En suspenso el decreto que aumentaba indirectamente el IRP

Presidente de la República en ejercicio, Luis Hierro López: Hay organismos que concedieron aumentos salariales indirectos. Pero, más allá de valorar la conveniencia de la modificación, si existen dudas sobre la juridicidad del decreto no cabe otra cosa que suspenderlo mientras se lo analiza desde ese punto de vista. En otros planos, es preocupante la resistencia al cambio.



EN PERSPECTIVA
Miércoles 17.09.03, 08.00.

EMILIANO COTELO:
El Poder Ejecutivo suspendió por 30 días la vigencia del decreto que estableció que el Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) se calcularía sobre la suma de todas las retribuciones generadas, lo que implica que se deba calcular el impuesto sobre una franja superior. Además, se encargó al subsecretario de Economía, Álvaro Rosa, y al ministro de Trabajo, Santiago Pérez del Castillo, una nueva redacción del decreto.

Vamos a dialogar con el presidente de la República en ejercicio, Luis Hierro López. Usted tomó esta decisión en el día de ayer.

LUIS HIERRO LÓPEZ:
Sí, señor; naturalmente, en consulta con los ministros del ramo, entendimos que era conveniente la suspensión. Se la califica de paso atrás, pero yo creo que no es un paso atrás porque la suspensión no significa abdicar del principio de que todas las prestaciones deben ser gravadas con el IRP. Es notorio que en los últimos tiempos hubo en la administración formas indirectas de aumentar los salarios a través de estas nuevas prestaciones, pero no hay duda de que conforman el salario de la persona.

EC - Es que de todos modos, las distintas formas de retribución en el esquema que regía antes del decreto tributaban el IRP, pero se las tomaba separadas del sueldo a la hora de ubicar ubicarlas en la franja correspondiente para definir la tasa.

LHL - Sí, señor. Aquí puede ocurrir, efectivamente, que al incluirlas globalmente haya un cambio de franja; habrá que estudiarlo con precisión.

En primer término debo informarle que lo que nos importa en este caso es verificar la legalidad del decreto. Los decretos siempre surgen del Poder Ejecutivo con un estudio de la Oficina Jurídica de Presidencia, que avala esta legalidad.

EC - En este caso ocurrió que, luego, la Sala de Abogados del Banco de Previsión Social (BPS), que es el instituto responsable de recaudar, de aplicar el decreto, llegó a la conclusión de que era ilegal.

LHL - Exactamente. Entonces, más allá de que la resolución sea justa o injusta, conveniente o inconveniente, nos parece que estando en discusión el tema de la legalidad es imprescindible aclarar este punto, para lo cual era conveniente suspender la vigencia del decreto.

Eventualmente el Poder Ejecutivo lo repetirá textualmente, si es que después de los estudios se aclara el tema de la legalidad y las oficinas competentes concluyen en este sentido.

Probablemente haya que hacer alguna corrección, y si es una corrección en beneficio de la legalidad del decreto naturalmente vamos a hacerla, porque nos parece que la legalidad es un asunto principalísimo.

EC - En la decisión de ayer ¿estuvo en juego el riesgo de que el Estado enfrente juicios por una norma cuya legalidad está cuestionada?

LHL - Esto se ha mencionado; en realidad no fue uno de los elementos decisivos en las conversaciones que tuvimos ayer con los dos ministros y con el presidente del BPS. Me alcanza con que me digan: “Este decreto puede ser ilegal”, más allá de las consecuencias que tenga y de los riesgos que signifique para la administración, para decidir revisarlo y precisar el asunto.

En segundo término, es posible que haya reacciones que creo que hay que evitar, e incluso se anunciaban enfrentamientos políticos que me parece que no agregan claridad ni certeza.

EC - Algunos legisladores blancos habían interpretado que ese decreto ampliando la base de cálculo del IRP se había emitido para compensar la eliminación del adicional del IRP a la franja de menores ingresos, acordada hace poco.

LHL - El decreto es anterior, ya tiene varios meses, si bien la vigencia era a este mes; por lo tanto, desde mi punto de vista, no tiene que ver con el asunto. Hay un tema de equidad: hubo aumentos de salarios por la vía indirecta de prestaciones, etcétera, a veces de los convenios en los entes autónomos, tiques alimentación que otros sectores de la administración han venido dando... Hay que precisar si esto es o no un elemento a gravar.

Lo que está en discusión es un asunto técnico muy complejo, en el cual la doctrina tiene incluso diferentes puntos de vista. Me parece razonable hacer una revisión del asunto, incorporando a los técnicos del BPS y del Ministerio de Trabajo, que trabajen con los expertos del Ministerio de Economía para, en pocos días, lograr una redacción que a su vez cuente con cierto consenso parlamentario y evite la incertidumbre que puede significar que una ley derogue un decreto.

EC - En cuanto a discusiones de legalidad e ilegalidad, constitucionalidad e inconstitucionalidad, me interesaba poner sobre la mesa otro tema que se discute en estas horas.

Ayer el Parlamento sancionó el proyecto de ley que no autoriza la instalación de cajeros automáticos en los locales del BPS donde se hace efectivo el pago de pasividades. La iniciativa tuvo los votos del Frente Amplio, el Partido Nacional –excepto el Herrerismo– y el Nuevo Espacio.

Durante el debate, que fue bastante arduo, el Partido Colorado, a través del senador Alberto Brause, dijo que esa norma es inconstitucional porque la ley invade la materia administrativa. A partir de esa opinión, ¿el Poder Ejecutivo va a vetar la ley? ¿Cómo se piensa manejar?

LHL - Exactamente, es claro que con el texto tal cual fue votado ayer por el Senado puede haber una interferencia indebida de la ley en actos de la administración autonómica. Esto había sido discutido anteriormente, cuando se votó una ley a propósito de los locales de pago de las pasividades; se terminó transando en darle al pasivo la facultad de cobrar en el local central o en el descentralizado.

Personalmente, creo que además de la cuestión constitucional, hay un asunto –tengo la impresión– de profunda raíz ideológica en referencia a la tremenda resistencia que hay en este país para cambiar cualquier cosa, que es lo que me preocupa más. En este caso el cajero automático con la impresión de la huella digital pasa a ser una garantía formidable para el pasivo, además de que en el mundo se utiliza este mecanismo para descentralizar los pagos, tener más seguridad en los mismos e incluso dar más comodidad al usuario. Que de este tema se haga una cuestión casi religiosa y los sectores parlamentarios tengan que votar exactamente como se aplaude en las barras y no seamos capaces de darle a la administración autonomía para modernizarse en algunas cuestiones elementales que tienen que ver con los pagos, me preocupa enormemente; me parece un síntoma de retroceso francamente negativo para el país.

EC - ¿Qué tipo de reacción cabe esperar entonces?

LHL - Desde el punto de vista jurídico, la Jurídica de Presidencia hará un informe y ya estará el presidente Batlle de retorno cuando haya que tomar una resolución. Naturalmente que para mí es muy influyente el fundamento de voto que hizo ayer el senador Brause en ese sentido.

Desde el punto de vista del sentido común, me parecer que hay que llamar a la reflexión al país en su conjunto, a las Cámaras en particular, respecto de estas votaciones que definitivamente implican retrocesos. Es la total interferencia de la ley en las cuestiones de la administración; a la vez es una interferencia desandando lo que la administración ha venido construyendo con paciencia, con tecnicismo, con buen criterio. Desde el Parlamento se dictan normas en contrario que van, incluso, en contra del beneficio del usuario, lo cual me parece que no se ha tenido en cuenta en esta discusión.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón

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