PARAGUAY INVESTIGA FORMA Y DESTINO DEL VACIAMIENTO

“Lo del Grupo Velox no fue
una quiebra inevitable”

Fiscal experto en delitos económicos, Adolfo Marín: Sería inconcebible tal “desprolijidad” en un banco que manejaba millones de dólares, documentos que no aparecen, contabilidades que no llegan, balances que no son tales, auditorías inexistentes y en su lugar presuntos informes verbales sobre “la marcha de los depósitos”... Todo eso fue concertado para que, ante una quiebra, no se pudiera identificar los bienes. Creo que hay dinero oculto en alguna parte, pero no tenemos medios para ubicarlo.


EN PERSPECTIVA
Jueves 24.07.03, 09.00.

EMILIANO COTELO:
¿Cuáles fueron las maniobras que terminaron con el vaciamiento del Trade & Commerce Bank (TCB)? ¿Cuáles fueron los mecanismos a través de los cuales se esfumó el dinero de los ahorristas? ¿Cuánto dinero se fue, y dónde está? ¿Es posible obtener respuestas a estas preguntas? Vamos a conversar con el fiscal paraguayo Adolfo Marín, quien se encuentra en Montevideo desde el domingo para interrogar a cuatro de los ex directivos del TCB.

Usted ya estuvo en agosto del año pasado aquí por el mismo caso; recuerdo que lo entrevistamos en aquel momento. ¿Por qué vino nuevamente a Uruguay?

ADOLFO MARÍN:
Estamos en otra fase de la investigación. Hemos ampliado la imputación que inicialmente versaba sobre los señores Juan y José Peirano, además de otros directivos del Banco Alemán (BA) en Paraguay. En ese sentido hemos iniciado una investigación contra estos ciudadanos uruguayos a los que ahora les estoy tomando la declaración investigatoria, con la venia respectiva del doctor Pablo Eguren.

EC - Recordemos que el grupo Velox, o grupo Peirano, también tenía actividad bancaria en Paraguay, con el BA, que usted mencionó recién al pasar, ¿no?

AM - Sí, efectivamente. Al momento en que fue intervenido el BA era aparentemente una de las entidades de mayor solvencia en Paraguay, con la mejor calificación y con el mejor rango en el país.

EC - ¿Qué otras empresas en el rubro financiero tenía el grupo?

AM - También tenía fondos mutuos, una financiera, acciones en el supermercado Santa Isabel y otras empresas que ahora no recuerdo.

EC - ¿Concretamente a quiénes está interrogando usted en estos días en Montevideo?

AM - A partir del martes hemos comenzado con el señor Javier Carlevaro, posteriormente ayer se le tomó la declaración al señor José Iraola y continuaríamos mañana con la señora María Inés Ferrés y el señor Gonzalo Arancibia.

EC - Pasemos en limpio: ¿cuál es la situación de estas personas en Uruguay?

AM - Según tengo entendido ellos no tienen ninguna cuenta pendiente con la Justicia uruguaya ni están procesados.

EC - Eso es lo que me parecía, por eso le pedía la precisión. ¿qué status judicial les corresponde en Paraguay?

AM - Están indagados, se ha formado una causa judicial. Quisiera aclarar que en Paraguay es el Ministerio Público el que lleva la investigación, a diferencia de lo que ocurre en Uruguay. También es bueno aclarar que en el transcurso de mi investigación he solicitado el sobreseimiento provisional de estos ciudadanos uruguayos.

EC - ¿Puede explicar brevemente cómo opera la Justicia paraguaya para investigar un caso como este?

AM - Inicialmente llega una información al Ministerio Público por vía de una denuncia; en este caso la denuncia en su momento sobre la operativa y aparentes irregularidades del BA vino de la mano de los mismos directivos del banco. Tras una carta que el señor Juan Peirano les había facilitado, ellos se acercan a la Fiscalía y manifiestan que fondos prendados por el BA en Estados Unidos y en Suiza estarían congelados, lo que obviamente afectaría los activos del banco. A raíz de eso se inicia la investigación.

El Ministerio Público tiene seis meses para finalizar la investigación, plazo que en causas de suma complejidad puede prorrogarse seis meses más. Al cabo de un año la Fiscalía tiene que tomar una decisión, y tiene tres opciones: una de ellas es formular acusación, pero significa que ya se tiene la certeza de que las personas han cometido el delito; otra opción es solicitar el sobreseimiento definitivo, lo que implica la certeza de su no participación; y la tercera, que es la que corresponde a estos ciudadanos uruguayos, es la falta de certeza esperando la incorporación de nuevos elementos. Ese es el estatus actual de estas personas en Paraguay.

EC - Si entiendo bien, es un sobreseimiento provisional.

AM - Efectivamente. No tienen ninguna acción penal en su contra, ni existe ningún pedido de detención por mi parte; quería aclarar perfectamente esto, ya que el término “procesado” en Paraguay significa algo diferente de lo que significa en Uruguay.

EC - ¿Qué características tienen estos interrogatorios que usted inició? ¿Se hacen con la Justicia uruguaya?

AM – Sí; son declaraciones indagatorias que se hacen en virtud de un pedido efectuado hace aproximadamente un mes y medio; la Justicia uruguaya ha sido muy diligente, hay que destacarlo. En virtud del protocolo de San Luis, ratificado y canjeado por Uruguay en 1996, solicité la declaración indagatoria de estas personas, además de otras diligencias que se están cumpliendo en este momento, como por ejemplo el acceso a las actuaciones judiciales aquí en Uruguay y la copia autenticada de todas y cada una de ellas.

EC - ¿Quién interroga a estas personas?

AM - Según la legislación uruguaya, quien dirige la indagatoria es el juez; también está presente el fiscal de la causa, el doctor Rafael Ubiría. Yo obtengo todos los cuestionamientos y preguntas que quiera hacer vía mi colega, el doctor Ubiría.

EC - O sea que usted formalmente no interroga, sino que traslada las preguntas al fiscal uruguayo.

AM - Claro, él toma como suyas todas las preguntas que yo hago, por una cuestión de respeto a las formalidades procesales de Uruguay.

EC - Estos interrogatorios ¿siguen durante toda la semana?

AM - Hoy aparentemente hay un recargo de trabajo en el juzgado ya que tienen varias declaraciones, creo que el fiscal tiene una audiencia hoy, por lo tanto las demás declaraciones pasaron para mañana.

EC - ¿Qué elementos vino a buscar usted con esta serie de actuaciones en Montevideo?

AM - La idea básica es que la operativa del Banco Montevideo (BM) con TCB era igual a la que manejaba el BA con el TCB.

EC - ¿O sea?

AM - El volumen de las operaciones aparentemente es diferente; aparentemente en Uruguay era más importante que en Paraguay (nuestra economía también es mucho más chica que la de ustedes). Pero el impacto financiero fue tremendo en Paraguay, como me imagino que lo fue también en Uruguay. Teníamos establecido el circuito del dinero hasta Paraguay, es decir hasta cuando la persona iba, efectuaba una inversión vía BA, que la trasladaba al TCB, pero no sabíamos o no teníamos certeza específica de adónde iba a parar el dinero de los depositantes paraguayos. Creo que el panorama se está aclarando relativamente y estamos llevando información, gracias también a la colaboración de todas estas personas indagadas.

EC - El vaciamiento del TCB del lado paraguayo es de unos 55 millones de dólares, ¿no?

AM - 55 millones de dólares es lo que tenemos documentado. Aquí hay que hacer la aclaración pertinente de que entendemos que la documentación hallada no es toda, que no está completa; tenemos cruzamientos que nos permiten suponer que al menos en su momento se llegó a manejar un volumen cercano a los 80 millones de dólares. El gran inconveniente que tenemos en Paraguay es que los grandes inversores, es decir aquellas personas que tenían montos significativos de dinero depositados en el TCB, no se han acercado a la Justicia –tendrán sus motivos–, por lo tanto no podemos llegar a determinar el volumen absoluto de todas las operaciones y la cantidad de dinero que pudo no haberse honrado.

EC - Usted dice que los grandes inversores no se han presentado a la Justicia…

AM - No, no se han presentado.

EC - De acuerdo a lo que en su momento trascendió, se trata de nombres muy conocidos de la esfera política, económica e incluso artística paraguaya.

AM - Sí, así es; además han tenido sus implicancias. El día que hacemos un allanamiento en el local del BA nos encontramos con que varios funcionarios públicos tenían certificados de depósito por sumas realmente multimillonarias, entonces se ha formado una investigación en cuanto a ello. En nuestro país existe el delito de enriquecimiento ilícito por parte de los funcionarios públicos; a raíz de esa documentación se derivó también en la investigación y el procesamiento de funcionarios públicos que tenían todo ese dinero que obviamente no podrían justificar, ni el mismo se compadecía con los ingresos que percibían en su calidad de tales.

EC - Volviendo al TCB y cómo jugaba en el esquema del grupo Velox, usted dijo ayer en una entrevista que publicó el diario La República: “Todas las empresas del grupo Peirano eran pequeñas cajas de donde se iba quitando dinero cuando se necesitaba, hasta que llegó un momento en que colapsó. La bolsa grande era TCB…” (y agrega algo más sobre lo cual voy a preguntarle más adelante). ¿Cuál es su interpretación de cómo operaba esta maniobra?

AM - El escenario que nosotros creemos que ocurrió… Porque la Fiscalía propone un escenario hipotético en base a los elementos de prueba con los que cuenta. En mi país la investigación ha terminado, hemos solicitado la elevación a juicio oral y público para que la posición del Ministerio Público pueda ser debatida, puedan ser ofrecidas las pruebas y lógicamente, en nuestro convencimiento, solicitar la condena de los directivos paraguayos. Conforme a la manera en que se desarrollaron todas estas operaciones existió mucha irregularidad en ellas, tal es el caso de que el TCB en Paraguay no contaba con una oficina de representación, los depositantes paraguayos no eran advertidos de que las operaciones efectuadas no estaban supervisadas por la Superintendencia de Bancos del Paraguay, por lo tanto no podían gozar eventualmente de la reparación estatal. En nuestro país existe una ley que establece que hasta un cierto monto –creo que son U$S 5.000– el Estado se encarga de cubrir las pérdidas que en su momento hayan tenido los depositantes.

Aparte, el grupo Velox tenía una mecánica que nos fue confirmada en las declaraciones respectivas, cuando hemos consultado si el BA pagaba acreencias con sus propios fondos a depositantes del TCB, si era una práctica habitual en las empresas del grupo Velox. Nos lo han confirmado, entonces el escenario hipotético que en su momento habíamos trazado ahora ya tiene más certidumbre.

EC - ¿O sea?

AM - Que efectivamente así operaba, que cuando una de las empresas del grupo Velox requería algún tipo de dinero para ir efectuando algún pago que estaba retrasado por tal o cual motivo, efectivamente así se hacía. Para dar un ejemplo concreto, cuando se ingresó en una moratoria de pago a clientes del TCB, el BA dispuso de su propio patrimonio para pagarles a esos clientes del TCB. Fue una operación cercana a los 9 millones de dólares; al día de hoy el TCB no ha devuelto ni siquiera el 50 por ciento de la misma.

EC - ¿Puede repetir cuándo ocurrió esto que está mencionando?

AM - Los pagos a clientes del TCB ocurrieron este año, tengo entendido que entre marzo y abril, y existen partidas pendientes de cobro –me imagino que incobrables a esta altura– por 4,5 millones de dólares en una sola de las operaciones.

EC - Usted agrega: “La bolsa grande era TCB, pero hoy en día hay un punto en la investigación al que estamos apuntando, creo que en forma homogénea con la Justicia uruguaya, y se refiere a los grandes amigos financieros que tenía el TCB, que podrían haber sido los canales de dispersión del dinero”.

AM - Así es.

EC - Esta frase suya francamente me llamó la atención, me gustaría pedirle algún elemento más, entender a qué se está refiriendo.

AM - Cuando se moviliza una gran cantidad de dinero necesariamente tiene que haber canales de ingreso del mismo y por donde pueda salir el efectivo. En este sentido ninguna empresa que se precie de seria en el mundo podría no tener inversiones en otras empresas que se dediquen a otro rubro; cuando hablo de la dispersión del dinero también debo hablar de la dificultad para encontrar específicamente esos canales de dispersión, a más de tener sospechas. No hay que olvidar que la mayoría de las empresas en las que tenía sus fondos la familia Peirano, eran empresas cuyas sociedades estaban constituidas por acciones al portador; más fácil hubiera sido si hubieran existido acciones nominativas. Existen grandes operaciones financieras que ellos efectuaron en el año 2002 –no quiero mentir la fecha–, existieron transacciones, hasta donde tenemos entendido, de venta de acciones de supermercados por parte del grupo de la familia Peirano por otro grupo mundial de reconocida solvencia en el ramo, que por ejemplo fue Royal Ahold.

EC - En la misma línea: aquí en Uruguay, en las etapas previas a la quiebra del BM, el grupo Peirano puso a disposición del Banco Central en garantía, por ejemplo, acciones que tenía en algunas otras empresas de nuestro país.

AM - Pero que estaban prendadas; las acciones de Disco, por ejemplo.

EC – No; me refiero a otro tipo de sociedades en las que participaba: shoppings, por mencionar algún ejemplo. Hay algunas empresas en las que ellos mismos han admitido su participación, al punto de que han llegado a colocar acciones en garantía. ¿Usted habla de otras empresas: a qué se refiere con eso de “grandes amigos financieros que tenía el TCB, que podrían haber sido los canales de dispersión del dinero”? ¿Otras empresas no identificadas hasta ahora?

AM - Sí. Quiero aclararlo perfectamente: tenemos dos o tres empresas identificadas primariamente, que no se dedicaban específicamente, como entidades financieras, a la captación de fondos y a la generación de lucro por esa actividad; son empresas holandesas y de Luxemburgo. Creemos que esas empresas formaban parte de los grandes amigos financieros a los cuales hacemos alusión, con los cuales de una u otra manera existía connivencia de las autoridades del grupo Peirano. Para ser más específico, existe, por ejemplo, una investigación que se está iniciando en Estados Unidos contra los bancos BBH y Deutsche Bank; se cree que existió un concierto gestado entre esos dos bancos y la familia Peirano para la obtención de préstamos mediando la prenda de los fondos del BA. Con eso soy bien específico, a eso también me estoy refiriendo como otros de los amigos financieros. Entiendo que también se está gestando una investigación criminal en contra de estos bancos en Estados Unidos.

EC - Las operaciones que derivaron en el perjuicio a los ahorristas de las instituciones financieras del grupo Velox, según la interpretación, la investigación que usted ha venido desarrollando, ¿implicaban una premeditación de vaciamiento, de conformar algo que podríamos sintetizar como una estafa? ¿O fueron, como han sostenido en más de una ocasión allegados a los integrantes de la familia Peirano involucrados en estas empresas, “manotazos”, “decisiones desesperadas que hubo que tomar en determinadas circunstancias”, como consecuencia de todo lo que había venido ocurriendo en la región a partir de la crisis argentina, las dificultades por las que estaban pasando las empresas del grupo, el sistema financiero, etcétera?

AM - Creemos que no, definitivamente. Para ello basta sencillamente hablar de la desprolijidad, de la irregularidad con la que se manejaba operativamente el TCB, por medio de una empresa denominada Latinur que tenía su sede en una zona franca de Uruguay. Cuando hicimos nuestras indagaciones preguntamos a las personas que declararon: “¿Quién llevaba la contabilidad de Latinur?”; “Tal persona”; “¿Quién auditaba la contabilidad?”; “Teníamos una cierta auditoría, pero se informaba posteriormente, se reportaba al señor José Peirano”; “¿Cómo se reportaba?”; “No, yo le manifestaba más o menos cómo estaba el tema, cómo estaban los créditos”; “Pero dígame por lo menos si ustedes tenían un estudio del perfil del cliente, de las inversiones”; “Sí, de repente los grupos de negocio de Paraguay, de Uruguay o de Argentina nos enviaban la marcha de las operaciones”…

O sea, una desprolijidad tal en un banco que manejaba millones de dólares, documentos que no aparecen, contabilidades que no llegan, balances que no son tales... No existe balance de 2001 de TCB como tal. Cualquier banco que se precie de serio debería estar –mucho más cuando se considera un banco de primer rango– auditado permanente y totalmente. Partimos de la base de que toda la irregularidad y desprolijidad a las que hice alusión fueron un concierto como para que en el peor de los escenarios tampoco pueda ser hallada toda la infraestructura de ese banco. Hoy en día creo que tenemos razón, ya que todos los bancos del grupo Velox están, si no en estado de liquidación, por lo menos en estado de intervención. El TCB de Islas Caimán hoy tiene cero peso; Islas Caimán ha concurrido a Paraguay y Uruguay y ha solicitado dinero a los depositantes paraguayos para poder iniciar la investigación de dónde está el dinero. Es decir que todas las premisas o todas las suposiciones que teníamos se están convirtiendo en realidades.

EC - Según lo que usted ha logrado reconstruir, ¿hay dinero procedente de lo que fue el grupo Velox disponible en algún lado? ¿El dinero se perdió como consecuencia de todas estas dificultades por las que atravesaron estas empresas? ¿O hay dinero retenido en alguna parte?

AM - Yo creo que hay un dinero retenido en alguna parte. No olvide que en estas investigaciones ni la Fiscalía paraguaya ni la Justicia uruguaya tenemos la infraestructura, la envergadura, la capacidad económica como para poder trasladarnos a otros puntos de América donde la investigación puede ser mucho más extendida. Es bastante precario, yo le cuento que solamente tengo cinco funcionarios con los cuales estoy trabajando, entonces tratamos de hacer lo que da toda nuestra infraestructura. Me hubiera gustado trasladarme a Estados Unidos, a Luxemburgo, a otros países para hacer un circuito del dinero, pero eso es prácticamente imposible; entonces, dentro de la precariedad de infraestructura con la que nos manejamos solamente podemos llegar a este tipo de hipótesis. En el caso de Paraguay nuestras hipótesis ya están plasmadas en una acusación.

EC - ¿Cuáles son los delitos de esa acusación?

AM - Con relación a las personas que están sujetas al proceso, acá se hace la diferenciación: hay delitos de lesión de confianza, que significa que los directivos del BA sabían perfectamente que los fondos de ese banco estaban prendados y a pesar de ello no alertaron a las autoridades paraguayas. Ese falseamiento en los balances posicionó ficticiamente al BA como una entidad de primer rango, cuando si se hubiera hecho balances serios, los activos de esa entidad lógicamente hubieran bajado y por ende la entidad tampoco hubiera podido captar con tanta asiduidad como captaba con la imagen que obtuvo.

También entendemos que se cometió una estafa contra los depositantes del TCB. Para nuestra legislación existió un engaño por parte del BA, lo que indujo un error a los depositantes y provocó perjuicio patrimonial en los mismos y un beneficio patrimonial para el TCB.

También tenemos la producción mediata de documentos públicos de contenido falso y la declaración jurada que se refiere específicamente a las presentaciones de los balances, tiene la implicancia que ya te había referido.

Aparte tenemos otro delito que se llama conducta indebida en situaciones de crisis. Nuestra legislación la prevé para toda aquella empresa que removiera u ocultara parte de su patrimonio ante una situación inminente de iliquidez o de insolvencia respecto de las deudas que pueda llegar a tener.

Es un abanico grande que estoy tratando de resumir; son los delitos por los cuales hemos acusado a los directivos del BA.

EC - ¿Están acusados todos los hermanos Peirano Basso?

AM - No, y hay que hacer la aclaración. El señor José Peirano Basso está procesado por la Justicia uruguaya, existe un pedido de extradición de la Fiscalía paraguaya, que no se ha resuelto todavía, está mediando un dictamen del ex fiscal García Altolaguirre; por otro lado el señor Juan Peirano está prófugo y no está sujeto a la Justicia paraguaya. Para los dos el proceso está suspendido, no corre el plazo porque en mi país si a los tres años uno no tiene una sentencia firme y ejecutoriada se extingue la acción del Ministerio Público y la persona queda en libertad.

EC - En definitiva hemos hablado de Juan y José Peirano.

AM - Así es. Los que fueron acusados son los principales directivos subsiguientes a los señores Juan y José Peirano.

EC - ¿O sea?

AM - El señor Ricardo Castillo, el señor Fernando Sorrentino y el señor Francisco Peterly, que eran directores y gerentes del BA.

EC - ¿Usted está gestionando o insistiendo en estos días en Montevideo en los trámites para la extradición de José Peirano?

AM - Sí, hemos tenido conversaciones con el embajador, al cual le hemos puesto sobre la mesa todos los antecedentes del caso. Entendemos que nuestra pretensión está jurídicamente bien formulada y entendemos, creemos y confiamos que la Justicia uruguaya va a hacer lugar a nuestra petición.

EC - ¿Cuál de las dos Justicias tiene prioridad? En teoría, si es condenado, José Peirano debería cumplir primero la condena aquí en Uruguay, para recién después ser juzgado en Paraguay.

AM – Sí. Esa lógicamente es una consideración que va a quedar a cargo de la Justicia uruguaya.

EC - Pero también ocurre que el tratado entre los dos países le da prioridad a la Justicia en la cual los delitos investigados sean más graves.

AM - En nuestro caso son más graves; acá tienen una expectativa de apenas cinco años y en la nuestra de 12.

EC - ¿Entonces?

AM - Por eso es que creemos firmemente que se va a acoger en forma conveniente la proposición paraguaya.

EC - ¿O sea que se lo va a extraditar a Paraguay?

AM - Es lo que esperamos. Pero independientemente de que sea resuelta una cuestión diferente, el proceso allá está suspendido si se entiende que no se debe dar la extradición. Pues bien, es una decisión de la Justicia uruguaya a la cual respetamos sobremanera; una vez que cumpla la condena tendrá que ir a rendir cuentas a Paraguay.

EC - Usted dice que en este trámite concreto, el pedido de extradición de José Peirano, hubo de por medio un fallo del fiscal García Altolaguirre.

AM - Así tengo entendido.

EC - Fiscal que ahora, usted lo sabe bien, está procesado por actos de corrupción relacionados con su función.

AM - Sí.

EC - ¿Qué implicó ese fallo en primera instancia; una denegatoria de la extradición?

AM – No. Hay que entender que nosotros como fiscales sólo dictaminamos; eso significa que en nuestra opinión –por lo menos hasta donde tengo entendido– en la Justicia uruguaya no es vinculante; en mi país la decisión de procesamiento de una persona sí es vinculante, si el fiscal procesa a alguien el juez solamente tiene que notificar ese procesamiento. Tengo entendido que la extradición como tal no ha sido resuelta; se le ha corrido vista al fiscal García Altolaguirre, el mismo ha contestado…

EC - Claro, pero en principio respondió negativamente...

AM - Así es.

EC - ...y después él mismo fue procesado. Entonces, el escenario cambia.

AM - La verdad es que yo me excusaría de opinar sobre esa situación, de la cual no tengo conocimiento.

EC - Ya que usted también mencionó a Juan Peirano, en la entrevista que se publicó ayer en el diario La República usted dice que sabe dónde está.

AM - Quisiera aclarar (le agradezco muchísimo la oportunidad que me da y estoy a las órdenes para cualquier otra ocasión en la que así se requiera) que ante la requisitoria del periodista, cuando el mismo me formula la pregunta de si yo sabía dónde estaba Juan Peirano, le dije: “Sí, sabe que tenemos bastante información al respecto”.

EC - Nos dejó a todos intrigados…

AM - El intrigado fui yo cuando leo ayer La República y veo que en primera plana se manifiesta, creo que textualmente: “Yo sé dónde está Juan Peirano”.

EC - Usted no había dicho exactamente eso; es la puntualización que está realizando.

AM - No, más vale, si hubiera sabido exactamente dónde está hubiera pedido la extradición.

EC - El diálogo, tal cual se publicó, dice: “¿Han tenido novedades del paradero de Juan Peirano?”. Usted responde “Sí”. “Según su información, ¿dónde está?”; y usted responde “No le puedo decir”.

AM – Lógico: sería una irresponsabilidad de mi parte echar por tierra eventualmente, si es una información certera la que estamos manejando, todas las investigaciones que se están efectuando.

EC - Pero usted tiene datos de dónde estaría, entonces…

AM - Sí, más vale. Como los tiene la Justicia uruguaya.

EC - ¿Y qué hace con esos datos?

AM - Esos datos tienen que ser corroborados, tienen que ser previamente cotejados para darles certeza o validez. Imagínese que a mí, en el transcurso de un año me han dicho 10, 12 o 15 veces “Está en tal lugar”. En un momento dado llegó a resultar una locura porque trabajamos con la gente de Interpol, se le daban los datos y posteriormente resultaba una información que no pasaba de ser unas cuantas palabras al viento. Solamente que en este momento hemos llegado a informaciones bien estudiadas; lógicamente, si la información no fue absolutamente corroborada no hemos pedido la extradición. Yo no le puedo decir: “Juan Peirano se encuentra en la estancia La Lolita, a 37 quilómetros de Carrasco, a la izquierda de un semáforo”. Si así hubiera ocurrido hubiera sido el primero en pedir la extradición.

EC - Pero usted dice que tiene una pista firme que está siendo investigada.

AM - Sí.

EC - Con la colaboración de Interpol.

AM - Sí, con la colaboración de varias… Sí.

EC - ¿De varias…?

AM - Este… De varias instituciones.

EC - ¿Incluso uruguayas?

AM - …Me reservo la contestación.

EC - Le agradezco su participación.

AM - Le agradezco yo. Quiero dejar bien aclarado que la situación de los ciudadanos uruguayos en mi país es indagada y hemos solicitado sobreseimiento provisional, también en honor a la petición que me habían efectuado estas personas en el transcurso de las audiencias que ya se han dado y al daño que pudieron haber sufrido eventualmente, con más énfasis por parte del señor Carlevaro.

EC - Usted se refiere a las personas que está interrogando en estos días.

AM - Así es.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón

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