Fin de la concesión a Uragua

Director de OSE Alberto Casas (P. Nacional): La empresa ha incumplido, pero negoció directamente con el Poder Ejecutivo, salteándose a OSE, y obtuvo modificaciones ventajosas al contrato. OSE no está en condiciones de hacerse cargo de las obras ni de solucionar los problemas de la otra concesión (Aguas de la Costa). El Ejecutivo sabrá cómo solucionarlo.

EN PERSPECTIVA
Miércoles 30.07.03, 07.35.

EMILIANO COTELO:
El retiro de Uragua es otro de los temas que vienen arrastrándose desde hace semanas, meses. ¿Se cancela o no el contrato de concesión? Ahora surgen novedades desde el Poder Ejecutivo, aunque todavía falta un tiempo para que se concrete algo.

ALFREDO DANTE:
Al comienzo fue por el atraso en el pago del canon, luego por el atraso en el cronograma de obras. Por estas horas, el gobierno busca una “salida ordenada” para que la empresa española se desvincule de las tareas de explotación del saneamiento y agua potable en el departamento de Maldonado.

Lo confirmó ayer el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Representantes, a la que concurrió acompañado por el directorio de la empresa estatal OSE. Pero aclaró que el contrato no va a caer automáticamente, porque habrá una etapa de transición.

EC – Estamos en comunicación con el doctor Alberto Casas, integrante del Directorio de OSE en representación del Partido Nacional. ¿Ustedes ya estaban al tanto de esta decisión del Poder Ejecutivo?

ALBERTO CASAS:
En lo personal, no. Recibimos ayer la posición del Poder Ejecutivo en esa sesión de la Comisión parlamentaria...

EC - ¿Se enteraron allí, cuando concurrieron con el ministro?

AC – Efectivamente. Tenemos que aclarar que nuestra posición –la del Partido Nacional y la nuestra propia desde que asumimos en el Directorio de OSE— ha sido la de exigir el cumplimiento del contrato de concesión, tanto en el pago del canon como en el cumplimiento de las obras. En eso hemos sido vigilantes durante todo este tiempo.

EC – Ya hubo una revisión del contrato.

AC – Claro. Durante todo este tiempo hubo un debilitamiento de la posición del concesionario, que se ha verificado en distintas etapas. Recuerde aquel insuceso con la calidad del agua potable en diciembre de 2001, cuando el Directorio de OSE resolvió por mayoría (el presidente y nosotros) solicitamos al Poder Ejecutivo la intervención de Uragua, también por incumplimiento en el calendario de obras; después, atrasos económicos; en diciembre de 2002 el Poder Ejecutivo instruyó a la mayoría del Directorio (nosotros votamos en contra) para que introdujera modificaciones al contrato en exclusivo beneficio del concesionario, sin ninguna contrapartida en beneficio de OSE ni de los usuarios...

EC – Modificaciones en torno a la forma de pago del canon.

AC – A la forma de pago del canon, a las garantías, la disminución de la tasa reguladora... Nosotros votamos negativamente porque entendimos que eso debía pasar al Tribunal de Cuentas y debía pronunciarse la oficina jurídica de OSE. Posteriormente, ambos informes consideraron ilegal la modificación (si bien el Tribunal de Cuentas no formuló una observación expresa porque no existía un gasto, observó esas modificaciones al contrato).

Y este 7 de julio Uragua presentó una nota manifestando su imposibilidad de continuar con el contrato, de cumplir sus obligaciones, dada la situación económica. Ante eso, el Directorio de OSE resolvió por mayoría que no renegociaría nuevamente el contrato; esa resolución pasó al Poder Ejecutivo, y ayer concurrimos a la comisión de la Cámara de Diputados, junto al ministro de Economía y el de Vivienda, el director de Planeamiento y las altas jerarquías que han negociado por encima de las facultades y la competencia estricta de OSE...

EC – En esas palabras suyas existe malestar.

AC – Es una realidad comprobada. Cuando se discutía la modificación del contrato en diciembre de 2002, en una sesión extraordinaria, y cuando nosotros esbozamos nuestro voto negativo hubo una llamada al Poder Ejecutivo citando al Directorio de OSE, y se terminó aceptando esas modificaciones.

EC – ¿Usted entiende que se avasalló las potestades de OSE en el manejo del contrato con Uragua?

AC – Yo digo que no fueron seguidos los pasos normales. Incluso Uragua lo reconoció en distintos contactos que tuvimos: que muchas veces no siguieron los caminos correctos, y que muchas veces hicieron by pass a OSE, hablando directamente con el Poder Ejecutivo.

EC – Lo cierto es que ahora se opta por ir a una cancelación del contrato, una “salida ordenada”, dijo el ministro Atchugarry.

AC – El ministro fue bien claro. A partir de esa nota del 7 de julio de Uragua, y la resolución del Directorio de no volver a renegociar el contrato, aquí hay dos caminos: o el litigio o una salida ordenada; el Poder Ejecutivo entiende que la segunda es la vía correcta, y se iniciarán los trámites (supongo que también a partir del Poder Ejecutivo, que es quien toma esta decisión) para esa salida ordenada.

EC – En la medida en que Uragua anuncia que no está en condiciones de cumplir con el plan de inversiones previsto en el contrato, estamos ante el incumplimiento de una de las partes. ¿El contrato no cae automáticamente?

AC – Fíjese que nosotros tenemos hace apenas 24 o 48 horas un informe de los técnicos que hicieron un relevamiento del atraso de obras. Hace mucho tiempo que venimos diciendo esto del atraso, incluso cuando se renegoció el contrato decíamos que OSE debió haber obtenido cosas a favor, como por ejemplo replantear el cronograma de obras, o negociar cosas para los clientes como la tasa reguladora o la cláusula de protección al cliente que sólo va hasta el quinto año... No negociamos nada para OSE ni para los clientes, sólo a favor del concesionario. Hace 48 horas la parte técnica de la comisión de contralor de la concesión (que integran representantes de OSE, de la Junta Departamental y la Intendencia Municipal de Maldonado, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto) nos entregó el informe sobre el atraso de las obras, y en estas horas lo estamos mandando a la oficina jurídica para que establezca si existen desviaciones en el pliego del contrato, para argumentar en la rescisión del contrato. Pero recién estamos en esa etapa. El ministro hizo estas puntualizaciones basándose en la propia carta de Uragua en que manifiesta su imposibilidad de pagar el canon y de continuar con el cronograma de obras como consecuencia de la coyuntura económica.

EC – Pero parecería que hay un incumplimiento claro de la otra parte, y que el contrato directamente cae. ¿Qué es lo que hay que negociar, entonces?

AC – Hay que tener un informe de la oficina jurídica de OSE que establezca claramente el incumplimiento del cronograma de obras previsto en el pliego.

EC – Ya Uragua no hace las obras a las que se había comprometido, ¿quién las hace? Porque OSE se hará cargo nuevamente del servicio de saneamiento y agua potable en Maldonado, pero no tiene la plata para invertir U$S 140 millones, que era lo que estaba previsto a lo largo del período de concesión.

AC – En materia de agua potable, Uruguay ha tenido dos experiencias que no son de las mejores. No olvidemos que Agua de la Costa, al Este del arroyo Maldonado, si bien ha realizado la obra, hoy tenemos un problema de tarifas con los clientes de esa zona que pagan un cargo fijo excesivo; la tarifa es prácticamente impagable. Es una concesión que fue votada por todos los partidos, y el Directorio de OSE se encuentra hoy con eso ya en marcha, con muy pocas herramientas para modificarlo, salvo a través de un subsidio para el cual el Directorio de OSE no tiene potestad. La otra concesión, Uragua en el resto de Maldonado, ha traído sucesivos insucesos como la calidad del agua, el canon...

EC – Pero la pregunta es quién hace las inversiones. Se fue por el camino de la concesión porque OSE no tenía dinero...

AC – Estamos de acuerdo. Por eso el Partido Nacional siempre ha dicho que esta herramienta de la concesión es válida, pero hemos tenidos dos malas experiencias. En el mundo existen experiencias positivas respecto a la concesión del agua, en las cuales se ha cumplido con las obras prometidas, pero no es este el caso.

EC – Y sigue pendiente la pregunta: ¿quién va a hacer las inversiones? Porque entran en juego nada menos que Punta del Este, Piriápolis, balnearios importantes en los cuales estas obras son vitales para poder continuar con la actividad turística que implica ingreso de divisas al país, etcétera. Hay tres caminos: que OSE haga las inversiones, sacando el dinero no sé de dónde; que se vaya a una nueva concesión; y tercero que no se haga las obras.

AC – El ministro dijo ayer en la comisión que el servicio volverá a cargo de OSE...

EC - ¿Entonces?

AC – Entonces me pregunto también si el Poder Ejecutivo tiene pensado volcar recursos para estas obras en Maldonado, para las cuales OSE no tiene recursos, como usted bien dijo, o si se buscará otra solución en el futuro.

EC – Pero en estos meses que han pasado desde que el tema Uragua está sobre la mesa, desde que se habla de la posibilidad de cancelar el contrato, ¿no hubo ninguna pista de cuál es la alternativa para las obras?

AC – Nosotros en lo personal, no. Pienso que capaz que el Poder Ejecutivo tiene alguna pista y por eso ha tomado esta determinación.

***

EC – Por un lado, quién se hace cargo de las obras. Por otro, la rescisión del contrato podría implicar un desembolso a muy corto plazo. Según el diario El Observador, según lo establece el propio contrato, si se produce una rescisión sin culpa (que es el camino que el gobierno está por recorrer), se deberá liberar la garantía de fe y cumplimiento, que son algo así como U$S 20 millones, y OSE deberá pagarle en 90 días el valor de los insumos que reciba de Uragua.

En esta modalidad de desvinculación, por caso fortuito o fuerza mayor que suponga la imposibilidad del cumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales convenidas, OSE deberá abonar en un año el valor no amortizado de las inversiones efectuadas y de los bienes afectados al servicio, adquiridos o construidos por el concesionario.

Es decir que no sólo habrá que hacer las obras no realizadas y que son vitales, sino que habrá que pagarle a Uragua las inversiones efectuadas en su porción no amortizada, y además los bienes afectados al servicio que fueron comprados o construidos por el concesionario.

Intendente de Maldonado, Enrique Antía: OSE asegura el agua, que ya está. Pero ¿quién hace el saneamiento, que es lo que se necesita urgentemente?

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón




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