EEUU presiona contra la Corte Internacional

Doctor Héctor Gros Espiell: La Corte es el primer tribunal creado para juzgar tres delitos: genocidio, crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra (violaciones a la Convención de Ginebra), y en el futuro el delito de agresión. EEUU no votó el tratado, luego lo firmó, después anunció que no lo ratificaría. Ahora busca que los estadounidenses no sean alcanzados por la legislación internacional. No sé si las presiones terminarán acá.



EN PERSPECTIVA
Miércoles 02.07.03, 07.40.

EMILIANO COTELO:
Estados Unidos suspenderá la ayuda militar a los países que no han firmado un acuerdo por el que se exime de ser juzgados en la Corte Penal Internacional al personal de las fuerzas armadas norteamericanas y otros funcionarios de ese gobierno.

Uno de estos países es Uruguay, pero figuran Colombia y seis naciones que ingresarán a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) el año que viene: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Eslovenia.

Los países que reconocen el nuevo tribunal y no firmaron "acuerdo del artículo 98" antes del plazo que dio EEUU y venció ayer enfrentan ahora un recorte en los fondos para entrenamiento militar y ayuda en la compra de armas por parte de ese país. Las nuevas restricciones incluyen 47 millones de dólares en financiación para fuerzas armadas extranjeras y 613 mil dólares en educación y entrenamiento militar, dijo ayer el portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher.

ALFREDO DANTE:
La noticia devela la incógnita que generó la presencia del embajador Martin Silverstein el lunes pasado en la residencia oficial. Ese día, el presidente Batlle recibió a los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle para discutir la posición de Uruguay en el Mercosur, pero entre ambos líderes apareció el embajador, imprevistamente para los medios.

La suspensión de los fondos está contenida en la Ley de Protección de los Miembros de Servicios Estadounidenses del 2002, que refleja la oposición de Estados Unidos a una corte que teme pueda ser susceptible a motivaciones “anti estadounidenses”.

Boucher dijo que 35 de los países han estado recibiendo ayuda militar estadounidense, pero la mayor parte del dinero ya se ha gastado para este año fiscal. Sin embargo, esos países enfrentarán una prohibición de ayuda para el año fiscal 2004 si no firman un acuerdo antes de que comience el nuevo año fiscal en octubre.

Colombia, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Belice son los países latinoamericanos sancionados.

Colombia ha sido uno de los mayores beneficiarios de la ayuda militar norteamericana, al recibir 98 millones de dólares este año. Boucher dijo que todo ese dinero, excepto cinco millones de dólares, ya se ha gastado, pero el resto está ahora congelado. No obstante, también destacó que la mayor parte de la ayuda para Colombia proviene de un programa de ayuda contra el narcotráfico, que no resulta afectado por las nuevas regulaciones.

"Conforme ponemos esto en marcha, analizaremos también los programas individuales y decidiremos si necesitan exenciones", señaló Boucher. "Pero nuestra esperanza es seguir trabajando con los gobiernos para garantizar y ratificar los acuerdos del artículo 38 que protegen a los miembros de los servicios estadounidenses".

Varios países, entre ellos todos los aliados de la OTAN, están libres de la amenaza de EEUU, por ser considerados "importantes aliados fuera de la OTAN": Argentina, Australia, Bahrein, Egipto, Israel, Japón, Jordania, Nueva Zelanda y Corea del Sur.

El presidente George W. Bush ha emitido exenciones para otros 22 países, algunos de los cuales han firmado, pero no ratificado, el acuerdo.

Desde que fue establecida la Corte el año pasado, 44 países firmaron públicamente acuerdos del artículo 98 con el gobierno de Bush, protegiendo a los estadounidenses de la Corte: Albania, Afganistán, Azerbaiyán, Bahrein, Bhután, Bolivia, Bosnia, Camboya, República Democrática del Congo, Djibuti, República Dominicana, Timor Oriental, El Salvador, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Honduras, India, Israel, Macedonia, Madagascar, Maldivas, Islas Marshall, Mauritania, Mauricio, Micronesia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Palau, Panamá, Filipinas, Rumania, Rwanda, Sierra Leona, Sri Lanka, Tayikistan, Tailandia, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda y Uzbekistán.

Por lo menos otros siete gobiernos han firmado acuerdos pero han pedido que sus nombres no sean publicados, y varios más no han suscrito acuerdos pero han aceptado verbalmente no entregar personal estadounidense a la Corte para su procesamiento.

El plazo del 1 de julio ha propiciado varios de los acuerdos. Unos 25 países han firmado en los últimos cuatro meses, y aproximadamente la mitad de ellos lo hicieron en las últimas semanas.

Boucher dijo que EEUU sigue presionando a los países que aún no han firmado los acuerdos.

EC – Estamos en comunicación con el doctor Héctor Gros Espiell, conocido especialista en Derecho Internacional, ex canciller uruguayo, a quien hemos llamado para ubicar esta decisión en su contexto. Para empezar, qué es la Corte Penal Internacional, un instituto relativamente nuevo.

HÉCTOR GROS ESPIELL:
Exactamente. Es un organismo creado por un tratado multilateral, que ya está en vigencia, dedicado a hacer efectiva la responsabilidad penal individual de las personas que cometan delitos contra la Humanidad, crímenes de guerra o genocidio. Son los tres delitos por los que ya pueden ser llevados a la Corte, y queda uno prevista para una etapa posterior, que es el delito de agresión.

Uruguay ya es parte de esta Corte (creada por un tratado firmado en Roma), en virtud de que el Parlamento uruguayo aprobó su Estatuto y el Poder Ejecutivo ya depositó el instrumento de ratificación en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

EC - ¿Desde cuándo está operativo este tribunal?

HGE – Hace ya ocho o nueve meses que está en vigencia, con unos 130 Estados miembros. Ya fueron elegidos los jueces, entre ellos tres latinoamericanos: una profesora brasileña, una diplomática y jurista costarricense y un jurista jamaiquino, y también fue electo el fiscal –que es casi el eje fundamental de la acusación—, el ex fiscal y jurista argentino Luis Moreno Ocampo.

EC – Para el Derecho Internacional, esta Corte es un avance sustancial. Si recuerdo bien, lo que existió hasta ahora para este tipo de delitos eran tribunales ad hoc.

HGE – Tribunales ad hoc no creados por un tratado sino por decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay dos de ese tipo, que son el tribunal para la ex Yugoslavia, que también funciona en La Haya como la Corte Penal Internacional, el tribunal para Ruanda y Burundi, y un tribunal atípico que también ha estado funcionando, y en los últimos días hubo información relativa a la situación del presidente de Liberia, que es el tribunal relativo a los crímenes cometidos en Sierra Leona.

EC – Hasta ahora, entonces, eran tribunales para casos específicos.

HGE – Casos específicos en países específicos, pero además por decisiones del Consejo de Seguridad actuando en base al capítulo séptimo de la Carta, que refiere a la acción en defensa de la paz y la seguridad internacional. En cambio, este tribunal creado por el Tratado de Roma, es el primero en materia de responsabilidad penal internacional que se crea por un tratado multilateral.

EC – Ubicados los antecedentes, detengámonos en el caso de EEUU, un país que no ha ratificado el Tratado.

HGE – Exactamente. La historia de EEUU en relación con el Tratado es sumamente interesante y compleja. En la reunión de Roma en la que se aprobó el Tratado, EEUU votó en contra junto con países de mucha significación internacional como China, Irak, la India, Libia y algún otro.

EC – O sea que no fue la única excepción.

HGE – Lamentablemente no, y si sumamos las poblaciones de China, la India y EEUU, vemos que son 2.500 millones de personas que quedan al margen estatuto. Después veremos de qué quedan al margen, porque hay matices.

EC - ¿Cuáles fueron las razones del rechazo?

HGE – Son países que entienden que sus ciudadanos no deben ser castigados por una jurisdicción penal en la cual ellos no tienen la decisión. Diría que es una superexaltación de la idea de soberanía, y la perspectiva de que personas de esos países puedan ser llevados ante ese tribunal. Un poco groseramente, es un poco...

EC - ¿A qué tipo de situaciones temen estos países cuando no aprueban el Tratado?

HGE – Iba a terminar mi frase anterior diciendo que, un poco groseramente, es un reflejo de temor. Reflejo de temor por la posibilidad de que puedan ser llevados ante el Tribunal por la comisión fundamentalmente de casos de genocidio o de crímenes contra la Humanidad, o de crímenes de guerra (en especial la violación de los convenios de Ginebra de 1949 y 1977).

Otro país que también votó en contra y nunca firmó fue Israel.

Ahora: una vez firmado el estatuto, y no firmado por estos países, se inició el proceso de ratificaciones, que fue bastante más rápido de lo previsto y se llegó al número actual, que es muy alto. ¿Qué hizo EEUU frente a esta situación? Primero, a pesar de haber votado en contra, EEUU firmó el Tratado en los últimos días del gobierno de Bill Clinton. Lo mismo hizo Israel. Luego se dijo por la prensa que EEUU retiraría su firma, pero no fue verdad. Ahora bien: un país que firma un tratado, aunque aún no lo ratifique, tiene (según el artículo 18 de la Convención de Viena) la obligación de no hacer nada que pueda frustrar el objetivo o el fin del tratado.

EC – Aquí estamos ante un matiz, un hilo...

HGE - ...muy fino.

EC - ...con consecuencias jurídicas. EEUU no votó el tratado, pero lo firmó después.

HGE – En los últimos días de Clinton. Todavía no era parte, porque la firma no transforma a un Estado en parte. Pero es la primera etapa de un proceso que puede llevar a constituirlo en parte.

EC – Falta la ratificación por el Congreso.

HGE – Exactamente. Entonces, un país que no es parte por no haberlo ratificado pero que ya ha firmado, a pesar de eso tiene un estatuto especial en el Derecho Internacional: no está obligado por el Tratado pero no puede actuar contra él; no puede hacer propaganda para que no lo firmen otros países, no puede coaccionar a terceros países para que no lo ratifiquen, etcétera. Lo dice el artículo 18 que citaba: no hacer nada que pueda frustrar el objetivo o fin del tratado.

EC – Estas acciones que viene desplegando EEUU para firmar tratados bilaterales, entonces, ...

HGE – Vamos lentamente. EEUU firmó; cambió el gobierno y asumió el presidente Bush. Se anunció entonces que EEUU retiraría la firma, pero fue una noticia incierta porque el Derecho Internacional no prevé el instituto del retiro de firma: no existe como tal. ¿Qué hizo entonces EEUU, y también Israel? En aplicación de ese artículo 18 de la Convención de Viena comunicó al secretario general de las Naciones Unidas que no pensaba ratificarlo nunca, y ni siquiera sería enviado el mensaje al Congreso. Esto, de acuerdo con el Derecho Internacional, desliga a EEUU de las obligaciones derivadas del artículo 18 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

Esta es la situación actual: EEUU votó en contra, después firmó, y después aplicó un artículo del tratado internacional que regula todo lo relativo a los tratados, y dijo que nunca pensaba ratificarlo. Está absolutamente desligado del estatuto de la Corte Penal Internacional.

EC – Y en los últimos meses ha estado desplegando estas gestiones con distintos países, procurando acuerdos bilaterales que garanticen inmunidad para civiles y militares estadounidenses ante la Corte Penal Internacional.

HGE – Correcto. La posibilidad de estos acuerdos está prevista en un texto muy complejo, de muy difícil interpretación, que es el artículo 98 del Tratado de Roma, del estatuto del tribunal.

¿Cómo juega esto? Porque la competencia del tribunal respecto de esos crímenes que ya nombré –genocidio, crímenes contra la Humanidad, crímenes de guerra— se basa en la armonización de dos tipos de competencia: la territorial y la personal. La competencia territorial se basa en el lugar donde se comete el hecho: un ciudadano de un país X comete un crimen contra la Humanidad en Uruguay y, en virtud de su competencia territorial, Uruguay puede llevar ese asunto a la Corte o lo puede denunciar un tercer Estado para que vaya a la Corte. La competencia personal se refiere a un delito cometido por un nacional de un Estado parte en cualquier otro Estado: un uruguayo comete un crimen contra la Humanidad en Portugal, y puede ser llevado a la Corte Penal Internacional.

¿Cómo juega esto en relación a EEUU? No es parte, es decir que si se comete un delito en EEUU hay que descartarlo porque no juega la competencia territorial, ya que no es parte del tratado.

EC – El problema es qué pasa cuando el delito es cometido por un estadounidense...

HGE – Por un norteamericano en territorio de un Estado parte. Ahí entra el problema. Si un norteamericano cometiera un delito contra la Humanidad en Uruguay, la Corte sería competente para juzgarlo...

EC – Porque Uruguay es parte.

HGE – Porque Uruguay es parte del Tratado.

EC - ¿Qué es entonces lo que pretende EEUU?

HGE – Un acuerdo en virtud del cual sus ciudadanos, estén en el país en el que estén, nunca puedan ser llevados a la Corte por la comisión de uno de los delitos previstos en el estatuto de la Corte, aunque sean cometidos en territorio de Estados parte del Estatuto.

Desde hace ocho o 10 meses, EEUU está gestionando con todos los países la firma de estos acuerdos. Algunos han sido firmados: creo que Rumania fue el primero. Lo ha gestionado con la Unión Europea, que ha tratado de tener una posición común. Que sí, que no... No conozco el texto final del acuerdo, pero trata de salvar ciertas excepciones, aunque firmaría un acuerdo.

En América latina ha hecho intensas gestiones. No conozco las gestiones concretas que ha hecho en Uruguay, pero cuando la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes me convocó –hace 10 o 12 días— para estudiar ese asunto estuve viendo antecedentes en virtud de los cuales el canciller Opertti aclaró en la Comisión que no hubo presentaciones formales en torno a este tema, pero sí contactos.

EC – Uruguay no acepta entonces firmar un acuerdo como el que EEUU está proponiendo...

HGE – Hasta el momento no acepta. No sé que hará después. Hasta el momento no ha contestado. Hay un proyecto de minuta de comunicación al Poder Ejecutivo presentado en la Cámara de Representantes por el diputado Felipe Michelini, para que Uruguay nunca firme ese acuerdo. Esta minuta de comunicación fue examinada en la Comisión de Asuntos Internacionales, y la Comisión resolvió por unanimidad (yo estaba presente en mi condición de consultado) enviar esa minuta para que Uruguay no firme. Creo que el plenario de la Cámara todavía no ha considerado este informe de la Comisión de Asuntos Internacionales.

EC – Como consecuencia de la posición uruguaya, le ha tocado a nuestro país igual que a otros ver suspendida la asistencia militar de EEUU a partir de ayer, cuando venció la fecha límite que dispuso la Casa Blanca para que los países rubricaran los acuerdos bilaterales.

HGE – No he visto documentos todavía; me enteré anoche por la televisión y esta mañana escuchando su programa.

EC – Este tipo de presiones que ha venido ejerciendo el gobierno de EEUU, y que consolida ahora al suspender la ayuda militar, ¿qué tipo de efecto puede tener de ahora en adelante?

HGE – Es un signo de interrogación. ¿Es la primera etapa de medidas aún más duras? No lo sé. ¿Se contentará EEUU con suspender la ayuda militar? No sé. Quiero estudiar la lista de países que han firmado estos acuerdos, la lista de países que no los han firmado, y la lista de los países a los cuales se ha suspendido la ayuda militar.

Usted leía una lista de países latinoamericanos, que incluye a Brasil, a Colombia (lo cual me llamó mucho la atención)...

EC – Aparentemente es el país más afectado. Y no incluye a Argentina...

HGE – Incluye a Costa Rica y, me llamó la atención que no incluye a Argentina.

EC – Leo que Argentina no concedió a EEUU el tratado de inmunidad que busca, pero quedó exenta de las sanciones por ser un aliado extra OTAN. “Eso no significa sin embargo que no habrá ningún costo si el gobierno de Kirchner ser niega a firmarlo”, dice una nota en el diario Clarín, abriendo un compás de espera. Argentina está calificado como aliado extra OTAN de los EEUU.

HGE – Ah, claro. Es una decisión que viene de la época de Menem. No fue una decisión de Argentina, sino de EEUU en la época del presidente Menem.


Antecedentes

Jueces

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón

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