“Sin evidencia material” de discriminación contra adolescente embarazada

Consejera Carmen Tornaría: El informe de Secundaria comprobó que sigue en lista y fue evaluada en las reuniones de profesores. El personal de la mutualista mantiene lo que denunció en base a conversaciones con la propia alumna y con la directora del colegio. La publicidad del tema no se originó en las instituciones educativas.



EN PERSPECTIVA
Miércoles 17.09.03, 07.38.

EMILIANO COTELO:
Se conoció el informe dispuesto por el Consejo de Educación Secundaria sobre el caso de la alumna de 14 años del colegio católico Divina Pastora, presuntamente expulsada por estar embarazada.

ALFREDO DANTE:
“Caso cerrado”, dice por ejemplo el diario El Observador. Las autoridades archivaron el tema, luego de que el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de la Educación Pública (Anep) recibiera el informe efectuado por Secundaria, en el que se establece que no se encontró ningún elemento material que probara la denuncia.

EC – Estamos en comunicación con la profesora Carmen Tornaría, integrante del Codicen que fue quien llevó el caso al organismo, a partir de la carta que le hiciera llegar la médica Laura Batalla, responsable del Servicio de Adolescentes de la mutualista Asociación Española. Conocido este fallo, ¿qué conclusiones saca? ¿Queda conforme con el resultado de esta indagatoria?

CARMEN TORNARÍA:
Lo que realizó el Consejo de Educación Secundaria por orden del Codicen fue lo que marca para estos casos la ordenanza 10 (el decreto 500): que frente a una denuncia de carácter grave, se proceda no a una investigación sino a lo que se denomina informe de urgencia.

EC – No "investigación", sino informe de urgencia.

CT – Informe de urgencia. Así lo establece el decreto 500. Ese informe de urgencia fue realizado por dos inspectoras del Consejo de Secundaria (así lo determinó el Codicen el jueves pasado) por tratarse de un liceo. Ayer recibimos las conclusiones de ese informe de urgencia, en las que se establece que no se encontró evidencia material –como debe acontecer en estos casos— para fundamentar la existencia de lo que contenía la denuncia.

Por lo tanto, el Codicen resolvió homologar el informe de urgencia (ni siquiera está redactada la resolución, porque esto fue a última hora de la tarde de ayer, y hoy cada uno de los integrantes del Codicen vamos a recibir copia del informe completo), archivar la denuncia de este caso, y en segundo lugar solicitar a las autoridades del colegio que manifiesten por escrito que la joven, tal cual lo determinó el informe de urgencia, continúa siendo alumna del colegio, puede concurrir a clase si así lo desea, y está protegida por la resolución del Codicen de 1999 en el sentido de que puede continuar yendo a clase y en caso de que no quiera o no pueda hacerlo está asegurada su condición de estudiante reglamentada para rendir los exámenes que corresponda a fin de año, y además –como señala el Resultando IV de esa resolución de protección a las jóvenes con embarazo precoz— el colegio y sus profesores deben apoyarla en todo momento en la continuación de sus estudios y en la preparación de los exámenes, si así lo decidiera.

EC – Según uno de los resúmenes de prensa publicados hoy, “la investigación concluyó que, en las reuniones de profesores de julio y setiembre, los docentes del colegio Divina Pastora seguían teniendo a la joven en sus listas y la estaban evaluando. Además, la propia alumna declaró ante las autoridades de la educación que fue ella quien decidió no asistir más al instituto, porque se sentía incómoda con la situación. Por otro lado, la madre de la joven –que también declaró ante los inspectores— sostuvo que la directora del centro, lejos de expulsarla, le pidió que enviara a su hija a clase”. Todos los elementos recogidos van directamente en contra de la denuncia que le había llegado a usted.

CT – El informe de urgencia, que hoy podremos considerar en detalle cada uno de los consejeros, tiene declaraciones de las autoridades del colegio, de la adolescente, de su madre, de la jefa del Servicio de Adolescentes de la Asociación Española, de la asistente social de ese servicio de la Asociación Española, y de la secretaria del colegio al que concurría esta alumna. Todas esas declaraciones están comprendidas en el informe de urgencia. Efectivamente, la madre, la joven y las autoridades del colegio sostienen lo que usted acaba de decir...

EC – Es más: esa versión agrega que “el colegio le envió notas a la madre para que la joven volviera al estudio, y recientemente la familia fue invitada a un festival organizado por el Divina Pastora, lo cual demostraría que la institución no quería alejarse de la menor”.

CT – Como le estaba diciendo, la mamá, as autoridades del colegio y la joven sostienen que no fue objeto de discriminación. La doctora jefe del servicio que presenta la denuncia en nombre de ese servicio, y la asistente social, se mantienen en su postura.

De las notas enviadas a la casa me estoy enterando por usted.

EC – Estoy leyendo los trascendidos que publica el diario El Observador, en base a lo que habría recogido lo que llama “la investigación”.

CT – Puedo equivocarme, pero desconozco que eso esté contenido en el informe de urgencia. Lo que señalan las autoridades del colegio es que, al notar que la joven comenzó a faltar, se interesaron telefónicamente para saber por qué estaba faltando.

EC – Usted dice que no tiene elementos que permitan verificar que, además de llamar por teléfono, la instaran a que volviera.

CT – No tengo conocimiento de que eso haya sucedido.

EC – Tenemos lo que recoge el informe de Secundaria, de las fuentes documentales del colegio, lo que recoge de las autoridades del colegio y de la familia de la adolescente, todo apuntando en sentido contrario a la denuncia. Paralelamente, la doctora Laura Batalla e integrantes del Servicio de Adolescentes de la Española, ratifican la información que le hicieron llegar en su momento...

CT – Exactamente.

EC – ...basada entre otras cosas en una conversación telefónica con la directora del colegio, en la que ésta habría manifestado la intención de darle pase a un liceo público, etcétera.

CT – La asistente social, tal como lo dice la denuncia, conversó telefónicamente con las autoridades del colegio. Pero además (en lo que se explayan en las declaraciones del informe de urgencia que realiza Secundaria) los y las integrantes del Servicio de Adolescentes de la Asociación Española, estuvieron y están tratando, atendiendo, apoyando a esta joven que continúa concurriendo a ese servicio, y por lo tanto trataron directamente con la joven.

EC – En definitiva, ¿con qué balance sale de este episodio?

CT – Desde el punto de vista institucional, el Codicen hizo lo que tiene que hacer (de lo contrario caería en omisión): al recibir un documento firmado en que se plantea una situación irregular, decretó un informe de urgencia como lo ordena el decreto 500. Producto de ese informe de urgencia, está lo que decíamos al principio: no se registran evidencias materiales de que la adolescente haya sido discriminada. Las pruebas que allí son aportadas es que continúa en lista, que fue evaluada como corresponde por sus docentes en las dos reuniones de profesores, y por lo tanto sigue siendo alumna del colegio.

EC – De todos modos, por las dudas, se toma esa precaución de solicitar esa carta a las autoridades del colegio dejando en claro cuál es la situación de la joven y su posibilidad de seguir estudiando.

CT – Exactamente; y asegurando el cumplimiento de una decisión del Codicen que abarca a colegios públicos y privados, y que ampara con un régimen especial al tema de fondo de esta cuestión, que es la problemática del embarazo adolescente.

EC – Usted ha escuchado seguramente a su colega integrante del Codicen, profesor Daniel Corbo, quien se mostró preocupado por la forma como se procesó esta denuncia. Dice en El Observador que “todos, y en especial los medios de comunicación, deberían reflexionar sobre lo que ha ocurrido, porque durante una semana se expuso a una institución a la sombra de la duda y, lo que es peor, se expuso a una joven y su familia a la que se sacó del anonimato y se la exhibió con todos sus problemas y con su complicada situación personal”.

CT – No lo escuché, pero ayer estuvimos reflexionando como tantas otras veces en el seno del Codicen, acerca de la educación y los medios de comunicación. De todas maneras, desde el punto de vista institucional, el Codicen nunca desprotegió en sus actuaciones el anonimato de esta familia, ni expuso a la joven a ninguna situación especial sino que actuó –como lo ordenan las reglas de la Anep— a los efectos de protegerla, preocupados por un posible acto de discriminación hacia su persona.

EC - ¿Usted no se siente cuestionada por estas declaraciones del profesor Corbo?

CT – De ninguna manera. No sé por qué me tendría que sentir cuestionada.

EC – Por ejemplo, porque podría pensarse que debió guardar reserva en torno a la carta y esperar las conclusiones de la investigación.

CT – En ningún momento hice pública esa carta. Bajo ningún concepto acepto lo que usted está diciendo. Es más: me enteré de que el tema estaba en la prensa a las 10 de la noche del miércoles, en presencia de otras personas, cuando un periodista del semanario Búsqueda me llamó para consultarme si yo había recibido la denuncia y si la iba a presentar en el seno del Codicen, cosa que la había asegurado a la doctora Batalla el día anterior. En ningún momento tuve nada que ver con la difusión o la toma de contacto de la prensa con esta situación.

***

AD – La semana pasada había llegado al Codicen otra denuncia sobre un caso similar que habría ocurrido en el mismo colegio en 1999. Según informó el director general de la Anep, Javier Bonilla, esa denuncia no ha sido analizada todavía por el Codicen; el tiempo no fue suficiente ayer para tratar este punto, que será abordado en futuras sesiones.

Más allá de la denuncia que involucró al colegio Divina Pastora, queda pendiente la situación de las adolescentes embarazadas y si las normas vigentes están acordes a la realidad. El ministro de Educación y Cultura, doctor Leonardo Guzmán, anunció que el Poder Ejecutivo va a evaluar si las disposiciones son suficientes para evitar casos de discriminación a adolescentes embarazadas en el sistema educativo. Esto permitiría resolver hacia el futuro qué previsiones corresponde adoptar con carácter general. El tema será llevado hoy a la Coordinadora de la Educación que se reúne habitualmente en el Ministerio.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón

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