Deudas en dólares: medidas “hasta ahora insuficientes”

Diputado Carlos González Álvarez (Herrerismo, PN): En la negociación individual, resuelve un gerente arbitrariamente. Si se quiere que pague lo que no puede, pierde el deudor y también el acreedor, que en un remate no rescata el crédito. Se busca respaldo mayoritario a un proyecto de ley que establezca dos franjas de deudas: hasta U$S 2.500 con cuotas vinculadas a los ingresos, y hasta U$S 50.000 con una actualización según la pauta pre-devaluación, pago con bonos y saldo diferido.


EN PERSPECTIVA
Jueves 22.05.03, 07.35.

EMILIANO COTELO:
Sigue en discusión el endeudamiento en dólares. Ayer tuvimos un primer enfoque en esta materia, en diálogo con el senador Wilson Sanabria, del Foro Batllista, sector desde el cual se había presentado un proyecto de ley que no cayó bien en el Poder Ejecutivo y que también provocó problemas en la relación Poder Ejecutivo – Partido Nacional. Es que desde el gobierno se dice a los blancos que no vayan por el camino de la ley, pero desde el propio Partido Colorado se presenta una iniciativa de ese tipo.

Parecería que ese proyecto del Foro Batllista habría quedado por el camino. Parecería, porque siguen llegando reclamos en especial de los diputados del interior del sanguinettismo.

Ahora, las gestiones del equipo económico se dirigen al Partido Nacional. Habría que ver si el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, puede persuadir a los senadores nacionalistas de la misma forma en que lo hizo para su propio partido. Está efectuando advertencias fuertes respecto a qué consecuencias puede implicar una u otra solución.

ALFREDO DANTE:
Por ejemplo, que se pondría en riesgo la estabilidad lograda en el país, y que “la nación vuelva a la misma realidad de mediados del año pasado”, con la corrida bancaria. Atchugarry dijo que hay que cuidar el marco de confianza que alcanzó el país, y “para eso se debe trabajar en conjunto con todos los partidos y además con todos los bancos. No le hace bien a nadie imponer una solución, ni por una parte ni por la otra. Es un momento en que las circunstancias del país permiten ser un poco más optimistas en mejorar las soluciones”, dijo. Afirmó que “Hay un buen ambiente en los bancos estatales y privados para otorgar facilidades a las deudas de familias perjudicadas por la devaluación, para los casos de hipotecas de viviendas, vehículos, tarjetas de créditos en dólares”, para lo cual “habrá que adecuar algunas reglamentaciones del Banco Central, así como normas fiscales que ayuden a hacer más atractivas las soluciones”.

EC – Atchugarry propuso ayer a legisladores de todos los partidos políticos impulsar una salida de tipo administrativo para el endeudamiento en dólares de las familias, y evitar una ley. Según la propuesta, el gobierno aprobaría medidas que faciliten el acuerdo de los bancos con los deudores en dólares, pero no intervenir en los contratos entre particulares.

Estamos en comunicación con el diputado Carlos González Alvarez, del Herrerismo, Partido Nacional. Usted participó de esta reunión de ayer.

CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ:
Efectivamente. Fueron dos reuniones con el ministro: primer con el Partido Nacional y después con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

EC - ¿Desde qué posición llegaba usted a esta reunión?

CGA – Yo estoy trabajando (me integré a la Comisión de Hacienda hace unos dos meses) en la aprobación de un proyecto de ley que contemple esta catástrofe que se ha producido a partir de la devaluación del 20 de junio del año pasado, y la cantidad de consecuencias que trajo la devaluación. Estoy trabajando en un proyecto de ley.

EC – Uno de los varios anunciados desde filas blancas.

CGA – En la Comisión de Hacienda hay seis o siete proyectos de ley presentados en distintas oportunidades y de distinto tenor, y ahí se decidió firmar una subcomisión creada por un legislador de cada partido (yo la integro por el Partido Nacional) y estamos trabajando. Ya hemos avanzado en las bases de un proyecto unificado que pueda tener los votos de la mayoría del Parlamento. En ese sentido hemos venido trabajando, y el borrador va avanzando.

EC - ¿Cómo observa los argumentos del equipo económico y de la propia Lista 15 sobre las consecuencias para la economía del país que tendría una ley sobre el endeudamiento en dólares?

CGA – En primer lugar, el 20 de junio se va a cumplir un año de la devaluación, y desde entonces ha sido interminable el reclamo de los endeudados para encontrar soluciones. El gobierno tomó un par de tímidas soluciones, como aquella de sacar el IVA y el Imaba a los intereses... Son soluciones bienvenidas pero que no traen la tranquilidad a los deudores porque los problemas han seguido.

Ahora, cuando ya estamos avanzando en la Comisión de Hacienda con un proyecto bastante consensuado, con un debate parlamentario para el martes 27, el ministro viene a decir “Ayúdenme, no saquen una ley”. Para mí, para disuadir debió tomarse las medidas administrativas mucho antes.

EC – Lo que pasa es que la preocupación del gobierno es que una ley “pone en riesgo la estabilidad” que se alcanzó y puede “llevar al país a la misma situación que se vivió el año pasado”.

CGA – Personalmente, no comparto esas manifestaciones. El ministro hace un enfoque apocalíptico: “Si aprueba una ley se cae todo...” Ese tipo de enfoque ya lo hemos escuchado muchas veces y en muchos temas: “O me votan el impuesto a los sueldos o se cae el país”, “O me votan esto y se cae el grado de inversión del país...” El país ha seguido marchando, muchas cosas han caído, y...

EC – Su colega José Amorín Batlle, de la Lista 15, va más allá y explica el porqué de la inquietud: “Si prospera una solución legislativa nadie va a pagar a los acreedores...”

CGA – No, no, no.

EC – “... y por lo tanto los depositantes no tendrán confianza en los bancos y retirarán los ahorros”. Se pone énfasis en eso, en que el dinero que se prestó en definitiva no es dinero de los bancos...

CGA – Eso es cierto.

EC – ...sino básicamente de los depositantes, a quienes hay que retornarlo.

CGA – Eso es cierto, pero esta no es una ley para que la gente no pague, no es una ley para perdonar las deudas, al menos no es nuestra intención. Nuestra intención es aprobar medidas para que la gente pueda pagar, dar plazo para que la gente pague. Nadie de los está trabajando en el proyecto de ley están pensando en pesificar las deudas (no vamos a cambiar la moneda), nadie está pensando en hacerle perdonar la deuda a ninguna persona... Estamos pensando en soluciones para que alguien pueda pagar.

Lo que dice el diputado de que los ahorristas están esperando que la gente pague sus deudas para sacar sus depósitos es cierto, pero los ahorristas no van a poder cobrar si a una persona que debe U$S 20.000 le rematan el bien, como rescate obtiene U$S 2.000 y pierde los otros U$S 18.000. Así van a perder todos: el ahorristas, porque cuando se rescate la garantía cobrará el 10 o 20%, y el deudor porque se va a quedar sin su herramienta de trabajo, sin su vivienda, sin algo que al otro día vale cero y él lo perdió en un remate.

Lo que estamos buscando es una ley que dé facilidades a los deudores para que puedan pagar.

EC - ¿De qué estilo serían esas facilidades?

CGA – Por ejemplo que la persona pueda pagar con un 15% en efectivo y un 85% con bonos de Tesorería. Como los bonos del Tesoro se están cotizando a un 50 o 60%, sin afectar a nadie, pagando con bonos del propio gobierno, estaría obteniendo un alivio del efectivo.

Otro mecanismo podría ser que, como en junio de 2002 la pauta devaluatoria era de 2,4% mensual, se le siga aplicando esa pauta a sus cuotas, y la diferencia entre lo que paga efectivamente y lo que debería pagar con el dólar a $30,oo quede para pagar al final.

Le digo algunas cosas que hemos conversado. Puede haber algún ajuste por salario, algún ajuste por Indice de Precios del Consumo... O sea: estamos hablando de deudas de las familias, no de grandes deudores. Que la persona que tiene un sueldo, y sabemos muy bien que los salarios no han subido, pague de acuerdo a su poder adquisitivo y no llevarla a pagar con lo que no tiene porque la persona no paga.

EC – Usted lo mencionó al pasar, pero ¿a quiénes se piensa abarcar con un proyecto de ley como este?

CGA – Estamos pensando en un par de franjas. Una, digamos, para una solución atada casi exclusivamente a los salarios que sería para los que deben hasta U$S 2.000 o 2.500. La otra sería con deudas hasta U$S 50.000, pensando en los préstamos de las familias: esa persona que compró un vehículo, un torno, una computadora, una vivienda de clase media... Estamos pensando en ese tipo de gente endeudada...

EC - ¿También las deudas de las tarjetas de crédito?

CGA – Las tarjetas de crédito deben tener dos capítulos. Una cosa es el que va a un supermercado, compra una camisa, un pantalón... ese uso de la tarjeta para pagar a fin de mes. Otra cosa es el que usa la tarjeta para financiar a largo plazo. Estamos pensando en las personas que se financian a largo plazo, que sacaron un crédito de 10, 15, 20, 30 cuotas. El que sacó un crédito en dos o tres cuotas es algo distinto.

EC - ¿Qué prevé para las pymes?

CGA – Acá entramos en el otro tema. El ministro insiste en que quiere soluciones administrativas. Las que se ha venido aplicando para las pymes, por ejemplo, que fueron anunciadas con bombos y platillos... El Banco de la República anunció una cantidad de soluciones no aplicó la mitad de las cosas que dijo, y las pymes tienen las mismas dificultades que los demás. Las pymes entrarían en el proyecto, porque ninguna debe más de U$S 20.000, 30.000, 40.000.

EC – Pero, dice el gobierno, “no le hace bien a nadie en una circunstancia como esta, imponer una solución de una parte ni de la otra”. La apuesta es a los acuerdos privados, facilitados por algunas normas que aprobaría el gobierno, como la rebaja del Imaba a los préstamos inmobiliarios pagaderos en un plazo menor a siete años, la rebaja del IVA en los intereses a la compra de terrenos, medidas similares para pequeñas y medianas empresas. De hecho, dice el gobierno, se está logrando algunos acuerdos: los bancos están dispuestos a encontrar fórmulas en el mano a mano con sus clientes.

CGA – Nuestra experiencia, por los comentarios que nos hacen los deudores, el tratamiento de los bancos con los deudores es muy desigual. El banco tiene todos los elementos, el deudor no tiene ninguno. Generalmente los deudores van al banco, aunque sea al Banco de la República, y el gerente le dice que sí o que no a su antojo, nunca se sabe con claridad cuáles son las medidas administrativas porque cambian todos los días, porque no las publicitan adecuadamente... En ese negocio uno a uno pierde siempre el más débil, que es el deudor. Por eso la ley traería transparencia porque todo el mundo diría: estas son las normas que existen.

EC – Esta que usted está exponiendo es su opinión personal y creo que también la de otros legisladores del Partido Nacional, del Encuentro Progresista – Frente Amplio, pero...

CGA – Y del Partido Independiente, y también del Foro Batllista.

EC – Pero en su propio partido hay otras opiniones.

CGA – Exactamente.

EC – Por ejemplo, el senador Luis Alberto Heber es más proclive a los criterios del gobierno.

CGA – El senador Luis Alberto Heber es más proclive a lo que dice Atchugarry, sí.

EC – Entonces, ¿cómo termina esto?

CGA – Esto va a terminar en que cada legislador va a actuar de acuerdo a lo que crea más conveniente para la ciudadanía.

EC - ¿No habrá una posición única del Partido Nacional, ni siquiera del Herrerismo al que usted pertenece, y que por lo visto está dividido?

CGA – No, no. No debe haberla, porque este es un tema muy sensible a la población, y no entendemos porqué en las posiciones debería haber ganadores y perdedores dentro de un partido o de una bancada: todos tenemos la intención de ayudar a la gente y de ayudar al país. O sea que se debe analizar el tema, ver los pro y los contra y después votar cada uno según lo que cada uno entienda. Después, el tiempo dirá quién estuvo acertado y quién no.

EC – Entonces, ¿para qué estas reuniones con el ministro?

CGA – No digo que no sirvan. A lo mejor, el ministro esboza en estos días algunas soluciones administrativas que contemplan algunos de estos elementos que le dije: se permite pagar con efectivo y con bonos; se da más plazo; se permite un ajuste aunque sea virtual, el documento sigue igual, la cuota sigue siendo la misma, pero en efectivo el individuo pague menos, y eso que no pudo pagar en la cuota quede para el final... A lo mejor salen medidas administrativas por las cuales se elimina los intereses de mora desde junio del año pasado hasta ahora, los gastos judiciales también; tal vez sale una medida administrativa por la que si el deudor tuvo que declarar su sueldo para obtener el crédito, la cuota no pase del 25% o 26% de su sueldo... Si salen estas medidas por vía administrativa, si los bancos las hacen suyas y las publicitan, ahí no tendría razón de ser una ley.

Pero si no salen medidas administrativas adecuadas para solucionar el problema, la gente mira al Parlamento porque confía en que el Parlamento le dé una solución.

EC – El Parlamento puede instrumentar un proyecto de ley, pero el Parlamento no corre con los costos. ¿Cuánto cuesta una solución como la que usted venía esbozando?

CGA – No tiene un costo que se puede magnificar, porque el costo peor es el otro: que nadie pague; el costo peor es la gente que va a ser rematada; el costo peor va a ser la misma ecuación del banco, que va a rematar a alguien por U$S 50.000 y va a cobrar U$S 10.000: va a estar perdiendo 40.000.

EC – Le digo porque el proyecto presentado por el Foro Batllista, redactado por Guido Machado, según su propio autor, tiene un costo de unos U$S 150 millones.

CGA – Pero ese proyecto es un poco distinto, muchísimo más generoso que el que estamos haciendo. El Foro Batllista tenía una idea más de tipo “perdona tutti”, porque lo hacía obligatorio para todos los bancos privados, cosa que nosotros no hacemos. Nosotros creemos que el gobierno debe decir a los bancos privados “Si usted da este tipo de soluciones nosotros le vamos a permitir descontar del impuesto a la renta, de algún impuesto, el perjuicio que pueda tener”.

En este proyecto del que estamos hablando el Estado no tendría que poner dinero: el costo sería de otra índole, como que si un bono del Tesoro –que el gobierno tendrá que pagar algún día— vale 50 o 60 en el mercado, se le contabilizará por 100; y ahí el Estado tendrá que sacar algunas medidas del Banco Central y demás para permitir que ese bono sea usado por las instituciones financieras de distinta forma. O sea que en esta solución que estamos pensando en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes no hay un costo, que el Estado deba poner –como puso— tantos millones para el sistema financiero. No hay que poner dinero. Puede de pronto dejar de percibir algún impuesto que pagan los bancos.

EC – La posición del Poder Ejecutivo es tan firme en cuanto a que la salida debe ser administrativa y no legal, que se anuncia que si termina prosperando un proyecto de ley será vetado.

CGA – Tiene todo su derecho; esa es la democracia. Creo que el ministro tiene todo el derecho a ir al Parlamento a decirle “No quiero una ley”, y si la ley saliera el gobierno tiene todo el derecho a vetarla. A lo que no tiene derecho el gobierno es a no plantear soluciones claras y posibles. Si el gobierno plantea soluciones claras y posibles, nadie va a estar pensando en aprobar una ley para hacerle una mala jugada al gobierno; de ninguna manera. Si el gobierno no saca soluciones administrativas rápidas (que ya tendrían que haber salido) para contemplar esto, nuestra función como legisladores es atender el reclamo popular y lo que la gente necesita. Así que no una antinomia: si el gobierno tiene una solución y comienza a trabajar hoy a las 10 de la mañana, llegaremos el martes al plenario de la Cámara de Representantes con anuncios, con publicaciones de prensa del gobierno, de los bancos, con las soluciones que plantean a los deudores, y eso puede desactivar que sigamos con la ley.

Yo no me aparto de que pueda haber soluciones administrativas que traigan paz y tranquilidad a la ciudadanía. Si no las hay, tampoco me aparto de mi obligación de legislar.

***

EC – A propósito del proyecto que surgió desde el Foro Batllista, redactado por Guido Machado y acompañado por Julio Luis Sanguinetti, Pedro Segnorale, Alejo Fernández Chávez, Heber Duque y Diana Saravia, ese proyecto que ahora aparentemente quedó por el camino, dice hoy el semanario Búsqueda que el objetivo del sanguinettismo al presentarlo fue “marcar la cancha” a Atchugarry para que tome en cuenta al Foro Batllista. Entienden que el ministro de Economía prioriza la relación con los blancos a través del senador Luis Alberto Heber.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón

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