LOS ACREEDORES EN PESOS TAMBIÉN BUSCARÁN FÓRMULAS

Endeudamiento en dólares:
se obtuvo acuerdo mayoritario

Diputado José Amorín Batlle (Partido Colorado, Lista 15): Hay situaciones no amparadas, como las hubo siempre. El sistema está muy frágil, y si los deudores no pagan, los depositantes no cobran. Los bancos van a cumplir el acuerdo, de lo contrario intervendrán el Ministerio de Economía y la Cámara de Diputados. La ley que se propone sólo suspende las ejecuciones pero no soluciona el tema de fondo, creando una incertidumbre brutal, sobre todo para los ahorristas. Ejecuciones hubo siempre en el país; es un tema complejo, que lamentablemente está rindiendo políticamente.



EN PERSPECTIVA
Martes 03.06.03, 09.10.


EMILIANO COTELO:
Parece que finalmente no habrá ley para la solución al problema de las deudas en dólares. Hoy sería un día clave a nivel parlamentario porque esta tarde se reúne el plenario de la Cámara de Diputados para tratar eventuales soluciones legislativas en esta materia. Pero el camino legislativo parece haber quedado desactivado a priori, ya que buena parte de la bancada del Partido Nacional (PN), en particular Correntada Wilsonista, cuyos votos eran clave, no acompañará ninguno de los proyectos a consideración. Sin ese apoyo los votos no serán suficientes.

Más temprano conversábamos con el diputado Martín Ponce de León, del Encuentro Progresista - Frente Amplio (EP-FA), y vamos a ver ahora con más detalle en qué consiste esta solución administrativa, como se la ha presentado durante todos estos días. Para eso estamos en comunicación con el diputado José Amorín Batlle, del Batllismo Lista 15.

El texto empieza aclarando que abarca préstamos otorgados por instituciones de intermediaciones financiera en moneda extranjera antes de junio de 2002 (o sea antes del cambio en la política cambiaria), que figuren como vigentes a aquella fecha y que actualmente estén registrados como créditos vencidos.

Y abarca a personas físicas por préstamos personales y familiares, extendiéndose también a personas físicas, excluyendo personas jurídicas, siempre que se encuentren en las categorías de micro, pequeña y mediana empresa. Este es el universo abarcado.

JOSÉ AMORÍN BATLLE:
Ese es el universo abarcado, exactamente.

EC - Después aparecen distintas variantes que me gustaría ir viendo con usted. Por ejemplo, ¿qué se establece para los préstamos hipotecarios?

JAB – Básicamente, los bancos tienen que llegar a una cuota que sea dos tercios de la que debería estar pagando el deudor.

EC - Dos tercios como máximo.

JAB - Dos tercios como máximo. ¿Cómo se llega a esos dos tercios? Mediante el alargamiento de los plazos y la baja de la tasa de interés. A esto hay que agregar, en los préstamos hipotecarios, la exoneración del IVA, por lo tanto la cuota final va a ser seguramente bastante menor de dos tercios, dependiendo de cuántos sean los intereses en el componente de la cuota.

EC - Usted dice que de esta manera se estaría alcanzando una de las demandas planteadas desde el PN y el FA: que la cuota llegara a la mitad de la que estaba pactada.

JAB - No, no va a ser la mitad; dependerá del caso, lo que tiene IVA son los intereses del préstamo. La cuota está compuesta en parte por amortización de capital y en parte por pago de intereses; dependiendo de cuál sea la composición de la cuota, si el componente intereses es mayor la rebaja será mayor porque los intereses no llevan IVA. La rebaja del tercio se hace tomando en cuenta la extensión del plazo y la baja de tasas; a esto hay que agregar la exoneración del IVA, con lo que seguramente la baja será bastante mayor de dos tercios.

EC - ¿Y en cuanto a montos?

JAB - Hasta U$S 100 mil con destino a casa habitación, o sea para quien compró una casa propia de hasta U$S 100 mil; y hasta U$S 50.000 para quien compró terreno para hacer su casa o quien tenga un inmueble puesto en garantía. Eso es lo que nosotros llamamos destinos.

EC - ¿Qué ocurre con los préstamos prendarios?

JAB - En ese caso es hasta U$S 50.000; se toman en cuenta para préstamos personales y para micro, pequeñas y medianas empresas; igual que en el anterior, se tiene que llegar hasta dos tercios con rebaja de tasas y aumento de plazos.

EC - Otro capítulo es el de las tarjetas de crédito.

JAB - En el caso de las tarjetas de crédito, que seguramente son el caso más frecuente, junto con los préstamos personales sin garantía, abarca los primeros U$S 2.500 de la deuda. Es decir, si alguien debe más de U$S 2.500 los primeros 2.500 están amparados.

Aquí la solución es distinta. Para lo que está atrasado se hace un vale amortizable a tres años y la cuota pretende ser algo así como la cuota vigente en mayo, ajustada de acuerdo a la evolución de los ingresos del deudor. Se toma la cuota en dólares, se ve cómo evolucionaron en general los ingresos en dólares, por lo tanto podemos calcular que la cuota será en el entorno del 60 por ciento de lo que estaba siendo. Los intereses que se cobra tendrán como máximo la tasa media que publica el Banco Central del Uruguay para ese tipo de préstamos.

EC - ¿Qué pasa en cuanto a suspensión de ejecuciones, que era uno de los debates más sensibles?

JAB - Cuando el ministro hizo la primera presentación de esto, el lunes de la semana pasada, decíamos que a quienes estaban abarcados de este universo y se presentaran a hacer la refinanciación inmediatamente se les suspendía la ejecución. Se ha ido un poquito más allá ahora: se va a suspender las ejecuciones de todos los potenciales interesados hasta el 15 de julio de 2003. Es decir que, del universo que abarca a estos deudores, no se va a poder ejecutar a ninguno hasta el 15 de julio de 2003. Los deudores tendrán que presentarse antes del 30 de junio solicitando ampararse a este convenio, y los bancos deberán dar respuesta antes del 15 de julio. Por lo tanto tenemos la certeza de que en los próximos 45 días habrá ejecuciones para quienes estén amparados en este régimen.

EC - ¿Qué pasa con el pago con bonos?

JAB - Para el pago con bonos hay dos posibilidades. Hasta U$S 50.000 se puede pagar 15 por ciento efectivo y el saldo con bonos soberanos; estamos hablando de Banco República (BROU), Nuevo Banco Comercial y fondos de recuperación.

EC - Estas disposiciones no valen para los bancos privados.

JAB - No valen para los bancos privados, en cuyo caso será optativo si el banco los acepta, pero no se lo obliga a ello. El BROU además acepta depósitos reprogramados. Para los préstamos de hasta U$S 100 mil el tema cambia un poco porque el bono es depositado como garantía; o sea que, presentando los bonos, no cancela sino que éstos son una garantía. Tienen que tener un vencimiento similar al vencimiento de la deuda y una vez presentados el deudor va a tener que pagar la diferencia de tasas de interés. Es decir que si el bono paga un interés de 4 por ciento y el deudor tiene que pagar 7 por ciento de interés, tendrá que pagar un 3 por ciento, que es la diferencia entre un interés y el otro; y al cancelarse, cuando el Estado paga el bono, se cancela la obligación.

EC - Otra precisión importante: estamos considerando en este acuerdo solamente los créditos concedidos por las instituciones que hemos ido mencionando, instituciones de intermediación financiera.

JAB - Sí, básicamente bancos.

EC - Básicamente bancos, con alguna peculiaridad en el caso de los bancos del Estado o gestionados por el Estado.

JAB - Sí, toda la banca; con particularidades las cajas Notarial y Profesional y los consorcios de vivienda, concretamente Consorcio y Acfor. Los consorcios tienen que tener en cuenta la gente que está esperando para entrar en el sistema, o sea para ser acreedora al crédito, y en las cajas Notarial y Profesional porque ya han dado incentivos a los efectos de llegar a acuerdos, se va a dar un nuevo plazo hasta el 30 de junio para presentarse y hasta el 15 de julio para contestar.

EC - El documento aclara que las cajas Profesional y Notarial tienen sus propios sistemas de facilidades, pero dice que pueden adherir a este convenio. En las consultas formuladas, y pese a lo exiguo de los plazos, se notó que hay disposición para suscribir, sin perjuicio de autorizaciones que varias instituciones tienen en curso. En principio las cajas Profesional y Notarial y los círculos de ahorro no quedan automáticamente comprendidas.

JAB - En principio no están automáticamente comprendidas, pero seguramente entrarán en un sistema muy similar a este.

EC - Aquí volvemos a uno de los puntos críticos: el gobierno ha insistido en que no era sano encarar este problema por la vía de una ley, que lo mejor era un acuerdo con las partes.

JAB - En realidad la ley que tenemos prevista para votar únicamente suspende las ejecuciones por 120 días, no da solución de fondo al tema: congela la situación por 120 días creando –desde mi punto de vista– las brutales y negativas incertidumbres en el futuro, sobre todo para los ahorristas de los bancos. En un sistema que está muy frágil –lo vimos el año pasado y sobre todo en enero de este año– la gente sabe que si los deudores no pagan los acreedores no cobran, es decir que los depositantes no van a poder retirar el dinero de los bancos. Por lo tanto la votación de una ley de este tipo, que solamente suspende las ejecuciones por 120 días y crea una incertidumbre brutal en el sistema, atentaría en forma definitiva contra el crédito en el país y haría que seguramente hubiera una nueva corrida bancaria en Uruguay.

EC - Entonces no habrá ley; aparentemente no hay votos, y el mecanismo es este: una serie de medidas administrativas y la disposición de los bancos a trabajar de esta manera en el encare de las dificultades que tengan sus clientes. Pero, ¿qué tranquilidad hay para los clientes? En la medida en que esto no es una ley, ¿cómo se asegura que se va a operar bajo este marco efectivamente?

JAB - De dos maneras: esto es una propuesta escrita por el ministro Atchugarry a la que van a adherir por escrito todos los bancos, de a uno; además en este documento se encomienda al Departamento de Protección al Consumidor (DPC), del Ministerio de Economía (MEF), el seguimiento del cumplimiento de estas disposiciones. Es decir que si hay algún deudor que tiene dificultades con el banco, hará la denuncia en el DPC, una dependencia del MEF que actuará en consecuencia.

EC - Hoy el editorial del diario La República lleva por título: “¿Quién laudará en los litigios?” y, entre otras cosas, pregunta: “?Ante quién recurrirá un deudor si un acreedor, sobre la marcha del mecanismo que ahora entra en vigencia, cambia las reglas del juego? Es evidente que en ese caso regirá la ley vigente y ante un posible incumplimiento se pondrá en juego lo establecido en los contratos, o sea pasándose a ejecutar las garantías?”.

JAB - Esa pregunta tiene respuesta en el documento del ministro.

EC - Luego agrega: “En caso de que se plantee un conflicto de intereses, ¿quién laudará al respecto?, ¿qué ocurrirá si alguno de los términos del acuerdo administrativo son violentados por alguna de las partes?”.

JAB - Tiene respuesta en el documento del ministro. Es el DPC del MEF que está actuando en distintas áreas, y que en ese aspecto seguramente tendrá su principal actividad en el tema de acuerdos entre bancos y deudores. Además hemos sabido que el Partido Independiente está promoviendo que la Cámara de Diputados sea garante de este acuerdo y la Comisión de Hacienda haga un seguimiento específico del tema. Imagínese que si hubiera un incumplimiento generalizado de los bancos, el Parlamento tomaría cartas inmediatamente en el asunto, porque esta es una solución a la que se llega porque entendemos que la ley es absolutamente negativa y estamos buscando un mecanismo que contemple soluciones para la mayor cantidad de deudores posible. En la medida en que veamos que esto no es así, tendremos una rápida intervención en el tema. Francamente, creo que no es un tema que nos complique; creo que se va a cumplir bien y, si no se cumple bien, van a intervenir el MEF y la Cámara de Diputados.

***

EC - Hay varias preguntas, sobre todo que surgen a partir de la entrevista con el diputado Ponce de León. Primera consulta: no quedan abarcadas en este acuerdo, en esta fórmula, las deudas con prestamistas particulares.

JAB - Así es.

EC - Esa es una parte del problema.

JAB - Es una parte del problema, sin lugar a ninguna duda esto abarca a los que han podido intervenir en la negociación, que son los bancos, no abarca a prestamistas particulares.

EC - ¿Qué les dice usted a quienes enfrentan dificultades de ese origen?

JAB - Naturalmente ahí habrá que intentar hacer un acuerdo entre las partes. Creo que normalmente en esas situaciones al deudor le interesa pagar y al acreedor le interesa cobrar; me parece que la ejecución es en general una medida extrema, a la que en general –habrá casos particulares distintos– a nadie le sirve llegar; al acreedor le sirve cobrar el dinero en forma normal.

EC - Hubo algún ejemplo la semana pasada: el remate de una casa en el departamento de Maldonado, que justamente era impulsado por un particular. El propio ministro intentó intervenir y no tuvo éxito.

JAB - Así es. En la medida de buscar una solución mucho más tranquila para todo el tema se suspendieron dos remates que se iban a hacer el viernes, pero no se pudo suspender el de esta particular, que era una persona que había prestado. Según la información que tenemos, la persona que había tomado el crédito lo había tomado para garantía de un hijo que iba a emprender una actividad y lamentablemente no pudo pagar.

En principio somos contrarios a que el Estado entre en contratos entre privados, las experiencias que tenemos en el pasado de cuando el Estado se pone a regular contratos ya hechos entre privados son bastante complejas; la más notoria es cuando nos pusimos a laudar en la ley de alquileres, en ese caso por solucionar un tema seguramente empeoramos grandemente la situación.

EC - De todos modos, de hecho se está interviniendo en los contratos entre particulares por esta vía, pero se lo hace a través de un acuerdo amistoso con los bancos. Pero hay una intervención; queda el problema de cómo manejar otras situaciones, como la de los prestamistas particulares.

JAB - Está bien. Cuando se hace con acuerdo amistoso, es decir que las partes se ponen de acuerdo es una cosa; cuando nosotros obligamos a las partes por medio de una ley el tema cambia. Yo soy contrario a que la ley intervenga en estos temas y soy absolutamente partidario de que el gobierno ponga todo su empeño en tratar de lograr acuerdos y evitar el desenlace que a nadie le gusta, que son las ejecuciones. Todos sufrimos cuando hay una ejecución, nos sensibilizamos; en el caso del remate del viernes una maestra jubilada con una enfermedad importante, evidentemente a todos nos duele ese tema.

EC - Otras objeciones del diputado Martín Ponce de León: ¿qué pasa con aquel deudor que no puede afrontar una cuota del orden de los dos tercios de la que estaba pactada originalmente? ¿Qué pasa si tiene, por su situación económica, por problemas de ingreso o de trabajo, realmente una dificultad seria y real para afrontar una cuota que pase el 50 por ciento?

JAB - Ahí el banco podrá, en la medida de lo posible, contemplarlo. Lo que pasa es que el diputado Ponce de León ve el tema desde una perspectiva, pero tenemos que ver el panorama lo más amplio posible, porque hay deudores en Uruguay que tienen enromes dificultades para pagar, pero además hay depositantes en los bancos; lo que hemos aprendido en la crisis todos los uruguayos es que el banco no es una fuente de generación de dinero y si los deudores no pagan los depositantes no cobran, y si la gente no tiene confianza en los bancos, en que van a pagar, no va a depositar en ellos. Hemos visto con claridad en los últimos meses que la principal dificultad que tiene el país es la falta de crédito, que para salir y mejorar rápidamente la situación tan compleja que estamos viviendo necesitamos crédito. Si la gente no cree en los bancos no va a depositar y si no deposita no va a haber crédito.

EC – Entonces, para ese caso concreto, el de alguien que no puede llegar a una cuota de dos tercios de la pactada, usted dice que la esperanza está puesta en que el diálogo con el banco sea fructífero y se encuentre finalmente una fórmula.

JAB - Creo que al banco en general no le sirve ejecutar: hoy los precios de las propiedades han bajado, en un remate se cobra mucho menos. Si el banco ve que puede cobrar va a intentar llegar a un acuerdo, incluso por debajo de los dos tercios.

EC - Otra pregunta: el diputado Ponce de León decía que las deudas en pesos obviamente no están abarcadas, sin embargo forman parte de las dificultades por las que pasan muchas familias uruguayas, entre otras cosas por la tasa de interés que se está cobrando, que está arriba del 200 por ciento.

JAB - Este problema se plantea cuando se produce la devaluación del 20 de junio, por lo tanto se produce un problema de deudores en dólares. Hay deudores en pesos, en general de cifras muy bajas, porque las cifras grandes de U$S 50.000, 100 mil de préstamos hipotecarios, son prácticamente en su totalidad en dólares. Las deudas en pesos serían las deudas de tarjetas de crédito, de los miles y miles de tarjetas de crédito que se repartieron en Uruguay en los últimos años, son seguramente montos mucho menores. Ahí estaremos a lo mismo: un acuerdo voluntario entre bancos y deudores.

EC - Entre otras cosas señalaba el diputado que hay titulares de tarjetas de crédito cuyas deudas en dólares fueron pasadas a pesos, que ahí está una parte del problema.

JAB - El diputado se refiere al caso del Citibank, que hace un mes aproximadamente envió una carta a los que tenían tarjetas de crédito diciéndoles que lo que debían en dólares sería pasado a pesos. Estuvimos estudiando el tema en la Comisión de Hacienda, y eso está amparado en el contrato “en letra chica” que hace el Citibank con los tenedores de tarjetas. A mí personalmente me parece que es un camino equivocado, creo que si las deudas fueron asumidas en dólares deberían seguir en dólares, lo que además en este caso es mucho más conveniente para el deudor, porque las tasas de interés son muchísimo más altas en pesos que en dólares.

Pero es un contrato firmado entre dos partes; creo que el Citibank debería rever su posición, que deberíamos hacer un esfuerzo para que revea esa posición, pero creo, repito, que los contratos firmados entre particulares no deben ser modificados por el Estado ni por el Parlamento.

EC - Con respecto al resto de las deudas en pesos el diputado Ponce sostenía que el problema en Uruguay no comenzó con la devaluación del año pasado, que las dificultades vienen de los años de recesión que venimos viviendo. En ese sentido ingresa todo el otro capítulo de deudas en pesos. ¿Qué dice usted?

JAB - Yo digo que la situación ha cambiado en forma importante en los últimos 15 años. Por ejemplo, quienes debían en dólares en el año 90 y tenían un crédito a 10 años se vieron beneficiados porque los ingresos en dólares de todas las personas aumentaron, la gente se benefició en ese aspecto. Cuando uno toma un crédito sabe que no tiene el futuro asegurado. La gente que debe en pesos, si debe cifras no muy elevadas, como son en general las deudas en pesos, tendrá que ir al banco, explicar que no puede pagar la cuota y que va pagar un poco menos; normalmente esos temas se solucionan. Lo que pasa es que hay gente que hace cuatro años que no paga, esa gente va a tener dificultades, sin lugar a dudas.

Siempre que hubo alguna dificultad los problemas de los deudores se han complicado, ejecuciones hubo absolutamente siempre en el país; es un tema complejo, que además, en cierta forma y lamentablemente, está rindiendo políticamente. Nosotros pedimos que alguien dé una solución mejor y más sensata que esta de suspender ejecuciones por 120 días; hace un año que está el problema y el proyecto que se nos presenta hoy es suspender las ejecuciones por 120 días y después vemos lo que hacemos. Con esa solución le estamos haciendo un enorme daño al país.

EC - Una pregunta que viene de la audiencia: si lo que se está considerando son préstamos vencidos, en definitiva todo el esfuerzo de solución es sólo para aquellos que tienen atrasos. Y a los buenos pagadores, a quienes están al día, ¿no se los atiende? ¿Cuáles son las reglas de refinanciamiento?

JAB - A los buenos pagadores se los ha atendido con el tema del IVA a los intereses y hay una propuesta para que quienes hayan comprado casa habitación y estén al día no paguen impuesto al patrimonio.

EC - Usted dice que la exoneración de IVA a los intereses vale también para quienes están al día.

JAB - La exoneración de IVA a los intereses que hemos votado en el Parlamento en noviembre del año pasado era para todos los préstamos para compra de vivienda propia, o sea que en ese aspecto está todo el mundo amparado. Pero además a quienes están al día tratamos de contemplarlos de alguna manera eliminando por tres años el impuesto al patrimonio. A veces uno piensa que esas situaciones son injustas, pero el deudor que está al día tiene otros beneficios del sistema en general en el sentido de que siempre va a ser visto como una persona cumplidora, al día, y va a tener mucho más fácil acceso al crédito que el resto.

Si me pregunta cuál es una de las complicaciones de este tema, es que, como pasa tantas veces, los que están al día son los que se ven menos favorecidos con este asunto. De cualquier manera, como es un esfuerzo importante que están haciendo distintas partes de la sociedad, seguramente se contempla a los que tienen alguna dificultad de pago, a los que han demostrado dificultad de pago.

EC - ¿Qué pasa con las micro, pequeñas y medianas empresas que no son unipersonales? Porque las que están abarcadas son sólo las unipersonales. ¿Qué pasa con las SRL, etcétera?

JAB - No entran en el tema; entran solamente las unipersonales, o sea las que están a nombre de personas físicas.

EC - La pregunta obvia iba por el otro lado: ¿cómo se resuelven las situaciones de dificultad que están enfrentando?

JAB - Nuevamente: este sistema no las ampara, por lo tanto tendrán que ir a las negociaciones personales con los bancos. Los bancos no están obligados a este tipo de refinanciación con las personas jurídicas, en principio esto fue pensado para personas físicas y familias y fue ampliado para las unipersonales; la versión original de este acuerdo no contemplaba de ninguna manera a las empresas, ése es otro tipo de endeudamiento.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón

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