Fórmula para solución administrativa del endeudamiento interno

José Amorín Batlle (Partido Colorado, Lista 15): Por tres vías, se permite pagar una cuota de dos tercios de lo que correspondería. Si se aprobara una ley sería peor el remedio que la enfermedad, porque afectaría la credibilidad del sistema y en consecuencia el crédito. Martín Ponce de León (EP-FA, V. Artiguista): La mayoría que se endeudó con un dólar a $10 o 12, no puede pagar con el dólar a 30 ni a 20. Además, queda fuera la inmensa mayoría de las personas, que deben en pesos y con tasas de interés desproporcionadas.



EN PERSPECTIVA
Martes 27.05.03, 07.36.

EMILIANO COTELO:
Los partidos políticos analizan la fórmula que les presentó anoche el ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry, para dar una solución administrativa a las deudas familiares en dólares. El énfasis está puesto en los préstamos personales y familiares.

Los bancos y financieras, una vez conocido un acuerdo político por el que se acepte el planteo que evita la vía legal, comunicarán al Ministerio de Economía que aprueban las condiciones pactadas y divulgarán una carta pública dando su apoyo explícito al resultado de las negociaciones.

Antes de su encuentro con los representantes partidarios, Atchugarry se reunió con directivos de los bancos Nuevo Comercial (presidente del directorio, Gustavo Licandro), BankBoston (gerente general, Horacio Vilaró), Santander Central Hispano (gerente general, Jorge Jourdan), Citibank (gerente general, Constantino Gotsis), y de la Asociación de Bancos (asesor técnico Milton Ferla). En la reunión se concretó un entendimiento entre la banca privada y el ministro para confirmar una fórmula de refinanciación de las deudas en dólares.

Como parte de este acuerdo, "se implementará un mecanismo por el cual los deudores que no han refinanciado puedan presentarse y hacerlo, quizás con un pago simbólico, y cuotas más bajas que les permitan seguir pagando", dijeron fuentes del sistema financiero.

Vamos a consultar en primer término al diputado José Amorín Batlle (Partido Colorado, Batllismo Lista 15). Básicamente ¿cómo resume usted la propuesta presentada ayer por el ministro Atchugarry?

JOSÉ AMORÍN BATLLE:
Diría que toma en cuenta especialmente a las personas que tenían deudas en dólares a junio de 2002, que fue cuando varió la forma de devaluación, digamos, y toma en cuenta específicamente a las familias, las deudas que la gente contrajo para uso personal y no para su empresa.

EC - ¿Con qué tipo de instituciones son las deudas comprendidas?

JAB – Con todas las instituciones de intermediación financiera, absolutamente todas: bancos estatales, Nuevo Banco Comercial y toda la banca privada.

EC – Quedan afuera las deudas tomadas con escribanías o prestamistas.

JAB – Exactamente. Por lo menos de esta solución, estas deudas quedan fuera. Este es un compromiso que asumen las instituciones financieras con el ministro de Economía. En caso de haber acuerdo entre los partidos políticos de que esta fórmula es una salida para los deudores en dólares, los bancos públicos y privados enviarían una carta al ministro de Economía asumiendo el compromiso de cumplir con todo este detallado acuerdo para deudores en dólares.

EC – Los montos de estos préstamos familiares y personales contratados en moneda extranjera antes de junio de 2002 y que figuren como vigentes a esa fecha deben ubicarse por debajo de los U$S 100 mil.

JAB – Aquí hay casos distintos. Cuando se trata de préstamos con hipoteca son hasta U$S 100 mil, cuando se trata de préstamos personales (tipo tarjetas de crédito) abarca hasta U$S 2.500. No es la misma solución para los dos casos: hay una solución para préstamos hipotecarios con destino a casa habitación propia, en la que se pretende que la cuota a pagar sea de dos tercios de lo que estaba fijado en el monto contractual.

EC – Dos tercios como máximo.

JAB – Sí: para que a la gente le quede claro, es como pagar con un dólar a $20,00. Por lo tanto, el efecto de la devaluación es mínimo; es mucho menor que si hubiera seguido aumentando a razón del 2,4%, en cuyo caso estaría en el entorno de los $24,00.

Además se puede pagar con bonos. En el Banco República se puede pagar todos con bonos soberanos o con depósitos reprogramados. Esto no sería preceptivo para la banca privada, que podrá aceptarlo o no.

Por otra parte, hasta U$S 100 mil el Banco República, el Nuevo Banco Comercial y los fondos de liquidación [de los bancos quebrados durante la crisis de 2002] pueden recibir bonos como garantía del pago de la deuda. Suponga que usted tiene un bono con un vencimiento total a cinco años: usted lo entrega y durante ese período tendrá que ir pagando la diferencia entre los intereses al bono y el contrato que usted tenía con el banco.

Pero diría que un tema que abarca a más personas y es bien importante, es el de las tarjetas de crédito o préstamos personales sin garantía por montos menores. En este caso, a las deudas vigentes hasta junio de 2002 (o sea, gente que ha dejado de pagar desde junio de 2002 en adelante, como tantos han dicho por efecto de la devaluación) se trae el saldo impago al día de hoy, se le suprimen todos los intereses punitivos (mora, etcétera) que se haya creado desde junio de 2002 en adelante, y este saldo recalculado se paga con un vale amortizable a tres años de plazo, con un interés que es la tasa media que fija el Banco Central del Uruguay. En este caso, además, se exonera del 23% del IVA, con lo cual la cuota bajaría en forma radical.

Esto permite a todas las personas que tienen deudas de menos de U$S 2.500 (o en caso de superarlas, por los primeros U$S 2.500) un “reenganche” en un sistema que les permite pagar lo que deben hasta hoy sin intereses moratorios, de aquí a tres años, en un vale amortizable que va a tener como interés la tasa media del BCU y sin pagar IVA a los intereses.

EC – Esta exoneración del IVA también se da en el caso de los préstamos hipotecarios con destino a casa habitación propia, o en “Terrenos inmuebles otros destinos”.

JAB – Para casa habitación propia ya lo habíamos votado el año pasado, y esto sí tendrá que ser una ley, porque es lo que se requiere para eliminar los impuestos.

EC - ¿Qué ocurre con la tasa de interés?

JAB – Como el compromiso de los bancos es que la cuota sea dos tercios de lo que deberían pagar (para hacerlo gráfico, como le decía, con un dólar a $20,00), esto se consigue de tres formas: con la eliminación del IVA, con el alargue de plazos, y con la rebaja de la tasa de interés. Cada banco estará un poco a la situación que tenga. Los hay que me consta que ya han hecho una rebaja muy importante en las tasas de interés, y recuerdo una visita de las autoridades del BankBoston a la Comisión de Hacienda de la Cámara. O sea que en ese aspecto, cada banco se va a manejar en la forma que le parezca, pero lo que importa es que el deudor va a ir pagando en forma mensual dos tercios de lo que estaba fijado contractualmente.

EC – Ese límite de dos tercios para la cuota mensual vale específicamente para los préstamos hipotecarios.

JAB – Y para los prendarios.

EC – A partir de esta síntesis rápida, ¿qué diferencia hay entre este mecanismo que se está proponiendo, que implica un compromiso de los bancos privados, y una ley, que es lo que trata de evitar el gobierno?

JAB – No queremos imponer medidas a los actores en este tema. Pensamos que Uruguay tiene muchísimos problemas, muchos de los cuales hemos ido superando desde julio del año pasado, y creo que todos sentimos que el principal problema para salir más rápidamente de esta crisis (de la que aparentemente vamos saliendo con lentitud) es la falta de crédito. Usted habla con cualquier economista, con cualquier persona que esté en el ambiente de la producción, y todo el mundo le dice “Con crédito saldríamos muy rápido”. Si nosotros votamos una ley con suspensión de ejecuciones, o que altere las condiciones contractuales en forma importante... Creo que los uruguayos hemos aprendido el año pasado que, si los deudores no pagan, los ahorristas, los depositantes, tienen dificultades para cobrar. Si imponemos una ley que incentive a los deudores a no pagar, por ejemplo suspendiendo las ejecuciones, creo que el sistema va a entrar en una crisis de confianza muy importante, que va a hacer primero que los depósitos reprogramados se paguen con más dificultad; segundo que la gente que está volviendo a confiar en los bancos y volviendo a depositar en ellos pierda esa confianza y, como corolario, el crédito desaparezca porque los bancos no van a tener qué prestar.

Me parece que el camino de la ley es absolutamente negativo, en el que el remedio sería muchísimo peor que la enfermedad. En cambio, un camino en que los bancos públicos y privados acuerden con el ministro de Economía cuáles son las fórmulas en que ellos pueden refinanciar sin tener algún problema de confianza, me parecería que es bien indicado.

En cuanto al contenido del acuerdo, me parece que es muy amplio, inclusive más amplio que algunos de los proyectos de ley que tenemos a estudio del Parlamento. Mi impresión es que ayer fue muy bien recibido por casi todos los sectores que estábamos en la reunión con el ministro Atchugarry, así que soy bien optimista en cuanto a que este tema vaya camino a una solución.

***

EC – Vamos ahora a la oposición. Estamos en comunicación con el diputado Martín Ponce de León (Encuentro Progresista – Frente Amplio, Vertiente Artiguista), actual presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. ¿Cómo recibieron este planteo?

MARTÍN PONCE DE LEÓN:
Lo vamos a analizar esta mañana en la bancada, pero le diría que el planteo incorpora algunas novedades respecto a lo que se había dicho hasta ahora. De ellas, por la cantidad de gente que abarca, quiero señalar básicamente lo que refiere a los deudores en dólares en tarjetas de crédito por montos inferiores a U$S 2.500 o por esa primera franja, y que abarca aproximadamente a unos 50.000 deudores. Le diría que también vale la pena rescatar (con las limitaciones de que sólo se refiere al sistema financiero, el que se haría por vía unilateral pero por compromiso firmado del sistema bancario) la suspensión de las ejecuciones que todo el sistema pueda tener en trámite. Esto deja fuera los remates por deudas entre particulares, que también los hay, pero en todo caso son aspectos nuevos.

EC – El documento del Ministerio de Economía dice:

“Disposiciones comunes a todas las categorías:

- En todos los casos se remiten los intereses y cargos moratorios, desde junio de 2002 en adelante.

- Otorgada la refinanciación se suspenden las acciones prejudiciales y judiciales. Las que podrán retomarse en caso de incumplimiento del acuerdo de refinanciación.

- Los fondos de liquidación adoptarán las mismas pautas.

- Sólo aplicable a deudores de buena fe”.

MPL – Sí, pero yo no me refería a ese aspecto. Esto no está por escrito sino en el complemento verbal que el ministro manifestó cuando se lo preguntamos en forma expresa, porque naturalmente eso es a partir del 30 de junio, que sería el plazo para acogerse a esta refinanciación. Pero de aquí al 30 de junio ya hay fijado un conjunto de remates; y se agregó que en esa carta se incluiría el compromiso de suspender todos esos remates (repito: a los que provienen del sistema financiero, no a los préstamos entre particulares).

Esto en los aspectos principales. Hay algunos más, pero son aspectos menores, y algunos de ellos fueron descritos recién por el diputado Amorín Batlle.

EC – Usted quería “destacar” estas novedades ¿porque le parecen positivas?

MPL – Diría que incorporan cosas, sin duda en una dirección positiva. La impresión que tengo (y paso a hablarle en forma absolutamente personal; la discusión la vamos a hacer en la bancada), después de haber estudiado esto anoche con la cantidad de casos que uno tiene, la impresión que tengo es que si esto si bien avanza, no resuelve el problema. No resuelve una cantidad muy grande de casos que son los que eventualmente seguirían planteándonos el problema social de los remates y la angustia de la gente con sus casas.

EC - ¿Por ejemplo qué tipos de casos no resuelve?

MPL - No resuelve, primero, un caso que es el típico de Uruguay. ¿Qué le dijo Uruguay al mundo? “Causales de fuerza mayor nos exigen pedir tiempo para que ustedes puedan cobrar y para poder recomponernos mínimamente para poder pagar”.

EC - Usted está resumiendo lo que fue el planteo a los tenedores de títulos de deuda pública.

MPL - Exactamente. El país le planteó al mundo “Hemos tenido causales de fuerza mayor y por tanto necesitamos tiempo para recomponernos; entre tanto, básicamente pagamos intereses”. Y los acreedores nos contestaron que sí, como todos sabemos.

Entonces, en la situación de las familias hay muchos casos en los que estas causales también valen, también son de fuerza mayor –vaya si lo son para las familias– y tienen que ser contempladas, naturalmente con los análisis del caso, con las certificaciones, con la justificación, con todos los cuidados del caso, pero hay que poder contemplar que un número nada chico de familias no puede pagar con el dólar a $20. El diputado Amorín resumió bien cuando decía que en lugar de con el dólar a $30 es con el dólar a 20; pero seamos conscientes: la mayor parte de los deudores tomó estas deudas con el dólar a $12, a 13, a 10 y con una pauta devaluatoria que no era la de 2,4 de los últimos meses (yo quiero saber cuántos se endeudaron en esos meses): la pauta devaluatoria era de 0,6, después fue de 1,2 y fue subiendo. No tengo dudas de que la mayor parte de las deudas proviene de una etapa en que la inflación era de un dígito y la pauta devaluatoria era de 0,6. A esa gente que se endeudó con el dólar a 11 o 12, decirle ahora que la solución es que pague con el dólar a 20, cuando todos sabemos lo que ha pasado con el salario, con la desocupación…

Reconozco que se encara algunos temas con mejoras, pero estamos muy lejos de poder decir que hemos resuelto un problema de la sociedad uruguaya. Este es un aspecto de las limitaciones; hay otros.

EC - Usted dice que la fórmula, al incluir una fijación de cuota en dos tercios como máximo del monto contractual (lo que equivale a manejarse con un dólar a 20), puede no estar atendiendo situaciones en las que la persona o la familia tampoco pueden afrontar una cuota así, que ni siquiera puede pagar dos tercios.

MPL - Claro. Supongamos que la familia mantuvo en pesos el mismo ingreso –todos sabemos que en muchos casos no es así–, supongamos que achica su nivel de vida, porque todo subió, y mantiene el mismo porcentaje de ingresos para destinarlo al crédito; eso significa que puede pagar, que no está en cesación de pagos, pero puede pagar con el dólar con el que contrajo la obligación. Esto no quiere decir que más adelante no pueda retomar una cuota mayor, pero hoy estamos en un transitorio en que la gente está con dificultades que todos confiamos que sean transitorias; tenemos que dar soluciones transitorias, como las que Uruguay le pidió al mundo.

EC - O sea: soluciones que impliquen pagar mucho menos que dos tercios...

MPL - Que por lo menos se admita que por uno o dos años el que pueda pagar un tercio, lo pague; con tal de que documente sus ingresos, pidiéndole las garantías del caso, que se vea lo que puede pagar. Yo sé que hay gente a la que le sirve esto de los dos tercios como solución, sé que incluso en muchos casos los bancos ya han arreglado fórmulas de esta naturaleza, ....

EC - La fórmula habla de dos tercios como máximo.

MPL - Sí, claro; pero entendámonos: cuando uno dice “Acompañemos la fórmula”, se está dando garantía del máximo; los bancos siempre pueden, si quieren, arreglar por menos; eso también se está haciendo. Pero...

EC – Lo que plantea usted es que, en esas situaciones complejas y difíciles, se termine negociando y la fórmula implique una cuota ¿de la mitad, o del 40 por ciento? ¿Usted pretende que eso quede taxativamente establecido en el acuerdo?

MPL – Lo que pretendemos es que en acuerdo queden taxativamente habilitadas fórmulas que permitan (no que obliguen, porque cada caso debe ser analizado: uno podría obligar a que el tope de la cuota fuera como para los que tienen mayores dificultades)... Pero estamos hablando de tantos miles de familias que si uno deja afuera a un 50, a un 30, a un 10 por ciento por ciento de los involucrados está hablando de miles y miles de familias.

EC - ¿Qué otro ejemplo menciona de situaciones no abarcadas por este acuerdo que se propone?

MPL - Hay otro ejemplo de enorme significación que ayer planteábamos en la reunión: el volumen de familias endeudadas es muy superior en moneda nacional que en moneda extranjera. Además, como estos días hemos visto a través de las circulares de algún banco, el tránsito del dólar al peso a veces se hace por decisión unilateral del banco. Hay bancos de plaza que están trasladando los saldos en dólares de las tarjetas a pesos en forma unilateral. Esto quiere decir que en lugar de pagar (estamos hablando de tasas de intereses de tarjetas que son por cierto muy altos) de pronto un 23 por ciento en dólares se pasa a pagar un 173 por ciento en pesos.

Digámoslo en cifras: si bien el total del endeudamiento en pesos es algo así como un tercio en valor del total del endeudamiento de la familias, la cantidad de gente involucrada es mucho mayor porque incluye todas las tarjetas de crédito que en muchos casos se regalaban en los supermercados. El monto de gente involucrada en moneda extranjera es del orden de 150 mil deudores, con las repeticiones que puede haber de gente que es deudora de varios bancos, 150 deudores son menos personas porque habría que dividir por ejemplo por dos, suponiendo que el promedio puede estar endeudado con dos bancos a la vez, o sea que serían 75.000 personas. Pero en moneda nacional estamos hablando de 880 mil deudores; si quiere divida por dos o por tres y estamos hablando de que de un lado hay 70.000 personas, y del otro más de 300 mil. Esta gente que está endeudada en moneda nacional está pagando tasas de interés que realmente no guardan relación alguna, no sólo con la caída de ingresos, con la desocupación, sino con las tasas de inflación. Estamos hablando de tasas mensuales de 160, 170 por ciento y más, con una devaluación que se está estimando en el 20 y tantos.

EC - Usted remarca que este tipo de deudas no está comprendidas en la fórmula que se presentaba, que abarca exclusivamente deudas familiares en moneda extranjera. A partir de estos dos ejemplos que manejó, ¿qué es lo que usted a título personal o el Frente Amplio impulsan: incorporar este tipo de casos al acuerdo para una solución administrativa, o necesariamente ir a una ley?

MPL - Los detalles naturalmente los veremos con la bancada. A título personal digo ¿qué significa resolver este problema? Básicamente, resolverlo sabiendo que estas cosas nunca son perfectas, pero resolverlo significa que la sociedad uruguaya en el marco de esta crisis tiene para adentro, en particular para las familias, que es de lo que estamos hablando, una consideración, que teniendo en cuenta las situaciones de fuerza mayor evita que este transitorio pueda estar afectando esencialmente las viviendas de la gente e implicando por esa vía consecuencias de orden social muy fuertes. Pero el porcentaje de los casos que esta fórmula está abarcando o mejorando (porque reconozco que aumenta el porcentaje de gente que está encontrando solución) sigue siendo muy bajo y por tanto vamos a tener el problema social a la vuelta de la esquina, que en pocas semanas vamos a tener los remates…

EC - Hay una discusión que es clave sobre si hay que legislar o no. Desde el gobierno se entiende que no es conveniente legislar, que no es saludable, que hay que buscar consensos entre las partes; entonces la fórmula tendría que ser de este tipo: un acuerdo que cuenta con el aval en particular de los bancos privados. Un mecanismo así, si comprende las situaciones que usted está mencionando, ¿sirve, o hay que ir necesariamente a una ley?

MPL - Separemos, acá lo que importa es resolver el problema. El tema es que hasta ahora no hemos visto que las alternativas tengan la comprensión ni la firmeza que tiene la ley; entonces hay que ver si realmente estamos resolviendo el problema o en realidad estamos resolviendo simplemente un pedazo del problema. Ojo: cuando uno habla de lo que puede estar en juego son viviendas de familias no alcanza con porcentajes, resolver el problema es que el conjunto de las familias no se vea afectado en un transitorio en el cual el país ha pedido a sus propios acreedores que le den tiempo mientras recompone sus ingresos.

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Transcripción: Jorge García Ramón y María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón

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