18.12.2005














Presunta discriminación contra adolescente embarazada

Consejera Carmen Tornaría: Anep investiga la denuncia de una médica, según la cual el colegio católico Divina Pastora prohibió a una alumna embarazada que continuara asistiendo a clase. Si se confirmara, constituiría una violación a la Constitución de la República, los tratados internacionales y los reglamentos que pretenden asegurar el apoyo a las adolescentes en esa situación.



EN PERSPECTIVA
Jueves 12.09.03, 07.38.

EMILIANO COTELO:
El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) resolvió ayer solicitar un informe urgente para determinar si es cierta la información brindada por el semanario Búsqueda, según la cual un colegio católico, Divina Pastora, expulsó a una estudiante de 14 años por haber quedado embarazada.

De comprobarse esta denuncia, el colegio podría perder su habilitación para funcionar, aunque también podría ordenársele que retome a la estudiante y aplicarle alguna sanción intermedia.

El planteamiento fue efectuada por la consejera Carmen Tornaría, con quien estamos en comunicación en este momento. Usted recibió la noticia de la doctora Laura Batalla, jefa del Servicio de Adolescentes de la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos.

CARMEN TORNARÍA:
Recibí anteayer la denuncia por escrito. La doctora Batalla se acercó al Codicen por la tarde, primero telefónicamente y luego en persona, y me entregó un documento donde denuncia una situación respecto a una adolescente a la que estaba atendiendo el equipo que integra en el Servicio para Adolescentes de la Asociación Española.

Prometí a la doctora Batalla que al día siguiente, ayer, presentaría el caso en el seno del Codicen, y así lo hice.

EC – Según señala en esa carta la doctora Batalla, esta joven cursaba el tercer año del ciclo básico en el Divina Pastora. “Cuando en dicha institución se tuvo conocimiento de su embarazo, se le comunicó que le iban a dar el pase a otro colegio, cosa que la joven no deseaba. Es una buena alumna que desea continuar sus estudios y concluir el año lectivo”.

CT – Exactamente. Ayer lo planteé en el Codicen, y se determinó de inmediato y por unanimidad lo que se llama un informe de urgencia, que es lo que marca el Plan de Ordenamiento y Accionar del Estado, al Consejo de Educación Secundaria, y hubo una condena por todos los miembros del Codicen respecto a cualquier acto de discriminación que pueda tener lugar en cualquier centro educativo en el ámbito de la Anep.

EC – Precisamente: usted menciona el rechazo unánime a esta medida, si se confirma que fue lo que ocurrió efectivamente en este colegio. ¿No hay antecedentes, no ha pasado esto antes?

CT – En lo personal, tengo más de 30 años en el ámbito de la docencia pública y privada, y no conozco un caso de este tipo. Aparentemente hubo otros, pero no los tengo documentados. Es más: al poner esto en la agenda pública hubo algunos llamados, etcétera, que hablan de otros casos en la propia institución. Pero todo eso...

EC - ¿Otros casos que habrían tenido lugar en esa misma institución?

CT – Exactamente, pero me parece que debemos desechar todo lo que no esté documentado y concentrarnos rápidamente, como se ha hecho, en aquellas denuncias, planteamientos o preocupaciones debidamente documentados.

EC - ¿De qué manera se va a investigar?

CT – Posiblemente tengamos hoy o el lunes el informe que nos eleve el Consejo de Educación Secundaria. En general, cuando se pide este informe de urgencia, Secundaria lo hace a través de la Inspección de Colegios Privados. Según noticias del profesor Jorge Carbonell que tuve informalmente anoche, la Inspección ya habría concurrido a esta institución y ya tendría alguna noticia.

EC – Según informó a la prensa el profesor Carbonell, una inspectora se presentó ayer en el colegio en cuestión para ponerse al tanto de lo ocurrido, aunque no consta qué dicen las autoridades del colegio. En su carta, la doctora Batalla dice que la directora del colegio reconoció que efectivamente había sucedido lo que la alumna relataba, que no podía volver al colegio, que esa era su opinión “y que no tratáramos de hacerla cambiar”, dice la doctora. La directora opinó también que “la niña debe ahora ocuparse de su crío, no puede madrugar, y debería haberlo pensado mejor antes de hacer eso”. Agregó que a partir de ahora debería concurrir a un liceo público. ¿Eso dice la carta que usted recibió de la médica?

CT – Exactamente. Es más: antes de la sesión del Codicen hablé con el profesor Carbonell y le comuniqué que tenía el documento escrito presentado en el Consejo, y que lo iba a plantear esa misma tarde. El profesor Carbonell se manifestó de acuerdo...

EC – Me llama la atención porque, según el diario El País, fuentes cercanas al colegio informaron que la estudiante sigue cursando, pero no ha asistido a clase en los últimos tiempos “debido a problemas en su dentadura que le exigieron tratamiento”.

CT – La estudiante, según estoy informada, habría sido advertida de que no puede concurrir a clase a partir de mediados de agosto, y desde entonces hasta el momento no ha podido asistir a sus centro de estudio.

EC - ¿Qué disposiciones están en juego en este caso?

CT – En caso de que efectivamente se le haya prohibido continuar sus estudios, en mi opinión, está en juego la Constitución de la República, los tratados internacionales. Y, curiosamente en este caso, una reglamentación vinculada estrictamente a la Anep, que refiere al apoyo y a las circunstancias especiales reglamentarias que deben guiar a los centros educativos ante casos de jóvenes o adolescentes embarazadas, que fue aprobado por la administración anterior el 18 de mayo de 1999 y que está plenamente vigente. Esa disposición regula un régimen especial de contabilización de inasistencias y un régimen especial para el mantenimiento del carácter de estudiante reglamentada para aquellas jóvenes o adolescentes que quieran mantener su embarazo, tratando de apoyarlas para que puedan juntar el camino de la maternidad y el de la continuación de los estudios.

EC – Ese reglamento vale también para este colegio privado, en la medida en que está habilitado por la Anep.

CT – Exactamente. La Constitución de la República vale para todo el mundo, los tratados internacionales también, y las resoluciones del Codicen rigen en el ámbito de la Administración Nacional de la Educación Pública, es decir para instituciones públicas y privadas habilitadas.

EC – El tema ¿se lauda hoy mismo en el Codicen?

CT – Se laudará en cuanto podamos tener la información que hemos pedido. Supongo que entre hoy y el lunes podremos tener el informe de urgencia, que juntaremos con la denuncia recibida. El profesor Carbonell me decía anoche que seguramente las inspectoras van a convocar a la chica y a sus padres para tener la versión directa de ellos, y después lo elevarán al Codicen.

EC - ¿Qué tipo de decisiones pueden surgir?

CT – Quisiera que, en caso de que efectivamente un centro educativo de nuestro país hubiera cometido un acto de discriminación, ese mismo centro revisara ese acto. Para mi gusto, sería lo mejor que podría ocurrir.

EC - ¿Y si eso no ocurre?

CT – En caso de que esto no ocurra, tendremos que discutir cuál puede ser la observación, la sanción si corresponde, frente a lo que podría ser violatorio de alguna norma. Además hay un amplio espacio, hay un antecedente fuerte en Argentina con un caso similar (si esto fuera tal cual se denunció) hace unos dos años, donde intervino incluso la Suprema Corte de Justicia.

EC – Pero ¿puede terminar con el colegio perdiendo su habilitación, por ejemplo?

CT – Diría que sí; desde el punto de vista formal, puede. Personalmente, yo no quitaría la habilitación a mitad de año a un colegio que tiene mil alumnos. La habilitación se da y obviamente se retira o se suspende, pero quiero pensar que haya otra respuesta, simplemente por haber puesto a la consideración pública, debidamente documentado, un hecho de posible discriminación.

***

AD – La Conferencia Episcopal ya tomó contacto con este caso, y representantes de la Iglesia Católica se trasladaron ayer al colegio Divina Pastora para informarse sobre lo ocurrido.

EC – Por supuesto, nos interesa contar con la palabra del colegio involucrado y/o de la Conferencia Episcopal. Esperamos tenerlos.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón

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