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Policía sensible a denuncias por abusos
Ministro del Interior, Guillermo Stirling: Hay policías que todavía no entienden lo que necesita la sociedad. La propia Jefatura dispuso separar al comisario e investigar los hechos. El juez de Faltas pidió que retuvieran el parte, prolongando el arresto. Se usará detectores de metales para evitar el contacto físico en los cacheos, que son rechazados por la gente.
EN PERSPECTIVA
Viernes 30.05.03, 08.42.
EMILIANO COTELO:
Vamos a un aspecto de la realidad política y la vida cotidiana de la gente, una decisión política que tomó ayer el ministro del Interior. Recordemos de qué se trata.
AD - Tras recibir denuncias de maltrato policial, el ministro del Interior, el escribano Guillermo Stirling, removió de su cargo al comisario de la Seccional 9ª e inició una investigación en torno a cinco policías de esa misma repartición y cuatro de la Seccional 21ª. La denuncia relativa a la 9ª provino de cinco personas que fueron detenidas y quedaron incomunicadas sin motivo aparente.
EC - Vamos a dialogar con el ministro del Interior.
GUILLERMO STIRLING:
Antes que nada una pequeña aclaración: las medidas que se tomaron por parte del jefe de Policía son administrativas. Por lo tanto ese traslado momentáneo del comisario de la 9ª mientras se sustancia la investigación administrativa fue en relación a un hecho con características no normales. Estos son procedimientos que las propias jerarquías policiales han tomado, de la misma forma que se investiga todo lo referente a la detención de dos personas en la seccional 21ª.
EC - Usted corrige el dato referido al tipo de “sanción”.
GS - No, no; yo no soy el que toma las medidas.
EC - Esa es la otra puntualización: no fue usted.
GS - Son medidas que toma el jefe de Policía: disponer una investigación administrativa por un lado, que eventualmente puede terminar en sumario; y por otro lado, mientras esto se sustancia, el responsable de la comisaría es separado del cargo.
EC - Concretamente ¿cuáles son los hechos que desencadenan este tipo de procedimientos?
GS – Concretamente, la detención de este ciudadano y otros más en la Seccional 9ª, en el Parque de los Aliados. Pese a que tenían documento de identidad fueron trasladados a la seccional; no se les comprobó antecedente alguno, ni estaban en actitud delictiva tipificable... De todas formas se comunicó la detención al juez de Faltas –esto fue alrededor de las 22.30– y éste resolvió que esa información le llegara recién a la mañana siguiente, razón por la cual estas personas quedaron detenidas toda la noche.
EC - Usted ha sido muy severo en el juicio, dijo: “Es la acción de unos irresponsables que no merecen estar en la Policía”.
GS - Creo que la inmensa mayoría de los funcionarios policiales está consustanciada con lo que la Policía debe representar para el ciudadano, pero hay algunos policías que evidentemente no; hay procedimientos que no se compadecen con la realidad. Si bien nosotros debemos ser celosos defensores de los derechos de las personas, a pedido de los propios ciudadanos debemos controlar cada vez más el tema de la delincuencia, desarrollar políticas de prevención que den más garantías a las personas.
Pero esto debe hacerse en un marco de respeto de los derechos individuales, de otro modo se degenera y caemos en autoritarismos aberrantes. Ejercer la autoridad con prepotencia, sin sentido común, hace caer cualquier tipo de política de prevención; porque en última instancia cuestiona la eficiencia de esas políticas.
EC - En este caso concreto, ¿qué fue lo que no correspondió del accionar policial: la demora en dar cuenta al juez, por ejemplo?
GS - No, no. Si a una persona no se le tipifica un delito, si no tiene antecedentes, si no está requerida, privarla de la libertad es un hecho muy grave.
EC - Ese era uno de los riesgos que tenía el nuevo sistema de control de la identidad.
GS - No, no, no: eso quedó aclarado. Hoy, a unos cuantos días de la suspensión del primer procedimiento que ordenamos por las dudas que se generaron por la interpretación de las palabras del jefe de Policía, recobran total vigencia.
EC - A partir de hechos como este.
GS - Claro. Nosotros tenemos que impulsar políticas de prevención, de control, de exigir la identificación de los ciudadanos, pero en un marco de respeto, sin que usted, ciudadano común y corriente, persona honrada, se sienta molestado, agredido por un accionamiento desubicado por parte de un funcionario policial. A estos señores no se les comprobó absolutamente nada, no estaban en flagrante delito, no estaban cometiendo ningún acto reñido con la moral y se les privó durante varias horas de la libertad. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de cosas.
EC - Se entiende perfectamente. Justamente, la polémica por aquellas directivas que aparentemente comenzaban a aplicarse en Montevideo venía por este lado.
GS - Aquello de “justo por pecador”. Hoy por hoy cobra cuerpo el sentido que teníamos de hacer un paréntesis en la aplicación hasta conscientizar absolutamente, primero a los policías y segundo a los ciudadanos, en cuanto a que unas medidas a favor de los ciudadanos, para preservar los bienes y las vidas de los ciudadanos, no significan atropellar los derechos de personas inocentes.
EC - Usted confirma que los nuevos procedimientos, los nuevos criterios que se había anunciado ¿están en suspenso, siguen en suspenso, no se están aplicando?
GS - No, no. La prueba está en que los dos procedimientos que se hicieron respondiendo a las nuevas estrategias de la Policía, uno llevado a cabo en Carrasco y el otro en el Cerro, dieron muy buenos resultados: se detuvo a personas que estaban requeridas, un rapiñero fue detenido y no hubo ninguna denuncia de atropellos.
El procedimiento de la 21ª fue por un llamado de un conductor de ómnibus que encontró sospechosa la actitud de dos muchachos; los funcionarios de seguridad de esa empresa –que muchas veces acompañan a los ómnibus– los detuvieron, los llevaron a la comisaría y allí estuvieron retenidos un tiempo.
EC - Aparentemente por el aspecto que tenía uno de los jóvenes.
GS - Exacto.
EC - Todo se desencadenó por eso, por un prejuicio, porque el joven tenía algunas quemaduras en el rostro y el pelo teñido de amarillo.
GS - Exacto; y tenían 4.000 pesos. En seguida se comprobó que el patrón de uno de ellos se los había dado para hacer un depósito. Esas cosas tienen que ser muy claras: si bien todo pudo llevar a una detención de prevención, inmediatamente tienen que ser dejados en libertad.
EC - Por otro lado ustedes están introduciendo aparatos que permiten verificar si una persona porta armas o no sin tener que recurrir al cacheo.
GS - El cacheo debe ser uno de los procedimientos que molesta más a la gente en general, a veces por la forma en que se hace y por cómo se pide para hacerlo. Con estos instrumentos evitamos todo contacto físico con la persona a la que se va a cachear.
EC - ¿Desde cuándo?
GS - Los tenemos desde ayer; vamos a distribuirlos entre los funcionarios de jefatura.
EC - ¿O sea que todos los procedimientos se van a realizar de esta manera, sin cacheos?
GS - Con el aparato electrónico.
EC - ¿En todos los casos; es suficiente con ese aparato?
GS - No; en la medida en que podamos ir incorporándolos vamos a distribuirlos, pero mientras no haya para la totalidad de los funcionarios que proceden de esta forma el cacheo se va a hacer en la forma tradicional, pero con las prevenciones de que el procedimiento no tiene que significar menoscabo de la persona cacheada.
EC - Estamos hablando de detectores de metales.
GS - Exacto.
EC - El detector de metales se va a ir distribuyendo progresivamente.
GS - Exacto.
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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón
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