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DETENCIÓN DE LA TRIPULACIÓN DEL VIARSA I Y DRAGADO DEL CANAL MARTÍN GARCÍA
Blancos piden mayor “energía” en la política internacional
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Para el Partido Nacional, el gobierno no está reaccionando “con la rapidez y la firmeza” que debería en los temas internacionales. Para el diputado Jaime Trobo la detención de un funcionario uruguayo por parte de Australia, a raíz del incidente del pesquero Viarsa I, es un hecho grave. “Bajo ningún concepto alguien puede suponer que los australianos tienen más derecho a juzgar que los uruguayos”, sentenció.
EN PERSPECTIVA
Martes 09.09.03, hora 8.06.
EMILIANO COTELO:
El Viarsa I sigue en el tapete.
ALFREDO DANTE:
Como el barco, justamente, el asunto sigue dando vueltas en el ámbito político. El ministro de Defensa Nacional dijo, cuando estuvo ayer en el Parlamento, que es un tema de Cancillería. El Directorio del Partido Nacional (PN), demandó que el Estado uruguayo plantee a través del Ministerio de Relaciones Exteriores un enérgico reclamo a las autoridades australianas para la liberación del observador de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) que viajaba en el pesquero y fue detenido.
EC - Vamos a dialogar con el diputado Jaime Trobo, del Herrerismo.
Trobo, ¿en qué se basan ustedes? ¿Por qué este reclamo a la Cancillería?
JAIME TROBO:
Porque la decisión de Australia de detener y no liberar, aun ante el pedido de la autoridad uruguaya, a un funcionario de la Dinara que tiene por objeto relevar información –exclusivo objeto de su tarea– para a su llegada al puerto de Montevideo o a Uruguay hacer los informes correspondientes para establecer las sanciones que pudieren corresponder a cualquier barco de bandera uruguaya que esté pescando en aguas internacionales, es un hecho grave. Supone sustraer a Uruguay las posibilidades de analizar los elementos de juicio que tiene a su alcance y bajo su jurisdicción.
EC - El ministro de Relaciones Exteriores, Didier Opertti, planteó el viernes pasado a su par australiano que se libere al observador uruguayo que se encontraba a bordo de la nave acusada de pesca ilegal por las autoridades de aquel país, pero hasta ahora la respuesta obtenida ha sido negativa.
JT - Es por esa razón que el Directorio del PN, entendiendo que es un tema de delicada gravedad, plantea la necesidad de que la Cancillería actúe con la firmeza que corresponde en esta circunstancia.
EC - Permítame que insista en la consulta en cuanto a la particularidad de la situación de este funcionario. En principio el oyente podría pensar: si el barco estaba operando de manera ilegal, de alguna manera ese funcionario, por más que sea un funcionario del Estado uruguayo, por más que estuviera allí como observador, debería ser considerado cómplice, incurso en el mismo tipo de irregularidades.
JT - Dos cuestiones me parecen importantes. La primera es que un funcionario, una persona en un barco en el que hay 40 tripulantes, en medio de aguas internacionales, tiene muy pocas armas o muy pocos instrumentos para poder tomar determinaciones que hagan cambiar de criterio al capitán o a quien resuelve tomar determinado tipo de acciones. Por eso el funcionario tiene como cometido mirar, analizar, ver e informar para luego tomar determinaciones por parte de la autoridad uruguaya.
Hay un tema mucho más importante en el cual tenemos que reparar los uruguayos: el nuestro es un país que existe gracias a que tiene una fuerte política exterior, entre otras cosas, o ha tenido, y además (porque ha desarrollado) un concepto muy firme de su soberanía. Bajo ningún concepto podemos aceptar que Australia es más que Uruguay desde el punto de vista jurídico internacional. Lo será territorialmente, pero bajo ningún concepto alguien en Uruguay puede suponer que los australianos tienen más derecho a juzgar que los uruguayos.
En primer lugar, si la bandera del barco es uruguaya, de acuerdo a la juridicidad internacional, a los acuerdos internacionales, le corresponde a la autoridad uruguaya juzgar todas las acciones de ese barco en aguas internacionales y, obviamente, en nuestra zona económica exclusiva. Si el barco estaba cometiendo un ilícito en aguas de zona económica exclusiva de otro Estado, obviamente corresponde al otro Estado, en el caso de que el barco sea apresado. Si no fuera apresado corresponde a Uruguay juzgar las acciones cuando recibe información de su funcionario.
Pero en este caso podemos discutir si el barco estaba o no en aguas australianas, porque estaba en una zona que podría considerarse exclusiva de unas islas cuya soberanía ha reclamado Australia, pero según nos consta está contestada, por lo tanto allí no hay zona económica exclusiva. Bajo ningún concepto Uruguay puede aceptar que Australia asuma una potestad que no tiene respecto de la información que es propiedad del Estado uruguayo y con la que el Estado uruguayo puede realizar los análisis para tomar las medidas correspondientes con un buque de bandera uruguaya.
EC - ¿Qué pasa si la Cancillería no sigue adelante con lo que ustedes están reclamando? O, dicho con más precisión, ¿qué más tiene que hacer la Cancillería? ¿Qué más puede hacer después de insistir con la liberación del funcionario?
JT - Lo ha hecho seguramente por algunos medios que podrán ser superados por otros. No sé cuáles fueron los últimos medios que ha usado la Cancillería, en esto somos colaboradores y cooperadores en cuanto a dar nuestro respaldo de voluntad política para que se actúe con la mayor energía posible. La Cancillería es la que utiliza los instrumentos y los valora. Esperemos que el episodio se supere rápidamente y si no es así el PN asumirá públicamente su opinión.
EC - Las crónicas de hoy, por ejemplo en el diario El Observador, dicen que en la reunión del Directorio del PN de ayer varios integrantes manifestaron su percepción de que el Ministerio de Relaciones Exteriores bajó los brazos en los temas de su competencia y no sigue adelante su gestión. Otras fuentes blancas señalaron que no hay un mando que conduzca con firmeza las acciones frente a este tipo de problemas. ¿Ese es el telón de fondo? ¿Eso fue lo que primó ayer en el Directorio, una crítica muy severa?
JT - Una preocupación. Este hecho es grave, no es un hecho menor, responde a una cuestión de soberanía nacional. Usted conoce la preocupación y el interés que ha puesto nuestra colectividad en los temas internacionales, sobre todo en la forma en que se negocia a nivel internacional. Para el PN este hecho es un episodio delicado, casi grave o grave, que se enmarca en algún otro episodio que puede aparecer como que no estamos reaccionando con la rapidez y la firmeza con las que deberíamos.
EC - ¿Qué otro episodio?
JT - Algunos episodios relativos al Río de la Plata, por ejemplo. Hay uno que tiene una faceta económica esencialmente, que es la satisfacción de los pagos del dragado del canal Martín García por parte de Uruguay, que a su vez se complementa con la posibilidad de que Uruguay, si paga y se pone al día, exija que Argentina cumpla con lo mismo. Martín García es un canal de importancia vital para el puerto de Nueva Palmira, para la salida de la hidrovía, para la alternativa a la salida del río Paraná; en definitiva para Uruguay, porque además es el canal natural del Río de la Plata.
EC - De modo que hay varias inquietudes en relación con la Cancillería.
JT - Por cierto que sí.
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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe
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