MIENTRAS CAEN LOS SALARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

El Parlamento vota nuevo sistema
de ajuste salarial para funcionarios

Manuel Núñez (PS, EP-FA): Un porcentaje del IPC no es un privilegio, porque el resultado puede ser menor que para el resto. Es independencia del Poder Legislativo y rechazo a la política salarial del Ejecutivo. Luis Hierro López (P. Colorado) y Guillermo García Costa (P. Nacional): No se sustenta el argumento de revertir la política “procíclica”, limitada a unos pocos, si puede haber rebaja. Que se aplique el IPC desde el próximo gobierno.


EN PERSPECTIVA
Jueves 31.07.03, 08.50.

EMILIANO COTELO:
¿Cómo deben ajustar sus sueldos los funcionarios del Poder Legislativo? ¿Debe continuar el régimen vigente, según el cual el ajuste es por el 100 por ciento de la inflación y cada seis meses?

El tema está en debate desde hace meses y meses, pero ha ingresado en una etapa clave de su eventual dilucidación, porque hoy vence el plazo que tiene el Parlamento para aprobar su rendición de cuentas, y en ese proyecto está incluida una modificación al sistema de ajuste de salarios de sus empleados.

¿En qué punto se encuentra la polémica? ¿Hay alguna alternativa? Vamos a ocuparnos de este tema, respondiendo, entre otras cosas, a la expectativa que el mismo ha generado en distintas ocasiones en nuestra audiencia.

Ninguna de las dos cámaras consiguió anoche un acuerdo para fijar el reajuste de sueldos de los funcionarios y de algunas partidas que cobran los legisladores, con lo que se dio lugar a un cuarto intermedio hasta hoy, último día posible para aprobar el presupuesto de funcionamiento interno, según la normativa constitucional.

Tanto en el Senado como en Diputados, blancos y colorados presentaron ayer un artículo que establecía que los funcionarios reajustarían en el mismo monto y oportunidad que la Administración Central. Pero el rechazo de la bancada del Encuentro Progresista - Frente Amplio (EP-FA) a esa iniciativa impidió alcanzar la mayoría especial que se requiere, que es de tres quinto, o sea 19 votos en el Senado y 60 en Diputados. La falta de acuerdo llevó a que la Cámara alta aprobara un cuarto intermedio hasta la hora 16 de hoy. Si no se logra un acuerdo se mantendrá el criterio vigente, que es el de ajuste por 100 por ciento del Indice de Precios al Consumo (IPC) cada seis meses.

La posición de la izquierda ha resultado determinante en esta controversia. Para abordar el tema desde distintas opiniones, entonces, arrancamos escuchando al EP.

Senador Manuel Núñez, del Partido Socialista, ¿por qué el EP se opone a modificar el sistema de ajuste de salarios de los funcionarios del Poder Legislativo?

MANUEL NÚÑEZ:
No nos oponemos a modificar: estamos proponiendo una modificación del sistema de ajuste, porque el sistema hoy vigente (que obviamente tuvo unanimidad en la Cámara de Senadores y que rige no sólo para los funcionarios del Senado sino también para los de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo) ajusta por el 100 por ciento del IPC y nosotros estamos proponiendo un cambio en ese criterio, pero manteniendo la referencia al IPC.

EC - Antes de continuar, recordemos por qué esta discusión: simplemente porque la realidad del país lamentablemente ha dejado por el camino hace mucho tiempo los ajustes de salario por el 100 por ciento del IPC. En el sector privado, además de despidos, ha habido lisa y llanamente reducciones de salarios nominales. Pero cuando hay ajuste, cuando hay aumento de sueldos, en general, salvo alguna excepción –que debe haber–, éste no es de ninguna manera por el 100 por ciento del IPC, sino por fórmulas intermedias.

El Estado también ha ido abandonando el ajuste por el 100 por ciento del IPC que, si no estoy mal informado, hoy solamente queda en los funcionarios del Poder Legislativo y en algunas intendencias.

MN - Es cierto. A partir de 2002 el Poder Ejecutivo dejó sin efecto, por decreto, los incrementos en los entes públicos, que se hacían también con referencia al IPC. O sea que hoy quedan fundamentalmente el Poder Legislativo y algunas intendencias.

De todas maneras, esa no es la única forma de incrementar salarios. En los entes públicos, por ejemplo, existen partidas por alimentación y por productividad, que aumentan en mucho –muchas veces más que los límites del IPC– lo que corresponde a salarios.

EC - Esa es otra discusión, porque muchas veces el debate se centra en los salarios, en lo que figura en planilla, cuando en realidad la retribución real de un funcionario público en distintas dependencias es bastante más que eso.

MN - Exactamente. Acá se está diciendo que el EP-FA está defendiendo los salarios de los funcionarios del Poder Legislativo, pero no es así. Estamos proponiendo una fórmula intermedia, no una fórmula del 100 por ciento.

EC - Ustedes están de acuerdo en que no puede mantenerse el ajuste por el 100 por ciento del IPC.

MN - Sí, estamos de acuerdo en que en estas circunstancias no puede mantenerse el ajuste por el 100 por ciento del IPC. Por un lado estamos defendiendo la autonomía de un poder del Estado, como es el Poder Legislativo; no tiene sentido que un organismo del Poder Ejecutivo defina los incrementos salariales de los funcionarios del Poder Legislativo.

EC - Esa es la discrepancia central con el planteo que hacen colorados y blancos.

MN - Es una discrepancia fundamental. Creemos –y la Constitución así lo establece– que el Poder Legislativo, por ser un poder independiente (al mismo nivel que las intendencias, por ejemplo, que fijan sus propios salarios), debe ser quien fije los salarios de sus funcionarios y no el ministro de Economía, en forma arbitraria, sin ninguna regla preestablecida.

EC - Hoy los ajustes de los funcionarios de la Administración Central, así como los de otra cantidad de dependencias del Estado, se hacen en función de las disponibilidades de Tesorería.

MN - Sí, pero las disponibilidades dependen de las opciones que haga el ministro de Economía o el Poder Ejecutivo, porque si uno destina determinados dineros a determinados rubros, inversiones o gastos y después no le queda dinero para los salarios, es una opción política válida, pero creo que no es positiva desde el punto de vista económico.

No estamos de acuerdo con la política salarial ni con la política de jubilaciones que está llevando adelante el Poder Ejecutivo, entre otras cosas porque es una política procíclica. En definitiva está haciendo un ajuste de gastos a través de la licuación de salarios y jubilaciones, destinando lo que le va quedando a otros rubros, no a los salarios. Esto es fundamental, tiene que ver con la reactivación del mercado interno, porque si no hay poder adquisitivo en la población, no hay mercado interno.

No estamos defendiendo el sueldo de los funcionarios del Palacio Legislativo sino el criterio de independencia del Poder Legislativo y un criterio que creo que es absolutamente válido, aún en momentos difíciles como estos, que es la aspiración de que la población mantenga el poder adquisitivo y por lo tanto es buena una referencia al IPC.

EC - Entiendo el argumento que usted maneja en cuanto a preservar o tratar de preservar la autonomía presupuestal del Poder Legislativo, pero hay otro argumento en juego aquí, que es la solidaridad, la igualdad de condiciones. Es un hecho que una enorme cantidad de funcionarios públicos está ajustando hoy con el criterio que fija el Poder Ejecutivo, que como hemos mencionado en general implica ajustes mínimos y por lo tanto está perdiendo poder adquisitivo en sus salarios. ¿Por qué, en estas condiciones tan difíciles para todos, los del Poder Legislativo van a quedar al margen de esa circunstancia? Estoy hablando de una igualdad que resulta lógica en circunstancias duras como estas.

MN - Estoy dispuesto a la igualdad en términos generales si eso se hace por ley y con criterios diferentes de los del Poder Ejecutivo. No estoy de acuerdo con la política salarial del Poder Ejecutivo, que de alguna forma es de restricción del mercado interno, de pérdida del salario real de los funcionarios del Estado y por ende, por su incidencia en el conjunto de la economía, de pérdida grande del poder adquisitivo del conjunto de la población y de disminución de la potencialidad del mercado interno. Nos parece fundamental que el mercado interno se revitalice y por lo tanto, si bien hoy no es posible aumentar por el 100 por ciento del IPC, sí es posible subir mucho más allá de ese 3 por ciento que les dieron en enero a los funcionarios, con una licuación, una pérdida del poder adquisitivo general de los asalariados de este país de más del 20 por ciento en un solo año.

EC - Pero si usted reajusta en el Poder Legislativo más de lo que se ajusta en la Administración Central…

MN - No estoy defendiendo eso: estoy defendiendo usar un criterio racional…

EC - Pero buscando que el ajuste sea mayor que el de la Administración Central.

MN - Buscando que el ajuste tenga como perspectiva no perder poder adquisitivo en términos generales. Estoy hablando para el total de la población de los trabajadores, no para los funcionarios del Poder Legislativo.

EC - Pero el tema se está laudando en el Poder Legislativo…

MN - El tema se está laudando en el Poder Legislativo y nuestra fórmula para los próximos seis meses o para el próximo año seguramente puede dar un aumento menor que la fórmula del Poder Ejecutivo.

EC - ¿Cómo es eso?

MN - No es un problema de más o de menos, porque nuestra fórmula del 80 por ciento en los próximos meses seguramente resultará en un incremento menor para los funcionarios del Poder Legislativo que la fórmula del Poder Ejecutivo. Lo que no queremos es la igualación con los criterios definidos exclusivamente, en forma arbitraria en cada momento, por el Poder Ejecutivo, sin reglas claras. Yo estaría dispuesto a hacer una ley para todos los funcionarios del Estado que estableciera una regla general para el incremento salarial, en períodos y porcentajes, de acuerdo a algún parámetro concreto como el IPC u otro; pero con una regla clara, que no dependa del arbitrio del Ministerio de Economía o del Poder Ejecutivo en cada caso.

***

EC - Usted quería agregar algo muy breve.

MN - Sí. Como se precisan 19 votos en el Senado para aprobar esta rendición de cuentas, si uno parte de la base de que no tiene los votos necesarios y que si no se alcanza un acuerdo en definitiva todo sigue como está, aumentando por el 100 por ciento del IPC tanto los salarios como la partida de gastos de secretaría, que va atada al salario de los funcionarios. Nos parece increíble que no haya voluntad de diálogo y de acuerdo por parte de las fuerzas políticas. Nosotros estamos dispuestos a no mantener exactamente nuestra fórmula, a llegar a fórmulas de transacción…

EC - O sea que ustedes podrían bajar de la aspiración del 80 por ciento del IPC.

MN - Sí, al 75 por ciento, y a poner, por ejemplo, una cláusula gatillo que considerara el aumento del Poder Ejecutivo, si el mismo es más beneficioso para los trabajadores que el nuestro, y viceversa. Estamos dispuestos a negociar y conversar. Nos parece muy malo para el sistema político y para las instituciones Palacio Legislativo y Poder Legislativo que no nos pongamos de acuerdo simplemente por cuestiones de imagen electoral, porque este tema obviamente no es simpático para la población en general. Buscar acuerdos y buscar una solución transaccional cuando se sabe de antemano que no están los votos necesarios para una ni otra fórmula es la sensatez que le pido al sistema político.

***

EC - Dialogamos ahora con el presidente del Senado y vicepresidente de la República, Luis Hierro López.

Quiero saber cómo observa las derivaciones que ha tenido la propuesta que usted hizo, la de que los salarios de los funcionarios del Senado, en este caso, reajustaran, de ahora en adelante, en las mismas oportunidades y con el mismo criterio que los funcionarios de la Administración Central.

LUIS HIERRO LÓPEZ:
Con mucha tristeza. Yo personalmente creo que las bancadas en general hemos hecho un esfuerzo muy grande por mejorar, no solamente el comportamiento sino la imagen del Poder Legislativo: hemos bajado notablemente los gastos del Poder Legislativo, hemos transparentado toda la gestión, y estos pequeños asuntos ponen otra vez al Palacio Legislativo en la picota de la opinión pública, que está muy indignada con algunas diferencias que pueda haber.

Francamente no advierto argumentos de fondo en la posición del Frente Amplio (FA), creo que éste se ha enredado en una especie de telaraña propia de la cual no puede salir. Lo lógico y mucho más democrático sería que el EP-FA busque un acercamiento a la posición mayoritaria del Senado. Somos 18 senadores con una posición, esta de que el ajuste sea igual y parejo para todos, y 13 senadores con otra posición.

EC - 18 en la posición que usted encabeza, pero no alcanzan. Según la Constitución se necesitan tres quintos.

LHL - Sí, que son 19.

EC - Falta uno.

LHL - Yo escuchaba recién con mucho gusto al senador Núñez, diciendo que procuraba un acuerdo; tiene que ser la minoría decisiva la que posibilite ese acuerdo. En ese sentido se dice que ajustar de acuerdo al criterio del Poder Ejecutivo va en contra de la independencia de las cámaras, pero no es así.

EC - Sí, el argumento central por parte del EP-FA es que según el criterio que usted está impulsando, el Poder Legislativo vería menguada o directamente perdería su autonomía presupuestal, consagrada en la Constitución.

LHL - La autonomía presupuestal está muy bien, pero en uso de la autonomía de criterio uno puede establecer criterios de justicia. Los legisladores nos hemos votado ya una ley que obliga que nuestros ajustes sean iguales a los de la Administración Central, y nadie podrá decir que esa ley ha limitado la independencia de criterio de los legisladores del gobierno o de la oposición. Me parece un argumento francamente muy traído de los pelos porque la independencia política, la independencia de criterio no se basa en tener un peso más o un peso menos: se basa en problemas intelectuales, en las ideas, en la independencia para ejercer el control que la oposición tiene, por ejemplo. Por eso me parece que no hay un argumento.

En segundo término se habla de la necesidad de reactivar el mercado interno.

EC – Sí: el segundo argumento del EP-FA es que no se quiere convalidar la política salarial del Poder Ejecutivo porque se discrepa con su filosofía, entre otras cosas porque –dicen– es procíclica.

LHL - Alcanzaba con dejar esa constancia para salvar la idea, si es que a eso se refieren, y evitar una discriminación, porque con resolver el tema para los 400 funcionarios del Senado y los 700 de la Comisión Administrativa no vamos a cambiar el mercado interno. Este asunto no resiste análisis alguno.

EC - El EP-FA acepta que hay que cambiar el criterio de ajuste por el 100 por ciento del IPC.

LHL - Lo acepta ahora, porque en el ajuste anterior no lo aceptó, mantuvo la posición de ajustar por el 100 por ciento del IPC. Ahora busca una fórmula intermedia. Pero lo curioso de esa fórmula intermedia, como bien decía el senador Núñez, es que si hay poca inflación puede significar una rebaja importante en el salario de los funcionarios del Poder Legislativo. Incluso me parece –lo digo con respeto porque soy el presidente del cuerpo y debo buscar una solución– que hay un capricho, porque en el ajuste que hicimos en el semestre pasado el IPC fue del 6,9 y la Administración Central dio el 6; si hubiéramos aplicado el 80 por ciento del IPC para el Poder Legislativo tendríamos que haberle dado un 4 y pico, mucho menos del 6. Quiere decir que es cierto lo que se dijo ayer en sala: que este mecanismo es tan caprichoso, tan traído de los pelos que incluso puede significar, en un país con inflación contenida y baja, menor al 20 por ciento, como previsiblemente haya, rebajas en relación al resto de la administración.

EC - El senador Núñez reconocía que eso podía ocurrir. Insistía en que el fundamento principal para proponer otro criterio es que el Poder Legislativo se maneje con un esquema propio, que no quede atado a los criterios de la Administración Central.

LHL - Sí, pero reconoce que puede quedar atado al criterio de la Administración Central si ésta paga más del 80 por ciento del IPC. En ese caso la Administración Central es buena. Es todo un pastiche que se ha hecho, que no resiste el menor análisis. Ayer el Frente nos dijo que aceptaba la solución intermedia, según la cual si el ajuste en la Administración Central es superior al 80 por ciento del IPC, es buena. Ahí no hay independencia del Poder Legislativo, no hay mercado interno que valga. Es todo un asunto que no resiste análisis.

Reitero, tengo necesidad de procurar los acuerdos, lo cual he hecho en todo este tiempo, pero lamentablemente no he encontrado argumentos y razones.

EC - Recién decía el senador Núñez que incluso estaban dispuestos a flexibilizar ese número, el 80 por ciento del IPC, e ir al 75 por ciento, como forma de lograr alguna fórmula que implicara que se cambia el criterio actual.

LHL - ¿Con qué criterio el 75 por ciento: por qué el 75 y no el 70 por ciento, por qué no el 50 o el cero? No sé cuál es el criterio. Reitero, creo que no hay criterio. Lamentablemente, si no hay solución, se va a provocar una nueva discriminación que, más allá de que sea muy grande o muy chica, claramente es muy injusta. Hemos requerido un enorme esfuerzo a los funcionarios públicos, más esfuerzo les hemos requerido a los funcionarios del sector privado; ¿por qué razón, cuál es el motivo por el cual vamos a seguir manteniendo una diferencia para un grupo de funcionarios del Poder Legislativo, que claramente tiene otras situaciones de beneficios importantes –porque no hay duda de que en relación a otros sectores de la administración el Poder Legislativo está muy bien, no digo que sea el mejor pero está muy bien– e incluso va en contra de su prestigio y los pone otra vez en la crítica y en la picota?

EC - ¿Me permite incorporar al senador Guillermo García Costa, del Herrerismo, Partido Nacional (PN), para tener el tercer punto de vista en este debate?

LHL - Sí, cómo no.

***

EC - Senador García Costa, el PN compartió la moción impulsada desde la presidencia de la Cámara Alta.

GUILLERMO GARCÍA COSTA:
Sí, no sólo la ha compartido, sino que ha sido uno de sus proponentes. Hace tiempo que procuramos que dentro del sistema del Poder Legislativo, sueldos de legisladores y sueldos de funcionarios, haya un criterio; que en un país con enormes dificultades por lo menos sea lo más justo y solidario posible. No podemos sostener un sistema que realmente adjudica ventajas a un sector de funcionarios, cuando hoy ya no queda en el país sector alguno que pueda recibir la ventaja de ajustar por el índice de inflación, como el EP-FA pretende que continúen los funcionarios del Poder Legislativo.

EC - Ahora el EP-FA acepta fórmulas intermedias.

GGC - Vamos a entendernos, tenemos que definirnos: podemos pagar el IPC o no podemos. Si no podemos, ¿por qué es justo que todos los funcionarios de la Administración Central, todos los funcionarios de los entes autónomos y (agrego, porque es importante desde el punto de vista político) por qué la Intendencia Municipal de Montevideo no puede pagar el IPC y tuvo una huelga tan dura, tan áspera, tan irritante porque se negaba a pagarlo? Porque las mejores intenciones naufragan ante las realidades. Si lo que se quiere es aumentar la capacidad adquisitiva de la gente el argumento no pesa demasiado: si yo triplicara los sueldos de los funcionarios del Palacio, entonces comprarían tres veces más; usted advierte y quienes nos oyen también, que el argumento termina por ser ridículo. Aquí hay un solo sentido en la cosa: vamos a igualarlo todo.

Se dice, lo oí hace un ratito, que lo que pasa es que en tal caso estaríamos, si se quiere, a merced del Poder Ejecutivo. Es absolutamente inexacto, no estamos a merced de nadie porque este Senado que hoy puede votar, y espero que vote, esta actitud sobre los salarios de sus funcionarios, si mañana le parece que el Ejecutivo se portó mal, que está mintiendo, que está gastando en otra cosa que no debe y negándolo a los sueldos puede mañana votar otra, porque esto no es ni siquiera una ley, no puede ser vetado, el Ejecutivo no tiene nada que ver con esto, lo disponemos nosotros. Así que el argumento muere por sí mismo.

EC - De todos modos el problema es bastante claro a esta altura de los acontecimientos, cuando estamos en el último día del plazo constitucional para resolver: si el Frente se mantiene en su posición y blancos y colorados en la otra, no hay ningún cambio, no hay ninguna alternativa y se continuará el ajuste por el 100 por ciento del IPC.

GGC - Con dos cosas que importan mucho, que creo que vale la pena. Nosotros vamos a llevar –creo que el PC lo comparte– otra propuesta más.

EC - ¿Hay una nueva fórmula?

GGC - La vamos a llevar, es otra propuesta. La propuesta es: vamos a ajustar por los aumentos de la Administración Central hasta el 15 de febrero del año 2005, vale decir nuevo gobierno. Lo que queda de esta legislatura es un poco menos de dos años: ese es el ajuste ahora, y el 15 de febrero reactivamos el IPC, ahí gobernará quien gobernará, habrá algunos, de pronto, que se da la circunstancia (para mí no posible) de que ganen, y como creen en las modificaciones por la vía del aumento triplicarán el IPC y les darán a los funcionarios tres veces más sueldo porque ahí empezará a regir. Si gobiernan otros –espero que sea mi partido–, tendrán el criterio que la cosa merece.

EC - Vicepresidente Hierro, ¿van a presentar ese criterio junto con el PN?

LHL - Ciertamente anoche se conversó sobre este tema, es una propuesta del PN que vamos a estudiar con mucho gusto, eventualmente por allí haya una base de entendimiento que creo que sería factible de desarrollar.

EC - ¿Le parece posible que el Frente vote esta fórmula? Porque implica ir hasta el 15 de febrero de 2005 con el criterio de ajuste de la Administración Central.

GGC - Déjeme contestarle a mí, porque Hierro tiene, como dijo, su carácter de presidente que lo obliga a guardar cierta circunspección en el tema; yo no tengo por qué hacerlo porque estoy en otra circunstancia personal. Creo que en esto hay una cosa muy clara: el Frente quiere que siga el IPC para los funcionarios del Poder Legislativo, porque a nadie se le ocurre, racionalmente, no aceptar una cosa tan elemental como la que aceptó una organización tan notoria como los bancarios del Estado, AEBU (que está obviamente, ciertamente, muy cercana, por no decir en una simbiosis con el EP-FA), que aceptó una corrección o ajuste de los salarios por el mismo porcentaje que los funcionarios de la Administración Central, cuando hasta ahora, desde hacía añares, nunca lo había aceptado. Se quiere evitar una realidad.

Pero además quiero añadir algo. Me dijeron –no tuve oportunidad de oírlos ayer, lo hago a menudo, pero ayer no los oí– que alguien dijo que lo que pasa es que preservar el IPC para los funcionarios es preservarlo para las partidas de las secretarías de los senadores. Eso es verdad, pero nosotros vamos a presentar hoy una moción, ajena a lo que estamos hablando, por la cual esas partidas se van a ajustar por los índices que determine el Poder Ejecutivo. Así quedamos todos tranquilos: en el Palacio no va a haber ni legisladores ni secretarios de legisladores con IPC; sólo quedarán, si el EP-FA insiste en su postura, los funcionarios a los cuales se somete a una suerte de escarnio público poniéndolos como diferentes del resto de funcionarios del país, vaya a saber por qué objetivo de presuntas simpatías que se quieren despertar.

EC - Finalizo con el vicepresidente Hierro. El senador García Costa menciona esa moción que presentarían el PC y el PN: hasta el 15 de febrero de 2005 cambiar el sistema de ajuste por el de los funcionarios de la Administración Central y que desde esa fecha, cuando asuma el nuevo gobierno, vuelva el criterio de ajuste por el 100 por ciento del IPC, en principio. ¿Hay alguna otra alternativa? Se lo pregunto porque la prensa esta mañana hablaba de que era posible que el Foro Batllista acompañara alguna fórmula alternativa basada en los criterios del EP.

LHL - Nosotros ratificamos un espíritu de acuerdo, especialmente por mi propia posición, pero sobre bases razonables. Sinceramente creo –así lo dije a los senadores del EP-FA– que es mucho más fácil para el Frente decir que está en contra de este sistema de ajuste pero que acompaña una solución que 18 senadores están impulsando. Es más sencillo, más claro, más argumental y más democrático que 13 senadores cambien su posición y no que lo hagan los 18 restantes. Ahí hay una base de acuerdo; espero que podamos resolver el tema rápidamente y sin discusiones aleatorias.

EC - Usted dice que ve una base de acuerdo en la idea que lanzaba el senador García Costa.

LHL - Sí señor, si el EP-FA dice que hay que mantener el principio del IPC, se lo puede mantener diciendo que va a regir a partir del año 2005 pero que reconocidamente en lo que queda del año 2003 y en 2004, por las razones de peso que han significado que hayamos tenido que recortar en toda la administración, el Poder Legislativo también sea sensible, solidario, razonable ante una situación general que a nadie le gusta. Ojalá todos los funcionarios pudieran ajustar por IPC, pero la realidad nos indica otra cosa. En este sentido, así como un día hicimos el cambio de ajuste con los legisladores, es totalmente razonable que lo hagamos con los funcionarios.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón

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