$ 134 millones de diferencia entre el Poder Judicial y el Ejecutivo

Secretario del sindicato de funcionarios, Ricardo Ramírez: La cuota mutual no es el centro del conflicto, pero si esa reivindicación es contemplada es probable que se levante. Senador Wilson Sanabria (Foro Batllista): El gobierno contempla 26 de los 31 artículos del proyecto del P. Judicial. Crea cargos, mantiene la inversión, y la SCJ podría disponer libremente de los recursos.


EN PERSPECTIVA
Miércoles 22.10.03, 07,35.

JOSÉ IRAZÁBAL:
El conflicto en el Poder Judicial atraviesa hoy una instancia decisiva. Los diarios de esta mañana coinciden al interpretar que la cuota mutual para los funcionarios es la clave para destrabarlo.

ALFREDO DANTE:
Esta tarde, los funcionarios retoman las actividades pero por muy poco rato, porque luego suspenderán las tareas para concurrir a una asamblea del sindicato donde analizarán los últimos hechos, entre los cuales el ingreso a la Comisión de Constitución del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que propone "normas tendientes a la mejora del funcionamiento y organización del Poder Judicial", y no contempla el reclamo de cobertura de la cuota de asistencia médica.

JI - "Insuficiente", lo calificaron los dirigentes sindicales, cuando fueron recibidos ayer por la tarde en el Palacio Legislativo, junto a representantes de las demás gremiales del Poder Judicial (peritos, defensores de oficio, magistrados, el director general), por los senadores que integran la Comisión de Hacienda.

Estamos ahora en comunicación con Ricardo Ramírez, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (Afju). ¿No alcanza lo que propone el Poder Ejecutivo?

RICARDO RAMÍREZ:
No; no es suficiente, pero quiero hacer algunas precisión previa porque da la sensación de que existe insatisfacción centrada exclusivamente en la cuota mutual. El monto global del proyecto de ley que envió la Suprema Corte de Justicia, elaborado por las asociaciones del Poder Judicial y aprobado por la SCJ, estaba estimado en unos 154 millones de pesos. El proyecto de ley que envía el Ministerio de Economía está en el entorno de los 20 millones.

JI – Hay 134 millones de diferencia.

RR – Claro. Pero el proyecto de ley del Poder Ejecutivo se financia con un timbre propuesto por el Poder Judicial que grava los testamentos y las legalizaciones. Ese timbre es suficiente para lo que propone el Poder Ejecutivo e incluso, en una primera lectura (porque esto nos fue entregado pocos minutos antes de que ingresara al Parlamento), hay un pequeño sobrante. En su momento propusimos que el timbre de ejecución judicial, que se tributa desde el 1º de abril de 1986, y que desde el comienzo fue recaudado íntegramente por Rentas Generales (ni un solo peso vino al Poder Judicial), y que el año pasado recaudó alrededor de 140 millones de pesos...

JI – ¿Ustedes reclaman que pase al Poder Judicial?

RR – No, para nada. Lo que planteamos es que haya una redistribución de los ingresos, entre otras cosas de timbres que tributan al Poder Judicial pero que no recauda el Poder Judicial. También puedo mencionar el timbre Palacio de Justicia, que va directamente a pagar una deuda con el Banco de la República, que en su momento fue para terminar el edificio que está en la Plaza Independencia; pero mientras sigue ese esqueleto paralizado allí, se está recaudando un timbre que todos los años va a pagar los intereses de una deuda interminable, es como la deuda externa del Uruguay, interminable por los intereses.

Nosotros planteamos que existe una financiación posible con una redistribución, que es lo que no se ha atendido.

Por otro lado, el proyecto fue elaborado por las asociaciones vinculadas al Poder Judicial, y como tal es un proyecto global. Lo que hace el Ministerio de Economía es partir el proyecto, tomar una parte que nos parece bien (la hemos planteado nosotros para que el Poder Judicial pueda subsistir un tiempo más), separarla, y no se atiende un problema absolutamente grave para todos los funcionarios judiciales, que tiene que ver con la atención mutual. Hay, por supuesto, funcionarios que se han desafiliado de las mutualistas; funcionarios que piden licencia los últimos días del mes porque no tienen plata para venir a trabajar; funcionarios que vienen caminando de Piedras Blancas, de Pajas Blancas, del Cerro; funcionarios como los notificadores y alguaciles que trabajan en la calle... Estamos pidiendo que se les pague la mutualista, como se hace en muchos organismos del Estado.

JI – Eso no aparece en el proyecto del Poder Ejecutivo.

RR – Para nada. La Comisión del Senado nos atendió muy bien y estamos en la búsqueda de posibles soluciones que atiendan este aspecto, que es uno de los medulares aunque no el único.

JI – Por las cifras que usted mencionaba, la diferencia entre el proyecto remitido por la SCJ al Poder Ejecutivo, y lo que éste termina plasmando en su proyecto enviado ayer al Parlamento, termina siendo gigantesca: más de 130 millones de pesos. Pero si el gobierno contemplara el reclamo de cuota mutual para los funcionarios ¿podría destrabar el conflicto, podría levantarse las medidas gremiales?

RR – Creo que podría destrabarlo; eso siempre está a consideración del conjunto de los trabajadores. También está planteado el tema de un viático por alimentación, pero estamos podría destrabar. Lo que se tiene que tener presente es que los salarios del Poder Judicial son de los más sumergidos: siempre se habló de los maestros, de los policías, de la salud, pero hoy estamos más sumergidos que muchos de esos sectores.

JI - ¿De qué sueldos estamos hablando?

RR – Un sueldo de ingreso de aproximadamente $ 4.000, y gente con más de 20 años de trabajo, con toda una carrera funcional como puede ser un jefe de sección, con sueldos de alrededor de $ 6.500 a 7.000.

JI - ¿Incluye compensaciones extra?

RR – Sí, sí: con todo. Si hablamos de los sueldos básicos... Estas son cifras con distintas partidas de compensaciones que se fueron otorgando en distintos períodos; estamos hablando con todo incluido.

JI – ¿Tienen prevista alguna instancia de negociación antes de la asamblea de esta tarde?

RR – Las tenemos previstas para esta mañana. La Comisión del Senado se reúne esta mañana y veremos si podemos encontrar algún mecanismo. El plenario del Senado está citado para la hora 18; aspiramos a que se llegue con alguna solución que pueda ser votada y pase a la Cámara de Diputados para su aprobación.

Estamos en una carrera contra el tiempo, además, porque existe un plazo constitucional para su aprobación y a veces no es fácil encontrar salidas en corto tiempo, sobre todo cuando quizá no existe una voluntad mínima de alguna parte.

JI – Usted aclaró al comienzo que no se trata sólo de la cuota mutual, pero a medida que conversamos parece que es la piedra angular del tema, y si eso se soluciona podría finalizar el conflicto.

RR – Bueno: podría, sí. Es uno de los temas principales, una reivindicación de los funcionarios judiciales que tiene más de 40 años y que nunca fue atendida.

JI – Y si no reciben alguna respuesta afirmativa ¿se va a endurecer el conflicto?

RR – Es probables, porque sentimos que se desconoce lo que sostiene al Poder Judicial. Si algo sostiene al Poder Judicial en medio de esta crisis financiera brutal son sus trabajadores. Hemos dado decenas de ejemplos de cada uno de los lugares, que van desde los trabajadores que compran las biromes al defensor de oficio que le da plata para fotocopias a una persona que está tramitando una pensión alimenticia. Eso es lo que ha sostenido hasta ahora al Poder Judicial. El esfuerzo principal, lo que tiene el país y en este caso el Poder Judicial, que es su gente, sus trabajadores que están sosteniendo esto que de lo contrario ya se habría derrumbado, eso es lo que no se tiene presente y lo que estamos reclamando que se atienda.

***

AD – El proyecto del Poder Ejecutivo prevé la creación de juzgados en materia de familia, establece nuevas normas procesales, mantiene el nivel de inversiones e implanta un tributo de $ 500 para gravar los actos con contenido patrimonial. Es el caso de los certificados de testamento. Las autoridades prevén una recaudación de $ 21 millones por la tasa, para financiar las erogaciones emergentes de la ley.

En lo que hace al reclamo de cobertura de la asistencia médica, se procura un convenio entre la Suprema Corte de Justicia y Disse, atendiendo que unos 4.000 funcionarios ingresarán al sistema mutual, por lo que se negociaría una rebaja de la cuota del 20% aproximadamente. Según el oficialismo, las mutualistas accederían dado que la alta cantidad de nuevos afiliados compensaría el descuento.

De todas maneras se ha advertido que las soluciones se van a acordar a partir del presupuesto que tiene ya previsto el Poder Judicial y que no habrá aportes de Rentas Generales.

JI – Ahora estamos en comunicación con el senador Wilson Sanabria, del Foro Batllista. ¿Es esa la fórmula para intentar destrabar el conflicto?

WILSON SANABRIA:
Se está trabajando en algo que se acerca a lo dicho, de cara a que la iniciativa del Poder Ejecutivo contempla 26 de los 31 artículos que el Poder Judicial y los funcionarios le habían enviado como proyecto. En ese ámbito la Comisión está trabajando y somos optimistas en cuanto a que en la mañana de hoy nos pongamos de acuerdo a los efectos de aprobar el proyecto de ley en el mismo día de hoy.

JI - ¿Cuál es la fórmula concretamente, por el tema de la cuota mutual?

WS - En el proyecto que envió el Poder Ejecutivo hay una tasa a legalizaciones y testamentos, de 500 pesos por acto, que va a producir aproximadamente una recaudación de 21 millones de pesos anuales. Los costos de esta ley vinculados a la creación de juzgados, nombramiento de jueces y personal administrativo son de unos 7 u 8 millones de pesos, de modo que queda un margen de 13, 14 millones de pesos que la Corte está pidiendo para gastos de funcionamiento, de los que le podríamos dar libre disponibilidad. No lo prevé la ley del Poder Ejecutivo, pero podríamos votar en el Parlamento darle libre disponibilidad, sumado a que podríamos facultar al Poder Judicial a utilizar otros ahorros –gastos de funcionamiento o eventualmente algunas pequeñas inversiones que se pueda postergar– que diera la posibilidad de juntarse con los 24, 25 millones de pesos por año que costarían las 4.000 y pico de cuotas mutuales vía un acuerdo con el Banco de Previsión Social (BPS) –llámese Disse–, que en una contratación masiva abarata en un 20 por ciento aproximadamente el costo.

De eso estamos hablando, de facultar al Poder Judicial. Sabemos que Rentas Generales en este momento no tiene disponibilidad para poder acceder a ese reclamo de tantos años de los funcionarios del Poder Judicial, pero somos optimistas en cuanto a que por esta vía podamos encontrar esta mañana el acuerdo definitivo que resuelva el problema.

JI - De cualquier manera las cifras no cierran por ningún lado. El gremio informa que el proyecto original de la Suprema Corte de Justicia representaba un gasto de 154 millones de pesos; ustedes están hablando de una recaudación de 21 millones de pesos; ¿cómo cierra esto?

WS - Esto cierra porque, aparte de la cuota mutual, que el sindicato plantea en 32 millones de pesos, estaríamos hablando de un acuerdo con el BPS y Disse –que, reitero, hizo un abaratamiento aproximado a un 20 por ciento–, habla de 102 millones de pesos para un adicional, un aumento de compensación por alimentación que Rentas Generales no está en condiciones de dar, ahí baja más de 100 millones el reclamo.

Los otros egresos están contemplados: 3,3 millones de pesos anuales para la creación de los nuevos cargos de magistrados, 3,8 millones de pesos anuales para la creación de los cargos de los nuevos juzgados de familia y caso 4 millones de pesos anuales para los cargos de defensor de oficio. Está la creación de un cargo del Instituto Forense, de médico forense, de 1,1 millón anuales, lo que da un entorno de unos 40 y pico de millones de pesos.

Otra cosa que también es importante señalar es que la ley prevé el mantenimiento del nivel de inversión del año 2003 en el Poder Judicial; recordemos que para 2004 y subsiguientes prácticamente no tenía niveles de inversión. Hay una partida importante que hasta 2003 se pagó, para terminar el ex edificio de la empresa Onda; en la medida que hay una cláusula en el proyecto del Poder Ejecutivo que mantiene el nivel de inversión de 2003, también mantiene esa partida que el Poder Judicial estuvo gastando en funcionamiento por las carencias de recursos propios.

JI - ¿Cuánto termina poniendo el gobierno a través de este proyecto?

WS - Es poco, porque evidentemente no hay posibilidad, hay gasto cero. Lo que se hace es redistribuir partidas de las que el Poder Judicial va a tener libre disponibilidad, y que le permitan compensar las dificultades que ha tenido hasta el momento en su funcionamiento.

JI - ¿Por qué se llega a este punto de un conflicto masivo en la Justicia para que el gobierno envíe el proyecto al Parlamento?

WS - No olvidemos que la Rendición de Cuentas fue de gasto cero. Todo esto arranca en la medida en que el Poder Judicial plantea alguna reestructura interna imprescindible para resolver sus cometidos. Lo grande de esto son los 26 artículos vinculados al Poder Judicial, de creación de nuevos cargos que prácticamente no tienen costo porque se solventan con esta nueva tasa de legalizaciones y testamentos.

Lo que está pasando es que ante un panorama de tantas dificultades para el país, de tanta rigidez financiera, no hubo posibilidades de que la Rendición de Cuentas atendiera los reclamos del Poder Judicial. En esta circunstancia la Corte plantea una ley, un envío al Parlamento de creación de cargos, juzgados, jueces de familia; todo esto debe hacerse antes del 30 de octubre porque por razones constitucionales a partir de un año antes de la elección no se puede crear cargos. Ese es el apuro, ésa es la urgencia y esa es la dificultad que tenemos hoy.

JI - De cualquier manera usted no me explica la demora, por qué se llega al conflicto masivo para empezar a agilitar y sacar esto prácticamente contra reloj.

WS - Lo de contra reloj no está atado al conflicto sino al plazo del 30 de octubre, ya que a partir de esa fecha hay impedimentos legales, por estar a un año de la elección, para nombramientos y creación de nuevos cargos.

JI - Con el proyecto que planteó ayer el gobierno ¿cree que dan los números para solucionar el tema en estas horas?

WS – Sí. Estuvimos trabajando hasta última hora anoche en el Senado, comenzamos ahora a la mañana con los gremios y con el Poder Judicial, y aspiramos llegar al mediodía con una solución, porque, reitero, estamos dentro de un marco de optimismo y de confianza. Creo que hemos pasado la línea divisoria del problema y que estamos en sintonía, dentro del marco de las propias limitaciones que tiene el Poder Judicial, de poder resolver en parte el requerimiento que nos permita avizorar una solución a todo el planteamiento.

-----------------------------------------
Transcripción: Jorge García Ramón y María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón

recomendar esta nota