Cámara de Comercio contra una ley para el endeudamiento interno

Presidente de la Cámara, Horacio Castells: Sería el fin del Estado de derecho, y Uruguay perdería la característica que le permitió superar la crisis bancaria.



EN PERSPECTIVA
Viernes 30.05.03, 09.10.


EMILIANO COTELO:
El problema del endeudamiento en dólares sigue siendo “la piedra en el zapato”, no sólo del gobierno sino de la economía en su conjunto en este momento. En los últimos días el debate ha adquirido un fuerte perfil político. Mientras algunos legisladores de distintos partidos siguen reclamando una solución legal, el ministro de Economía hace todos sus esfuerzos para evitar llegar a ese extremo, que es rechazado rotundamente, en particular por los bancos.

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) intervino ayer, sumándose a la polémica para respaldar la posición del ministro y de lo bancos, hizo explícito su rechazo a la posibilidad de una ley, ya sea de refinanciación o de suspensión de ejecuciones.

¿Por qué?, ¿con qué argumentos? Sobre este tema vamos a conversar con la Horacio Castells, presidente de la CNCS. ¿Dónde lo hemos ubicado esta mañana?

HORACIO CASTELLS:
Estoy en Melo; después de la reunión del Consejo Directivo, que tuvimos ayer en la CNCS. Esta madrugada viajé a la ciudad de Melo.

EC - Vamos a recordar a quiénes agrupa la CNCS.

HC - La CNCS tiene 94 gremiales en todo el país, agrupa a todas las gremiales de comercio y servicios del país. Ya le digo, hay 94 gremiales; sería largo enumerarlas, pero todo lo que significa el comercio y los servicios está agremiado en la Cámara, con alrededor de 13.000 socios entre directos e indirectos porque los socios de las cámaras agremiadas tienen los mismos derechos y servicios que los socios directos de la Cámara.

EC - Se lo preguntaba porque interesa saber por qué razón esta gremial, la CNCS, interviene en la polémica, por qué realiza este pronunciamiento en torno al tema del endeudamiento en dólares.

HC - Le explico. El artículo 1º del estatuto de la CNCS dice: “bregar por el comercio, los servicios y por toda la economía general del país”. Basándonos en eso, entendimos ayer que debíamos tratar el tema en el Consejo, y éste entendió por unanimidad que el hecho fundamental de que Uruguay en estos momentos económicos difíciles haya tenido éxito y respeto de los organismos internacionales que nos otorgaron los créditos, la confianza de los tenedores de bonos cuando hubo que reprogramar, el respaldo de todas las casas matrices de los bancos extranjeros en el momento de la enorme corrida bancaria, cuando la banca extranjera respaldó a todos los bancos que había en Uruguay devolviendo uno a uno todos los dólares depositados en el país, fue consecuencia –en otros países no pasó– de que los uruguayos demostramos un respeto al Estado de derecho y a los contratos. Es fundamental para que los países irradien confianza. Nos parece que en estos momentos, cuando el país ha solucionado o está solucionando parte de todo ese sistema, poner una medida que va contra todo eso y que además va a restringir el crédito –algo fundamental que necesitamos para el crecimiento del país– es totalmente negativo y nefasto para la economía nacional.

EC - En definitiva ustedes manejan varios argumentos. El primero es que resolver por la vía de la ley el problema del endeudamiento interno en dólares implicaría no respetar los contratos.

HC - Y eliminar el Estado de derecho, que es lo que nos ha diferenciado a los uruguayos y es por eso que tuvimos el respaldo que tuvimos, por más inconvenientes financieros que hayamos tenido. No tiremos por la borda lo que tanto tiempo nos costó, aquello por lo que tanto nos respetaron en el mundo, con una medida si se quiere incluso populista. Creo que ni los que presentan los proyectos de suspensión de ejecuciones están convencidos de esa solución. Realmente, le hace un gran mal al país, no daría la imagen de seriedad que hemos dado en estos últimos tiempos, ante inconvenientes muy difíciles.

EC - Usted sabe a partir de qué razones se presentan los proyectos de ley para resolver el problema del endeudamiento interno en dólares: básicamente se señala que el Estado tuvo su responsabilidad al cambiar violentamente, de un día para otro, la política cambiaria, y por eso debe actuar, intervenir; por otro lado se dice que pretender que la dificultad que tienen los deudores en dólares se resuelva simplemente en un mano a mano con los acreedores, con los bancos, implica dejar al deudor en condiciones desiguales para la negociación. ¿Qué dice usted sobre esos dos argumentos?

HC - En primer lugar hay que ser bien claro. Es totalmente comprobable que ninguna de las ejecuciones que se están haciendo corresponde a ese período, todas las ejecuciones que se está haciendo corresponden a deudores de mucho tiempo atrás. No es real que el cambio de la política cambiaria haya perjudicado enormemente, haya llevado a la ejecución a un comerciante, a un productor, a un industrial.

EC - Usted afirma que las ejecuciones que están en curso no refieren a problemas generados después de junio del año pasado, sino a problemas anteriores.

HC - Es muy fácil comprobarlo cuando se mira la fecha del asunto judicial en la carátula de los expedientes: hay un número de entrada al juzgado y el año en que entraron al juzgado. Cuando los expedientes llegan al juzgado hay un año o más de gestiones para tratar de que el deudor pague, o sea que cuando se inicia el proceso judicial el deudor ya está muy atrasado.

EC - Con ese dato usted estaría dejando sin sentido una ley de suspensión de ejecuciones porque las ejecuciones no tienen que ver con el problema de la devaluación del año pasado.

HC - Estoy diciendo que si ese es el argumento que se da, no es así.

EC - Sean esas ejecuciones o no consecuencia de lo ocurrido con el cambio de la política cambiaria, lo cierto es que hay mucha gente con dificultades para pagar sus créditos después de la devaluación.

HC - Eso también es cierto y entendemos que las partes están buscando soluciones. Pero tenemos que ser claros: tanto los bancos privados como los estatales lo que hacen es actuar como intermediarios en la operación; cuando se dan ventajas o plazos a un deudor, automáticamente implica decirle al depositante que no le pueden devolver su dinero. Cuando le damos beneficios del Estado a alguien, a alguien se ejecuta; cuando se le da un beneficio a un deudor, se lo está sacando a un depositante.

(Hay dificultades en la comunicación; se corta)

EC - Le decía que es un hecho que hay dificultades para mucha gente como consecuencia del cambio en la política cambiaria. Uno de los argumentos centrales de quienes defienden la necesidad de una ley es que la negociación entre el deudor y el acreedor no es pareja, es desigual. ¿Qué responde?

HC - Yo no diría eso. Muchas veces el acreedor es un intermediario, como puede ser un banco o un particular (generalmente es un banco). Pero además, cuando es un Banco República que da, por ejemplo, una facilidad extra, indiscutiblemente le está sacando o tiene que sacarle eso a otro, o bien a la sociedad entera por medio de impuestos o bien a los mismos tomadores de créditos mediante mayores tasas de interés o plazos mucho más cortos. No nos engañemos: los bancos, sean estatales o privados, son intermediarios entre el depositante y el que recibe el crédito.

EC - Claro, ¿pero cuál es la diferencia entre que esa fórmula de renegociación o de refinanciación se aplique por la vía de una ley o que se aplique por la vía de un acuerdo administrativo, de una fórmula administrativa como la que está propiciando el Ministerio de Economía?

HC - Una ley de ese tenor elimina de plano el Estado de derecho. Y creo que esa es una de las grandes fortalezas que ha tenido Uruguay, demostrándosela al mundo entero. Si todavía, amén de los perjuicios económicos que tenemos por la situación general, agregamos la pérdida de un Estado de derecho, de algo que ha trasmitido confianza, perdemos muchísimo.

EC - Hay antecedentes de leyes en esta materia en Uruguay.

HC - Y los antecedentes de esas leyes en esa materia llevaron a las tasas de interés que tuvieron los bancos. Recuerde lo que pasó cuando se crearon las leyes de suspensión de ejecuciones: la banca traspasó toda la cartera pesada, en definitiva los clavos, al Banco República, Y cuando un banco tiene un montón de clavos, ¿qué hace; qué hizo el República? Puso mayores tasas de interés para poder absorber la pérdida, y automáticamente los nuevos tomadores de crédito tuvieron que pagar tasas de interés nefastas. Si hacemos esto van a seguir creciendo las tasas de interés, eliminando el crédito. Son cosas importantes en todas partes del mundo: el crédito potencia a las empresas. Desgraciadamente, como consecuencia de ese sistema, de esas leyes y esas refinanciaciones, en Uruguay el crédito ha anclado a las empresas y en muchos casos las ha fundido. No podemos volver a caer en esos errores; todos los uruguayos sabemos que eso fue lo que creó un sistema financiero carísimo, no podemos seguir con esa situación.

EC - Se menciona con reiteración en el debate que se está dando en estos días que una ley que suspenda las ejecuciones, por ejemplo, promueve la actitud de los deudores a no pagar- Eso ¿está probado?

HC - Es clarísimo. No sólo eso: cuando se empieza a hablar de estas leyes se retraen los depósitos que estaban volviendo a la banca extranjera, porque todos los bancos extranjeros tienen un contrato que dice: “Yo devuelvo hasta el último peso; si hay un problema financiero no importa, vamos a devolverlo, siempre que nos respeten los contratos”. Si no se respeta los contratos, los bancos automáticamente habilitan a no devolver el dinero. Pasó en Argentina. ¿Por qué lo han hecho en Uruguay? Por esa razón. Si los contratos se respetan, los extranjeros van a respetar los contratos; si no se respetan, no lo sabemos. Eso crea incertidumbre, crea desconfianza. Que es lo que estamos ganando, en poco tiempo Uruguay ha podido empezar a generar confianza, ha empezado a ganar credibilidad; con eso va a ganar la inversión extranjera, que necesitamos, va a poder empezar a crecer. Creo que es fuera de lugar, muy malo, presentar estos proyectos.

EC - La solución administrativa que se está manejando, la que se ha venido negociando entre el equipo económico, los bancos y el Parlamento, o los distintos partidos representados en el Parlamento, ¿qué diferencia tiene con una ley; por qué es mejor la solución administrativa que la ley?

HC - La solución administrativa es un acuerdo de partes; es lo mismo que la reprogramación de los bonos: “No pago porque no puedo” o “Acepto la reprogramación de los bonos”; eso fue lo que hizo Uruguay. En esto hay que hacer lo mismo. Una cosa es una ley que diga: “Usted no puede cobrarle a fulano, pero hay una vía administrativa...” Se está haciendo, yo estoy en actividad y me consta que no hay ningún actor –en el caso de los bancos– que no acepte una solución que le presenten para poder llevar a cabo el pago de lo que se debe. Es mentira que los bancos se hayan puesto extremadamente duros, no es así. Van a buscar soluciones y las siguen buscando. Todos sabemos que el problema de los deudores nos afecta a todos, todos tenemos a alguien al lado que debe dinero, que está preocupado, al que se le hace difícil, al que hay que ayudar a encontrar una solución. Pero no en forma general, perdonando a todos y obteniendo ventajas, favoreciendo, quizás, a alguien en forma indebida.

EC - Además de este comunicado de ustedes, que es el único que he visto en estos días proveniente de gremiales en relación con este asunto (por eso la llamada), ¿piensan dar otros pasos?

HC - No, la Cámara tiene la obligación de decir lo que piensa en estos aspectos. Pero si usted llama al señor Apud de la Cámara de la Construcción o al ingeniero Balestra de la Cámara de Industria, va a ver que podrán tener matices en algunas cosas pero todos pensamos lo mismo en ese sentido.

EC - Está bien, pero la institución que sacó el comunicado fue la CNCS.

HC - Tuvimos reunión ayer y entendimos que la Cámara tenía la obligación, en un tema tan trascendental como éste, de dar su opinión. Tuvimos la satisfacción de que la opinión fue unánime; la Cámara tiene 94 miembros de todos los niveles, de todos los tipos y de distinto monto (porque en la directiva tenemos representados desde pequeños artesanos hasta grandes empresas de supermercados, de modo que hay una diversidad de opiniones muy grandes) y coincidió el cien por ciento de los integrantes del Consejo Directivo.

EC - ¿Van a hacer gestiones por esta posición? Estamos en los días críticos en que el tema se define para uno u otro lado, y el gobierno no tiene claro cuál va a ser el resultado final.

HC - No, no creo que corresponda hacer gestiones, nosotros no somos los involucrados. Debemos dar nuestra posición, entendemos que la Cámara tiene una posición muy importante, además aporta el 76 por ciento de lo que recaudan BPS y DGI. Nuestro sector es el que está sostenido la economía general del país; junto con el consumidor son los grandes aportantes de la economía del país. El sector comercio y servicios aporta el 76 por ciento de lo que recaudan BPS y DGI.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón

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