EP-FA mantiene proyecto de suspensión de ejecuciones

Martín Ponce de León (VA): La fórmula de Atchugarry no contempla a los deudores en moneda nacional - que pagan hasta 250% de interés anual - ni soluciona el problema a quienes se endeudaron en dólares a un tipo de cambio de $11, 12, 13... Tampoco contempla a los créditos de pequeñas empresas ni a los efectuados por prestamistas. Justamente, los remates en trámite se refieren a casos de este tipo.



EN PERSPECTIVA
Martes 03.06.03, 07.36.

EMILIANO COTELO:
La solución del endeudamiento privado en dólares sigue al tope de la agenda política. Parece que no será por ley, porque los intentos en ese sentido carecerán de los votos necesarios, ya que el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, avanzó en su proyecto con sectores del Partido Nacional.

ALFREDO DANTE:
La propuesta de financiación de las deudas familiares en dólares que resumió Atchugarry, y que prevé la suspensión de las ejecuciones hasta el 15 de julio, consiguió el respaldo del Partido Colorado, de la mayoría del Partido Nacional y también del Partido Independiente. Este apoyo desactiva la posibilidad de que resulte aprobado el proyecto de ley de suspensión de ejecuciones que presentará hoy el Encuentro Progresista – Frente Amplio (EP-FA).

La fórmula atiende las obligaciones contraídas por personas y familias antes de junio de 2002, bajo la consigna central de preservar la estabilidad y el ahorro. La iniciativa, referida a los préstamos hipotecarios, prendarios y de consumo, contempla una baja de las tasas de interés, extensión de plazos y remisión de intereses moratorios por parte de las instituciones financieras. El Estado ofrece otorgar exoneraciones fiscales a favor del deudor. Según se afirmó, el conjunto de esos mecanismos llevaría a que la cuota en dólares se reduzca casi a la mitad del contrato.

EC – Aunque esas son versiones que intentaremos confirmar más tarde en diálogo con el diputado José Amorín Batlle, para desentrañar el alcance de cada una de las disposiciones contenidas en el acuerdo.

AD – Las bancadas de todos los partidos se reunieron ayer para fijar su posición sobre la fórmula redactada por el ministro, producto de las negociaciones con los sectores políticos y los representantes de los bancos públicos y privados. Las instituciones financieras asumirán hoy un compromiso público respecto a la aplicación de este acuerdo. También podrían sumarse las cajas Profesional y Notarial, que ya tienen su propio sistema de facilidades. Asimismo, tendrían disposición a suscribir el acuerdo los círculos de ahorro y préstamo.

EC – Cuando el texto se refiere a las cuotas, maneja los dos tercios del monto contractual como máximo. Parece que, según los distintos componentes que se conjugan para la refinanciación, en muchos casos la cuota terminaría siendo de la mitad. Pero ese monto no figura en el texto.

La suspensión de ejecuciones, desde ahora hasta el 15 de julio, no se dictaría por ley sino por el acuerdo. Y no se refiere sólo a deudas de personas o familias, sino también a personas físicas que sean microempresas, a esta figura de las empresas unipersonales. Es una de las variantes que aparecieron en los últimos días.

Pero antes de la entrevista con el diputado de gobierno José Amorín Batlle, interesa el punto de vista de la oposición, que no desiste de presentar el proyecto de ley. Estamos en comunicación con el diputado Martín Ponce de León (Vertiente Artiguista, EP-FA), presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Todas las versiones de prensa coinciden: se logró un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y sectores del Partido Nacional (en particular con Correntada Wilsonista, cuyos votos son decisivos), que dejaría sin sustento la vía legislativa. ¿Qué actitud tiene el EP-FA, que también participó de las negociaciones?

MARTÍN PONCE DE LEÓN:
Hemos participado, porque la crudeza del problema llevó a que hiciéramos todas las gestiones y todos los trámites en todos los ámbitos posibles. Pero, lamentablemente, la propuesta del ministro que se nos entregó ayer al mediodía incluye algunos avances como los que ustedes apuntaban, aunque también algún retroceso que vale la pena señalar: en relación a la propuesta anterior, se retiró la exoneración del IVA para los deudores menores de U$S 2.500.

Pero diría que, en especial, no contempla las preocupaciones que teníamos para que la fórmula nos dé tranquilidad como sociedad: el universo que la fórmula abarca es una fracción del universo de los deudores, y lamentablemente haríamos un flaco favor si dijéramos que esto resuelve el problema, cuando tenemos la convicción de que no lo resuelve. En pocas semanas vamos a estar ante acontecimientos similares a los que hemos vivido las semanas pasadas.

EC – Las distintas categorías previstas en el documento son: préstamos hipotecarios con destino a casa habitación, préstamos prendarios, por otro lado a las tarjetas, préstamos personales y otros sin garantía. ¿A cuáles alude usted como no abarcados?

MPL – Dentro de las deudas en dólares de las familias, no se abarca a quien no pueda llegar a una cuota que, más allá de que en algún caso particular pueda ser menor, el tope es de dos tercios con la diferencia de que se le quitó el IVA. Pero ¿qué pasa con la situación de aquellos deudores (que son muchas, entre ellas algunos de los remates próximos) que mantienen su ingreso, mantienen su trabajo, pero un trabajo de asalariado en pesos? Basta hacer la cuenta y es fácil ver que quien contrajo una deuda con el dólar en $ 11, 12 o 13, si tiene una situación ajustada y la contrajo para comprar su vivienda, razonablemente con esfuerzo, no llega a estos porcentajes.

Pero eso para los deudores en dólares. Le diría que tan importante como eso es que no se abarca para nada las deudas de las familias en pesos.

EC – Invertimos la pregunta. ¿Por qué debería abarcar a los deudores en pesos? Estamos hablando de las dificultades generadas a partir del cambio en la política cambiaria, estamos hablando de cómo aumentó de valor el dólar, y cómo eso complicó el presupuesto de las familias endeudadas. ¿Qué tienen que ver con todo esto las deudas en pesos?

MPL – Nuestra bancada viene hablando sobre este como un grave problema nacional desde febrero de 2002; hemos hecho exposiciones centrales en la Cámara cuatro meses antes de la devaluación. Tenemos múltiples intervenciones a las que podríamos aludir. Se lo digo como ejemplo contundente de que la recesión empezó en 1999: en la Comisión de Hacienda tenemos intervenciones de gerentes de importantes bancos privados que mostraron con nitidez las dificultades para el repago, que mostraban cómo iban creciendo a medida que crecía la desocupación, cómo crecían esas dificultades cada vez que se modificaban diversos índices de la economía.

Lo cierto es que, junto con la devaluación (si bien tuvo un impacto brutal sobre todos los que estaban endeudados en dólares, y llevó a que los deudores se organizaran), las tasas de interés en moneda nacional han tenido un salto... En el caso de las tarjetas de crédito, no olvidemos que los deudores están ligados, y no saben cuál es el interés del mes siguiente. Y en estos días tenemos que a muchísimos deudores de varias tarjetas les están aplicando tasas de interés que llegan a 249,85 por ciento efectivo anual, el 11 por ciento mensual, en un país que está en el 20 por ciento de inflación anual. ¿Alguien cree que este no es un impacto brutal?

Olvidemos que con estas tasas es imposible hacer cualquier cosa en una economía. Hace pocos minutos, su corresponsal en Brasil informaba sobre el malestar por la tasa de 26% en reales, no en dólares. ¡Aquí pasamos el 200%! Algunos dicen que estas tasas son inevitable consecuencia de la situación monetaria; será así o no, pero ¿qué significa para el deudor? Significa que también el deudor en pesos está frente a algo absolutamente imposible de asumir, y no previsible: estábamos con inflación de un dígito hace muy poco tiempo.

EC – Usted ha manejado dos objeciones hasta el momento. El hecho de que el acuerdo no abarca a quienes no estén en condiciones de pagar dos tercios de la cuota pactada, que debería establecerse un tope más bajo...

MPL – O una válvula de seguridad: aunque sea por un período transitorio, así fuera de un año, se diera la posibilidad de una espera.

EC – El otro punto es que no abarca las deudas en pesos. ¿Qué otras objeciones le merece el acuerdo?

MPL – Básicamente le menciono otras dos entre las principales. En tercer lugar, que este es un compromiso con el sistema financiero, y por lo tanto no abarca a las deudas en dólares con prestamistas privados. Aquí hubo un remate la semana pasada, hay otro previsto para la semana que viene; es una zona donde los acreedores actúan con mucha fuerza. Y en cuarto lugar (lo digo al final porque se podría pensar que esto se podría encaminar por una negociación separada) no se incluye a la micro y pequeña empresa con excepción de las unipersonales. Reconozco que se incluyó a las unipersonales, pero la gran mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas, son sociedades de responsabilidad limitada, y esto está creando un drama sobre todo en el interior, donde en algunas ciudades hay una realidad masiva de endeudamiento. En todos estos casos no abarcados, hablamos de gente que no podría ampararse a este acuerdo, ni siquiera se suspende las ejecuciones judiciales por estos 45 días.

EC – A partir de ese análisis, ¿cuál es la actitud del EP-FA?

MPL – Nosotros decimos que debe establecerse por ley esta suspensión, que también planteamos por 45 días y para montos acotados, para deudas de esta última etapa de crisis (nada que ver con las antiguas deudas ni los grandes montos: la planteamos acotada en el tiempo y en los valores). Que debe establecerse por ley para buscar interin los mecanismos que amparen no sólo las situaciones contempladas en la propuesta del ministro, sino a la mayoría de los deudores pequeños (porque los grandes tienen otro tratamiento), que suman cientos de miles...

EC – Entonces, el EP-FA ¿va a insistir hoy con el proyecto de ley de suspensión de ejecuciones en la Cámara de Diputados?

MPL – Vamos a insistir con mucha convicción, porque no queremos tener que ocuparnos de este tema dentro de pocas semanas cuando volvamos a tener los remates sobre la mesa.

EC – ¿Por cuántos días suspende las ejecuciones el proyecto, y a quiénes abarca?

MPL – También es por 45 días, y abarca a los deudores de buena fe, con destino al ramo en el que trabajan o el uso personal, y abarca sólo los bienes destinados a la producción (como pueden ser el vehículo de trabajo) o las viviendas de uso personal. Le vamos a incorporar un tope de U$S 350 mil, y una fecha tope de endeudamiento que se va a determinar, pero a fines de los años 90.

EC - ¿Cómo relaciona ese proyecto con la devaluación, con la política cambiaria que se modificó a mediados del año pasado? ¿O no hay relación?

MPL – Hay una relación en cuanto a la crisis, pero simultáneamente con la devaluación los afectados no fueron sólo los deudores en dólares. Le pongo un último ejemplo...

EC – Pero el acuerdo que presenta el Ministerio de Economía con los bancos incluye los préstamos otorgados por instituciones de intermediación financiera en moneda extranjera antes de junio de 2002 que figuren como vigentes a esa fecha y que actualmente estén registrados como créditos vencidos. O sea que apunta a las consecuencias de la devaluación.

MPL – Pero luego incorpora un capítulo respecto a las deudas en categoría de vencidas a junio de 2002, reconociendo que la gente se había atrasado ya antes de la devaluación, y no sólo por la devaluación. Es muy fácil y así son los hechos: los remates y muchos de los trámites que ahora están en la Justicia son contra gente que se empezó a atrasar en el 2000, en el 2001, o en el 2002 pero antes de junio, es decir a medida que la crisis se acentuaba: si hablamos de deudores en dólares, el dólar seguía pero se aceleraba y paralelamente las tasas de interés aumentaban en forma vertiginosa.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón

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