BCU al Parlamento por ventas de los Röhm

Diputado Víctor Rossi (EP-FA): La Arcadia es sólo uno de los casos, porque también comprobamos que se está comercializando Química Estrella en Argentina. Pero se abre una interrogante sobre el destino de los otros bienes de colaterales y testaferros de los Röhm, así como de los Peirano.



EN PERSPECTIVA
Martes 29.07.03, 07.35.

EMILIANO COTELO:
Continúan las derivaciones de la venta de propiedades de los hermanos Rohm, accionistas del quebrado Banco Comercial. La semana pasada entrevistábamos al abogado de los depositantes, doctor Miguel Loinaz, quien afirmó que los responsables de proteger a los damnificados se han dedicado a cualquier cosa menos a eso, y que los ahorristas van a reclamar al Banco Central por su omisión. Luego de eso, el tema ha entrado en la agencia parlamentaria, y varios legisladores consideran "inadmisible" lo ocurrido, que definen como "una nueva falla en los controles"

ALFREDO DANTE:
Las autoridades del Banco Central del Uruguay (BCU) fueron convocadas por la comisión investigadora del sistema financiero para que expliquen cómo fue posible la venta del casco de la estancia La Arcadia, perteneciente a una sociedad anónima vinculada al grupo Röhm, pese a los procesos de liquidación de los bienes del antiguo Banco Comercial por parte de la entidad monetaria. Es más, el propio ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry, podría ser llamado a responsabilidad política por la izquierda en caso de que las explicaciones no satisfagan a los miembros de la comisión investigadora.

La comisión decidió ayer la nueva citación, a pesar de que había resuelto comenzar la redacción de los informes con las conclusiones sobre la tarea que desarrolló por casi un año. Ese aspecto quedó para más adelante.

EC - La comisión investigadora de la Cámara de Representantes aprobó ayer la propuesta de convocar a las autoridades del BCU, que encabeza Julio de Brun, a los integrantes de la sala de abogados y a la comisión liquidadora de los bienes del ex Banco Comercial. El cuerpo sesionaría en forma extraordinaria el 18 de agosto, para que informe sobre la liquidación de los bancos y sobre la venta de bienes de sus ex propietarios.

AD – Mientras tanto, el Banco Central llevará a cabo acciones judiciales para hacerse de una parte del producido de la venta del caso de la estancia La Arcadia, que no había sido embargada. Esos fondos serían destinados a pagar las indemnizaciones por despido de los ex empleados de Ediguay, una empresa de los banqueros procesados que prestaba servicios informáticos al Banco Comercial.

El presidente del Central, Julio de Brun, admitió ayer que la entidad no había trabado embargo sobre la propiedad en razón de que sus autoridades desconocían que era propiedad de los Röhm. Explicó que se pidió a la Justicia un embargo genérico sobre las propiedades de los hermanos, pero “el problema es que aparentemente no hay activos a nombre de ellos”, dijo, sino que éstos se encuentran bajo la titularidad de sociedades y testaferros. “Identificarlos y relacionarlos con los Röhm ha implicado una serie de investigaciones y allanamientos a estudios jurídicos para tratar de demostrar que los activos en cuestión son efectivamente propiedad de alguno de ellos”, hizo.

La Arcadia figura a nombre de una sociedad anónima llamada Baniplan, por lo que no pesaba sobre ella ninguna acción cautelar. La venta de 128 hectáreas de ese inmueble, que tuvo lugar el mes pasado, por un valor de U$S 250 mil, vino a saberse porque el Central pidió el allanamiento del estudio contable que maneja esa sociedad después de saberse que la empresa de informática Ediguay tenía una participación accionaria en la estancia. En ese allanamiento pudo encontrarse los títulos de propiedad de la estancia y su venta parcial.

El vicepresidente del Central, Miguel Vieytes, dijo al diario El Observador que, hasta que se accedió a los títulos de propiedad, no había forma de comprobar que La Arcadia fuera de los banqueros. Añadió que los hermanos Röhm desarrollaron una operativa “bastante sofisticada” en base a sociedades y testaferros, lo que dificulta identificar los bienes de su propiedad.

De Brun afirmó que el Central “debe mantener un delicado balance entre tratar de hacer que determinados bienes que uno presumen que son de determinadas personas sean embargados, y lo que es el respeto de los derechos de propiedad, y tratar de no cometer injusticias”.

EC – Como decíamos, uno de los disparadores de esta convocatoria que acaba de efectuar la comisión investigadora fue la venta del casco de La Arcadia, una estancia en el departamento de Colonia que no había sido embargada por el Banco Central.

El planteo fue efectuado por el miembro denunciante, el diputado Víctor Rossi, de la Alianza Progresista (EP-FA), con quien estamos ahora en comunicación. Usted escuchaba la reseña que hacíamos de las explicaciones que dieron ayer el presidente y el vicepresidente del Banco Central respecto a por qué se actuó como se actuó en el caso de La Arcadia, por qué esa propiedad no fue embargada. ¿No le resultan satisfactorias esas explicaciones?

VÍCTOR ROSSI:
No. A esta altura, esas explicaciones que usted leyó me son absolutamente insuficientes, como deben serlo para todos los uruguayos. No sabía que la reunión se había fijado para el 18 de agosto...

EC – Estamos tomando esa información de los diarios de hoy.

VR – Todavía no tengo la información oficial. Y le quiero comentar que hicimos ayer esta propuesta de convocatoria extraordinaria en función de la sorpresa que recibimos todos los integrantes de la investigadora al recibir la noticia de la venta de la estancia, pero la verdad es que, aún sabiendo que hay mucho trabajo, que la Comisión de Hacienda y la de presupuesto se están reuniendo por la Rendición de Cuentas, me parece que el 18 de agosto es una fecha demasiado lejana para esta comparecencia. Creo que el Banco Central debería ser el que más interés tuviera en concurrir rápidamente al Parlamento a esclarecer cuál ha sido su actuación. El Central ha estado muy celoso, incluso ante la convocatoria de distintos funcionarios, para estar presentes y dedicar tiempo al trabajo de la Investigadora. Me da la impresión de que, cuando hay un tema como estos, que involucra directamente al banco y a los funcionarios a cargo de la liquidación, debería ser el más interesado en esclarecer esto que ha generado tanta inquietud. Por lo tanto, me parece demasiado tiempo.

EC – O sea que queda pendiente ese aspecto, la fecha de comparecencia, que no sé si podrá corregirse; supongo que habrá motivos para concretarla para un momento lejano, como dice usted: faltan tres semanas. Pero ¿respecto al fondo del asunto?

VR – Realmente, me siento incluso responsable: me vi sorprendido por esta noticia, porque di por hecho que los bienes de los Röhm, incluso a los funcionarios que actuaban en estrecha vinculación con ellos, las empresas vinculadas que fueron favorecidas en la defraudación comprobada, y sobre cuyas operaciones se ha avanzado ya en el detalle, que todas esas empresas, testaferros, empresas vinculadas, estarían vigiladas por el Banco Central y la comisión legisladora y, en lo que la ley autoriza, deberían estar embargadas.

EC – Usted vio lo que dijo el presidente del BCU: “debe mantener un delicado balance entre tratar de hacer que determinados bienes que uno presumen que son de determinadas personas sean embargados, y lo que es el respeto de los derechos de propiedad, y tratar de no cometer injusticias”.

VR – Justamente: si es eso lo que debe hacer, no lo logró; créame que no lo logró porque hace dos meses todos sabíamos que había procedimientos dirigidos a este establecimiento, que en toda la prensa de la capital y de Colonia se daba como perteneciente al grupo de los Röhm. La verdad es que debemos sentirnos todos burlados cuando nos enteramos de que se haya practicado ese procedimiento, que a lo mejor tiene ser revertido.

Incluso, nos transmite la inseguridad de qué está pasando con otros bienes. Del propio comentario que usted leía, el Central analiza las dificultades pero ¿ante las dificultades, qué? Este es un fenómeno que ya tiene un año largo de conocimiento. Entonces, se suma a otras cosas que han sucedido y que para nosotros no han tenido respuesta satisfactoria, tanto en el caso del Banco Comercial...

EC - ¿Qué hechos?

VR – Por ejemplo Comercial Investments, una institución que realizaba negocios off shore; participó en varias maniobras que permitieron el vaciamiento del Banco Comercial. No estaba autorizada por el Central, era una organización clandestina, y el año pasado, cuando se detuvo a Röhm y el Ministerio de Economía logró la sustitución de algunos directores del viejo Banco Comercial, inmediatamente ese nuevo directorio, supuestamente respondiendo al gobierno uruguayo y al BCU, devolvió casi U$S 88 millones a depositantes en esta institución. Con ello, indudablemente, canalizó por ahí parte de la asistencia y del esfuerzo que hacía el gobierno uruguayo en esos días. Aunque le parezca mentira, esto se concretó inmediatamente, en los meses de febrero, marzo, abril y algo de mayo de 2002. Esta es otra gran interrogante que tenemos: U$S 88 millones.

Creyendo que eran elementos de excepción y no lo normal, la comisión investigadora estuvo analizando las denuncias hechas públicas por el contador Julio Kneit respecto a cómo se habían tratado las garantías patrimoniales presentadas en su momento por los Peirano, y qué había hecho el Banco Central. Analizó qué ocurrió con algunas empresas, como la terminal de Tres Cruces y en particular una empresa de transportes, donde se autorizó la transferencia de acciones de familiares del grupo, cuando en ese caso no había ninguna dificultad en identificarla como una empresa vinculada al grupo Peirano.

Eso lo analizamos en su momento, porque creíamos que eran casos de excepción, que merecían una explicación, o procurar comprender situaciones particulares. Ni soñamos que en cualquiera de los casos de los directores que estaban en liquidación no se partiera de un embargo lo más genérico posible, no sólo de los directores sino de los jerarcas, las empresas vinculadas, personas tratadas preferentemente, que indudablemente están bajo sospecha de ser un conjunto económico, y que la única manera de preservar los intereses del país es procurar, primero que nada, impedir el vaciamiento.

EC – Esos son algunos de las preocupaciones que van a estar sobre la mesa cuando comparezca el directorio del BCU en la comisión; no sólo el caso de La Arcadia.

VR – Desde luego que este fue el caso que nos alertó, nos sorprendió, y le repito me hace sentir muy tonto, porque no se nos ocurrió profundizar en cómo estaban tratando este tipo de casos. Hoy tengo la incertidumbre de qué está pasando, qué se está haciendo, qué iniciativas se está tomando para impedir el vaciamiento de las empresas vinculadas. Porque, también como consecuencia de la venta de La Arcadia, tomamos conocimiento (los propios ciudadanos nos hacen llegar noticias) de que en la prensa argentina están saliendo reiteradamente avisos para la comercialización del paquete accionario de Química Estrella, otra de las empresas que nadie duda de que pertenezca al grupo...

EC – Lo mencionaba el viernes pasado el doctor Loinaz, cuando lo entrevistábamos a esta hora.

VR – Claro. Yo pedí que se bajara de Internet la información que pudiera haber, y aparecieron una serie de comunicados de prensa en Argentina, con referencia a la venta de porcentajes del paquete accionario. La verdad es que debemos estar todos muy preocupados sobre cómo se está procesando esto, porque las cifras multimillonarias del fraude pueden no haber terminado todavía.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón

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