Finalizó en Diputados la indagatoria sobre la crisis financiera

Se descuenta que las conclusiones serán derivadas a la Justicia. Todos los partidos, con excepción del oficialismo, coinciden en responsabilizar a las autoridades. Abogada de ahorristas damnificados, Hebe Martínez Burlé: Los elementos reunidos por la comisión coadyuvarán en el juicio penal contra las autoridades, que dará paso al reclamo civil por la responsabilidad del Estado, que no actuó ante el vaciamiento.



EN PERSPECTIVA
Viernes 03.10.03, 07.38.

EMILIANO COTELO:
La comisión investigadora parlamentaria sobre la crisis del sistema financiero concluyó ayer su etapa de indagación.

ALFREDO DANTE:
Los miembros de la comisión presentaron cuatro informes, que ratifican lo que se esperaba, y se da por descontado que los antecedentes van a terminar en La Justicia.

El Encuentro Progresista (EP) y los Partidos Nacional (PN) e Independiente (PI) en líneas generales cuestionan el proceder del gobierno y recomiendan el pase a la Justicia de los antecedentes recabados por el grupo de Diputados. Sólo el Partido Colorado respaldan la actuación de la Administración.

Hay coincidencias y discrepancias en los cuestionamientos a determinadas conductas. Los nombres incluidos en los informes del EP-FA, el Partido Nacional y el Partido Nacional dan una pauta de en quiénes recaerá el señalamiento de presuntas irregularidades, omisiones o delitos.

EC – Las crónicas se detiene en esos nombres que figuran coincidentemente en los informes de esos tres partidos.

AD – Son el ex ministro de Economía, Alberto Bensión, el anterior Directorio del Banco Central encabezado por César Rodríguez Batlle (BCU), los ex directores de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), entre los cuales el actual presidente del BCU, Julio de Brun, y los dos últimos superintendentes de bancos.

Por su parte, el Partido Colorado no elaboró un listado de responsabilidades, pero en su informe cuestiona actitudes por ejemplo de la ex directora del BCU, Rosario Medero.

EC – La lista más extensa es la del EP-FA, que incluye 22 nombres. La encabeza el presidente Jorge Batlle, contra quien la izquierda no descarta iniciar un juicio político por su responsabilidad en la estrategia seguida por el Poder Ejecutivo ante la crisis, según manifestó ayer la diputada Silvana Charlone (Espacio 90). Sostiene el informe del EP-FA que Batlle y el ex ministro de Economía, Alberto Bensión, son responsables de haber destinado U$S 1.051 millones como asistencia financiera "al margen de disposiciones legales y constitucionales".

AD – Respecto al presidente del BCU y ex titular de la Corporación para el Desarrollo, Julio de Brun, el Partido Independiente asigna "responsabilidad significativa" a las ex autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).

El Partido Colorado sostiene que la ex directora del BCU, Rosario Medero, no proponía soluciones alternativas y se limitaba a votar en contra sin especificar qué otras soluciones podían tomarse. El informe de los colorados es el único que respalda completamente la actuación del gobierno. “La principal conclusión a la que arribamos es que la crisis financiera que vivió el país en los primeros seis meses del año 2002 se origina en las medidas económicas adopatadas por Argentina para implementar el corralito", sintetizó el diputado Gabriel Pais (Lista 15). Señaló además que la mayor repercusión de esa situación en el vecino país se explicó por "maniobras fraudulentas de algunos banqueros".

Del ex superintendente de Instituciones Financieras del BCU, Carlos Fernández Becchino, los colorados dicen que sus declaraciones en la comisión fueron permanentemente contradictorias, pero no cuestionan su actuación como Superintendente.

Respecto a los ex directores del Banco de Crédito, Boris Martínez y Carlos Abdala, el informe del EP-FA indica que ambos, que representaban al accionista mayoritario, "habrían permitido que los niveles de endeudamiento del socio en minoría se incrementaran sin la constitución de garantías suficientes y conociendo el incumplimiento del cronograma de pago de los adeudos".

El informe del Partido Nacional señala responsabilidades varias por los errores cometidos por algunos organismos de contralor como el BCU. El informe no propone explícitamente el pase de los antecedentes a la Justicia, pero lo sugiere. El diputado Ricardo Berois postuló que "el Estado no puede salvar más bancos", y que la atención excepcional a las instituciones financieras "no se puede volver a repetir".

El informe del nacionalista también incluye una serie de "ideas", según Berois. Entre ellas se encuentran la implementación de un seguro de depósito a través de organismos independientes al BCU. Además, recomienda una "supervisión consolidada" en la que los bancos centrales de la región contrasten información. El informe agrega que las autoridades del BCU deberían ser más independientes del gobierno y no coincidir con un sólo mandato.

En fin, los cuestionamientos de uno u otro lado superan la veintena. Ahora se abre un período de formulación de descargos y pedido de pruebas de las personas imputadas en los documentos. Luego, los partidos analizarán sus estrategias, y una vez que estén los informes definitivos estos serán considerados en el Plenario de la Cámara de Diputados, se estima que en diciembre. De aprobarse el pase a la Justicia, los antecedentes se repartirán entre procesos judiciales que ya están en curso y podrían derivar en nuevas instancias.

EC – En línea está la doctora Hebe Martínez Burlé, abogada de ahorristas damnificados en distintas instituciones financieras –del Grupo Velox, del Comercial y el de Crédito— con quien hemos conversado en otras ocasiones.

¿Ha tenido acceso a estos informes surgidos de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados?

HEBE MARTÍNEZ BURLÉ:
Todavía no.

EC – En función de lo que ha trascendido a la prensa, una vez que estos informes sean presentados, y cuando ya se sabe que varios de ellos van a ir a la Justicia, ¿qué pueden cambiar en la investigación que ya está en curso en el Poder Judicial?

HMB – En algunos casos pueden reforzar las denuncias efectuadas por nosotros el año pasado...

EC – A eso iba: las investigaciones de la Justicia penal ¿no están ya suficientemente encaminadas?

HMB – No. Las investigaciones en la Justicia penal recién empiezan. Las citaciones dispuestas por el doctor Eguren van a comenzar a mediados de octubre, ...

EC – Pero ¿cómo recién empiezan? Todos conocemos los procesamientos decretados hace más de un año en relación con el caso del Banco Montevideo, en el caso del Comercial también hubo procesamientos y se anuncia nuevas actuaciones... ¿Entonces?

HMB – Me refiero a que recién empiezan con respecto a las autoridades. Por supuesto, ya hubo muchos procesamientos con respecto a los particulares, están pendientes otros, pero respecto a las autoridades recién comienzan porque este caso ha sido muy complejo, es muy complicado, es un tema muy especial, que sumados a los casos diarios que tiene el juez le ha llevado mucho tiempo. Recién en este momento se pudo disponer la citación a los ex directores del BCU, para mediados de este mes. Es decir que la investigación recién empieza en cuanto a las autoridades públicas.

EC – Usted había presentado una denuncia contra el anterior directorio del BCU.

HMB – Concretamente contra los ex directores del BCU, contra la calificadora Moody’s, que fue la que actuó en el Banco de Montevideo, pidiendo que se indagara la responsabilidad tanto de Moody’s como de la consultora que intervino, KPMG...

EC - ¿Qué es lo que se objeta en esa denuncia contra Mood’s?

HMB – Fue la que calificó al Banco de Montevideo con el nivel suficiente como para que se le adjudicara el Caja Obrera. Tenía una calificación inferior pero Moody’s le dio una nota que permitió que se le diera el Caja Obrera, que también fue vaciado. El Caja Obrera se le entregó ya en plena crisis, indiscutible.

EC – O sea que la denuncia de ustedes va contra el anterior directorio del BCU, contra la calificadora Moody’s, contra la consultora KPMG...

HMB – Exactamente. En cuanto a la consultora pedimos que se investigue su participación, para ver si eventualmente tiene responsabilidades.

EC - ¿Quién más está incluido en esa denuncia?

HMB – El superintendente de bancos, y luego los que vayan derivando a medida que avanza la investigación. También presentamos denuncia contra los ex directores del BCU en el caso del Banco Comercial, que corres por separado (la del Montevideo la tiene el doctor Eguren, y la del Comercial el doctor Balcaldi), y eventualmente la que se presente también por el Banco de Crédito. Pienso que esas denuncias se van a juntar, porque en definitiva la conducta delictiva es la misma.

EC - ¿Cuál es, según usted?

HMB – Imputamos al Directorio del BCU que no cumplió con su función principal, que es la de policía financiera, y creemos que acá hubo más que una omisión (esa es nuestra opinión, lo va a determinar la Justicia), en el entendido de que las autoridades del BCU permitieron el vaciamiento de los bancos, estando en conocimiento de hechos que hubieran permitido, si no evitar totalmente la crisis, al menos una gran parte de sus consecuencias.

EC – Usted mencionó al superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera. ¿El actual o el de la época?

HMB – El de aquel momento, Fernández Becchino.

EC – Ahora han empezado las actuaciones en relación con este expediente, dice usted.

HMB – Exactamente. Las citaciones ya están hechas para mediados de octubre en que los ex directores del BCU deberán ir a declarar.

EC - ¿15 de octubre?

HMB – Aproximadamente, sí; creo que va a rondar esa fecha. Allí va a empezar la investigación, por lo cual lo que surja de los informes parlamentarios no va a empezar un trámite sino a colaborar en la información que ya se maneja a nivel judicial.

EC – Su denuncia ¿es la única que se ha presentado contra autoridades de gobierno?

HMB – Creo que sí. Por lo menos fue la primera; después puede que se hayan adherido a la denuncia, pero fue la primera contra las autoridades del BCU.

EC – Y los jueces encargados de los casos respectivos (Banco de Montevideo, Banco Comercial) ¿no tenían previsto estudiar la conducta de las autoridades?

HMB – La tenían, porque de la propia investigación surgían elementos. De todas maneras, hicimos la denuncia independiente y con todos los elementos a los que pudimos acceder.

EC - ¿Cómo reacciona usted cuando se entera que, desde el EP-FA, se maneja incluso la posibilidad de un juicio político al presidente de la República?

HMB – Ese es un tema netamente político, y las responsabilidades hacia arriba del BCU también van a surgir de la investigación judicial. La participación o no, el conocimiento o no del entonces ministro de Economía... Nosotros no lo denunciamos directamente pero no se descarta su responsabilidad. Hay que ver si ellos incurrieron en responsabilidad penal, pero el juicio político es un tema político y nosotros no podemos entrar en ese terreno.

EC – Tenemos entonces, por un lado, las denuncias presentadas contra los responsables de los bancos; por otro lado, contra autoridades de la época. ¿Qué otras actuaciones están cumpliéndose en el Poder Judicial en relación con la crisis del sistema financiero del año pasado?

HMB – A nivel judicial, a medida en que avanzan las investigaciones, van surgiendo las responsabilidades...

EC – Pero, por ahora, estamos hablando de la Justicia en lo penal. ¿Hay otros carriles, otro tipo de demandas?

HMB – Sí; está la parte civil, pero desde mi unto de vista hay que delimitar primero las responsabilidades penales porque, en la medida en que se las determine, los responsables (que fueron funcionarios del Estado) responden con su persona en la faz penal, porque sólo las personas cometen delitos; pero patrimonialmente responde el Estado por la responsabilidad de sus funcionarios. Para nosotros, entonces, es muy importante delimitar primero las responsabilidades penales que, automáticamente, hacen responsable al Estado en lo patrimonial y seguirían luego las demandas civiles contra el Estado por su responsabilidad.

EC – Demandas civiles contra el Estado. ¿Estamos hablando de “añares” de trámite?

HMB – Espero que no, porque si bien nuestra Justicia tiene muchas dificultades, cuando empieza a actuar es muy diligente. Espero que esto no lleve “añares” porque los damnificados no tienen “añares” para esperar la reparación. Creo que, luego del análisis político que se está haciendo del tema, también debería haber colaboración por parte de las autoridades actuales para buscar una solución a tantos uruguayos que se ven absolutamente damnificados, solos en la pelea, ...

EC – Pero supongamos la mejor hipótesis: que se va por el camino de la Justicia penal, luego la civil, y supongamos que el Estado termina condenado a resarcir a los damnificados. Para eso ¿cuánto tiempo debe pasar?

HMB – Ah, mucho tiempo. Ese sí es un hecho real, pero...

EC - ¿Cuánto?

HMB – Cuánto, no sé. Pero un año más por lo menos para empezar los juicios. Están todos los juzgados atiborrados...

EC – Son muchos años, entonces.

HMB – Varios años, sí. Lo que espero es que se tome conciencia, porque creo que hay una ausencia total de captación de lo que realmente ocurrió acá, y que los uruguayos damnificados (no estamos hablan do de japoneses sino de uruguayos) lo fueron entre otras cosas por las omisiones de las autoridades encargadas de la custodia de sus bienes. Pienso sinceramente que debería tomarse una resolución que amarara a todos los damnificados antes de que la Justicia tome una decisión.

EC - ¿A qué se refiere; qué tipo de resolución?

HMB – Una solución que pase por una medida política, como ha sido hasta ahora. Han salvado de la crisis financiera a los bancos, es hora de que se salve a los uruguayos. Porque si el estado ha destinado millones y millones de dólares a salvar la situación de pequeños grupos financieros y ha puesto en los bancos plata que ha sacado de otros rubros, y a todos nos consta que son millones y millones de dólares, quizás haya que buscar una solución de apoyo a los uruguayos.

EC – Usted está hablando de que se pague a los depositantes de estas instituciones de una manera más acelerada de lo que implicaría la liquidación, las cuota partes, etcétera...

HMB – Exactamente. Que se les pague, porque en este momento no se está pagando a los ahorristas, se está planteando quitas enormes, no se reconoce el dinero que fue sacada ilegalmente hacia las islas Caymán, que también está en las responsabilidades de las autoridades del BCU, por otro lado no se perdona a los deudores: la crisis es entendida para los bancos, pero no para lo que pasó con los deudores y se está aplicando un embudo muy parcializado, donde nuevamente la beneficiaria es la banca. Creo que es hora de que el sistema financiero deje de ser el privilegiado; ya quebró, ya no somos más una plaza financiera, y en lo personal creo que hay que buscar una solución para los uruguayos, y que la banca se busque las soluciones por sí misma.

***

EC – Hablando de demandas, no todas son se originan aquí,

AD – El BCU fue demandado ante la Justicia uruguaya por un empresario paraguayo que reclama más de U$S 18 millones, de los cuales más de 10 corresponden a la demanda más los intereses, y casi 8 a daños y perjuicios.

El empresario Eduardo Ro, que actúa en el área financiera y en los medios de comunicación paraguayos, informó que la causa de la demanda tuvo su origen en junio del año pasado, cuando el BCU intervino al Montevideo – Caja Obrera, y congeló los depósitos existentes en esa institución. Según el empresario, el entonces interventor, Jorge Xavier, “intentó decirme que el dinero había sido enviado a Islas Caymán y había desaparecido. Pero después, y al comprobarse que aún estaba en el Banco de Montevideo, me sugirió a nombre del presidente del Banco Central, César Rodríguez Batlle, trasladar la cuenta al Caja Obrera”. Afirma que, como prueba, tiene conversaciones telefónicas grabadas que aportó a la demanda.

----------------------------------------
Transcripción y edición: Jorge García Ramón

recomendar esta nota