El Poder Judicial en conflicto

Dagoberto Pereira (Afju): El gobierno actúa con desprecio hacia uno de los tres poderes del Estado. Las leyes crean juzgados, las investigadoras parlamentarias terminan en la Justicia, pero no le dan los recursos. Hay expedientes en los baños de los juzgados, y el ministro Alfie no recibe al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Si deja de funcionar no será por el paro.



EN PERSPECTIVA
Viernes 17.10.03, 07.38.

EMILIANO COTELO:
¿Estamos al comienzo de otro largo conflicto en el sector público, otra huelga de profundidad que termine afectando un servicio importante? ¿Estamos al comienzo de otra pulseada con el gobierno por más recursos?

El Poder Judicial podría llegar a convertirse en el Salud Pública II. Cuando concluyó el conflicto en la salud pública, con resultados que el sindicato consideró un triunfo, una de las preguntas que quedaba instalada era por dónde seguiría, cuál sería el próximo.

ALFREDO DANTE:
Se dijo incluso que en la propia Policía se estaba organizando algo, que después quedó desactivado.

EC – Ahora, el emergente es la Justicia.

AD – Sí; y recordemos que ya hace tiempo existió un debate sobre la independencia económica del Poder Judicial. Ahora, todas las gremiales del Poder Judicial inician el lunes un paro de 61 horas; retoman las actividades el miércoles pero ese mismo miércoles vuelven a parar para una asamblea. Pero hoy mismo hay un paro parcial entre las 14.30 y las 16.30. Repito que son todas las gremiales: los magistrados, actuarios, defensores de oficio y naturalmente también los funcionarios.

EC – Estamos en comunicación con Dagoberto Pereira, dirigente de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (Afju). ¿Cuáles son las causas de este conflicto?

DAGOBERTO PEREIRA:
Una primera puntualización: hace mucho tiempo que el Poder Judicial está en conflicto. Hace mucho tiempo que estamos soportando –lo digo claramente— el desprecio de los otros poderes del Estado hacia el Poder Judicial. No sé si saben que desde el año pasado y sobre todo este año, se le ha quitado al Poder Judicial el 50% de lo votado en el Presupuesto y en la Rendición de Cuentas pasados. El 50%. Hace mucho tiempo que estamos anunciando que esta situación iba a llegar, que es prácticamente imposible trabajar en los juzgados, ...

EC – Sí: francamente, esto se veía venir; estaba claro que en el Poder Judicial había un problema de recursos. Pero usted dice que ahora esto ha adquirido ribetes graves...

DP – Sumamente graves. Por ejemplo, que no hay papel en los juzgados, no hay lapiceras, combustible para hacer las notificaciones... Incluso la capacidad locativa de las sedes judiciales resulta sumamente reducida: hay expedientes en los baños...

EC - ¿Cómo que expedientes en los baños?

DP – Sí, porque acá el Poder Legislativo legisla, legisla... Dicen “Varios a crear juzgados concursales, porque hay muchos concordatos”. Crean dos juzgados concursales, pero funcionan en un piso compartido con un estudio jurídico privado. El piso donde están radicados los dos juzgados concursales que funcionan en San José 1132, es compartido por un estudio particular.

EC - ¿Se alquiló ese local?

DP – No: ahí funcionaba un juzgado civil, luego crearon los concursales pero la Suprema Corte no pudo proveer un local porque no tiene recursos, y están funcionando en un piso que se comparte con un estudio particular. Los funcionarios tienen que trabajar a veces dentro de los baños.

EC - ¿Por qué está ese estudio particular ahí?

DP – Está desde que la SCJ alquiló ese local en un piso compartido, y sigue funcionando ahí. A ese grado llegamos.

Hace mucho tiempo que venimos así. Ustedes recordaban el plebiscito sobre la independencia económica del Poder Judicial, un plebiscito en el cual un millón de uruguayos dijeron Sí a la Justicia. Pensábamos que por lo menos, si no se había logrado...

EC – Ese plebiscito no tuvo éxito.

DP – No, pero un millón de uruguayos votaron sí. Creo que es importante, ¿verdad? Y pensamos que el poder político iba a tener en cuenta esa expresión popular de un millón de uruguayos, pero no la tuvo en cuenta para nada. El Poder Judicial funciona exclusivamente por el esfuerzo extra que ponemos todos. Y mire que no es un reclamo de mejoras salariales, sino de recursos para que funcione la Justicia.

EC – El reclamo no es por los sueldos.

DP – El presidente de la República se comprometió a enviar un proyecto de ley lo único que va son dos artículos que son de equidad: un seguro de salud para los funcionarios (que no es nada nuevo, lo tienen el 99% de los funcionarios públicos, algunos para todo el grupo familiar)...

EC – En este caso ¿cómo sería?

DP – Solamente para el funcionario. Y después crea juzgados –porque es necesario crearlos— y gastos de funcionamiento para el Poder Judicial.

EC – Ese proyecto ¿fue acordado entre la SCJ y el Poder Ejecutivo¿

DP – No. Desde hace tiempo, las leyes de Rendición de Cuentas son de artículo único y gasto cero. La última no llegó a aprobarse por una maniobra del Poder Ejecutivo y, cuando quedamos sin Rendición de Cuentas, se comprometieron a enviar un proyecto de ley donde contemplarían los recursos para el Poder Judicial. Hasta ahora no lo han hecho y si llegan a hacerlo, de una manera irritante han dicho “Bueno: vamos a facilitar los recursos para crear juzgados y demás, pero lo que represente un mínimo de beneficio salarial para los funcionarios, no”.

EC – El proyecto surge, entonces, desde el Poder Judicial.

DP – Sí.

EC – Hubo una reunión entre el presidente de la SCJ, doctor Roberto Parga, y el presidente Batlle.

DP – Es verdad.

EC – Desde entonces, el proyecto fue sucesivamente derivado al senador Alejandro Atchugarry, al ministro de Economía, Isaac Alfie, y a otros jerarcas de esa cartera que no tienen facultades para tomar una decisión al respecto.

DP – Le digo esto: ¿sabe dónde queda latente el desprecio por el Poder Judicial del que le hablé? El doctor Parga, presidente de la SCJ, es el representante de uno de los tres poderes del Estado, pidió una audiencia con el ministro Alfie. El ministro no se dignó a contestarle siquiera, y una secretaria se comunicó con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y le dijo que el ministro no lo puede recibir porque tiene la agenda completa, y lo deriva a un director. Esa es la muestra cabal del desprecio.

EC – El proyecto fue elaborado ¿por las gremiales, por la SCJ...?

DP – Es un proyecto elevado por la SCJ, con el consenso de todas las gremiales del Poder Judicial.

EC – Lo que están reclamando ahora es que ese proyecto sea aprobado antes del 31 de octubre, una fecha que les preocupa.

DP – Sí, porque de acuerdo a la Constitución un año antes de las elecciones nacionales (que serían el 31 de octubre del año que viene) no se puede aprobar normas de carácter presupuestal; lo que está bien, además.

EC – O sea que, si no se aprueba este proyecto antes del 31 de octubre, queda archivado.

DP – Queda archivado.

EC – Ustedes han iniciado esta serie de movilizaciones demandando que ese proyecto sea sancionado en el Parlamento. ¿Ese reclamo es de todas las gremiales? Usted es dirigente de la Asociación de Funcionarios; pero ¿también la Asociación de Magistrados está efectivamente participando de estos paros...?

DP – No: si bien tenemos una coordinación de todas las gremiales, cada una mantiene su independencia. Nuestro sindicato, Afju, tomó ayer estas decisiones independientemente de las que puedan adoptar las demás. Este es un paro de los funcionarios judiciales por la dignidad del Poder Judicial.

EC – Veía que las asociaciones de actuarios y de defensores de oficio van a reunirse en asambleas la semana próxima para evaluar medidas también. El paralelismo con el conflicto de Salud Pública es inevitables; por lo menos algún tipo de relación entre uno y otro. ¿Hasta qué punto van a llegar ustedes con este tipo de medidas?

DP – Estamos dispuestos, y ayer se dio el apoyo prácticamente por unanimidad a estas medidas propuestas por el Consejo Ejecutivo de Afju.... Mire: hace mucho tiempo que estamos luchando por la dignidad del Poder Judicial.

¿Sabe algo? Lo que nosotros queremos es que la Justicia pueda llegar a todos; estamos cansados de que los juzgados sólo sean para los ladrones de gallinas; queremos que a la Justicia le proporcionen los recursos para que actúe donde debe actuar. Desde hace mucho tiempo, el Poder Legislativo, con gran bombo, con gran pompa, dice “Vamos a crear una comisión investigadora”, mucha publicidad, etcétera.... ¿Sabe cómo terminan? “Envíense los resultados de la investigación al Poder Judicial”. “Vamos a aprobar una ley contra la violencia doméstica”, “Vamos a crear tal código”, “Vamos a crear tal otra cosa”... pero siempre se olvidan de poner otro artículo que diga “Vamos a darle estos recursos al Poder Judicial para esta reforma”. Lo que queremos es que si viene una denuncia porque unos señores vaciaron los bancos, el Poder Judicial tenga los recursos necesarios para que actúe...

EC – Mi pregunta era hasta dónde piensan llegar con estas movilizaciones.

DP – Si le digo que en los juzgados no hay hojas, que se está trabando al límite, el Poder Judicial va a dejar de funcionar no porque estemos de paro sino porque no tiene recursos para funcionar.

EC - ¿Cuánto cuesta este proyecto?

DP – No tengo aquí los números, pero créame que si los comparamos con lo que robaron los Peirano y los Röhm, créame que para el país es insignificante.

EC – Está bien, pero el tema no ese: es si hay o no dinero en las arcas públicas para financiar esto. ¿Cómo se lo financia?

DP – Pero ¿sabe usted que en los años 90 y algo se creó un timbre para una tasa de ejecución de sentencia, que lo recauda Rentas Generales y no lo vuelca al Poder Judicial? ¿Sabe usted que la función de Registro Civil que se lleva en el interior del país corre por cuenta del Poder Judicial, y lo que se recauda no se vuelca al Poder Judicial sino al Ministerio de Educación? Hay recursos.

EC - ¿Esas serían las fuentes de financiamiento para el proyecto?

DP – Sí, y además la creación de un timbre que afecta sólo a la actividad notarial. Pero los recursos ya existen. Si el Poder Ejecutivo quisiera solucionar los problemas del Poder Judicial podría decir simplemente “Vamos a volcarle lo que recauda el Poder Judicial por el timbre de ejecución de sentencia”, y con eso ya está solucionado.

***

AD – Un aspecto al que habrá que estar atento es lo que resuelva la SCJ respecto a los plazos procesales, porque si el conflicto se prolonga se deberá tomar una resolución suspendiéndolos.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón

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