“TODA UNA HISTORIA DE ASOCIACIONES FRACASADAS Y PROMESAS INCUMPLIDAS”

Referendum sobre Ancap:
los argumentos contra la ley

Delegado del Frente Amplio en la Comisión de Defensa de Ancap, Carlos Coitiño: Puede asociarse con privados, pero es inconstitucional cederle la gestión, que debe ser pública. No existe un marco regulatorio, porque el gobierno no tiene una política energética: ¿cómo conciliar el interés de lucro privado con el interés público y la defensa de un modelo productivo? Los combustibles no son caros porque Ancap sea estatal, sino por la mala gestión y porque vierte sus utilidades al tesoro central.

EN PERSPECTIVA
Martes 29.07.03, 08.50.

EMILIANO COTELO:
Las firmas alcanzaron. Finalmente habrá referendum sobre la ley que habilita a Ancap a asociarse con petroleras del exterior. Todavía no está la fecha de la votación obligatoria, pero se supone que será a fines de noviembre, principios de diciembre. Empezamos a recorrer, entonces, cuatro meses durante los cuales este tema se discutirá intensamente.

Y, como la ley fue promulgada hace un año y medio, es probable que mucha gente no recuerde con precisión su alcance, sus virtudes y sus defectos. Vale la pena, entonces, tratar de comenzar a ordenar los argumentos de una y otra parte. Nos ocuparemos de ello En Perspectiva. Ya habrá tiempo para los debates, pero hoy les proponemos una primera entrevista, en este caso con quienes impugnan la ley.

El diálogo será con Carlos Coitiño, delegado del Encuentro Progresista - Frente Amplio (EP-FA) en la "Comisión de Defensa de Ancap" (CDA), que fuera la impulsora de la recolección de firmas.

CARLOS COITIÑO:
Esperamos que esta posibilidad de comunicación sirva fundamentalmente desde el punto de vista de clarificación, del porqué de las cosas y para aclarar una serie de oscuros que lamentablemente no fueron puestos a consideración de la ciudadanía previo a la votación de la ley. Este formidable esfuerzo de 685 mil ciudadanos que utilizan un derecho constitucional que la democracia directa establece posibilita que hoy nuestro país abra un debate sobre un tema realmente trascendente.

Ancap es una empresa que factura alrededor de U$S 1.000 millones anuales, y es la empresa más grande de nuestro país. Es propiedad de todos los uruguayos y vaya si los uruguayos tenemos derecho a decir, a opinar y a expresar en el voto ciudadano qué es lo que queremos hacer con ella.

Contribuir a abrir la cabeza de los uruguayos en el acto responsable que tienen que ejercitar, esa es la razón de nuestra presencia aquí.

EC - Algunos datos sobre nuestro invitado de esta mañana. Tiene 66 años de edad, es dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo y, por ejemplo, fue director de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) durante la administración encabezada por el doctor Tabaré Vázquez.

CC - Exactamente.

EC - Vamos a algunas preguntas. El acto de lanzamiento de la campaña por la derogación tuvo lugar el martes pasado en el salón de fiestas de la IMM. Hubo varios oradores y llamó la atención la variedad de argumentos que manejaron para pedir el voto a la población: desde temas relacionados con la ley en sí, hasta referencias a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, pasando por condenas al sistema capitalista y críticas a la política económica de este gobierno. Parece que ustedes mismos, en la comisión, no quedaron del todo satisfechos con esa dispersión de argumentaciones.

CC – Sí. Hicimos una innovación en la relación con el público que habíamos venido desarrollando hasta ahora. Previo a cualquier acto de relación con la ciudadanía hacíamos un trabajo de síntesis, porque la CDA está integrada por distintas organizaciones sociales y políticas y no es fácil, en la expresión de un discurso, hacer una síntesis de las distintas tonalidades que cada organización tiene frente a la realidad nacional.

EC - En este caso no hubo una proclama, no hubo un documento representativo de la comisión.

CC - No hubo proclama ni un trabajo previo de coordinación que articulara los distintos discursos; fue sobre todo porque la actividad era de doble propósito. Creo que los medios dieron valor fundamentalmente al aspecto del lanzamiento; para nosotros, que valoramos tremendamente el esfuerzo de la ciudadanía en las 685 mil firmas, era el derecho al festejo de esa ciudadanía, porque poder expresar soberanamente la voluntad de participación en una decisión es un aspecto muy importante. Siempre recuerdo que en las últimas elecciones algunos partidos gastaron muchos millones de dólares en propaganda para lograr la adhesión de, de repente, 450 mil ciudadanos; y esta campaña de recolección de firmas no contó con respaldo económico como para amplificar esa tarea a través de los medios de comunicación, sin embargo 685 mil ciudadanos expresaron su voluntad de participar.

EC - Usted aclara, entonces, que lo del martes pasado fue más bien un festejo.

CC - Exactamente.

EC - Y como festejo admitía la catarsis, que cada uno eligiera el tono.

CC – No: admitía fundamentalmente que cada organización, que hizo una enorme contribución eligiera, con autonomía, el tono. Pero después, como tenía un doble propósito, cuando lo valoramos entendimos que de repente esa oportunidad, que por suerte contó con muy buena presencia de los medios, nos quitó el aprovechamiento de la comunicación con la ciudadanía, de dar mayor espacio, mayor énfasis, a todos los aspectos de la ley que son los que motivan nuestra existencia; como comisión existimos porque entendemos que la ley es absolutamente inconveniente en una perspectiva de país.

EC - Este fin de semana usted aclaró que la CDA tiene pendiente para los próximos días definir la columna vertebral de su discurso. El oyente puede preguntarse: ¿Cómo puede ser que todavía no esté definida la columna vertebral del discurso, cuando pasó un año y medio desde la promulgación de la ley, cuando se hizo toda la campaña de recolección de firmas, etcétera?

CC - El tema que está planteado es que nosotros vamos a tener dos espacios de comunicación con la gente: por un lado el que generosamente nos brindan ustedes, a través del cual llegamos a un número indeterminado y no preciso de público que recibe el mensaje; ahí necesitamos un discurso unificador para que no se creen niveles de confusión en la ciudadanía en cuanto a dónde están los acentos principales de nuestro planteo.

Pero tenemos otra forma claramente prevista en el plan de campaña, que es el contacto uno a uno con la ciudadanía, tratando de hacer un esfuerzo de tracción a sangre, digo yo, en contacto directo con el ciudadano, en su casa, donde la necesidad pasa por un espacio mucho más amplio pero mucho más controlado: nos pregunta sus dudas y respondemos a ellas.

Son dos formas de comunicación bien distintas. En la del acto sentimos, en la primera valoración que hicimos el viernes pasado, que podríamos haberla aprovechado un poco más.

EC - ¿En qué habría que haber centrado la línea argumental?

CC - Tendríamos que haber hecho más hincapié en los elementos de la ley.

EC - Aquí entramos a uno de los nudos del debate previo al debate, a lo que se ha estado discutiendo estos días entre, por un lado representantes colorados, blancos y del Partido Independiente (PI), que tienen una posición muy firme a favor de la ley de asociación de Ancap y quienes la cuestionan. Se les reclama a quienes la cuestionan que la discusión se centre en la ley, ya que lo que va a votarse en noviembre o diciembre es si la ley sigue o no, que no se agreguen otras cuestiones, por ejemplo la política económica o la gestión del gobierno. ¿Qué dice usted en ese sentido?

CC - Nuestro pensamiento está apuntando a algo que esperamos se sintetice en la CDA. Unimos algunos aspectos que tienen que ver con el destino de Ancap a las políticas económicas que cada uno está pensando que son las más adecuadas para nuestro país, hoy sumergido en una enorme crisis que no es ajena a las políticas definidas. Además hemos tratado de transmitir que, desde el punto de vista del gobierno y sus aliados, la política económica y el papel de los entes autónomos tienen una unidad; y si para ellos tienen una unidad, van a adjudicar a los entes autónomos una jerarquía en su accionar que sea realmente dependiente de esa política.

Le doy algunos ejemplos. Las necesidades que el gobierno ha tenido en materia de sus compromisos internacionales han llevado en alguna medida a que los entes autónomos sean –más allá de la suerte de su gestión– como una fuente proveedora de fondos; esto tiene un papel enorme y trascendente en el papel que cumplen las tarifas. ¿Qué hace usted en una empresa privada? Cumple un ejercicio, hace un balance y después decide qué hacer con las utilidades en cada oportunidad, si las reinvierte, si las distribuye, o lo que fuera. ¿Qué está pasando hoy en las empresas públicas? A partir de las definiciones de la Oficina de Planeamiento del Ministerio de Economía se les impone un traslado previo al tesoro nacional –por designarlo de alguna manera–, porque tiene compromisos, ya sean presupuestales o del orden que sean. La empresa no va a jugar con las mismas reglas de mercado de cualquier agente privado: va a tener que cubrir de cualquier manera eso que traslada.

EC - A partir de un ejemplo como este, la comisión deduce que la ley de asociación de Ancap está indisolublemente unida a la política económica y que por tanto habrá que discutir esa política económica en estos meses previos al referendum.

CC - Va a estar directamente vinculada, aunque no se mencione; se va a buscar un papel de Ancap en el marco de esa política. Voy a darle un ejemplo, simplemente para aclarar más, para que esto no sea interpretado como algo para ensuciar el partido...

EC - ...o un recurso fácil para lograr el voto de la gente, apostando a un voto castigo al gobierno del doctor Batlle.

CC - Después hablamos de eso. Quería precisar lo siguiente: desde el gobierno del doctor Lacalle hasta, ahora quienes han estado en el gobierno, los directamente elegidos y sus aliados, han definido con mucha precisión, frente a planteos primero del FA y después del Encuentro Progresista (EP) reivindicando el legítimo derecho (respaldado por los votos de la ciudadanía) de actuar en los directorios de los entes autónomos, siempre contestaron que no le correspondía ese lugar en tanto la política económica –primero del FA y luego del EP– era absolutamente contraria a la del gobierno, y que entonces la izquierda iría a los directorios a llevar o a tratar de propugnar políticas que iban a estar en contradicción con el papel que ellos les asignaban a los entes autónomos. Eso es así y creo que no le hace bien al mejor dominio de la ciudadanía que ambas cosas no estén interconectadas.

EC - Entonces ustedes van a aprovechar, a partir de ese razonamiento, a jugar a favor con la disconformidad de la gente con los resultados económicos de este gobierno del doctor Batlle. En seguida me contesta esta pregunta. Ahora sí vamos a la pregunta que le dejaba planteado.

CC - El voto castigo es una consecuencia, fundamentalmente, de una instancia en la que el voto es obligatorio, donde van a participar más de dos millones de ciudadanas y ciudadanos que, cuando vayan a introducir la papeleta del SÍ para la anulación de la ley, van a estar pensando en un montón de cosas, como lo hacen en una elección nacional cuando ingresan al cuarto secreto para poner su voto: en éste resumen su visión del país y de las políticas que se están desarrollando.

EC - Pero una cosa son las razones por las cuales alguien termina votando y otra es que se busque ese tipo de motivos para llamar al voto.

CC - Su pregunta anterior apuntaba a la relación de las políticas de Ancap con la política económica. Quiero darle un par de ejemplos.

Quizás la ciudadanía no tiene suficientemente claro que el gobierno ya estaba incurso en asociaciones, que ésta de la que trata la ley no es la primera. Entonces cuando uno juzga no se está se expidiendo sin una experiencia anterior, tenemos dos ejemplos de asociación de la misma Ancap, aunque hay tres que podemos considerar.

Primero tenemos el ejemplo de asociación de Ancap con Sol Petróleo, en Argentina. Al día de hoy, 250 millones de dólares ya han entrado en un fondo perdido e incluso está en curso la posibilidad de que la gestión haya estado contaminada por acciones penales, por eso tanto senadores blancos como del EP remitieron a la Justicia Penal todos los antecedentes de la investigadora sobre esos negocios.

EC - Esos 250 millones de dólares son una cifra discutida…

CC - Podemos decir 200, 100; no es el tema, por lo menos en este momento no es mi interés, aunque tenemos elementos para probar hasta dónde llegó esto.

¿Dónde fue definida esa política? No fue definida por el Parlamento: los controles no existieron, ni el parlamentario ni el del Tribunal de Cuentas; recién después de tres años de gestión y ante reiteradas gestiones se remitieron los elementos al Tribunal de Cuentas. 250, 210, 200… no es la cuestión –quiero aclararle al oyente–, en otro momento con mucho gusto traemos los elementos objetivos que precisan en qué entorno está la cifra.

Cuando nos prometen que a partir de la ley van a hacer una política que va a rebajar las tarifas para beneficio de la ciudadanía, pregunto: la propia Ancap, destinando esos 250 millones de dólares que yo manejo al costo operativo… porque nadie crea que salieron de una bolsa indeterminada, salieron de la acumulación a la que los negocios del ente contribuyeron, ya sea por endeudamiento financiero o por ganancias económicas. El tema de la rebaja del costo del combustible al público es bien interesante, pero no para ofrecerlo como la zanahoria a la ciudadanía, para que corra detrás, porque esta administración no ha tenido la capacidad, no es confiable desde el punto de vista de que pueda asegurar lo que promete.

Hay muchas experiencias. Usted debe recordar las promesas incumplidas de 1999: no impuestos, no rebajas… ¿Entonces cómo la ciudadanía no va a vincular un aspecto con el otro? La ciudadanía compara la credibilidad de estas acciones, que son en realidad una declaración de amor hacia adelante, con la de otras declaraciones de amor anteriores. Indudablemente ese es un tema.

Pero hay un segundo tema. Ancap se asoció con una firma escocesa para la producción de alcohol. ¿Sabe qué pasó con esa firma escocesa? Hizo perder cinco millones de dólares a Ancap; se fue, se llevó todo el programa de clientes y les está vendiendo a esos clientes que acumuló históricamente Ancap.

Entonces hay ejemplos, eso implica mucho más que la política de Ancap. Porque cuando vamos a otros entes, por ejemplo OSE, tenemos el tema de Uragua, en Maldonado, donde hubo una política económica que entregó a la actividad privada una gestión, un servicio público que estaba ofreciendo –naturalmente por su calidad, por su concepto– un ente autónomo para ofrecerle a la ciudadanía mejor calidad y mejor servicio. Lo de Uragua no es hoy el motivo, pero es otro ejemplo.

Entonces vamos a discutir la política económica y el papel de los entes, sí, porque el pueblo tiene derecho a saber qué se ha hecho en esa materia.

EC - En el FA, por ejemplo, hay sectores o dirigentes que apoyan la ley, como Astori o Seregni; ¿eso quiere decir que están compartiendo ese tipo de política económica o ese manejo de las empresas del Estado?

CC - Esa es una interpretación absolutamente suya, yo no estoy diciendo eso. Sería mejor que ellos mismos dijeran cómo hacen parar separar la política económica del comportamiento.

Quiero aclarar una cosa: el FA define el contenido de su discurso el próximo 9 de agosto. Los compañeros Seregni y Danilo Astori son dirigentes nacionales; allí vamos a ver cuál es su posición. No tengo ninguna duda de que los dos saben muy bien lo que son líneas de acción comunes y van a actuar en absoluta consonancia con la fuerza política que democráticamente definirá un posicionamiento en el tema.

***

EC - Hemos comenzado con una serie de preguntas por fuera de la ley, estrictamente hablando, y me gustaría que en el final habláramos de la ley, al menos de manera breve, y de los cuestionamientos que se focalizan en la misma.

Como usted mismo marcaba al principio, la asociación que permite esta ley no sería la primera de Ancap; ya hubo otras. En este caso concreto se habilita la asociación con petroleras porque la sociedad incluirá en su objeto desarrollar, en un plazo máximo de 30 años, actividades de importación, exportación y refinación de petróleo; distribución, exportación y comercialización de productos refinados; e importación de refinados –de combustible– a partir del 1º de enero de 2006.

¿Qué es lo que ustedes objetan en esta ley?

CC - El primer aspecto es de carácter constitucional. La ley 8.764, del 15 de octubre de 1931, creó el ente autónomo Ancap y le adjudicó un papel en materia de importación, refinación y distribución de combustible; ese papel fue definido por el constitucionalista como un servicio público.

El servicio público lleva en sí mismo una relación con el ente, el agente económico que lo lleve adelante. Es muy importante –lo dejo sugerido– que se solicite la opinión del catedrático doctor Cassinelli Muñoz, porque él establece con mucha precisión uno de los primeros aspectos contradictorios de la ley, que es el hecho de confundir la tenencia del 51 por ciento de las acciones, más allá de que las mismas sean un 48 por ciento para la acción y se preserve un 3 por ciento para unas acciones de oro que sólo pueden ser utilizadas en torno a decisiones en relación a aspectos de carácter estratégico. Está claro que la gestión va a pasar mayoritariamente a manos de la empresa petrolera.

EC - El artículo 3º dice que Ancap tendrá la mayoría accionaria de la sociedad creada, sin perjuicio de que podrá encomendar la gestión al socio en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley, etcétera.

CC - Primer desafío para quienes piensan que hay que preservar la ley: que digan cómo se ha actuado desde que se votó la ley. No se está diciendo mucho de cuáles son las propuestas que el Directorio de Ancap, al cual se le trasladó un cheque en blanco para armar la propuesta, qué ha estado haciendo, porque a partir de las informaciones que tenemos ha estado ofreciéndole a cualquier candidato a asociarse la conducción mayoritaria por la vía de tres gerencias generales sobre cuatro a designar, si bien para contrabalancear, en las sugerencias incluye un subgerente general. Todos sabemos que en cualquier administración la pirámide funcional es de arriba hacia abajo y que un gerente general pesa mucho más que un subgerente general en la estructura de funcionamiento de una empresa.

EC - Usted comenzó con un argumento de tipo constitucional y yo lo interrumpí cuando estaba remarcando que de hecho la gestión de la nueva sociedad va a estar en manos del privado. ¿Entonces?

CC - En opinión del doctor Cassinelli Muñoz, que es la fuente más rica de interpretación de la Constitución, de ninguna manera Ancap puede entregar el dominio de la gestión; puede hacer actividad privada, pero no puede entregar la gestión a terceros de la actividad privada. Eso haría que este artículo 3º, en las condiciones en que está establecida la participación del privado, no de coparticipación como poder minoritario sino de participación con poder de decisión mayoritario, como se está estableciendo al día de hoy, sea inconstitucional porque repele las exigencias que el carácter de servicio público le impone a la relación del Estado con el capital privado.

EC - O sea que hay un primer cuestionamiento de tipo constitucional a este artículo 3º.

CC - Sí.

EC - Queda saber por qué no se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad entonces.

CC - Usted sabe que en nuestro país el manejo tradicional de los recursos de inconstitucionalidad lleva dos o tres años y después, cuando se produce el pronunciamiento, afecta primero a la persona que se presentó, que es la que tiene el derecho a hacerlo, pero no es fuente de derecho, aunque sí, por analogía, después se puede tomar decisiones comparables a esa. Teníamos el problema de que, desde el punto de vista constitucional el ejercicio de la democracia directa, que para nosotros era tremendamente importante, porque organiza y hace más madura a la sociedad, tenía un tiempo. Tuvimos que optar. Lo cual de ninguna manera anula el hecho de que la opinión del constitucionalista doctor Cassinelli Muñoz tiene una enorme fuerza. Supongo que quienes defienden la ley tienen que tener en cuenta a ese referente, porque no es cualquiera. Si lo dijera yo, seguramente cualquiera podría decirme “Estás inventando”, pero quiero que alguno de los que redactó la ley debata, anule los fundamentos del doctor Cassinelli Muñoz. Esa es una tarea de los medios, más que mía, pero me parece realmente trascendente porque nuestra cultura cívica no necesariamente incorpora a nivel masivo –porque no ha habido transparencia, no ha habido formación suficiente– al dominio de la ciudadanía, todos sus derechos constitucionales; a veces el tema de la Constitución y las leyes es para los doctores.

EC - Hay entonces un primer argumento que apunta a una aparente inconstitucionalidad del artículo 3º. ¿Qué más? Hoy tenemos poco tiempo para la ley estrictamente; esta es la primera entrevista que estamos haciendo, de modo que le pediría que fuera a lo fundamental de la objeción.

CC - No tengo más remedio que hacerlo ordenadamente, por el público y por mí, porque el tema tiene varias zonas que podemos analizar. Voy a ir a la segunda, porque voy de lo general a lo particular.

El tema de la asociación con el dominio del capital privado nos plantea un problema para este Uruguay que hoy está afectado por una enorme crisis y que necesita políticas de Estado para ir generando situaciones que vayan modificando favorablemente la situación que está viviendo la mayoría de la ciudadanía.

EC - Dos precisiones antes de continuar. La ley le otorga a Ancap la mayoría accionaria en la sociedad; la habilita a ceder la gestión al privado, pero en cuanto a las acciones la mayoría es para Ancap.

Y en el artículo 4º se aclara que la participación de Ancap en la gestión asegurará que las decisiones estratégicas de la sociedad cuenten con su consentimiento; y se especifica cuáles son las decisiones estratégicas.

CC - Que no son todas.

EC - ¿Entonces?

CC - Uno de los temas fundamentales es el papel que cumple la materia prima, de la cual no somos productores, que tiene que ver con el 50 por ciento de la conformación del precio final de venta. En ese sentido –no está en la ley– se crearía un comité de control, por lo que en realidad el ente autónomo Ancap haría un control desde afuera sobre si se compra bien o mal. Pero no hay –y ese es un reclamo en el que hemos insistido desde antes de que se votara la ley– un marco regulatorio de cómo se combinan desde el punto de vista del interés público dos problemas que son contradictorios. El Estado está obligado a legislar, a actuar, a gobernar en función de los intereses de toda la ciudadanía; la actividad privada está obligada a actuar –porque son las reglas de juego– con un objetivo de lucro individual. ¿Cómo compagina usted esos intereses que se enfrentan después, cuando somos consumidores, para poder resolver que se defienda al consumidor y que ello conviva con el espíritu, el objetivo de lucro de la actividad privada? No hay marco regulatorio.

Además, en el país aproximadamente el 56 por ciento de la energía se produce a partir del petróleo; intervienen otros actores, por ejemplo UTE en la misma actividad pública, y en la actividad privada Gaseba y alguna otra ahora, con motivo del ingreso del gas natural. El Estado hace una enorme cantidad de inversiones para que después ese capital privado tenga el gas dentro de nuestro territorio para poder vender.

La carencia de un marco regulatorio tiene elementos determinantes porque un país que no tenga una estrategia energética –y el nuestro no la tiene, no por culpa de quienes estamos tratando de anular la ley, sino de quienes han gobernado y no han entendido su importancia– no puede de ninguna manera colocarse relacionando el papel de la energía con el desarrollo productivo. Y sin desarrollo productivo no habrá ese Uruguay que todos queremos. Segundo componente que nos parece tremendamente importante.

Ya estuvimos tocando el tercer elemento, que es el papel, el poder de gestión. Alguien tiene la obligación de decir y defender por qué le da la mayoría de la gestión al capital que viene, sobre todo cuando ese capital no está poniendo un mango. Vamos a entender bien: se transformó la refinería y va a estar pronta dentro de tres o cuatro meses, se invirtieron 120 millones de dólares vendiendo a futuro combustible con endeudamiento que vamos a pagar todos. Por ahí ha trascendido que al capital que viene, ahora, después de la ley, se le va a pedir que busque financiamiento para los 120 millones de dólares y para adelante para 60 millones de dólares destinados a mejorar la calidad de la oferta de gasoil. Eso es a futuro, no está comprometido, no surge de la ley.

Nosotros decimos que la ley está llena de tantos claroscuros que genera algo que los dueños de Ancap tenemos derecho a saber, “el pueblo tiene derecho a saber de qué se trata”: el pueblo tiene derecho a saber cuál es la estrategia posterior, porque la ley en principio le da un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para que actúe, a un Poder Ejecutivo que no se ha caracterizado por su transparencia frente a la ciudadanía.

Gracias por esta posibilidad. Nuestro compromiso con la opinión pública es que no estamos dispuestos a ocultar lo que ustedes, oyentes y ciudadanía en general, tienen derecho a saber porque queremos que el día que pongan el SÍ no lo hagan sólo por un elemento de voto castigo –como usted dice–, sino por mil razones que hacen que la defensa de Ancap sea la defensa del país.

Antecedentes:
El futuro de Ancap en debate

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón

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