando. Tengo un material muy interesante que hace que en esto uno sea más prudente de lo que debe ser siempre, es un material de una psicóloga y psiquiatra argentina que tiene que ver con el Departamento de Medicina Legal de la facultad en Buenos Aires, que analiza muy bien todos estos temas desde el punto de vista sociológico, personal, afectivo, etcétera. Es un abordaje de varias facetas que nos tiene que llamar a reflexión y no apresurarnos en los juicios.

Nosotros no somos tribunal de alzada en este caso: somos una comisión competente del Parlamento que ante el planteo de una situación como esta no puede quedarse de manos cruzadas.

EC - Veía que los padres que visitaron ayer la Comisión solicitaron entre otras cosas que se fije un procedimiento único para el manejo de este tipo de situaciones a nivel judicial. Señalaron que estas prácticas, estas irregularidades, estas maniobras, que sostienen que han ocurrido, se evitarían si existiese una mayor coordinación y marcando un procedimiento único y reconocido que involucrara a un equipo multidisciplinario que, ante una denuncia de este tipo, pueda otorgar elementos de mayor convicción al juez y, por otra parte, reducir las medidas cautelares, con las consecuencias que tienen para los niños, a un mínimo de días.

EB - Yo puedo compartir la inquietud, la orientación, pero no estoy en condiciones de decir si el procedimiento tiene que ser único porque, honestamente, no soy jurista y porque la propia variedad de cada caso, las propias alternativas que se presentan dentro de un mismo caso son a veces terribles. No sé si lo mejor es un procedimiento único, pero estos ciudadanos merecen que se haga justicia, que la justicia llegue y esclarezca.

Estas cosas deben ser motivo de preocupación de todos nosotros porque, repito, más allá de las consecuencias, más allá de lo que laude la Justicia y más allá del tiempo que termine mediando antes de la aprobación final, el tiempo conspira contra los niños; es otro elemento adicional que ellos están pagando. Si usted o yo pasamos un año privados de ver a determinada persona es una lesión a nuestros derechos, puede causarnos algún problema emocional o afectivo, pero pasa, somos grandes; cuando un niño de cuatro años pasa dos años sin ver a uno de sus padres… está en una etapa esencial de la vida, pero además es la mitad de su vida, habrá pasado la mitad de su vida sin ver a un padre. Por eso le digo: el tema es muy vasto, muy complejo, creo que la Comisión hizo bien en derivarlo. Lo vamos a seguir estudiando.

***

EC - Vamos a dialogar con uno de los padres que ayer presentaron la denuncia en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, el señor Hugo Orbiz.

¿Podría comenzar explicándonos un caso concreto, relatando un caso de estos que los llevaron a movilizarse? Sería bueno aterrizar con alguna situación de las que ustedes han tenido que vivir.

HUGO ORBIZ:
No quisiera hablar de mi caso en particular: voy a hablar de las generales del caso. Le explico cómo funciona: usted contrata a una psicóloga o a alguien que haya hecho un cursillo que esté revalidado, para que haga un informe acerca del menor que quiere tratar a los efectos de conseguir un beneficio en una separación de bienes, en un divorcio. Ese “profesional” le hace un informe de parte. En mi caso –y es el común denominador– la persona hizo informes sin haberme visto la cara: no me conoce personalmente, capaz que me la cruzo en la calle, no nos conocemos. Sin embargo, elaboró cuatro informes diciendo cosas muy duras y muy fuertes sobre mí, que son falsas.

EC - Fue contratada por la otra parte.

HO - Por la contraparte, claro, y este es el común denominador, que es burdo, duro. Ni siquiera tiene la delicadeza de saber a quién le está tipificando un delito; en mi caso como en otros tantos no ha visto siquiera la cara de la persona. Eso no interesa, no viene al caso, ¿entiende? Es un trámite que puede llevar 15 minutos: “Venga, le doy el informe de parte; ¿cómo se llama su hijo? Vaya, preséntelo que con esto anda”. Y efectivamente anda, prospera la falsa denuncia.

EC - Una denuncia penal, ¿por qué delito en su caso?

HO - Por presunto abuso sexual; después puede ser tipificada violencia doméstica y demás. Estas denuncian son presentadas en el ámbito penal y en el ámbito de familia para lograr una medida cautelar, con el objetivo de chantajear a la contraparte en la separación conyugal.

EC - Veía el caso de un hombre de iniciales MO que fue procesado por atentado violento al pudor, por la entonces jueza de 17º Turno, Ana Lima, 15 días después de que el ex esposo de su pareja presentara una denuncia acusándolo de abusar de sus hijos de seis y ocho años, y presentando como prueba el informe de la psicóloga pagado por él mismo. Recién después de recluido se le hicieron nuevas pericias que no confirmaron el abuso. Aun así la Justicia negó su excarcelación y siguió preso. ¿Cuánto tiempo terminó estando presa esta persona?

HO - Seis o siete meses. Esta es la perla de todo el collar.

EC - En su caso no hubo prisión.

HO - No, gracias a Dios puedo contar el cuento de que no me tocó vivirlo. Volviendo al caso de MO, en declaraciones de ayer en la noche de Guillot dijo que ese caso puntual le costó el puesto a la jueza Ana Lima; no fue por el vasco [N. de R.: la controvertida extradición de un presunto miembro de ETA] ni por otra cosa, él mismo lo aclaró. Imagine la magnitud del caso, cómo se avasallaron todos los derechos de un ciudadano por una falsa denuncia.

EC - Estamos hablando de que resultan afectados tanto padres como madres.

HO - En nuestro caso se trata de mi esposa y, para que tenga idea, ya hace dos años que no puede ver a su hijo por esta denuncia que ya se demostró que es falsa. Lo que pasa es que con la lentitud de los actores de la Justicia y las chicanas de la contraparte, que recusa al juez, que va al Tribunal de Apelaciones, que vuelve, los tiempos se hacen eternos y en suma logran su objetivo. Porque cuando se da vuelta todo y se prueba que fue una falsa denuncia, ¿cuánto tiempo pasó? Cinco o seis años. ¿Entiende?

EC - A ver si entiendo su caso: usted es el segundo esposo de la persona que tiene el problema con su ex cónyuge. El ex esposo de su señora lo acusó a usted de abuso sexual contra los hijos.

HO - El asunto fue así: el ex esposo compró un informe de parte, lo presentó en los distintos ámbitos y prosperó una denuncia que tuvo como consecuencia directa una medida cautelar. Esa medida cautelar logra sacar del ámbito de la madre al menor (en este caso, al hijo de mi señora), con lo cual hace dos años que no sabemos dónde está, no podemos ni siquiera hablar por teléfono, está secuestrado. Si a mi señora le preguntan dónde está su hijo: está secuestrado. La Justicia lo sabe, sabe que es una falsa denuncia, pero actúa muy lentamente y las medidas no llegan en tiempo y forma.

EC - Está en línea el psicólogo Jorge Cohen, del Departamento de Asistencia Familiar del Iname. ¿Qué conoce usted de este tipo de casos?

JORGE COHEN:
Lamentablemente en el último año me ha tocado participar en varios de estos casos que claramente eran falsas denuncias. Como decía el señor que me antecedió fueron claramente maniobras para separar a un hijo del padre o de la madre, generalmente el padre conviviente, el que convive con el niño.

Establecen la denuncia y se entra en un peregrinaje muy largo, muy tortuoso y sobre todo de mucha presión para los niños: se les interrumpe las visitas y luego en cada oportunidad de visita con este padre o madre con el cual no conviven y que fue denunciado, esos niños generalmente están muy presionados por quien hizo la denuncia y con quien conviven. Muchas veces son niños pequeños que generan lazos afectivos muy fuertes, con lo cual el contacto con el padre que hace mucho tiempo que no ven es difícil, a veces están muy ansiosos, y esto se vuelve a utilizar como “prueba” para separarlos más. Entonces las visitas se hacen cada vez más distanciadas, son más difíciles y la finalidad es separarlos de ese padre o esa madre.

EC - A usted le ha tocado comprobar la falsedad de algunas situaciones.

JC - Sí, sí. Yo trabajo en el Departamento de Asistencia Familiar y los jueces, sobre todo de Familia, nos piden asesoramiento en esos casos que son muy confusos, con versiones muy contradictorias. En esos casos nos ha tocado participar. Realmente es llamativo porque fueron muchos casos, a mí particularmente me ha preocupado mucho este tema, porque además del daño a los adultos, que para nosotros está en segunda instancia, sobre todo se les hace mucho daño a esos niños, muchas veces se los separa a la edad de dos, tres, cuatro o cinco años, y luego resulta muy difícil reconstituir el vínculo.

EC - ¿Qué dice usted de la conducta de sus colegas? Porque aquí hay otros psicólogos informando, por lo visto de manera falsa.

JC - Sí, eso también nos preocupó mucho –no sólo a mí– porque estos niños, con una denuncia muy ligera de abuso sexual o de violencia por parte de un padre o una madre, muchas veces pasan inmediatamente, sin una pericia, por centros, organizaciones de tratamiento de abuso sexual, donde son tratados como abusados sexuales sin serlo. Esto es iatrogénico porque se genera un daño mayor y se revictimiza a estos niños que pasaron por varias pericias y a su vez por tratamientos que no necesitarían y que no son inocuos porque estos niños pasan a vivenciar, en contacto con otros niños que sí fueron abusados, una experiencia “similar” a la de un niño abusado, porque se introducen en esos códigos y ese discurso de niño abusado en niños que no lo han sido.

El daño es muy pero muy duro. Y sí: lamentablemente hubo colegas que, sin el instrumental técnico para hacer las pericias, sin el contacto con las dos partes (que generalmente establecen situaciones conflictivas), …

EC - ¿Pero estamos hablando de errores de sus colegas o de diagnósticos deliberadamente equivocados?

JC - Yo los llamaría errores con instrumentos técnicos equivocados y sin la experiencia necesaria para realizar este tipo de pericias en estas situaciones.

EC - ¿Usted no sospecha...

JC – No, no.

EC - ...de otro tipo de…

JC – No, no.

JC - ...de corrupción, directamente, por la decirlo de alguna forma?

JC - No, no tengo elementos como para afirmar tal cosa. Habría que estudiarlo. Yo, por lo menos, no tengo los elementos.

EC - Señor Orbiz, ¿qué piensan hacer ahora que el tema ha tomado estado público?

HO - En la Comisión de Derechos Humanos planteamos siete pilares que deberían poder instrumentarse para evitar estos abusos por parte de personas inescrupulosas. Por nuestras vivencias encontramos las carencias del medio. El objetivo principal es que esto no siga aconteciendo para el resto de la ciudadanía, y después echar luz a todas estas investigaciones que hemos solicitado a fin de esclarecer las cosas.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón

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