LA PROPUESTA DEL GOBIERNO “IMPLICA UNA PÉRDIDA DEL 50%”

Proveedores del Estado: una
forma de pago insatisfactoria

Eugenio Lagarmilla: La morosidad en sus pagos derivó en que los auténticos empresarios sean sustituidos por intermediarios que no hacen más que cotizar para el Estado y asumir el riesgo, encareciendo el suministro. Ahora, el gobierno ofrece pagar deudas pendientes desde hace dos o más años, con precios congelados a diciembre de 2002, con certificados que sólo sirven para pagar impuestos, y ni siquiera son negociables.

EN PERSPECTIVA
Miércoles 04.06.03, 09.05.

EMILIANO COTELO:
Está claro que ser proveedor del Estado no siempre es un buen negocio. Esta semana misma hemos hablado sobre los precios exorbitantes que llegan a pagar algunas dependencias de la Administración Central a la hora de comprar insumos o de contratar servicios. Si bien esto es relativamente cierto, no menos cierto es que cobrarle al sector público en general puede llegar a ser una verdadera odisea.

En esta situación se encuentran cerca de 2.700 empresas que en algún momento de los últimos cuatro años fueron contratadas por el Estado y que aún no han podido cobrar, con todas las consecuencias que cabe imaginar; por ejemplo, para el pago de los salarios de sus empleados.

Hace algunos días el gobierno aprobó un mecanismo de compensación de estas deudas por impuestos, pero el mecanismo fue rechazado por los proveedores agrupados en la Cámara de Comercio.

***

Sobre estos temas vamos a dialogar con Eugenio Lagarmilla, integrante de la Comisión de Proveedores del Estado (CPE), creada en el marco de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS).

Para comenzar, nos referimos a deudas por un total cercano a los 30 millones de dólares, según nos decía el propio subsecretario de Economía y Finanzas, contador Max Sapolinski. ¿Está bien la cifra?

EUGENIO LAGARMILLA:
Es la cifra que dieron ellos: hablan de 33 millones de dólares.

EC - ¿De qué tipo de deudas estamos hablando?

EL - De deudas de compras normales de toda la Administración Central, de varios rubros y de todos los incisos.

EC - O sea de la Administración Central; quedan fuera empresas públicas e intendencias. Son deudas por compras de bienes y servicios, algunas de las cuales datan del 1999.

EL - La comisión está integrada por gremiales de distintos rubros, las gremiales hicieron una encuesta entre sus asociados y surgen deudas desde el año 1999.

EC - ¿Desde cuándo viene dándose el trancazo más fuerte en los pagos?

EL - De acuerdo a esa misma encuesta, entre mayo y junio de 2001.

EC - ¿Son homogéneos los atrasos con las diferentes reparticiones a la hora de cobrar?

EL – No: hay organismos que están sensiblemente más atrasados que otros, hay ministerios que están más atrasados que otros.

EC - ¿Hay mejores y peores pagadores?

EL - Hay mejores y peores pagadores.

EC - ¿Por ejemplo?

EL - Por ejemplo Universidad de la República, Defensa Nacional y en algunos casos Salud Pública han sido muy malos pagadores.

EC - ¿No ha mejorado algo el Ministerio de Salud Pública en los últimos tiempos?

EL - Ha hecho acuerdos con la parte de medicamentos y ese tipo de cosas, pero en general tenemos datos de que no; estamos hablando del suministro de otro tipo de insumos en los que no hubo grandes mejoras.

EC - ¿A qué organismos es más “fácil” cobrarles?

EL - Por ejemplo el Ministerio del Interior ha pagado algo mejor, algunos sectores de Transporte y Obras Públicas; son ministerios que consumen, porque hay otros que consumen muy poco.

EC - No quiero desviarme del tema, pero de alguna forma esta parte de la charla nos relaciona con este asunto que ha estado en el tapete en los últimos días, de los precios altos en las compras. Estas diferencias que se dan entre organismos del Estado a la hora de pagar, ¿inciden en los precios que pueden llegar a terminar negociándose?

EL - Pienso que sí, pero creo que lo que más incide en las compras del Estado es que éste, pagando muy mal, ha perdido a los proveedores naturales.

EC - ¿Cómo es esto?

EL - Ha perdido al proveedor natural, que eran el comercio y la industria establecidos, y los que suministraban esos insumos. Esa gente no ha cobrado, y se ha retirado de la venta al Estado, pese a que hay una gran recesión y a que todos necesitamos vender. Porque vender y no cobrar no es negocio, y entonces la gente se retira. En su lugar, ha quedado gente que tiene una oficina, que compra a los mismos proveedores, financia la compra, la multiplica por dos o por tres y le vende al Estado, gente que asume el riesgo y cobra a su manera.

EC - Esto es bien interesante: usted dice que, debido a los problemas que se han ido acumulando en los últimos años con el cumplimiento del Estado a la hora de pagar, en muchas dependencias, por ejemplo de la Administración Central, quien termina vendiendo es en realidad un intermediario.

EL - Es una persona qué solo tiene instalada una oficina, y cuya única función es cotizar para uno o varios organismos, comprar en los comercios de plaza y hacer los suministros al Estado.

EC - O sea una persona o una empresa cuyo negocio es el riesgo.

EL - Es un riesgo.

EC - Por ese riesgo cobra caro.

EL - Cobra caro. Sin infraestructura, no enfrenta lo que enfrenta un comercio normal, que tiene que estar pagando todos los meses su infraestructura, sus empleados, sus vehículos, su electricidad; tiene una infraestructura mínima con la que se maneja.

EC - Para los proveedores genuinos del Estado hay un “beneficio”: aparece alguien en el medio que les compra y les paga.

EL - Sí; para algunos puede ser, pero no es lo normal. Cuando usted tiene armada una infraestructura para venderle al Estado, preferiría seguir haciéndolo, cobrando en tiempo y forma.

EC - ¿Cómo se relaciona la aparición de estos intermediarios vendiéndole al Estado no sólo con los precios altos que termina habiendo para algunos productos, sino con la disparidad de precios, precios altos pero muy variables de una oficina a otra?

EL - Depende de cómo pague cada oficina; alguna que pague un poco mejor puede mantener algún proveedor. No digo que todos se han retirado, puede haber alguna oficina que esté manteniendo algún proveedor normal que ponga algún recaudo financiero y esté dispuesto… Porque el tema no es sólo que el Estado paga con plazos: si los plazos fueran ciertos no sería ningún tipo de problema, a uno le permite hacer previsiones; el problema es que usted no sabe cuándo cobra.

EC - Vamos a concentrarnos nuevamente en el problema de los atrasos en el cobro por el que pasan unas 2.700 empresas que en algún momento de los últimos cuatro años fueron contratadas por el Estado. ¿De qué tipo de empresas estamos hablando, a qué porte nos referimos?

EL - De todo tipo: desde empresas pequeñas que suministran servicios a algún organismo; una carpintería, una herrería; un comercio, una ferretería que le vende pinturas, una pinturería... Hay empresas de todo tipo; las hay importantes que suministran software de computación, caso IBM y alguna otra... Están todas en la misma situación.

EC - ¿Cuándo y por qué se creó esta comisión de proveedores que usted integra?

EL - Se creó a fines del año pasado, alrededor de octubre, para reclamarle al Estado que cumpliera las obligaciones contraídas.

EC - Detengámonos en el mecanismo que instrumentó el gobierno. Consiste en la entrega de 24 certificados internos de crédito para el pago de tributos ante la DGI y el BPS, partiendo de las deudas acumuladas al 31 de diciembre del año pasado, que a esa fecha serán convertidas a unidades indexadas (UI). Estos certificados tendrán valor cancelatorio de deudas, intereses y sanciones a partir de que sean canjeados mensualmente ante el primero de los organismos citados –la DGI– desde el próximo mes de noviembre.

Conversamos con el subsecretario de Economía, el contador Max Sapolinski, quien definió en estos términos la propuesta del gobierno a los proveedores.

(Grabación)

“Esta propuesta, de acuerdo a lo que establece el decreto correspondiente, permite a aquellos proveedores del Estado que en forma voluntaria quieran acogerse a un sistema de financiación de las deudas que el Estado mantiene con ellos poder introducirse en este sistema que les da una certeza de cobro en virtud de que esto se está financiando en 24 cuotas, contra las cuales se entregará el documento correspondiente, y tendrán un ajuste en UI, para lo cual se calculará con vigencia a partir del 31 diciembre del año pasado. El Estado les entregará las 24 cuotas en certificados internos de la Contaduría General de la Nación, lo que les permitirá, llegado el momento de vencimiento de cada una de esas cuotas, utilizarlos para el pago de impuestos o incluso traspasarlos a otras personas jurídicas o físicas para pagar los tributos o los impuestos correspondientes”.

(Fin de la grabación)

EC - ¿Por qué la comisión rechazó esta propuesta?

EL - Fundamentalmente por dos cosas. Primera: los proveedores del Estado ya vienen cobrando muy mal y con esta propuesta van a tener cero ingreso por seis meses aproximadamente. El Estado terminó de pagar algo en abril, ya en mayo estaba esta propuesta y ahora hasta noviembre no se cobra nada más.

EC - Noviembre es el primer mes en el que se puede presentar estos certificados.

EL - Supuestamente quien se acoja a eso en noviembre tendrá el primer certificado para descontar impuestos. Hay seis meses de flujo de dinero: usted entregó, financió con un banco que a su vez le está cobrando intereses, o tiene una cesión de derechos de sus cobros hecha al banco; durante todo ese período usted va a estar pagando intereses. En general son cuentas en dólares, con intereses altos –porque la plaza está así– y no tiene ningún tipo de ingreso; durante seis meses usted no recibe un peso.

EC - De todos modos lo que se les debe está siendo indexado, está ajustado en UI.

EL - A partir de diciembre de 2002. Estamos hablando de deudas de 1999, 2000, 2001 y 2002; usted va a poner los pesos que tenía para pagar en 2000 o 2001 al 31 de diciembre de 2001 y van a ser los mismos pesos, habrá perdido toda la devaluación de 2001 y 2002, el salto del dólar, habrá perdido el 40 o 50 por ciento del poder adquisitivo de todo ese dinero.

EC - Usted puntualiza que recién en diciembre de 2002 comienza el ajuste por UI. Hay una pérdida de valor durante dos años en algunos casos.

EL - Exacto, dos años en algunos casos. Es una pérdida importante. Como le decía, si usted se financió con un banco y, por ejemplo, cedió el 50 por ciento de su facturación esperando cobrar los otros 50, cuando vaya a cobrar seguramente va a tener que poner plata arriba para pagarle al banco. El Estado ha tratado en otras ocasiones –por ejemplo con los deudores de los bancos– de que no hubiera pérdidas, alargó los plazos y otras cosas; en este caso para nosotros hay una pérdida muy importante.

A partir de diciembre de 2002 eso se pasa a UI. El sistema tampoco está claro todavía, los certificados van a ser por la deuda dividida en 24, sin las UI, los ajustes van a ser a posteriori, se van a ir entregando nuevos certificados que van a compensar las diferencias de la UI. No está instrumentado todavía el sistema para quien se acoja, pero esas pérdidas que hubo en dos años quedan congeladas; cuando firma el convenio uno renuncia a cualquier tipo de reclamo posterior.

EC - Hasta ahora usted mencionó dos objeciones: el valor que pierden en lo que se les debe hasta diciembre del año pasado; y segundo el hecho de que no pueden hacerse de nada de efectivo hasta noviembre próximo.

EL - Esas son las dos fundamentales. Independientemente de que hay un concepto de que el Estado ha violado todos los contratos que tenía con sus proveedores, lo cual es una cosa bastante grave. Vemos con una perspectiva demasiado gris el futuro abastecimiento del Estado, porque ¿qué credibilidad va a tener para seguir comprando en plaza?

EC - Se está cambiando el sistema de adquisiciones, incluso a través de un sitio web, de un nuevo esquema de compras estatales y, recientemente, de la creación de la Unidad Centralizadora de Compras.

EL - Sí. Tenía entendido que iba a salir algo ahora, a partir de los primeros días de junio, pero el sitio web todavía no está operativo; iba a ser instrumentado ahora pero no tenemos todavía el mecanismo, por lo que sabemos el sitio no está.

EC - Estamos hablando de un mecanismo –el que ustedes acaban de rechazar– que se propone para laudar lo anterior; la hipótesis es que de ahora en adelante el Estado compra de manera más prolija, ordenada, cumpliendo en plazos o incluso muchas veces al contado.

EL - No lo sé. Me quedan dudas por lo siguiente: cuando tuvimos algunas reuniones en el Ministerio de Economía, las deudas eran al 31 de diciembre de 2002; cuando sale el decreto, las deudas incluyen –no está demasiado claro, pero hicimos alguna consulta posterior y nos dijeron eso– las generadas hasta el 30 de abril, o sea la facturación que se presente hasta junio antes de cerrar el balance y hasta el 30 de abril. O sea que de las primeras conversaciones que tuvimos, de deudas hasta diciembre, ahora se amplió hasta el 30 de abril, se sumaron cuatro meses más; a usted le habían dicho que lo viejo se iba a negociar de todos modos, pero que siguiera vendiendo que le iban a pagar bien lo nuevo, pero los primeros cuatro meses de este año también fueron incluidos en esta refinanciación. Si usted tenía expectativas de cobrar aunque fuera lo nuevo, tampoco será así.

EC - ¿Cómo es el sistema de los certificados?, ¿son negociables?

EL - Los certificados son transferibles en el momento de su vigencia, o sea que en el momento que vence cada uno de los 24 certificados usted puede ir a la Impositiva y decir que, en lugar de usarlo usted, lo va a usar tal otra empresa. Entonces, se lo hacen para esa otra empresa.

EC - ¿Cómo resulta eso para ustedes?

EL - Si el certificado fuera negociable y usted tiene un saldo que a alguien le pueda interesar, puede pagar alguna deuda, no es atractivo para nadie pero puede solucionar un problema; de este modo son 24 cuotitas que ayudan muy poco.

EC - La respuesta del subsecretario de Economía es que el sistema es así, que se hace porque la idea de estos papeles es que sean un respaldo en cuanto al momento del cobro, pero no que se conviertan en una cuasi moneda que circule como un medio de pago alternativo más.

EL - El tema radica en que no sabemos qué pasa con quien no opte por el sistema, que es optativo. La comisión lo ve muy negativo, pero la idea es que, como cada empresa es distinta, que cada una opte por lo que va a hacer.

Pero ¿cuál es la alternativa al no aceptar esto? El gobierno no nos dio ninguna; lo único que nos dijo fue que con esto teníamos la certeza de cobrar; si no lo acepto no sé cuándo voy a cobrar, aparentemente la única vía sería la judicial. No sabemos si va a seguir sacando pagos, si va a seguir autorizando facturas de los que no ingresen a este sistema. Aparentemente habría que ingresar, no habría otra alternativa.

EC - En la medida en que ustedes tienen esas objeciones, ¿qué es lo que cabe esperar? Usted remarcaba y Sapolinski lo ha subrayado: se trata de una alternativa que ofrece el gobierno, no es obligatoria. ¿Qué va a pasar?

EL - La decisión es individual de cada empresa en todos los casos. Habrá empresas que digan “No tengo tiempo ni dinero para iniciarle un juicio al Estado y perder unos años pleiteando para cobrar lo que sería justo, el precio reajustado” y aceptarán esto a regañadientes; habrá otras que digan “No, esto no fue lo convenido”. Depende de cuál es la situación de contratación de cada empresa: algunas tienen contratos que prevén multas, en algunos casos son cuentas en dólares que tampoco sabemos cómo se van a ajustar; algunas iniciarán una acción judicial para intentar cobrarle al Estado. De hecho ya hubo algunas reuniones; algunos organismos han citado a sus proveedores –caso concreto de la Corte Electoral– para ver si van a adherir al sistema, y han tenido como respuesta que ninguno va a adherir y que están dispuestos a iniciar las acciones legales.

EC - Concretamente, ¿ustedes están promoviendo que los proveedores del Estado no adhieran al sistema?

EL – No; en ningún caso: la decisión es individual. Nosotros planteamos nuestro rechazo a la medida como medida general que ha afectado a todo el comercio, pero la decisión es de cada empresa, cada una va a valorar si le sirve el sistema o no, si le sirve como una mala alternativa, que a veces hay que tomar. Es individual: nosotros no promovemos que las empresas inicien juicios ni nada; la decisión es de cada una.

EC - Usted comparó este esquema que propone el gobierno con otros que se ha instrumentado para resolver otros aspectos de la situación del país en los últimos años, sobre todo a partir de la crisis financiera y la devaluación del año pasado. Mencionó el ejemplo de los ahorristas de los bancos del Estado; se podría citar también el ejemplo de los ahorristas de instituciones como el Banco Comercial o el Banco Montevideo. Todos han aceptado perder algo; ustedes también tendrían que aceptar perder algo. ¿Cuánto es razonable perder; cuál es el límite de las demandas. Entendiendo las objeciones a este sistema; ¿qué tendría que mejorarse en la fórmula?

EL - Lo primero que habría que mejorar sería la actualización: nadie entre los ahorristas ha perdido el 50 por ciento del valor de lo que ha entregado; va a cobrar los dólares, los cobrará más tarde pero no pierde el 50 por ciento del valor. A nadie le han propuesto: “Vamos a pesificar sus dólares a 17, a 15 o a 14, se los vamos a pagar a 14 dentro de 24 meses”. Esa opción no estuvo. A nosotros nos están diciendo eso: usted entregó en 2001, con el dólar a 14 pesos, entonces le vamos a pagar lo que entregó a 14 pesos. Ese sistema de ajuste debería contemplar algo más.

Y lo otro que debería contemplar es alguna entrega de dinero en un período más corto. El concordato que nos está dando el Estado –de hecho es un concordato, es un acuerdo con los acreedores para pagar deudas viejas–, ¿no puede contemplar una entrega en algún tipo de período? No pedimos todo, sino parte con certificados y parte en entregas. Debe hacer cuatro años que las empresas privadas –deben vivirlo ustedes en la radio– no pueden dar un aumento a sus funcionarios; los funcionarios públicos en mayor o menor grado algún aumento han recibido. Nosotros no podemos ni cobrarle al Estado ni atender a nuestros propios funcionarios, es muy triste.

EC - ¿Queda algún margen para negociar con el Ministerio de Economía, con el gobierno?

EL - Cuando nos dieron la propuesta nos dijeron que era “la” propuesta, que no había otra. Estamos abiertos a recibir algún otro tipo de propuesta, pero si la que hay es esta y no hay alternativa… Con el apoyo nuestro o no iba a salir el decreto.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón

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